Comisión Interamericana amplía medidas de protección a favor de medios de comunicación hondureños
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente del Congreso Nacional de Honduras adoptar medidas urgentes para que se restituya el derecho a la libertad de expresión a los trabajadores de Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur Radio y Radio Globo. La notificación correspondiente se dio el pasado 16 de octubre y los beneficiarios fueron informados el 23 del mismo mes.
Publicación: 29.Octubre.2009

San José, Costa Rica, 29 de octubre de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Presidente del Congreso Nacional de Honduras adoptar medidas urgentes para que se restituya el derecho a la libertad de expresión a los trabajadores de Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur Radio y Radio Globo. La notificación correspondiente se dio el pasado 16 de octubre y los beneficiarios fueron informados el 23 del mismo mes.

Además, pidió que se les devuelvan los equipos de transmisión “con el fin de garantizar el derecho a la libre expresión e información de estos y de la sociedad hondureña.” La CIDH dio 15 días de tiempo para que el Estado le informe sobre la implementación de las citadas medidas.

Las medidas de protección fueron solicitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por el Centro para la Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH). En el actual contexto de restricciones a la libertad de expresión la CIDH otorgó medidas de protección a favor del periodista Esdras Amado López, dueño de Canal 36, el pasado 29 de junio; y a Alejandro Villatoro, dueño de Radio Globo, el 2 de julio.

La nueva solicitud de protección se da luego de que el pasado 28 de setiembre militares y policías armados llegaran a los mencionados medios de comunicación a desconectar y decomisar sus equipos. De acuerdo con lo señalado por los afectados, dentro del equipo sustraído se encuentra distintos artefactos que posibilitaban el funcionamiento de los medios de comunicación. Las autoridades no levantaron un acta, ni inventario de lo decomisado. Tampoco dejaron alguna nota que justificara su actuación.

Los cierres de estos medios supuestamente se fundamentan en la aplicación del Decreto No. PCM-16-2009, en el acuerdo 136/2009 del Despacho de Gobernación y Justicia, y en el acuerdo OD 19/2009 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Esta resolución autoriza a revocar o cancelar permisos o licencias a estaciones de radio o televisión que tengan una conducta “alteradoras de la paz y alentadoras de llamados a insurrección popular que atentan contra el orden público y la seguridad nacional del Estado ofendiendo la dignidad humana del señor Presidente de la República señor Roberto Micheletti.” Aunque el decreto PCM-16-2009 fue derogado, impuso, durante dos semanas, el toque de queda y restricciones a la libertad de tránsito, de reunión y de expresión.

Actualmente está vigente el Acuerdo Ejecutivo N° 124-2009 de fecha 5 de octubre de 2009 que autoriza a CONATEL y otras instituciones estatales para que procedan a “revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) otorgadas por CONATEL a los medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así también como un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos.”

Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL señaló que “estos actos son ilegítimos y contradicen los principios básicos que están protegidos por la Convención Americana en cuanto a la libertad de expresión. Los medios Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur Radio y Radio Globo han sido perseguidos por el gobierno de facto en razón de la actitud crítica que mantienen desde que ocurrió el golpe de Estado. La única intención de las autoridades es lograr el cierre definitivo de los medios e impedir cuestionamientos y, por consiguiente, el derecho de informar y de estar informados”.

A raíz de la comunicación de la CIDH, las autoridades hondureñas devolvieron, el pasado sábado 24, los equipos decomisados a Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur, sin embargo todavía no han devuelto los equipos a Radio Globo.

CEJIL y el CIPRODEH exhortan a las autoridades de facto hondureñas para que se derogue el Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009 y se abstengan de continuar realizando acciones que restrinjan el derecho de los/as periodistas a ejercer la libertad de expresión y de la comunidad hondureña a obtener información de diversas fuentes.

Contacto en Costa Rica

Nancy Marín Espinoza

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