CIDH admite nuevo caso en contra de Guatemala
Publicación: 28.Agosto.2009

 Ciudad de Guatemala,



El pasado 24 de marzo la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) informó al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la adopción del informe de admisibilidad en el caso de Hugo Humberto Ruiz Fuentes contra Guatemala.



La Comisión Interamericana procederá ahora a analizar si el Estado guatemalteco violó el derecho de Hugo Humberto Ruiz al debido proceso al condenarlo a pena de muerte por el delito de secuestro, mediante sentencia de 14 de mayo de 1999. Asimismo estudiará si se violó su derecho a la integridad personal cuando fue objeto de actos de tortura, que consistieron en golpes, por los que debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente por lesiones en el intestino. Además la CIDH decidirá si el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida de la víctima, quien fue ejecutado por miembros de la policía, después de haber escapado de la cárcel.


Ruiz Fuentes fue condenado a la pena de muerte en 1999. Los recursos de apelación, casación y amparo impuestos contra esta condena fueron denegados. Además, durante su detención sufrió actos de tortura que nunca fueron investigados adecuadamente.


La denuncia en este caso se presentó ante la CIDH el 26 de julio de 2004. La CIDH solicitó a la Corte Interamericana otorgara medidas provisionales a favor de la víctima, ordenando resguardar su derecho a la vida, ya que se temía que fuera ejecutado. Dichas medidas provisionales fueron otorgadas por la Corte Interamericana el 30 de agosto de 2004.


El 21 de octubre de 2005, la víctima escapó de su lugar de detención junto con otros internos. El Estado desarrolló un operativo para recapturarlos, durante el cual miembros de la División de Investigación Criminal ejecutaron arbitrariamente a Hugo Humberto Ruiz Fuentes el 14 de noviembre de 2005. Posteriormente la policía y agentes estatales encargadas de la investigación penal procedieron a encubrir la participación del DINC en la ejecución para entorpecer las investigaciones criminales.



Con el litigio del presente caso CEJIL y el ICCPG esperan lograr que el Estado guatemalteco honre sus compromisos internacionales, repare las violaciones cometidas y adopte medidas para garantizar que se respete el derecho a la vida de las personas condenadas a pena de muerte.

 

 

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