La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía protección a comunidades miskitas
CEJIL y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) exigen al Estado nicaragüense que implemente medidas urgentes para asegurar la vida e integridad de los pobladores de diez comunidades miskitas, así como garantizar que sus residentes tengan el pleno uso y goce de los territorios indígenas que han sido invadidos.
Publicación: 25.Enero.2016
Comunidad Mikista en Nicaragua

Bilwi y San José, 25 de enero de 2016.- Ante la inacción de Nicaragua y el recrudecimiento de la violencia en los territorios de Wanki Li Aubra y Li Lamni Tasbaika Kum, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares para proteger a seis comunidades indígenas en esta área que han sido objeto de violencia, secuestros, amenazas de muerte, asesinatos y desplazamientos forzados. La decisión del organismo regional de derechos humanos beneficiará a miles de indígenas miskitos .

Desde el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), vemos con preocupación la grave situación en la que se encuentra el pueblo miskito de la Costa Caribe Norte nicaragüense.

Ya desde octubre de 2015, la CIDH había decidido solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de cuatro comunidades indígenas -Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, todas del territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya-, por la situación de extrema violencia de la cual han sido víctimas sus pobladores. No obstante, a la fecha, el Estado de Nicaragua no ha hecho nada para proteger a dichas comunidades. Por el contrario, ha emprendido represalias en contra de las comunidades beneficiarias, al suspender la implementación de proyectos de asistencia social, seguridad alimentaria y educación en la zona.

En el lapso de cuatro meses, seis miskitos han sido asesinados, decenas han sido heridos, diez han sido secuestrados, y los pobladores de estas comunidades han sido constantemente amenazados. Uno de los incidentes más graves ocurrió en la comunidad de Polo Paiwas que, entre octubre y diciembre de 2015, fue atacada dos veces, siendo sus casas saqueadas y quemadas, dejándola prácticamente inhabitable.

Este tipo de acciones ha generado el desplazamiento de muchas personas que, para salvar sus vidas o por temor a ser atacados, se han visto en la obligación de abandonar sus hogares y, en la actualidad, no tienen acceso a sus medios de subsistencia tradicionales. Según información recolectada por CEJUDHCAN, hay al cientos de personas desplazadas,  que están refugiadas en la frontera con Honduras, en el municipio de Waspam y en la ciudad de Puerto Cabezas.

El conflicto se vincula a la invasión ilegal de terceras personas o “colonos” a territorios indígenas legalmente titulados. La falta de voluntad política del Estado de Nicaragua para atender esta problemática a través del “saneamiento” de los territorios indígenas, ha significado la falta de certeza jurídica en la zona, trayendo violentos enfrentamientos entre colonos que buscan apropiarse ilegalmente de tierras y miskitos que buscan defenderlas.

“El Estado ha guardado silencio tanto ante organismos internacionales como a nivel interno. Esto no puede continuar. Exigimos una respuesta del Estado y que cumpla con sus obligaciones”, denunció Lottie Cuninham, Directora de CEJUDHCAN. “La situación que está viviendo el país desde hace meses, requiere de acción rápida y decisiva por parte del Estado”, añadió Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Nicaragua no puede ignorar durante más tiempo la responsabilidad que le compete de detener la violencia que está acabando con la vida de los miskitos en la zona del Caribe Norte”.  

Las organizaciones aquí adscritas, exigimos al Estado nicaragüense que implemente medidas urgentes para asegurar la vida e integridad de los pobladores de estas diez comunidades, así como para garantizar que los miskitos tengan el pleno uso y goce de los territorios indígenas que han sido invadidos.