CEJIL condena 13 años de ilegalidad en Guantánamo
CEJIL exige al Gobierno de Estados Unidos cerrar uno de los vestigios más nefastos de la “guerra contra el terror”.
Publicación: 09.Enero.2015

Washington, D.C., 9 de enero del 2015.- El próximo domingo 11 de enero se cumplirán 13 años desde la instalación del Centro de Detención de Guantánamo. En ocasión de este nuevo aniversario, CEJIL exige una vez más al Gobierno de Estados Unidos el cierre inmediato del Centro, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

 

De los 127 hombres que siguen arbitrariamente detenidos, 59 de ellos fueron declarados libres de cargos por agencias de inteligencia y de seguridad estadounidense pero siguen a la espera de su liberación. Los 68 restantes están clasificados como "detenidos indefinidos", una categoría utilizada para aquellos individuos que las instancias estatales consideran no elegibles para juicio ni traslado a terceros países. Estos detenidos serán sometidos a un proceso evaluativo interinstitucional que determinará si presentan una amenaza para los Estados Unidos o si son considerados para su traslado a otro país. Sin embargo, aquel carece de las garantías mínimas del debido proceso y es probable que prolongue las situaciones de detención arbitraria.

 

“Las recientes transferencias de 13 presos a Uruguay, Afganistán y Kazakstán son un paso adelante para lograr el cierre de Guantánamo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Sin embargo, las revelaciones realizadas por el informe del Senado de Estados Unidos sobre la utilización de la tortura por agentes de los servicios de inteligencia de ese país acentúa la urgencia con la que su gobierno tiene que actuar. Dicho informe además resaltó el repetido incumplimiento de la promesa de cerrar Guantánamo realizada por el gobierno estadounidense hace seis años. Es inaceptable que todavía no se determine la situación jurídica de muchos de los detenidos a través de un tribunal competente, ni se investigue, procese y sancione judicialmente la tortura y malos tratos cometidos”.

 

Resulta preocupante que, lejos de investigar, el gobierno estadounidense esté intentando revocar la sentencia emitida por un juez a principios de diciembre del 2014. Dicho fallo ordenó la divulgación de más de 30 cintas de video que grabaron la alimentación forzada de los detenidos que se declararon en huelga de hambre en Guantánamo, incluyendo la de Abu Wa'el Dhiab –uno de los seis hombres trasladados recientemente a Uruguay.

 

De igual modo, hasta la fecha Estados Unidos ha incumplido los llamados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al gobierno en resoluciones emitidas en 2006 y 2011, las cuales determinaron que el Estado ocasionó daños irreparables a los detenidos y en las que la CIDH ordenó el cierre inmediato de Guantánamo. Adicionalmente, en el año 2013, durante el transcurso de una huelga de hambre masiva, la CIDH emitió una Declaración Conjunta con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Salud y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, reiterando enfáticamente “la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a la detención indefinida de personas; disponer su liberación o juzgamiento de acuerdo con las normas del debido proceso y los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos; permitir el monitoreo independiente por parte de organismos internacionales de derechos humanos; y clausurar el centro de detención de la base naval de Guantánamo”.

 

A 13 años de la apertura de Guantánamo, CEJIL exige al gobierno de Estados Unidos cerrar uno de los vestigios más nefastos de la “guerra contra el terror”, poner fin a las detenciones arbitrarias sin fundamento alguno y garantizar el debido proceso de quienes aún permanecen detenidos con cargos en su contra. Asimismo, el gobierno debe respetar el derecho de los detenidos a no ser devueltos a países en los que enfrenten riesgo para su integridad o vida. Finalmente, hacemos un llamado para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones en materia de verdad y justicia frente a toda denuncia de hechos de tortura y malos tratos contra los detenidos en Guantánamo.