CEJIL y APRODEH destacan detención de militar 11 años después de emitirse su orden de captura por graves violaciones a derechos humanos
CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.
Publicación: 09.Junio.2015

Washington D.C. y Lima, 6 de junio del 2015.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.

“Después de casi 11 años de la emisión de la orden de captura y a 24 años de los hechos, por fin se están presentando a la justicia personas que han sido procesadas por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Gloria Cano, de APRODEH.

El caso de Huancapi es uno de los 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados hasta la fecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de un acuerdo establecido en el año 2001 por el Estado peruano y recogido en un Comunicado de Prensa Conjunto, por el que se reconoce la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos, y se compromete a reparar a las víctimas y a sus familiares, a realizar investigaciones destinados a identificar y sancionar a los responsables, así como adoptar medidas de no repetición.

En el 2004 se emitió una orden de captura en contra del militar Chávez Velásquez que encabeza una lista de 20 agentes de las fuerzas públicas procesados y con orden de captura pendiente de ejecución por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú durante los años del conflicto armado interno. A pesar de la orden de captura en su contra, Chávez Velásquez vivía en libertad en un cuartel militar y permanecía en sus funciones. Incluso fue ascendido en el 2010 al cargo de Mayor por las Fuerzas Armadas en la 31 brigada de infantería. Además, las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa negaron el ingreso de la policía judicial en el 2013 a la sede militar en donde trabajaba, señalando que no tenían la obligación de ponerlo a disposición de la justicia y provocando la demora para el inicio del juicio oral.

El 29 de octubre del 2014 y el 21 de marzo del 2015 la CIDH convocó reuniones de trabajo en la cuales CEJIL, APRODEH y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de varios de los compromisos asumidos en el Comunicado Conjunto de 2001, incluyendo la falta de cumplimiento de la orden de captura contra Chávez Velásquez.

“La detención es un paso positivo por la justicia y esperamos que augure el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el 2001, entre ellos la captura de otros funcionarios de las fuerzas públicas activos o en retiro que han sido procesados por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El 19 de abril de 1991, Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe, Julio Arotoma Cacñahuaray, quienes se habían inscrito como candidatos por el Partido Izquierda Unida para las elecciones municipales de Huancapi, Ayacucho, y Honorata Oré Huilcahuari (esposa de Julio Arotoma) fueron detenidos por una patrulla militar liderada por el entonces Subteniente Chávez Velásquez. Los siete fueron trasladados a la base militar de la localidad y a partir de esa fecha, se desconoce su paradero.