Ante amenazas, Honduras debe tomar medidas inmediatas para proteger la vida de personas defensoras en Río Blanco
Publicación: 10.Mayo.2019

San José, 10 de mayo de 2019.- Desde el 29 de abril de 2019, la defensora de la tierra y el territorio, Rosalina Domínguez, junto a otras personas integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Río Blanco, han sido víctimas de una serie de actos de intimidación, violencia y amenazas contra su vida de manera sostenida.

De acuerdo con denuncias del COPINH, la defensora y al menos seis de sus compañeros y compañeras fueron amenazadas con armas de fuego y machetes, en represalia a su trabajo de cultivo en tierras ancestrales de la comunidad indígena lenca que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía utilizar para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos estos hechos, pues representan la situación de violencia que enfrentan sistemáticamente las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Recordamos que la lideresa lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, enfrentó un patrón de agresiones similar antes de ser asesinada en 2016.

En respuesta al crimen cometido en contra de la lideresa lenca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó ampliar la protección a quienes integran el COPINH, por lo que el Estado hondureño debe tomar medidas urgentes para que acciones de esta naturaleza no se repitan. Como organización que ha acompañado al COPINH en sus demandas, exigimos a Honduras que proteja la vida e integridad de Rosalina Domínguez y todas las personas defensoras del territorio en Río Blanco.

Asimismo, demandamos al Estado que investigue, juzgue y sancione a todas las personas involucradas en estos hechos de violencia, y considere los ataques repetidos contra el COPINH como un factor determinante dentro de la indagatoria. De lo contrario, la impunidad es la garantía para que las agresiones, hostigamiento y asesinatos contra el pueblo lenca vuelvan a ocurrir.

Ante la grave situación de riesgo que aún enfrentan los y las defensoras en Honduras, resulta pertinente recordar que el Estado debe cumplir con su obligación de diseñar e implementar una  política  pública efectiva  para  la  protección  de las personas defensoras de  derechos  humanos. Esto, en cumplimiento de la sentencia por el caso Carlos Luna, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2013.  

Como hemos señalado anteriormente, cada agresión en contra de una persona defensora, es el aviso de una nueva, si las autoridades no asumen la responsabilidad de investigar las causas. Así ocurrió con Berta, y exhortamos al Estado para que no repita este patrón. El Estado de Honduras debe reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos como un pilar fundamental en el respeto y la garantía de los derechos y las libertades fundamentales de toda la población, así como en la existencia de la democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Finalmente, desde CEJIL, expresamos nuestra solidaridad, respeto y reconocimiento a Rosalina Domínguez y el COPINH por su enorme trabajo de defensa de los derechos humanos y bienes naturales del pueblo indígena lenca.