Artículo 19, CEJIL y ABRAJI en audiencia ante la OEA sobre restricciones ilegítimas contra la libertad de expresión en Brasil
Publicación: 28.Agosto.2009


Washington, D.C.


Las organizaciones no gubernamentales Articulo 19, Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL) y la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI) presentaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) información sobre las disposiciones legales y prácticas judiciales que constituyen violaciones al derecho a la libertad de expresión en Brasil, en especial el uso abusivo de recursos judiciales contra medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos.


El documento fue entregado el lunes 10 de marzo del 2008 en la sede de la OEA, en Washington, en Estados Unidos.


Las organizaciones demostraron preocupación sobre el uso de medidas judiciales que resultan ser restricciones ilegítimas a la libertad de expresión e inhiben el libre flujo de informaciones y el debate público sobre temas de interés social.


Algunos de los problemas específicos incluyen la debilidad del marco legal brasileño, el uso excesivo y orquestado de acciones de indemnización por daños morales, la gran cantidad de casos impulsados por autoridades públicas, la desproporcionalidad de las sumas indemnizatorias, las limitantes temporales que prohíben anticipadamente la publicación de informaciones y que pueden constituir censura previa y otras restricciones indirectas a la libertad de expresión.


Las organizaciones informaron de casos específicos y presentaron estadísticas sobre el uso abusivo de acciones judiciales en Brasil. Del 2005 al 2007 fueron registrados en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) 53 casos de acciones de daños morales contra los medios de comunicación, originadas por declaraciones que han sido alegadas difamatorias. En el 37,6% de estos casos los autores eran funcionarios públicos. En el Tribunal de Justicia de São Paulo, de 93 casos presentados en el corto período de octubre a diciembre del 2007, el 47,4% de las acciones fueron interpuestas por integrantes del Estado.


Las entidades también destacaron la estrategia reciente de inundar los tribunales con acciones articuladas por miembros de un mismo grupo en varias localidades del país contra un único medio de comunicación o periodista con la clara finalidad de intimidar a los profesionales con el gran número de acciones.


En la audiencia estuvieron presentes representantes del Estado brasileño y de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), los cuales defendieron el actual sistema de reparación por daños morales, y la responsabilidad penal por declaraciones difamatorias, afirmando que los casos de abusos citados por los peticionarios constituyen excepciones y no la regla. Discreparon en que las preocupaciones de las organizaciones resulten en efectos intimidatorios o causen autocensura.


La Comisión Interamericana demostró preocupación con la posibilidad de censura previa por medio de las limitaciones temporales concedidas por los jueces antes de resolver el fondo del asunto, y solicitó al Estado brasileño información sobre el uso, posibilidades de recurso y plazos para su análisis. El comisionado Florentín Melendez afirmó que los Estados deben encontrar “un equilibrio racional” cuando hay un conflicto de derechos fundamentales y solicitó información al gobierno brasileño sobre medias tomadas para alcanzar este equilibrio en casos concretos.


ABRAJI, Artículo 19 y CEJIL entregaron a la CIDH algunas recomendaciones dirigidas tanto al Estado brasileño como a la misma Comisión.


Las recomendaciones hechas al estado incluyen la revisión de la legislación aplicable a la libertad de expresión, la adopción de patrones claros y objetivos para determinar el daño y la fijación de sumas en acciones de indemnización, la facilitación y promoción del uso de medidas de reparación menos restrictivas a la libertad de expresión, y que en los casos de gran cantidad de acciones judiciales por miembros de determinados grupos sea garantizado tanto el derecho de recursos judiciales por los ciudadanos que se sintieron ofendidos como el derecho de defensa de los periodistas procesados, estudiándose, por ejemplo, medidas que procuran la unificación y centralización del juzgamiento de los procesos.


Las recomendaciones presentadas a la Comisión incluyen la realización de estudios específicos sobre los temas presentados en la audiencia a fin de analizar su adecuación a patrones interamericanos de derechos humanos, bien con sus efectos para defensores de derechos humanos y comunicadores sociales.

El informe presentado a la OEA estará disponible próximamente en las páginas web de las entidades peticionarias.

 


Contactos:

 

Helena Rocha (Cejil)

 

hrocha@cejil.org

www.cejil.org


 

Paula Martins (Artigo 19)

 

paula@article19.org

www.article19.org


 

Fernando Rodrigues (Abraji)

 

frodriguesbsb@uol.com.br

www.abraji.org.br