CEJIL Calls Brazil to Acknowledge International Responsibility for Disappearances
For the first time the Inter-American Court on Human Rights will judge in the first semester of 2010 crimes committed in Brazil during military dictatorship. At the approach of the trial, CEJIL called the Brazilian State to recognize its international responsibility for the disappearance of about 70 people between 1972 and 1975.  
11.December.2009

Washington D.C., 9 de diciembre de 2009.

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará en el primer semestre de 2010 crímenes cometidos en Brasil durante la dictadura militar. Ante la cercanía del juicio, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hizo un llamado al Estado brasileño para que reconozca su responsabilidad internacional por la desaparición de unas 70 personas entre 1972 y 1975.

Brasil enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la detención arbitraria, tortura y desaparición de miembros del Partido Comunista  y campesinos, que fueron víctimas de operaciones emprendidas entre 1972 y 1975 por el Ejército brasileño para erradicar a la Guerrilla de Araguaia, un movimiento que pretendió combatir a la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Aunque dentro de Brasil las autoridades del Estado han expresado su respaldo y solidaridad a los familiares de las víctimas, en instancias internaciones se niegan a reconocer  la responsabilidad en los crímenes cometidos por agentes estatales durante la dictadura.

“El Estado tiene que allanarse y aceptar su responsabilidad, para que la sociedad brasileña  vea realizada  su aspiración de conocer las acciones cometidas durante la dictadura militar y asegurar que haya justicia para los perpetradores”, dijo Beatriz Affonso, directora del programa de CEJIL para Brasil.

“Hasta ahora el Estado ha tenido un doble discurso: uno en el que lamenta lo ocurrido y se solidariza con las víctimas dentro de Brasil y otro, hacia afuera,  en el que evita reconocer los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadora. Exigimos coherencia”, enfatizó Affonso.

El juicio contra Brasil también se relaciona con la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno militar de Brasil, con base en la cual el Estado no investigó los hechos denunciados, y con el secreto permanente de archivos oficiales en algunos temas establecido por la Ley 11.111 del 5 de mayo de 2005.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1995 por CEJIL, Human Rights Watch, el Grupo Tortura Nunca Mais y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de São Paulo. En marzo de 2001 la CIDH admitió el caso y en marzo de 2008 lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CEJIL también expresó su preocupación por las potestades que tendría la nueva Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que quedará establecida en el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que será dado a conocer el próximo 15 de diciembre.

El 14 de diciembre, CEJIL y las organizaciones copeticionarias darán a conocer su propuesta en una conferencia de prensa en la  sede de la Asociación de Corresponsales Internacionales de Brasil, en Río de Janeiro.

“Los familiares de los desaparecidos y las organizaciones peticionarias hemos pedido la creación de una Comisión de Verdad y Justicia, pero el último borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos parece más bien instituir una Comisión de reconciliación y perdón. No puede haber verdadera reconciliación sin que primero haya verdad y justicia acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar”, dijo Beatriz Affonso.

 

Contacto de prensa:

Mauricio Herrera.

Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-4676.

mherrera@cejil.org.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.