CIDH solicita a Honduras respeto a derechos de personas criminalizadas durante crisis postelectoral
Publicación: 04.Octubre.2018

Boulder, Colorado, 4 de octubre de 2018.- En su 169º Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información sobre las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras.


La cita, celebrada en Boulder, Colorado, Estados Unidos de América, contó con la participación de la Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Comité Pro la Liberación de Presos Políticos. Estas organizaciones presentaron información sobre cómo se gestó una política de criminalización a líderes sociales en Honduras. Esto, en el marco de las manifestaciones que respondieron al alegado fraude electoral que se denunció en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017.


En los meses que le siguieron, miles de personas salieron a manifestarse, haciendo uso legítimo de su derecho a la protesta social. Como consecuencia de estos actos, los manifestantes fueron blanco de ataques sistemáticos, persecución, vigilancia, tratos crueles inhumanos, degradantes, torturas, difamación y calumnias. Así, se contabilizaron 1396 personas detenidas hasta el 31 de diciembre 2017, y al menos 117 personas acusadas por diferentes delitos. 


Durante su intervención, las organizaciones presentaron información sobre los tipos penales aplicados, por ejemplo: daños, portación Ilegal de armas, explosivos o material de guerra, tentativa de homicidio, entre otros. 


Además, se denunció que muchas de las personas detenidas fueron ubicadas en cárceles de alta seguridad. Los testimonios dan cuenta de que fueron dispuestas en celdas de 2 x 2 metros, donde conviven de 5 a 7 personas, algunas de ellas con enfermedades altamente contagiosas. 


A su vez, se señaló que los y las abogadas defensoras no cuentan con acceso a los expedientes, un estándar mínimo para garantizar el derecho a la defensa. 


En la audiencia, el comisionado Joel Hernández hizo público su compromiso de dar seguimiento a la problemática, como relator de país y de personas privadas de libertad. 


Por su parte, el comisionado Luis Ernesto Vargas, llamó la atención al Estado sobre el patrón observado por la CIDH, ya que resulta evidente que no se imputan delitos políticos, sino que se buscan otros tipos penales para amedrentar a quienes representan una oposición política y se manifiestan públicamente.


En sus conclusiones, la Comisión fue enfática en que Honduras debe respetar sus responsabilidades internacionales, en relación al debido proceso y a las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad.