Colombia acepta responsabilidad por la Masacre de La Rochela
Publicación: 26.Agosto.2009

San José, Costa Rica, 02 de febrero de 2007



Los días 31 de enero y primero de febrero de 2007 se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso la “Masacre de La Rochela” contra el Estado de Colombia. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” litigaron este caso en su calidad de representantes de las víctimas y sus familiares. El Estado colombiano reconoció ante el Alto Tribunal Interamericano su responsabilidad por acción y omisión en la comisión de la masacre. Sin embargo, aceptó sólo parcialmente su responsabilidad en cuanto a la violación del derecho de las víctimas a la protección judicial y a las garantías judiciales.


Este caso se refiere a una masacre cometida, en enero de 1989, por un grupo paramilitar que actúo bajo las órdenes y con la colaboración de agentes estatales. En este hecho murieron 12 personas y sobrevivieron 3, todas ellas funcionarios/as judiciales. Los acontecimientos ocurrieron en el corregimiento de “La Rochela”, departamento de Santander. Las víctimas estaban allí investigando la muerte de 19 comerciantes, caso que también llegó ante la Corte IDH el 24 de enero de 2001.


Las organizaciones litigantes criticaron que el marco normativo del proceso de desmovilización de los paramilitares no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. En este sentido, uno de los testigos señaló: “La Ley de Justicia y Paz es un insulto a las víctimas.” La crítica de las organizaciones y las víctimas fue rechazada por el Estado.


Otros temas de debate fueron: el hecho de que no se haya reconocido el contexto general de apoyo estatal a los grupos paramilitares, en el que ocurrieron los acontecimientos; el difícil acceso a la justicia y las prolongadas demoras en procedimientos judiciales que sufrieron las víctimas y sus familiares. Al respecto, la testigo Alejandra Beltrán declaró ante la Corte: “Los autores intelectuales no han sido condenados (…), considero nula la intervención del Estado”.


Antes de la audiencia, se dio un acuerdo parcial en el tema de reparaciones, que fue presentado ante el tribunal por el Estado y los representantes de las víctimas. No obstante las organizaciones señalaron que todavía hay reparaciones que deberán ser ordenadas por la Corte Interamericana como por ejemplo: la sanción de todos los responsables de la masacre, el tratamiento médico y psicológico, la indemnización y las medidas que garanticen la no repetición de hechos como este.


El primer día de audiencia, se escucharon las declaraciones de los testigos Arturo Salgado, Virgilio Hernández, Alejandra Beltrán y Olegario Gutiérrez. Todos los anteriores fueron propuestos por el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Asimismo el profesor Rodolfo Arango emitió su peritaje. El Estado colombiano presentó a los peritos Ramiro Saavedra, magistrado del Consejo de Estado y Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ayer los representantes de las víctimas, del Estado, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron sus alegatos orales.


Es fundamental destacar que para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las sentencias de esta instancia son de carácter vinculante.

 


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