Alerta por retroceso en derechos sexuales y reproductivos en El Salvador
El debate actual promueve un clima de represión innecesario y está muy lejos de promover una discusión fundamentada en derechos humanos y en las obligaciones que el Estado ha contraído de manera voluntaria.
Publicación: 13.Julio.2016

 

Actualmente, El Salvador mantiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial, en relación a derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres embarazadas, aún en casos de pérdida natural o cuando sus vidas están en peligro inminente, son condenadas de la misma manera en la que condenan a los asesinos en serie.

 

Por esto, vemos con preocupación las distintas iniciativas tomadas por el Ministerio Público y el partido político Arena. En ambos casos ーtanto el recurso de apelación que tiene en curso la Fiscalía en el caso de la liberación de María Teresa Rivera como la reciente propuesta de Arena para modificar la ley que aumenta las penas ante todo tipo de abortoー demuestran una intención clara de criminalizar a las mujeres y de restringir aún más sus posibilidades de acceder a una salud reproductiva que garantice sus derechos.

 

Ya en 1998, El Salvador retrocedió al prohibir la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Hoy la amenaza es más grave, ante la propuesta de aumentar sus penas y al equipararlo con la pena máxima, de 50 años de prisión.

 

Desde CEJIL vemos con especial preocupación la onda expansiva que tienen estas intenciones, las cuales dan cuenta de que El Salvador es un Estado donde la discusión no se enfoca en la protección de los derechos de las mujeres. Aún más, las intenciones son de radicalizar las medidas por las que El Salvador ha sido señalado en distintas ocasiones.

 

En 2013, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó al Estado sobre su incumplimiento de obligaciones internacionales y lo instó a “emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas” que pudieran tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva. Por su parte, en junio de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) le recomendó despenalizar el aborto y pidió que sus órganos responsables prioricen la atención en salud de las mujeres por encima de su persecución penal.

 

Ante esto, las más afectadas son las mujeres en situación de pobreza y aquéllas que han sido marginadas por la institucionalidad del Estado. Un ejemplo de esto es el de Beatriz, de 21 años, que debió acudir a instancias de protección internacional para que se garantizara su salud y su vida, pues sus médicos habían recomendado el aborto terapéutico pero no se atrevían a practicarlo por el riesgo de ser condenados.

 

Es evidente que actualmente el Estado, lejos de promover un debate fundamentado en los derechos humanos y en las obligaciones que al respecto ha contraído, de manera voluntaria, promueve un clima de represión innecesario.

 

Por último, desde CEJIL creemos que El Salvador, como Estado democrático, debe abstenerse de criminalizar a las mujeres y, por el contrario, adoptar de manera inmediata todas las medidas que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.