CEJIL exhorta a México a eliminar la figura del arraigo
CEJIL lamenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) que legitima el arraigo. El pasado 14 de abril el máximo tribunal interno de México declaró constitucional esta figura que permite restringir la libertad de una persona cuando existen indicios sobre su participación en la comisión de un delito grave.  
Publicación: 28.Abril.2015

CEJIL lamenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) que legitima el arraigo. El pasado 14 de abril el máximo tribunal interno de México declaró constitucional esta figura que permite restringir la libertad de una persona cuando existen indicios sobre su participación en la comisión de un delito grave.

El arraigo como forma de privación de libertad es contraria al principio de presunción de inocencia, al debido proceso y violatoria de la libertad y seguridad personal, garantías estipuladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la protección de la libertad busca “tanto la protección de la libertad física de los individuos como la seguridad personal, [ya que] la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”.

 

El arraigo pone en riesgo a las personas aprehendidas quienes pueden sufrir actos de tortura y otros tratos crueles durante su detención. Pese a ello, la Constitución mexicana establece que el arraigo puede extenderse por un mínimo de 40 días y hasta un máximo de 80. Al respecto, un informe del año 2009 del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas analizó 70 casos de personas arraigadas, de estos el 49% habían sufrido lesiones en el momento de iniciar el arraigo.

 

Otros mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México la eliminación del arraigo, entre ellos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en 2002, el Comité contra la Tortura en el 2007, el Mecanismo del Examen Periódico Universal en 2009 y en 2014. Más recientemente, en marzo de este año, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada, recomendaron que dicha figura jurídica debe desaparecer del sistema de justicia penal mexicano.

 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México declaró al respecto: “La posición de la Suprema Corte es preocupante por cuanto valida una figura que es abiertamente violatoria de los derechos humanos y con ello compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.

 

CEJIL exhorta a las autoridades mexicanas a eliminar la figura del arraigo, realizando las reformas constitucionales y legislativas que resulten procedentes. La organización insta al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales y acatar las numerosas recomendaciones que han sido dadas por diversos órganos de protección de los derechos humanos.