Plebiscite supports amnesty for major human rights violations in Uruguay
09.December.2009

Montevideo, Buenos Aires, Washington, 26 de octubre de 2009

 

CEJIL expresa su preocupación por el resultado del plebiscito sobre la Ley de Caducidad en Uruguay que contraría las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional.

 

El día de ayer se llevó a cabo un plebiscito en el que se discutió la revocación de la Ley de Caducidad y cuyo resultado fue a favor de mantener la vigencia plena de la misma. CEJIL recuerda que, de acuerdo a la jurisprudencia y decisiones consistentes de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, las leyes de amnistía que de cualquier modo pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son incompatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos –al que Uruguay está sometido- y su vigencia compromete la responsabilidad internacional del Estado.

 

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo: “La Ley de Caducidad, como otras leyes de amnistía, ha generado una situación de indefensión de las víctimas y de perpetuación de la impunidad. Continuaremos en la búsqueda de la verdad y la justicia a través del sistema interamericano de protección de derechos humanos donde esperamos tener una respuesta adecuada para la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

 

Estas leyes de amnistía son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana –ratificada por Uruguay- al obstaculizar el acceso a la justicia e impedir la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos, así como al negar a las víctimas y a sus familiares y a la sociedad en general el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

 

Sin perjuicio de destacar la decisión que la pasada semana tomara la Corte Suprema de Justicia de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el marco del caso de Nibia Sabalsagaray, CEJIL expresa su honda preocupación por los centenares de casos en Uruguay en los que aún no se ha alcanzado justicia ni verdad.

 

CEJIL insta al sistema internacional de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos y de Naciones Unidas, a responder enérgicamente frente a este retroceso.