CEJIL participó en audiencia sobre caso de panameño desaparecido

21-10-04

Washington, D.C. 21 de octubre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Patria Portugal, peticionarios del caso de Heliodoro Portugal, participaron de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite de este caso ante dicho organismo interamericano. El caso se refiere a la desaparición forzada del ciudadano panameño Heliodoro Portugal, secuestrado en 1970 por miembros del servicio de inteligencia de la Guardia Nacional de Panamá. Heliodoro Portugal era un reconocido líder estudiantil contrario a la dictadura militar que vivió ese país de 1968 a 1989. En 1999 fueron encontrados sus restos mortales en los predios del Cuartel de Los Pumas de Tocumen.

La denuncia por el caso Heliodoro Portugal fue presentada por CEJIL y su hija, Patria Portugal en mayo del 2001 a la CIDH, la cual lo declaró admisible un año después. En la audiencia Patria Portugal, se refirió a la forma en como sus padre fue desaparecido hace más de 30 años y a las diversas formas en que el Estado ha dilatado la investigación de los hechos.

Los peticionarios demostraron que el caso se enmarca dentro del patrón de violaciones de derechos humanos que existía en la época. Asimismo probaron las violaciones a los derechos humanos de la víctima y sus familiares, denunciadas en la petición inicial. Si bien, el Estado panameño no ha negado los hechos, aceptando la desaparición forzada de Portugal, su posterior ejecución y la responsabilidad de la Guardia Nacional al respecto, alegó que la CIDH no puede conocer el caso porque el mismo está aún en investigación en la justicia interna. Además negó toda posibilidad de solución amistosa.

Los peticionarios hicieron énfasis en que los hechos ocurrieron hace 34 años y que el proceso investigativo se inició en 1990 y a la fecha no se ha obtenido ningún resultado eficaz, por lo que solicitaron a la CIDH emita un informe de fondo, en el que establezca los hechos, los derechos violados y las recomendaciones pertinentes al Estado panameño. En caso de que la Comisión publique su informe y el Estado no acate sus recomendaciones, el caso puede ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

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