CIDH exige al estado Salvadoreño un informe sobre el caso de los Jesuitas
Publicación: 28.Agosto.2009


Washington D.C., 12 de marzo del 2008


Ayer se celebró una reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar el cumplimiento estatal de las recomendaciones emitidas por dicho órgano en el caso relativo al asesinato de los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno y sus colaboradoras, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos.


Durante el conflicto armado salvadoreño, Ellacuría jugó un importante papel en la búsqueda de la paz. Él y sus compañeros jesuitas se caracterizaron por la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña y de los más afectados por la guerra. Esto los llevó a ser calificados por la Fuerza Armada salvadoreña como parte de los sectores de apoyo al FMLN, por lo que fueron asesinados por militares.

El 19 de diciembre de 1999, la Comisión declaró al Estado salvadoreño responsable por violar el derecho a la vida de las víctimas. Asimismo, estableció la responsabilidad estatal por la falta de una investigación efectiva respecto de estos graves hechos y por la aplicación de la Ley de Amnistía General al caso, que garantizó la impunidad de los responsables.

En consecuencia, el organismo internacional recomendó al Estado realizar una investigación efectiva y expedita, conforme a estándares internacionales, a fin de identificar, juzgar y sancionar todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada. Además de reparar integralmente todas las consecuencias de las violaciones, incluido el pago de una justa indemnización y, adecuar su legislación interna a los preceptos de la Convención Americana para dejar sin efecto la ley de Amnistía General.

En la reunión ante la CIDH quedó en evidencia que a pesar de que han transcurrido diez años desde la emisión del informe, el Estado no ha tomado ninguna medida para cumplir con las recomendaciones. Incluso los agentes presentes en la reunión insistieron en la imposibilidad de derogar la Ley de Amnistía y en señalar que, a su juicio, las investigaciones se llevaron a cabo de manera adecuada.

Ante ello, el comisionado relator del país, Felipe González, afirmó que la Ilustre Comisión ya decidió sobre el fondo del caso y que el Estado debe explicar qué ha hecho para dar cumplimiento a las recomendaciones. Por lo tanto, les solicitó presentar un informe al respecto en un plazo de 45 días.

El IDHUCA y CEJIL esperan que el Estado respete sus obligaciones internacionales, a través de la adopción de medidas efectivas para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana en este caso.

A partir de entonces, si el Estado cumple con sus obligaciones internacionales, las víctimas y los organismos que las acompañan retomarán su posición de apertura al diálogo para lograr una solución fundada en la verdad, la justicia, la reparación y el perdón.

 

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Nancy Marín Espinoza

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