CEJIL COMPARTE SUS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES MEDIDAS TOMADAS EN VENEZUELA EN EL CASO DANILO ANDERSON
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.
Publicación: 28.Agosto.2009

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.

CEJIL reconoce plenamente la obligación que tiene el Estado de Venezuela, en su calidad de garante de los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, de adelantar investigaciones serias y eficaces en relación con las violaciones de estos derechos, evitando, de este modo, la impunidad y la repetición de dichas violaciones. En ese sentido, CEJIL reconoce que es un deber de las autoridades judiciales venezolanas actuar con plena imparcialidad y autonomía, y garantizar, a la vez, que estas investigaciones no sean, bajo ninguna circunstancia, obstaculizadas ni entorpecidas.

En el caso particular del fiscal Danilo Anderson, CEJIL manifestó públicamente, en su momento, su abierta condena al atentado del que fue víctima y expresó su confianza en que las autoridades judiciales de Venezuela garantizarían la investigación eficaz de los hechos, el esclarecimiento de lo sucedido y el juicio y sanción de los autores, materiales e intelectuales, del crimen.

Sin embargo, CEJIL observa con preocupación las recientes medidas judiciales que prohíben publicar información relacionada con documentos provenientes de dicha investigación, en el sentido de que la medida puede afectar el pleno y libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

En una sociedad democrática, la garantía del libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión es fundamental para favorecer y fortalecer el control democrático a través de la opinión pública. Y lo es para fomentar, de este modo, la transparencia de las actividades de las autoridades y la responsabilidad de los funcionarios por su gestión pública, así como una mayor participación de las personas en los intereses de su sociedad.

Si bien es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que las normas internacionales de protección de este derecho en el sistema interamericano prevén la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio del mismo, a través de la aplicación de las responsabilidades ulteriores por su ejercicio abusivo, las causales para imponer estas restricciones deben estar expresa, previa y taxativamente fijadas por la ley, deben ser estrictamente necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas y no deben de modo alguno limitar, mas allá de lo estrictamente necesario, el alcance de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo e indirecto de censura previa.

En este sentido, el uso de mecanismos del derecho penal o propios del derecho penal se considera el medio más restrictivo y severo para establecer restricciones al derecho de libertad de expresión, y su uso, además de restringido, debe estar estrictamente ceñido a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática.

Lo anterior significa, como ha sido señalado por los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano[1][1], que los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Las restricciones indebidas a la libertad de expresión pueden darse, por tanto, o por su supresión o por su restricción más allá de lo legítimamente permitido.

La supresión radical de la libertad de expresión se da cuando por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, tales como la censura previa o la prohibición de publicaciones.

Cuando un Estado restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, más allá de lo legítimamente permitido, ya sea de manera directa o indirecta, se produce una violación del derecho. Esta violación no sólo afecta el derecho individual de expresar y difundir información, opiniones o ideas, sino, también, y de manera relevante, el derecho de la sociedad, como un todo, a buscar y recibir información o ideas de cualquier índole, y a poder estar, así, bien informada. La violación del derecho a la libertad de expresión afecta, de este modo, también el ejercicio y fortalecimiento de la democracia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, CEJIL manifiesta su preocupación por el hecho de que la medida cautelar ordenada por el Juez Sexto de Control de Caracas esté afectando indebidamente el ejercicio libre y pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Manifiesta, también, su preocupación por las investigaciones, penales o de otro carácter, que en cumplimiento de esta medida puedan ser abiertas contra periodistas o medios de comunicación, y que puedan llegar a tener el carácter de una censura previa.

En ese sentido, CEJIL exhorta, respetuosamente, a las autoridades judiciales de Venezuela a evaluar si la medida cautelar ordenada –de prohibición de publicación o difusión de los documentos provenientes del expediente del caso del fiscal Danilo Anderson- responde, estrictamente, a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática. De no ser así, la medida debería ser o levantada o modificada, para garantizar, efectivamente, la debida protección del derecho a la libertad de expresión.