Un día antes de las fiestas patrias, la fiscal a cargo de las indagaciones de esterilizaicones forzadas, Marcelita Gutierrez archiva el caso el 27 de julio y anuncia que no se le denunciará por este caso al ex-presidente Alberto Fujimori, ni a los ex ministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, y el actual congresista Alejandro Aguinaga. El anuncio se hace menos de una semana de que la coordinadora de las fiscalías en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos, Luz del Carmen Ibáñez informa el 23 de julio que hay nuevas “denuncias masivas” y debido a ellas, se abrirá una nueva investigación.
En su resolución, la fiscal indica que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no estuvo destinado a violar los derechos humanos, por lo que no constituye un delito de lesa humanidad. Además, se indicó en la resolución que el programa no estuvo destinado a desaparecer a un determinado grupo social o étnico. Respecto a la autoría mediata se indica que no se encontraron pruebas de la existencia de un aparato organizado de poder. Asimismo, la resolución reduce el número de víctimas a solo 397, de las miles que han sido señalados en otros informes.
Sin embargo, estableció que las deficiencias en su diseño e implementación permitieron casos individuales y concretos de graves violaciones de derechos humanos, al someterse a personas a ligadura de trompas y vasectomías sin un consentimiento informado.