27 de agosto de 2009 Comunicado de Prensa

Cárceles de Honduras continúan preocupando a organizaciones de derechos humanos

 

Tegucigalpa, Honduras

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), Casa Alianza – Honduras, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lamentan los hechos violentos sucedidos recientemente en cárceles hondureñas.

En la mañana del día 19 de junio, en la Penitenciaria Nacional de Tamara, fueron mutilados, asesinados y posteriormente quemados los señores Santos Ernesto Sánchez Ponce, Melvin Faustino López Banegas, y Juan Crisóstomo López Ruiz, acusados por los delitos de asesinato y violación. Ese mismo día, en horas de la tarde, apareció el cadáver de Marvin Geovany Peña, acusado de robo y asociación ilícita.

Un día después, el 20 de junio, en el Centro Penal de Juticalpa, Olancho, fue asesinado Melvin Adalid Jiménez Cerna, de 18 años de edad, confeso de violación y asesinato de niños.

Estos hechos fueron cometidos por otros privados de libertad con la tolerancia de las autoridades policiales penitenciarias. De hecho, después de los acontecimientos el Presidente de la República Manuel Zelaya declaró públicamente que los mismos constituyen una “lección moral” y que “hasta en el malvado hay virtud, porque los mismos reos han juzgado que este crimen abominable merecía un castigo”.

Las organizaciones de derechos humanos reconocen el deber y potestad del Estado hondureño de investigar a los responsables de delitos y de sancionarlos con penas privativas de libertad. Sin embargo, el Estado no puede olvidar que las personas detenidas están bajo el exclusivo control de las autoridades penitenciarias, por lo que el Estado tiene una responsabilidad especial de asegurarles las condiciones que les respeten su dignidad humana y que les garantice sus derechos humanos. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos sobre personas privadas de libertad.

En lo que va del año 2007, un total de 23 personas han muerto brutalmente en los centros penitenciarios de Honduras. Tampoco podemos olvidar las masacres en la Granja Penal El Porvenir en abril de 2003 y en el Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004. Esto refleja no sólo el fracaso del sistema de justicia y seguridad, sino también la crisis del sistema carcelario y la falta de capacidad y control de las autoridades estatales, e incluso su tolerancia para que hechos de esta naturaleza ocurran.

El año anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación carcelaria en Honduras y le señaló al Estado que “conforme al derecho internacional, el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo tanto, la Comisión insta al Estado hondureño a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país… Asimismo, debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, mediante las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes”.

Las citadas organizaciones de derechos humanos hacemos un llamado al Estado de Honduras para que proceda de inmediato a investigar los asesinatos narrados, investigación que deberá abarcar la responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Asimismo solicitamos se proceda a la aprobación inmediata de la Ley del Sistema Penitenciario. Mientras ello no ocurra, hechos tan lamentables como los denunciados se repetirán.

 

Contacto en Costa Rica:

 

Nancy Marín Espinoza

 

Difusión y Prensa
Apartado Postal 441-2010
San José, Costa Rica
Tel: 506-280-7473/7608
Fax: 506-280-52
Correo electrónico: nmarin@twi.btq.mybluehost.me