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Exponen ante CIDH delicada situación de derechos humanos en el Perú
Washington D.C.
El pasado 7 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los obstáculos para la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Asimismo, las organizaciones se refirieron a la difícil situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú.
Primero, los peticionarios informaron que el actual contexto político peruano es adverso para una adecuada implementación de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad. Por esto le solicitaron a la CIDH que de un seguimiento a este tema. El organismo internacional manifestó que haría un monitoreo cercano al proceso y se congratuló al escuchar que el agente del Estado aseguró que durante el gobierno del presidente Alan García, Perú no se va a retirar del Sistema Interamericano.
De manera puntual, los peticionarios pidieron al Estado otorgar recursos suficientes para cumplir con las reparaciones individuales y colectivas de las víctimas del conflicto armado. Además, señalaron que Perú debe dejar sin efecto la Ley 28934 que prorrogó inconstitucionalmente, hasta junio de 2007, la actual legislación sobre jurisdicción militar, contraria a los estándares establecidos por el sistema interamericano y por el tribunal constitucional peruano. Los comisionados expresaron preocupación por la aprobación de esta ley.
Por otra parte, en la audiencia sobre la situación que viven los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones denunciaron que existen amenazas e intimidaciones contra estas personas, sobre todo contra quienes impulsan procesos o reformas judiciales, y los y las ambientalistas. Las víctimas sufren seguimientos, vigilancias, llamadas telefónicas anónimas, secuestro, tortura, sustracción de documentos y campañas de difamación y descrédito. Estas circunstancias se agudizan en los territorios donde se desarrolló el conflicto armado interno y en algunas zonas de explotaciones mineras. Además estos hechos quedan impunes y no se protege a estas personas.
Las organizaciones peticionarias manifestaron a la CIDH su preocupación por la aprobación de la ley 28925 de 8 de diciembre de 2006, que establece, para las organizaciones privadas que reciban fondos de la cooperación internacional, controles que son innecesarios en una sociedad democrática. Esta ley afecta el derecho a la libertad de asociación, pone en riesgo la libertad de expresión y desconoce varias de las recomendaciones que hizo la CIDH a los Estados en su informe sobre defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas.
CEJIL y la Coordinadora solicitaron a la CIDH que exhorte al gobierno peruano a respetar y garantizar los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y que afirme públicamente la legitimidad del trabajo que llevan a cabo estas personas. Igualmente, solicitaron que el Estado deje sin efecto la ley 28925, que amplía indebidamente las facultades de la APCI (Agencia peruana de cooperación internacional).
Audios de las audiencias en el siguiente link:
Contacto en Washington:
María Clara Galvis
Abogada
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