CEJIL rechaza que nuevamente violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales militares
Publicación: 28.Agosto.2009



San José, Costa Rica,

Según informó públicamente la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), el reciente asesinato ocurrido en Morelia y las lesiones sufridas por un joven en el mismo momento, serán juzgados por tribunales militares en virtud de que los hechos fueron cometidos por un soldado de infantería adscrito al Campo Militar 21-D, ubicado en el predio Peña del Coyote en la carretera Morelia – Mil Cumbres.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de derechos humanos de carácter regional, rechaza que la jurisdicción militar sea competente para conocer de estas violaciones a los derechos humanos. Reiteradamente, CEJIL ha señalado que los tribunales militares mexicanos no son independientes ni imparciales, pues sus funcionarios son elegidos por la SEDENA, por acuerdo del Presidente de la República, es decir son juez y parte al mismo tiempo.

La preocupación de CEJIL tiene respaldo en pronunciamientos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana, que han sostenido que el fuero militar no debe conocer sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares, debiendo limitarse a conocer de los delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Estos organismos afirman que cuando un Estado permite que las investigaciones de violaciones contra los derechos humanos las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas.

Pese a ello, el Estado mexicano insiste en que las violaciones a los derechos y libertades fundamentales cometidas por militares sean de conocimiento de la jurisdicción militar y no de tribunales penales ordinarios. Esta situación ha dado como resultado que la mayoría de los casos han quedado impunes, es decir, no ha habido sanción a los responsables. Un caso emblemático es el de las Hermanas González Pérez, indígenas violadas por militares, pues han transcurrido 13 años desde que ocurrieron los hechos y los tribunales militares aún no han sancionado a nadie. Situación similar se da en los casos de Inés y Valentina, indígenas tlapanecas violadas también por militares en Guerrero, en el 2002.

También está el caso de Mirey Trueba, quien fue ejecutado por militares en Chihuahua al huir de un retén militar. El caso fue de conocimiento de la jurisdicción militar y se encuentra en la impunidad. Todos estos casos y otros más son actualmente de conocimiento de la CIDH, y algunos de ellos eventualmente serán enviados a la Corte Interamericana.

Para evitar que estos hechos y otros que puedan surgir sean juzgados por los tribunales militares, CEJIL y organizaciones de derechos humanos mexicanas están impulsando reformas legislativas, tanto de la Constitución de la República como del Código Militar. El objetivo es eliminar la potestad legal e interpretativa de que sean los tribunales militares los que juzguen a sus miembros por violaciones de derechos humanos. De no llevarse a cabo estas reformas México seguiría incumplimiento sistemáticamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

CEJIL hace un llamado al Estado para que garantice el efectivo ejercicio de los derechos humanos de la población y a que realice una investigación seria, exhaustiva y diligente en el fuero ordinario por las violaciones que han cometido los militares en diferentes zonas del país.

 


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Nancy Marín Espinoza

 

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