CEJIL participa en evento celebrando el acuerdo regional histórico sobre el acceso a la Información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe
El evento se realizó en el marco del la Asamblea General de las Naciones Unidas
Publicación: 30.Septiembre.2018

En el 27 de septiembre de 2018, quince naciones de América Latina y el Caribe firmaron el Acuerdo regional sobre acceso a la Información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo histórico, que fue redactado con la participación de la sociedad civil, es el primer tratado vinculante en la región, establece protecciones para los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También es el primer tratado en el mundo que incluye una disposición vinculante sobre la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, obligando a los Estados a proteger los defensores ambientales de amenazas o ataques, e investigarlos y castigarlos cuando que ocurran.

Más tarde esa noche, en un evento en la Open Society Foundation, el ambiente fue de celebración, ya que el tratado entrará en vigencia 90 días después de que los estados signatarios lo hayan ratificado. Funcionarios gubernamentales, expertos internacionales y representantes de la sociedad civil, incluida la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, se reunieron en un evento titulado “Acción regional para un medio ambiente democrático de acuerdo a la visión de los  objetivos de desarrollo sostenible  de la Agenda 2030” para discutir la importancia del acuerdo para inspirar a los otros diecinueve países de la región a firmar, ratificar y aplicar el Acuerdo de Escazú. Los panelistas elogiaron la labor de los redactores, quienes  diligentemente  trabajaron a través los años para asegurar el éxito del tratado. Krsticevic destacó la importancia de involucrar a la sociedad civil en la redacción del tratado, “Una de las cosas valiosas que tiene el acuerdo es que fue un proceso participativo. Tiene el tono correcto sobre temas de información, participación y acceso a la justicia, pero también crea un entorno propicio para la protección de los derechos”.

Los panelistas también enfatizaron la importancia de las disposiciones del acuerdo, pidiendo que el acuerdo sea implementado firmemente, para romper el ciclo de impunidad asociado que frecuentemente ocurre en la implementación de otros tratados internacionales. Los panelistas señalaron que más del 60% de los defensores de los derechos humanos asesinados en 2017 eran de América Latina, haciendo de la región la más peligrosa para personas que ejercen este trabajo. El artículo 9 exige que los Estados proporcionen un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, a fin de que puedan trabajar de manera segura sin restricciones ni amenazas. También se requiere que los Estados tomen las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones de los defensores de los derechos humanos. Como mencionó Krsticevic, “Uno de los aspectos críticos es el problema de romper los ciclos de impunidad. No vas a tener una participación robusta si están silenciado a las personas y si se está matando a las personas. No se trata solo de la violencia, sino también de cómo respondemos a la violencia”.

Sumando a la discusión, la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, elogió los esfuerzos de la sociedad civil como claves para promover la inclusión de disposiciones que exijan la protección de los defensores de los derechos humanos. Ella noto que estos puntos “ponen de relieve el papel de las personas como agentes de cambio en un marco estatal que otorga protección y garantías para el ejercicio pleno de los derechos”.