CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano en reunión con CIDH separar al Ministro del Interior Urresti del cargo para responder a un proceso penal por graves violaciones a los derechos humanos en su contra.
Publicación: 03.Noviembre.2014

 

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano en reunión con CIDH separar al Ministro del Interior Urresti del cargo para responder a un proceso penal por graves violaciones a los derechos humanos en su contra.
Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – En una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron que el nombramiento, por parte del Ejecutivo peruano, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado, en tanto Urresti está siendo procesado en un caso de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, calificado como crimen de lesa humanidad por el poder judicial peruano.
Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato, ocurrido en noviembre de 1988, del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. La CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado por estos hechos en 1997 y el caso fue luego incluido en el Comunicado de Prensa Conjunto que el Estado peruano y la CIDH suscribieron el 22 de febrero de 2001 (“Comunicado”). En este Comunicado el Estado asumió compromisos respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el de Bustíos. Los compromisos abarcan el reconocimiento de su responsabilidad internacional; la reparación a las víctimas y sus familiares; la realización de investigaciones y la determinación de los responsables; la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.
Durante la reunión de trabajo con la CIDH las organizaciones que suscriben denunciaron que la designación como Ministro del Interior de una persona procesada por graves violaciones a los derechos humanos es éticamente incompatible con las funciones de un alto cargo de gobierno.
“El nombramiento de Urresti evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante los familiares de las víctimas del caso Bustíos y Rojas Arce y violenta sus derechos” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
COMISEDH, APRODEH y CEJIL lamentan que el Estado se haya negado a tratar el tema de la designación de Urresti en el marco de las actuaciones ante la CIDH, tratándolo como un tema exclusivamente político.
“Con esta actitud el Estado desconoce las graves implicancias que tiene este nombramiento respecto a las garantías de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, la imparcialidad de las investigaciones, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia y la confianza que las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden depositar en el Estado peruano para que cumpla acuerdos de solución amistosa” dijo Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.
Asimismo, las organizaciones denunciaron que las dos personas que han resultado condenadas como culpables materiales del asesinato de Hugo Bustíos han recibido el beneficio penitenciario de semi-libertad, apenas cumplida una cuarta parte de su condena.
“Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, esto constituye una afectación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y una forma de impunidad” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Las organizaciones comunicaron su preocupación a la CIDH dado que el nombramiento de Urresti desconoce la determinación de responsabilidad que ya hizo la CIDH en el caso de Bustíos y Rojas Arce y los compromisos asumidos en el Comunicado, además de enviar un mensaje contrario a combatir la impunidad. Expresaron que el Estado debe garantizar la separación de Urresti del cargo en tanto dure el proceso penal en su contra.
Enlaces de interés:
•Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

 

Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – En una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron que el nombramiento, por parte del Ejecutivo peruano, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado, en tanto Urresti está siendo procesado en un caso de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, calificado como crimen de lesa humanidad por el poder judicial peruano.

 

Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato, ocurrido en noviembre de 1988, del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. La CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado por estos hechos en 1997 y el caso fue luego incluido en el Comunicado de Prensa Conjunto que el Estado peruano y la CIDH suscribieron el 22 de febrero de 2001 (“Comunicado”). En este Comunicado el Estado asumió compromisos respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el de Bustíos. Los compromisos abarcan el reconocimiento de su responsabilidad internacional; la reparación a las víctimas y sus familiares; la realización de investigaciones y la determinación de los responsables; la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

 

Durante la reunión de trabajo con la CIDH las organizaciones que suscriben denunciaron que la designación como Ministro del Interior de una persona procesada por graves violaciones a los derechos humanos es éticamente incompatible con las funciones de un alto cargo de gobierno.

 

“El nombramiento de Urresti evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante los familiares de las víctimas del caso Bustíos y Rojas Arce y violenta sus derechos” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

 

COMISEDH, APRODEH y CEJIL lamentan que el Estado se haya negado a tratar el tema de la designación de Urresti en el marco de las actuaciones ante la CIDH, tratándolo como un tema exclusivamente político.

 

“Con esta actitud el Estado desconoce las graves implicancias que tiene este nombramiento respecto a las garantías de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, la imparcialidad de las investigaciones, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia y la confianza que las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden depositar en el Estado peruano para que cumpla acuerdos de solución amistosa” dijo Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.

 

Asimismo, las organizaciones denunciaron que las dos personas que han resultado condenadas como culpables materiales del asesinato de Hugo Bustíos han recibido el beneficio penitenciario de semi-libertad, apenas cumplida una cuarta parte de su condena.

 

“Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, esto constituye una afectación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y una forma de impunidad” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.

 

Las organizaciones comunicaron su preocupación a la CIDH dado que el nombramiento de Urresti desconoce la determinación de responsabilidad que ya hizo la CIDH en el caso de Bustíos y Rojas Arce y los compromisos asumidos en el Comunicado, además de enviar un mensaje contrario a combatir la impunidad. Expresaron que el Estado debe garantizar la separación de Urresti del cargo en tanto dure el proceso penal en su contra.

 

 

Enlaces de interés:

 

•Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm