Comisión Interamericana amplía protección para medios de comunicación hondureños
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente del Congreso Nacional de Honduras adoptar medidas urgentes para que se restituya el derecho a la libertad de expresión a los trabajadores de Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur Radio y Radio Globo.
Publicación: 02.Noviembre.2009

Washington D.C. 30 de octubre 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y solicita a la comunidad internacional acompañar el proceso de diálogo así como supervisar el cumplimiento de los términos del arreglo.


Sin embargo, CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral en curso, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Es preocupante que el documento firmado por las partes no defina plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional y otorgue a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de emitir una opinión previa a la aprobación del acuerdo por parte del Congreso Nacional.

Para la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, una de las cuestiones críticas radica en que el acuerdo no establece plazos, y tampoco garantiza la restitución del orden constitucional ni la anulación de normas represivas que prohíben el ejercicio de derechos civiles y políticos.

El documento deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, ya se ha pronunciado a favor de la persecución penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger derechos humanos de los habitantes de Honduras.

Viviana Krsticevic enfatizó que “la comunidad internacional necesita mantener un sano escepticismo ante los acuerdos alcanzados en Honduras y debe dar un seguimiento riguroso al proceso en Honduras, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos”.

Mientras las partes negociaban y llegaban a un acuerdo, continuaban ocurriendo actos de represión y uso excesivo de la fuerza contra opositores al golpe, persistía la obstrucción a la libertad de expresión de medios de comunicación y el ejército giraba órdenes para perseguir a disidentes políticos.

El 29 de octubre, el ejército y la policía reprimieron en Tegucigalpa una manifestación pacífica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con toletes a los manifestantes. Hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz.

A la vez, los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denuncian que persisten las interferencias electrónicas a sus señales.

Por otra parte, una nota enviada el 22 de octubre presuntamente por el Primer Batallón de Comunicaciones del Ejército, solicitó a numerosos alcaldes, los nombres y números de teléfono de las personas “que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad”.

Esto ocurre mientras está vigente una directriz de la Policía Nacional que obliga a notificar con 24 horas de anticipación cualquier reunión pública y mientras sigue en vigor el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a clausurar emisoras de radio o televisión que emitan mensajes “en contra del Estado democrático”.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.