Campesinos peruanos piden justicia ante la Corte IDH
Hoy ha sido denunciada la impunidad del Estado peruano frente a las graves violaciones cometidas contra la comunidad campesina de Santa Bárbara, durante el conflicto armado interno en el Perú. El caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara es un ejemplo más que muestra el patrón de impunidad estatal y la práctica generalizada del Ejército peruano de llevar a cabo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y otras violaciones de derechos humanos, durante el conflicto armado interno, siendo mínimas las investigaciones judiciales y condenas por parte del Estado peruano.
Publicación: 27.Enero.2015

 

San José, 27 de enero de 2015.- Hoy ha sido denunciada la impunidad del Estado peruano frente a las graves violaciones cometidas contra la comunidad campesina de Santa Bárbara, durante el conflicto armado interno en el Perú.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Paz y Esperanza así lo denunciaron hoy frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en defensa de la comunidad quechua-hablante andina.

 

El 4 de julio de 1991, miembros del Ejército peruano adelantaron un operativo militar que asoló dos sectores de la comunidad. Durante el transcurso del operativo, los militares detuvieron a 15 miembros de la comunidad —en su mayoría mujeres y niños de corta edad— que consideraron sospechosos de pertenecer a grupos subversivos. Los detenidos fueron golpeados, amarrados, sus viviendas fueron incendiadas, y su ganado y pertenencias robadas por miembros del operativo militar. Posteriormente, el Ejército condujo a las víctimas hasta la Mina Varallón (apodada la mina “Misteriosa” por la comunidad), donde fueron ejecutadas con ráfagas de fusiles automáticos. Finalmente, el Ejército empleó dinamita para hacer desaparecer los cuerpos dentro de la mina.

 

“El daño moral que me ha hecho la quitada de mi familia nunca lo van a curar. Esa herida que tengo dentro de mi corazón nunca va a lograr sanarse”, dijo Zenón Cirilo Osnayo Tunque, esposo y padre de cuatro de las víctimas. “Quisiera la entrega de los restos para saber por lo menos dónde están mis hijos enterrados siquiera para llevar una vela o una flor”.

 

El caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara es un ejemplo más que muestra el patrón de impunidad estatal y la práctica generalizada del Ejército peruano de llevar a cabo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y otras violaciones de derechos humanos, durante el conflicto armado interno, siendo mínimas las investigaciones judiciales y condenas por parte del Estado peruano.

 

En el presente caso, numerosos militares planearon y ejecutaron el operativo, pero hasta la fecha sólo existe una condena de 20 años emitida en el 2012 por la Sala Penal Nacional contra el Sargento Oscar Alberto Carrera González. Esta misma sentencia ordenó el procesamiento de otros cinco militares y la investigación de tres miembros de altos mandos militares. Dos de ellos, Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano y Javier Bendezú Vargas, se encuentran prófugos de la justicia. Ambos tienen órdenes de captura vigentes por medio de INTERPOL. Sin embargo, las autoridades peruanas aún no han llevado a cabo acciones para procurar estas capturas. A su vez, el resto de los involucrados no han sido adecuadamente investigados.

 

Todos estos datos fueron denunciados esta mañana durante la audiencia. CEJIL concluyó señalando la preocupación por la falta de acceso a la justicia, verdad y reparación para las víctimas, la falta de tramitación oportuna de los militares prófugos y el clima de ineficacia y demora de más de 20 años por parte del Estado peruano de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aun después de que el Estado reconociera parcialmente los hechos.

 

“Es inaceptable que el Perú continúe evadiendo sus obligaciones en materia de cumplimiento de sentencias de casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”, expresó Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina y Norteamérica de CEJIL. “Los militares prófugos involucrados en la masacre de Santa Bárbara deben ser capturados y sometidos a juicio para que el Estado pueda aclarar plenamente lo acontecido y cumplir su deber de reparar a las víctimas. El eco de los hechos se ha escuchado por más de 23 años en la mina Varallón. Es hora de justicia.”

 

Las organizaciones han solicitado al Estado peruano garantizar el derecho a la verdad y la integridad a los familiares de las víctimas, y la provisión de reparaciones estructurales, el establecimiento de un mecanismo que facilite la identificación de los restos y la provisión de respuestas integradas que tomen en cuenta las necesidades de la comunidad.

 

El Estado peruano por su parte refutó la tipificación del caso como uno de desaparición forzada en vez de ejecución extrajudicial, citó la falta de presupuesto como una de las causas tras las demoras de la identificación de los cuerpos y la calificación de una de las víctimas como tal.

 

Información Adicional

La comunidad campesina de Santa Bárbara que se encuentra dentro del Departamento de Huancavelica, enclavada en las montañas andinas que recorren la zona centro-sur del país. La mayoría de los pobladores se dedicaban a la crianza de ganado y la agricultura.