Washington D.C. 30 de octubre 2009<\/p>\n
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y solicita a la comunidad internacional acompa\u00f1ar el proceso de di\u00e1logo as\u00ed como supervisar el cumplimiento de los t\u00e9rminos del arreglo. <\/p>\n
Sin embargo, CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral en curso, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n
Es preocupante que el documento firmado por las partes no defina plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional y otorgue a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de emitir una opini\u00f3n previa a la aprobaci\u00f3n del acuerdo por parte del Congreso Nacional. <\/p>\n
Para la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, una de las cuestiones cr\u00edticas radica en que el acuerdo no establece plazos, y tampoco garantiza la restituci\u00f3n del orden constitucional ni la anulaci\u00f3n de normas represivas que proh\u00edben el ejercicio de derechos civiles y pol\u00edticos. <\/p>\n
El documento deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, ya se ha pronunciado a favor de la persecuci\u00f3n penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger derechos humanos de los habitantes de Honduras.<\/p>\n
Viviana Krsticevic enfatiz\u00f3 que \u201cla comunidad internacional necesita mantener un sano escepticismo ante los acuerdos alcanzados en Honduras y debe dar un seguimiento riguroso al proceso en Honduras, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Mientras las partes negociaban y llegaban a un acuerdo, continuaban ocurriendo actos de represi\u00f3n y uso excesivo de la fuerza contra opositores al golpe, persist\u00eda la obstrucci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n y el ej\u00e9rcito giraba \u00f3rdenes para perseguir a disidentes pol\u00edticos.<\/p>\n
El 29 de octubre, el ej\u00e9rcito y la polic\u00eda reprimieron en Tegucigalpa una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrim\u00f3genos y golpearon con toletes a los manifestantes. Hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz. <\/p>\n
A la vez, los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denuncian que persisten las interferencias electr\u00f3nicas a sus se\u00f1ales. <\/p>\n
Por otra parte, una nota enviada el 22 de octubre presuntamente por el Primer Batall\u00f3n de Comunicaciones del Ej\u00e9rcito, solicit\u00f3 a numerosos alcaldes, los nombres y n\u00fameros de tel\u00e9fono de las personas \u201cque conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad\u201d. <\/p>\n
Esto ocurre mientras est\u00e1 vigente una directriz de la Polic\u00eda Nacional que obliga a notificar con 24 horas de anticipaci\u00f3n cualquier reuni\u00f3n p\u00fablica y mientras sigue en vigor el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisi\u00f3n Nacional de Telecomunicaciones a clausurar emisoras de radio o televisi\u00f3n que emitan mensajes \u201cen contra del Estado democr\u00e1tico\u201d.<\/p>\n
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera.
Director de Comunicaci\u00f3n.
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