CEJIL condena doce años de violaciones de derechos humanos en Guantánamo
Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. “Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada, y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir, finalmente, con sus obligaciones internacionales”.
Publicación: 13.Enero.2014

Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de la sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

“Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir finalmente, con sus obligaciones internacionales”.

Mientras, 155 hombres siguen arbitrariamente detenidos y Guantánamo inicia su 13º año de operaciones, Estados Unidos todavía no ha cumplido con su deber de determinar la situación jurídica de los detenidos a través de un tribunal competente y procesar o liberar a todos los detenidos de acuerdo con el derecho internacional; investigar, procesar y sancionar toda instancia de tortura y malos tratos; y abstenerse de enviar a detenidos a países donde podrían estar en riesgo de tortura.

El desacato reiterado por parte del gobierno estadounidense de estas obligaciones queda evidenciado en resoluciones en 2006 y 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros órganos internacionales de derechos humanos, determinando que el Estado ya había ocasionado daños irreparables a los detenidos y ordenando el cierre inmediato del centro de detención.

El 1 de mayo de 2013, mientras una huelga de hambre masiva amenazó contra la vida y bienestar de los detenidos, la CIDH emitió una Declaración Conjunta con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Salud y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, reiterando enfáticamente “la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a la detención indefinida de personas; disponer su liberación o juzgamiento de acuerdo con las normas del debido proceso y  los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos; permitir el monitoreo independiente por parte de organismos internacionales de derechos humanos; y clausurar el centro de detención de la base naval de Guantánamo”.

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