17 de marzo de 2011 Comunicado de Prensa

Congresos estatales deben apurar ratificación de trascendente reforma constitucional en México

San José, jueves 17 de marzo del 2011. La semana pasada, el Senado mexicano adoptó una de las más importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos de las últimas décadas.

La reforma de once artículos eleva al rango de la Carta Magna los compromisos que el Estado mexicano ha asumido mediante tratados internacionales y garantiza el principio pro personae (la aplicación de la norma más favorable para la persona). Además, el documento renovado establece “las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Esta disposición es sustantiva para el avance en el cumplimiento adecuado y efectivo de las resoluciones emitidas por órganos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, entre otros avances, la nueva versión constitucional define cómo y en cuáles circunstancias se puede declarar el Estado de excepción; y se estipula los derechos para la solicitud de asilo, por motivos políticos; y para la solicitud de refugio, por razones humanitarias.

La prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual ha quedado explícitamente normado en la Carta Magna. Asimismo se estipula que la organización del sistema penitenciario debe estar regida por los derechos humanos.

Este importante avance representa un punto de partida para las distintas modificaciones legislativas que deben darse en México, tanto en la Constitución como en otras normas que no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos como, por ejemplos, algunas disposiciones del Código de Justicia Militar y de la Ley de Amparo.

Ahora, al menos 17 de los 32 congresos estatales deben sancionar la reforma para que entre en vigor. CEJIL se suma al reconocimiento por este avance y, como organización regional de derechos humanos que acompaña a distintas organizaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de ellas, insta a las legislaturas locales y al Ejecutivo federal a garantizar la vigencia de esta reforma a la brevedad. Así, las personas que se encuentran en territorio mexicano gozarán de mayores derechos.

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Darío Chinchilla

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