Audiencia pone en clara evidencia violaciones de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia
Prueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente. Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados. Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Publicación: 13.Noviembre.2013

Prueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente.

Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados.

Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Carlos Bacigalupo, perito antropólogo, presentó prueba concluyente respecto a que las personas desaparecidas no están en la fosa común del cementerio del sur de Bogotá, teoría mantenida aún por el Estado colombiano. Igualmente evidenció que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán fue torturado y ejecutado extrajudicialmente tras salir con vida del Palacio.

Por su parte la ex fiscal Ángela Buitrago, expuso la evidencia derivada de procesos judiciales en Colombia que prueban los hechos denunciados. El perito Federico Andreu estableció además que este caso se integra en el contexto de una práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia.

A pesar de que el Estado colombiano reconoció parcialmente los hechos durante la audiencia, sigue negando que haya personas desaparecidas, que algunas personas fueran víctimas de tortura, y que el magistrado Urán fuera ejecutado. A inicio de la audiencia, las víctimas expresaron su indignación por la forma en que el Estado se presentó ante la Corte Interamericana, por la negación de los hechos y la falta de verdad y justicia por más de 28 años.

Por ello, las víctimas pidieron que la Corte emita una condena enérgica contra el Estado colombiano, que valore en cada uno de los casos el sufrimiento causado por los atropellos cometidos contra ellas durante todos estos años, y que con base en eso la Corte ordene reparaciones adecuadas.

Viviana Krsticevic, Directora del CEJIL sostuvo que “la defensa de un Estado democrático no debería reducirse a defender los intereses de los perpetradores o mitigar el impacto económico y político de la eventual sentencia, sino a cumplir su obligación de respetar y reparar los derechos de sus ciudadanos”, y que confía que “la Corte condene al Estado por las desapariciones forzadas, torturas, y ejecución extrajudicial, y que dicte reparaciones adecuadas que han sido ampliamente sustentadas ante el Tribunal”.

Se espera que la Corte IDH emita sentencia en el presente caso en el curso de 2014.

Las víctimas y sus familiares estuvieron representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCAJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y los abogados Jorge Molano y Germán Romero.