CEJIL advierte sobre injerencias indebidas en el proceso contra el ex Presidente Lula
Desde CEJIL reafirmamos que en esos tipos de casos es fundamental que los Estados respeten los derechos y las garantías del debido proceso de los posibles imputados, a fin de preservar la integridad y credibilidad del proceso, y excluir la existencia de cualquier motivación política o injerencia indebida actuación de las instituciones competentes.
Publicación: 13.Abril.2018

Rio de Janeiro, 11 de abril del 2018.- El Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó el pasado 4 de abril -por 6 votos a 5- el habeas corpus del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, el cual buscaba impedir la ejecución provisional de la pena dictada tras la sentencia que lo condenó por crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula es el líder de las encuestas para la campaña presidencial del 2018, pero el futuro de su candidatura se presenta incierto en la actualidad y seguirá así hasta que no haya una decisión definitiva sobre su condena. El expresidente Lula está preso en la sede de la Policía Federal en Curitiba desde el pasado 7 de abril.

Vemos con preocupación que en la víspera de la decisión del STF, el general Eduardo Villas Boas, actual comandante del Ejército, declaró en su Twitter que el Ejército brasileño “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio de la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y la Democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales”, en clara alusión al proceso ante el STF. Se produjeron otras declaraciones, antes y después de la del general, en las que se llegó a manifestar que, si el STF permitía que Lula se eligiera, habría una intervención militar. La reacción en cadena de militares de alto rango fue ampliamente interpretada como una amenaza a la Corte Suprema, si ésta decidía conceder el habeas corpus a favor de Lula.

Estos actos constituyen una injerencia en la autonomía e independencia del máximo órgano judicial del país, como fue advertido en la víspera de la decisión por la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano por medio de una nota, en la que repudió las citadas declaraciones, reafirmando la defensa de las instituciones democráticas y del principio de separación de poderes.

Asimismo, llama la atención el voto presentado por Luiz Edson Fachin, relator y ministro del STF, en el que hizo alusión a las decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, en los casos Maria da Penha, Fazenda Brasil Verde y Favela Nova Brasília, entre otros, criticando la demora injustificada del poder judicial brasileño para procesar y juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, como justificación de su decisión para denegar al habeas corpus a favor de el ex Presidente Lula en este caso. Si bien la celeridad de la justicia es un principio fundamental del debido proceso y una garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas de Brasil, ese principio, precisamente en los casos citados -en los que somos representantes de las víctimas-, sigue sin ser aplicado por el Poder Judicial hasta la actualidad, denegando en la práctica los derechos de las victimas y contribuyendo a un contexto real de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos que sufrió el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en su reciente Resolución sobre Corrupción y Derechos Humanos que la independencia, la imparcialidad y capacidad de los sistemas de justicia en la lucha contra la corrupción son elementos imprescindibles para afrontar adecuadamente ese fenómeno.

Desde CEJIL reafirmamos que en este tipo de casos es fundamental que los Estados respeten los derechos y las garantías del debido proceso de los posibles imputados, a fin de preservar la integridad y credibilidad del proceso, y excluir la existencia de cualquier motivación política o injerencia indebida en la actuación de las instituciones competentes.

 

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