A 10 años de la sentencia de la Corte IDH en el caso Vélez Loor, Panamá sigue en deuda con las personas migrantes
El Estado panameño debe avanzar en la investigación de los hechos, acabar con la práctica de detención migratoria y dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en la sentencia de 2010 y en las medidas de protección otorgadas en julio de 2020.
Publicación: 24.Noviembre.2020

San José, 24 de noviembre de 2020.- En noviembre de 2002, Jesús Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido en la provincia del Darién en Panamá y condenado, sin asesoría y debido proceso, a 2 años de prisión por haber ingresado de manera irregular al país. Durante su detención, él fue mantenido en condiciones inhumanas y víctima de torturas y malos tratos por parte de agentes estatales, hechos que han tenido, al día de hoy, secuelas significativas en su salud. A pesar de sus denuncias; sin embargo, estos hechos nunca fueron investigados.

El 23 de noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado panameño dictando su primera sentencia sobre los derechos humanos de las personas migrantes. En esta histórica sentencia, el Alto Tribunal destacó, entre otros, que las detenciones de personas migrantes deben ser excepcionales y “serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante una evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas”.

Asimismo, la Corte IDH reconoció las graves condiciones de hacinamiento que enfrentaban las personas migrantes en los centros de detención en la provincia del Darién y ordenó “adoptar las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar las personas cuya detención es necesaria y proporcionada en el caso en concreto[…] por cuestiones migratorias, específicamente adecuados para tales propósitos, que ofrezcan condiciones materiales y un régimen acorde para migrantes […]”.

Aunado a ello, el Tribunal dictó una serie de medidas, entre ellas: avanzar con la investigación de los hechos; e implementar un programa de formación y capacitación para las autoridades competentes en cuanto a estándares internacionales relativos a los derechos humanos de los migrantes, las garantías del debido proceso y el derecho a la asistencia consular, así como sobre la obligación de iniciar investigaciones de oficio siempre que exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un hecho de tortura bajo su jurisdicción.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como representantes del señor Vélez Loor, reconocemos el precedente que esta histórica sentencia sienta en relación con el desarrollo de estándares para garantizar los derechos de la población migrante en contextos de detención migratoria en las Américas. 

Sin embargo, a 10 años de dictada la sentencia, denunciamos que el Estado panameño continúa practicando una política sistemática de detención migratoria e incumpliendo las medidas dictadas por el Tribunal Interamericano. Mientas tanto, el señor Jesús Vélez Loor sigue enfrentando las secuelas de los hechos y la población migrante se enfrenta a profundizados riesgos. Frente a ello, hacemos un llamado contundente al Estado panameño a avanzar con lo ordenado por la Corte IDH y a los Estados de la región a cumplir con sus obligaciones en la materia, a la luz del desarrollo del tribunal. 

Destacamos, además, que, en el contexto de crisis sanitaria que nos enfrenta, el incumplimiento del Estado de Panamá expone a graves riesgos a las personas migrantes que continúan enfrentando las políticas de detención, sin el respeto de los principios de proporcionalidad y necesidad; bajo condiciones de hacinamiento; y sin las medidas de prevención y atención necesarias ante la pandemia por COVID-19.

Frente a ello, recordamos que la Corte IDH otorgó medidas provisionales de protección a favor de las personas migrantes que se encuentran detenidas en las estaciones migratorias La Peñita y Lajas Blancas en la provincia del Darién y llamamos al Estado panameño a avanzar en su cumplimiento. Al respecto, la Corte ordenó asegurar de forma inmediata y efectiva el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación, así como adoptar todas las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de estas personas.

Reconocemos que la incansable lucha de Jesús Vélez Loor por justicia y no repetición, ha dado lugar a los históricos avances en la garantía de derechos de las personas migrantes, representados en la sentencia y las medidas dictadas por el Alto Tribunal Interamericano. A 10 años de la resolución de la Corte, el Estado de Panamá, y todos los Estados de la región, deben honrar esta sentencia y cumplir con su obligación de acabar con la práctica sistemática de detención migratoria, así como garantizar procesos administrativos con todas las garantías. Desde CEJIL continuaremos acompañando al señor Vélez Loor y a la población migrante en el continente americano en su búsqueda por justicia y protección.