Carta abierta a Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, de parte de Organizaciones Internacionales
Publicación: 30.Abril.2020

Las Américas, 30 de abril de 2020.

Señor Presidente:

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, reconocemos los esfuerzos del gobierno de El Salvador para responder a la crisis de salud pública sin precedentes que ha ocasionado la pandemia mundial COVID-19. Al mismo tiempo, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra preocupación por los reportes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de la emergencia actual, y por acciones y declaraciones gubernamentales que podrían estar en contra del Estado de Derecho y la democracia.

Desde el 21 de marzo, cuando entró en vigencia la cuarentena nacional obligatoria, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido cientos de denuncias de abusos supuestamente cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo uso excesivo de la fuerza en violación del derecho a la integridad física. De igual manera, cientos de personas han ido detenidas por presuntas violaciones a la cuarentena y han sido llevadas a “centros de contención” del gobierno o incluso a estaciones de policía, como si hubiesen cometido un delito.

Hasta ahora se han presentado casi 200 demandas de hábeas corpus sobre esas detenciones. En respuesta, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una serie de fallos, incluida la Resolución 148-2020, que establece que las autoridades no pueden privar a las personas de su libertad por incumplimiento de la orden de cuarentena domiciliaria y que el confinamiento forzado en “centros de contención” sin evidencia de síntomas o exposición al COVID-19 no está constitucionalmente permitido o autorizado por el decreto de emergencia actual. Los expertos en salud pública, así como muchos de los detenidos, también han señalado que las condiciones sanitarias en algunos de estos centros no parecen cumplir con los protocolos de salud pública ni con los estándares para prevenir la propagación de COVID-19.

Las organizaciones firmantes encontramos alarmante que las detenciones por violaciones de la cuarentena, incluso las detenciones prolongadas en “centros de contención”, sigan a pesar de las decisiones judiciales mencionadas. Debemos recordar que, como han enfatizado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque un estado de emergencia implica ciertas restricciones de derechos, toda medida gubernamental incluyendo órdenes de cuarentena y su aplicación, deben ser necesarias, proporcionadas y llevadas a cabo dentro de un marco de respeto a las normas internacionales de derechos humanos.

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército y las detenciones arbitrarias masivas denunciadas en las últimas semanas no cumplen con estos criterios y el gobierno salvadoreño debería tomar medidas inmediatas para remediar esta situación. Dado que los enfoques coercitivos  suelen afectar a comunidades desfavorecidas, las autoridades deben construir una respuesta efectiva ante la crisis de salud pública que priorice la participación de la comunidad y el respeto por los derechos humanos. Esto incluye garantizar información pública accesible y clara sobre las medidas implementadas por el Estado y velar porque se satisfagan las necesidades esenciales de las personas que viven en pobreza, así como de otros grupos vulnerables.

Asimismo, le transmitimos nuestra profunda preocupación respecto a las recientes declaraciones realizadas en su cuenta de Twitter, Sr. Presidente, en las cuales rechaza las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por considerarlas inválidas. Estamos igualmente alarmados por otras declaraciones recientes que parecen tolerar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía y militares que trabajan para hacer cumplir la orden de cuarentena domiciliar. Al referirse a la  implementación de las medidas destinadas a salvaguardar la salud y la seguridad, cualquier lenguaje oficial que sugiera que es permisible causar daños físicos a la población sin consecuencias no es aceptable.

Adicionalmente, observamos con consternación su reciente orden, a través de Twitter, dada al Ministro de la Defensa de imponer un cerco militar en la ciudad de el Puerto de La Libertad y la posterior colocación de tanques y equipos militares en todo su perímetro. Una orden similar fue emitida por el alcalde de San Salvador, quien acordonó el centro histórico de San Salvador, utilizando a miembros de la Policía Nacional Civil, de la fuerza armada y agentes metropolitanos para el cierre de varias avenidas (medida extendida hasta el 5 de mayo). Estas acciones son particularmente preocupantes dada la reciente historia de atrocidades y crímenes de derecho internacional cometidas por las fuerzas de seguridad de El Salvador durante el conflicto armado.

También hemos visto una serie de declaraciones presidenciales en las que se refiere a grupos de la sociedad civil, incluyendo periodistas y organizaciones de derechos humanos, que podrían desalentar el escrutinio público y estigmatizar a quienes buscan una mayor transparencia gubernamental. Limitar los espacios de diálogo público sería particularmente contraproducente en el contexto actual, en el que el gobierno debería buscar la colaboración de organizaciones no-gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil para enfrentar la crisis del COVID-19.

Mientras nuestra región y el mundo continúan lidiando con la amenaza que representa esta pandemia y sus efectos devastadores, Presidente Bukele, es responsabilidad de los líderes mundiales como usted, garantizar la protección de los derechos de todas las personas, sin excepción, durante y después de la emergencia de salud pública. Por eso, le urgimos a respetar el Estado de Derecho, incluido el cumplimiento inmediato de las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Agradecemos su atención a los asuntos urgentes abordados en esta carta y confiamos en que tomará las medidas necesarias para que todas las políticas públicas emprendidas para enfrentar la pandemia respeten y garanticen los derechos humanos.

Finalmente, reiteramos que nuestras organizaciones están comprometidas con los temas que aquí exponemos y quedamos a su disposición para discutir y dar aportes cuando Usted lo estime conveniente.

Atentamente,

  • Amnistía Internacional
  • Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamerica)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD)
  • Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)