Violencia policial

Persiguen nicaragüenses en Honduras

Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Jue, 01/01/2009

Tegucigalpa

 

La Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras expresa su

preocupación por la persecución desatada contra la población nicaragüense,

en medio de una crisis institucional que no se resuelve con políticas y

prácticas xenofóbicas y estigmatizantes.

En las últimas semanas han aumentado significativamente las detenciones de

personas extranjeras; en particular, de nicaragüenses que se han visto

afectados de manera desproporcionada. Sólo durante esta semana se han

registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de,

al menos, veinte nicaragüenses.

Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las

violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes Jarlen Manuel

Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía,

Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores,

Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin

Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez

López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente y fueron

víctimas de malos tratos. No se les ofreció asistencia consular, ni se les

brindó condiciones de detención adecuadas: en algunos casos se les mantuvo

detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión

de delitos comunes y no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas

acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades responsables justifican estas detenciones con la supuesta

existencia de amenazas externas al régimen de facto. Hasta el momento, las

detenciones no han arrojado evidencia alguna sobre la participación de las

más de cien personas afectadas en acciones que comprometan la seguridad

nacional. Por el contrario, muchas de ellas son comerciantes o

trabajadoras; algunas con vínculos familiares en Honduras.

Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y

política xenofóbica, otorgando una cobertura sensacionalista de las

detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la

presencia de personas de otras nacionalidades no hondureñas en actitudes

sospechosas.

Esta Misión exige el cese inmediato de las detenciones arbitrarias en

contra de personas de otras nacionalidades, en particular nicaragüenses, y

el acatamiento por parte del régimen de facto de las normas

constitucionales y el respeto de los compromisos internacionales estatales

relativos a la protección contra la discriminación y la xenofobia, los

derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, y de los derechos y

las garantías judiciales que asisten a toda persona privada de libertad.

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Südwind-Austria

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José

Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Alianza Social Continental

Red Birregional Enlazando Alternativas

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Centro de Estudios Tricontinental

 

Información sobre la Misión Internacional de Derechos Humanos a Honduras

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes

organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de

Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho

Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y

México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para

los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia),

Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad

Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro

Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos

sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Coordinadora Nacional de

Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay),

Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social

Continental y Enlazando Alternativas. La visita inició el día de ayer 18

de julio y el grupo permanecerá en Honduras hasta el día 24 de julio. El

objetivo de la misión es verificar la situación de derechos humanos en

Honduras tras el golpe de estado que destituyó al presidente

constitucional Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto.

Durante esta semana las personas integrantes de la misión se reunirán con

organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, autoridades,

comunidad internacional y medios de comunicación. Adicionalmente se

trasladarán a diversas zonas del país.

Las principales recomendaciones y conclusiones se darán a conocer al

finalizar la visita, además la misión presentará un informe ante diversos

organismos internacionales.

 

Personas de contacto:

Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706

Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245

Marcia Aguiluz (504) 88988512

Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Advierten de riesgo de tragedia en Colón

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Jue, 01/01/2009

Tegucigalpa

 

La Misión Internacional de Observación sobre Derechos humanos en Honduras ha podido verificar in situ las denuncias presentadas por dirigentes sociales y populares, alcaldes y candidatos electorales, y por los campesinos de la comunidad de Guadalupe Carney, en el Departamento de Colón, respecto a la supresión y vulneración de distintos derechos fundamentales ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del pasado día 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

Entre las denuncias verificadas destaca por su gravedad la situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Estas personas viven en una situación de amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval hondureña, así como por fuerzas paramilitares presuntamente al servicio de empresarios, políticos y narcotraficantes de la zona que además son defensores del gobierno golpista hondureño. Distintas fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con el Ejército e inclusive visten uniforme militar.

Revisten especial gravedad las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo contra la comunidad de Guadalupe Carney. Esta entidad pide expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de estado y amenaza con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera conforme a su requerimiento.

La comunidad Guadalupe Carney se formó en el año 2000 cuando las familias se instalaron en las antiguas instalaciones del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). En este lugar los Estados Unidos realizaban el entrenamiento de los ejércitos afines centroamericanos durante la década de los años ochenta.

Adicionalmente, los derechos humanos de los periodistas de la zona también son violentados, en particular el derecho a la libertad de expresión. Así por ejemplo tras recibir la orden expresa del Ejército y la Fuerza Naval de no mencionar en sus programas radiales y/o televisivos términos como “golpe de Estado” ni publicar las versiones informativas del gobierno constitucional, algunos han sido sometidos a permanente acoso, persecución y censura, incluyéndose amenazas telefónicas, cortes de electricidad y de las señales de emisión de sus programas.

Alertamos a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, de la gravedad de la situación y el peligro que corren los habitantes de la Comunidad de Guadalupe Carney, quienes podrían ser víctimas de una masacre con incontables pérdidas de vidas humanas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales y a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los y las habitantes de Guadalupe Carney; así como para preservar la vida y la integridad personal de los Alcaldes de los municipios de Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental y Sonaguera, de los candidatos a alcaldes y diputados defensores del gobierno constitucional del Presidente Zelaya, de los dirigentes sociales y populares de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de los miembros de la Federación de las Organizaciones Magisteriales de Honduras, (FOMH), y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), así como de los periodistas y comunicadores sociales del departamento.

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Suedwind-Austria

Alianza Social Continental

Centro de Estudios Tricontinental

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 

Información sobre la Misión Internacional de Derechos Humanos a Honduras

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca). La visita inició el 18 de julio y el grupo permanecerá en Honduras hasta el día 24 de julio. El objetivo de la misión es verificar la situación de derechos humanos en Honduras tras el golpe de estado que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto.

Durante esta semana las personas integrantes de la misión se reunirán con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, autoridades, comunidad internacional y medios de comunicación. Adicionalmente se trasladarán a otras zonas del país.

Las principales recomendaciones y conclusiones se darán a conocer al finalizar la visita, además la misión presentará un informe ante diversos organismos internacionales.

 

Personas de contacto:

Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706

Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245

Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Urge garantizar el trabajo de defensores y defensoras de ddhh en Honduras y la asistencia inmediata de la Cruz Roja Internacional

Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras

Las acciones del ejército y la policía hondureña los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Jue, 01/01/2009

Tegucigalpa

Desde el pasado viernes 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

El 24 de julio, miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó fuerzas militares y policiales a la zona, instalando alrededor de dieciocho retenes para amedrentar a los simpatizantes del presidente Zelaya.

Cabe destacar que durante el toque de queda establecido entre las doce del medio día del día 24 de julio, vigente todo el fin de semana, se detuvo a cientos de personas. Aunque fueron liberadas horas más tarde, son arbitrarias.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos aproximadamente dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin poder movilizarse y sin alimentos, medicamentos y servicios básicos mínimos.

Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras como el Comité de Familiares Detenidos– Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y los centros de detención para verificar los motivos de la privación de libertad y las condiciones en las que se encontraban dichas personas, así como para procurar su liberación; también para entregarles alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas en los retenes. Sin embargo, el Ejército impidió esa legítima labor. En tal sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para brindar la ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales, cuando las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más, se configura la falta de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.

En esas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos hondureñas, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas, del año 2006, “el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.

Las acciones del ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.

Finalmente, señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al presidente Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual compete conocerlo a la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que estime convenientes para prevenir mayores violaciones de derechos humanos en Honduras.

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA; El Salvador)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África

(IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial

Venezuela: Uzcátegui

Operativo policial en barriadas pobres de VenezuelaSiete agentes de la fuerza pública del estado Falcón, en Venezuela, asesinaron en su hogar a Néstor José Uzcátegui (de 21 años) y golpearon a miembros de su familia, el 1º de enero de 2001. Luis Enrique, hermano de Néstor y testigo principal del hecho, continuó haciendo denuncias públicas acerca del crimen. Debido a sus acciones recibió amenazas de muerte y la policía ingresó a su casa y agredió a sus familiares.

Este caso es un ejemplo de la práctica sistemática de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas policiales o grupos parapoliciales en Venezuela.

El caso evidencia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de grupos parapoliciales en Venezuela.

CEJIL, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero – Marzo de 1989 (COFAVIC) y el abogado Carlos Ayala denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2007 y el caso fue admitido un año después.

En octubre de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor y ordenó al Estado garantizar su seguridad. El Estado no adoptó las medidas solicitadas y en noviembre del 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales para proteger la vida e integridad de Luis Uzcátegui. En 2004 Luis se vio obligado a alejarse de su casa y abandonar su trabajo y estudios.

La Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 50/08, el 24 de julio de 2008. El 14 de julio de 2010, la CIDH emitió su Informe de Fondo 88/10 (caso 12.661). Ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte de la CIDH, el caso fue remitido a la Corte IDH. El 28 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia pública.

El 3 de setiembre de 2012, la Corte IDH dictó la sentencia de fondo y reparaciones en relación con el caso, en la que condenó a Venezuela por la violación del derecho a la vida e integridad personal de Néstor Uzcátegui, así como por la violación a la libertad e integridad personal de sus hermanos Luis Enrique y Carlos Eduardo, éste último era menor de edad al momento de los hechos. El Tribunal Interamericano se refirió a la impunidad en la que se encuentran los hechos y la afectación emocional que sufrió el resto de la familia Uzcátegui. La Corte ordenó a Venezuela otorgar una reparación integral a la familia Uzcátegui, entre otras cosas, llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos del caso.

Recursos legales

Informe de admisibilidad No. 50/08, 24 de julio de 2008.

Informe de fondo 88/10 (caso 12.661), 14 de julio 2010.

Perú no ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones

Segundo aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana en La Cantuta

Sáb, 29/11/2008

Lima. Hoy se cumplen dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su sentencia en el caso La Cantuta, en la cual determinó que Perú incurrió en responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial y posterior desaparición forzada, de nueve estudiantes y un profesor pertenecientes a la Universidad Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, por miembros del Grupo Colina. Los crímenes, cometidos en 1992, fueron calificados por el alto Tribunal internacional como crímenes de lesa humanidad.
A dos años de la sentencia, las autoridades peruanas han logrado ciertos avances en cuanto al cumplimiento de algunas de las medidas de reparación impuestas por la Corte. Sin embargo, las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación por la falta de implementación por parte de las autoridades peruanas respecto de aquellas medidas que implican el pago de indemnizaciones por daño material, inmaterial, gastos y costas a los familiares de las víctimas, así como otras que Perú todavía no ha cumplido alegando falta de recursos públicos para su ejecución. Esta situación reviste gran gravedad toda vez que, no sólo el Estado ha excedido el plazo impuesto por la Corte para la ejecución de dichas medidas, sino que en el actual contexto de crecimiento económico que vive Perú, y que ha logrado reconocimiento internacional, es injustificable que las autoridades aleguen la no disponibilidad de recursos públicos para el cumplimiento de los pagos pendientes. En este sentido, es preciso recordar que las decisiones de la Corte Interamericana son de carácter vinculante, definitivo y ejecutivo, y que Perú tiene la obligación de cumplirlas de buena fe, sin alegar disposiciones u obstáculos internos para justificar su incumplimiento. La Cantuta es uno de los casos en que el Estado peruano ha incumplido las reparaciones impuestas por la Corte Interamericana, incluyendo otros como Gómez Palomino, Baldeón García, y Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, entre otros. Considerando el retardo incurrido por las autoridades peruanas en la ejecución de las medidas que requieren la dotación de recursos públicos, APRODEH y CEJIL hacen un llamamiento al Estado para que, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, adopte con carácter urgente las disposiciones que posibiliten el cumplimiento de todas las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana en su sentencia. Contacto en CEJIL Washington: Viviana Krsticevic 1630 Connecticut Ave. NW Suite 401 Washington, D.C. 20009, EEUU Tel: (1) 202-319-3000 Fax: (1) 202-319-3019 Contactos en APRODEH Perú: Gloria Cano y Francisco Soberón Jr. Pachacútec 980. Lima 11. Perú Tel: (511) 431-0482 Fax: (511) 431-0477

Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras

Fecha: 
Jue, 23/07/2009
Resumen: 

Una misión internacional constató violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con ocasión del golpe de Estado

Cuerpo: 

i. Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por
quince profesionales independientes (juristas, periodistas,
antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos
humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica,
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua,
Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio
pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del
pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y
recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y
sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido
testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio
hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha
llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes
organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos
sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados
del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la
República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General
Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional,
representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General
de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración
y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por quince personas de
las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos:
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de
Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN
Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia),
Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El
Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH),
el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa
(IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y
promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS
(Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y
Centro de Estudios Tricontinental.
ii. Los hechos verificados por la Misión
1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las
fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia
encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial
y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor
Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin
que se presentara el mandato judicial correspondiente.
Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea
desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el
mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10
AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo
violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos
descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del
Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del
mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa
Presidencial.
2. En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República
procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel
Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución
y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias
de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de
Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal
que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti
Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto
del Congreso Nro. 141-09).
3. Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio
de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado
por el Sr. Micheletti, restringiendo los siguientes derechos
constitucionales: la libertad personal, “detención e
incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de
asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir,
entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores
derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71,
72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían
restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio -
conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el
término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del
mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 días después de
su promulgacion continúa en vigor- no sólo no figura el
mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados
derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la
fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe
señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras
dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito
esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente
prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los
supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación
grave de la paz, de epidemia u otra calamidad.
4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los
hondureños continúa siendo aplicado pese a haberse vencido el
plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el
decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún
decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta
suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de
comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido
variando aleatoriamente los horarios de vigencia del toque de
queda impuesto en la capital y en el interior del país.
5. Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el
alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el
horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados
por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron
diferencias sobre su contenido.
6. La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al
golpe de estado mantenida por la alta jerarquía católica
hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y
su implicación activa en la organización de las movilizaciones de
respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.
7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
ha identificado la existencia de graves violaciones a los
derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al
golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la
desprotección de numerosas personas afectadas ante la
respuesta inadecuada de las instituciones que son
constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los
derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular,
la Misión llama la atención sobre la grave omisión del
cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales
denunciados ante la Misión se encuentran un importante
número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de
detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de
la libertad de expresión e información, así como restricciones
indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en
un contexto de clara persecución política que afecta
especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales,
periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros.
9. En efecto, desde que se consumó el golpe de estado y en
relación a él, según diversas fuentes constatadas por la Mision,
han sido reportadas las siguientes muertes de personas:
ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por
disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada
el 5 de julio por los partidarios del presidente depuesto al
aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO
NORIEGA, periodista de Radio Estelar, en el departamento de
Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando
salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del
partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un
vehículo de transporte público cuando regresaba de una
manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa
Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente
sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque
Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe
y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa
el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ
CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la
comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de
bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el
toque de queda; y una persona no identificada, vestida con
una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada
muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en
Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de
ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión
continúa verificando otras denuncias de ejecuciones
extrajudiciales.
10. La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción
de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas
con la desaparición forzosa de: ANASTASIO BARRERA de 55
años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo,
secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de
2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se
ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue
desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de
volver de una manifestación.
11. En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas,
la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de
Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad
hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes,
sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares,
defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados.
Hemos documentado más de cien personas en esta situación.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización
política de la capacidad legítima del Estado de investigar
y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El
caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis
Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera
capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de
Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y
posterior detención fue justificada con base en un antiguo
proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue
reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a
denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la
entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor
Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la
defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden
asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno
depuesto.
13. Según lo afirmado a la Misión por el General Director de la
Policía Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha
1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de
queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones
de protesta contrarias al golpe.
14. Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe
señalar que en las últimas semanas aumentaron
significativamente éstas; en particular, la de aquellos
extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto
afectados de manera desproporcionada por detenciones
arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han
registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones
arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15. Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión
constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron
los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: JARLEN MANUEL TORRES
TORRES, NOE EMILIO AVELLAN RUIZ, TULIO RAFAEL BENDAÑA MEJÍA,
ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA OBREGÓN, PABLO YASE BENOARIA, JORGE
DANILO FLORES, FRANCISCO ISRAEL CONNOR, CARLOS DAVID BENDAÑA
MEJÍA, JOSE GONZÁLEZ, DARWIN ANTONIO REYES LAZO, MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR FERNÁNDEZ, HENRY GEOVANY MARTÍNEZ LÓPEZ Y DAVID JIRÓN.
Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones
administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a
malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les
brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos
se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras
personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no
tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones
fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16. Las autoridades justifican estas
detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen
de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de
evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100
afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional.
Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes,
trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos
vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17. Numerosos medios de
comunicación locales contribuyen con esta práctica y política
xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las
detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a
denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes
sospechosas.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el
reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en
zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves
restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al
golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y
Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de
silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión
del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal
36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el
asalto a diversos locales de medios de comunicación y
amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus
transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su
acceso a internet.
20. La Misión fue informada del ametrallamiento, después del
golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en
Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra
periodistas como el director del diario El Libertador, Sr.
JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS
GALDANES, conductor del programa radial “Tras la
Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una
persecución judicial promovida por el Fiscal General de
Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal
de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos,
condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares
ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO,
siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL
MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL
ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte
en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a
través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM
ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y
Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio
Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por
parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente
situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard
Canán, en Progreso.
22. Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO
COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el
Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los
militares han indicado a los medios de comunicación del
departamento que no pueden trasmitir otras versiones o
informaciones que no sean las del presidente de facto
Micheletti. El señor Correa relató que recibió una llamada del
Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla,
próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre
marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del
gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos
en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros
mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión
recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución
sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr.
JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental,
por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23. El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido
amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de
Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4
miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el
periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y
Director del programa de noticias Centro de Noticias de
Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas
anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus
emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la
empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr.
Palacios.
24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de
la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por
civiles vinculados supuestamente a organizaciones de
narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de
destacados empresarios, quienes vestidos con traje de
camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón
del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25. La Misión, ha constatado,
asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus
puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas
contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para
garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por
el régimen de facto y la empresa privada.
iii. Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y
sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad
al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación
de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales
de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de
seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de
seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de
garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en
determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías,
establece restricciones a una amplia gama de derechos
fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros,
así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del
Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las
medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo,
las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y
las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste
en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves
violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las
instituciones que son responsables de velar por la garantía de los
derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado
en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para
decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y
otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas
con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de
Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de
derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las
autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones
constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la
tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una
situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre
con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y
amedrentamientos destinados a restringir la circulación de
información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos
que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha
tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la
democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de
posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia
contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen
jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos
humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los
riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para
denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la
institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de
las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los
derechos humanos en Honduras
iv. Recomendaciones
I. A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a
garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población
hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado,
exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento
del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el
régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o
financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el
golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el
gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General
de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer
cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
· Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las
medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores
y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil,
entre otras, mediante
 Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
 Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
 Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
 Implementación de un sistema de alerta y emergencia de
acceso inmediato para personas en riesgo.
 Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo
adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su
capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es
necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para
que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de
apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que
han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la
ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las
organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales
responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el
congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
· Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea,
deben aplicarse las medidas siguientes:
· La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo
Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica
del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso
de grave quebrantamiento del orden constitucional.
· Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros
del gobierno ilegítimo, como también con todos los
representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea
que apoyan al gobierno de facto.
· Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los
programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que
han estado involucradas en el golpe de estado.
· Mantener la decisión de suspender las negociaciones del
Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que
se restituya el orden constitucional en Honduras.
· Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias
(SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar
monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y
emitiendo recomendaciones para proteger a la población en
Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
 Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las
personas en situación en riesgo
 Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un
informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y
adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al
restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe
activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de
derechos humanos en Honduras, en particular considerar la
pertinencia de:
 Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos
Humanos;
 Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de
Derechos Humanos en Honduras;
 Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales
competentes en materia de libertad de expresión, defensores y
defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces
y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por
ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional
iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal
conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma
que contempla la competencia por el crimen de persecución política.
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos
tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e
internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a
esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en
Honduras.
_______________________________________________________
_________
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los
Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
· Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
· Marcia Aguiluz (CEJIL)
· Viviana Krsticevic (CEJIL)
· Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
· Jorge Rojas (CODHES)
· Benjamín Cuellar (IDHUCA)
· Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de
Perú)
· Javier Mujica (FIDH)
· Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
· Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
· Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
· Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
· Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de
Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
· Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de
cooperación - Austria)
· Katia Nouten (CIFCA)
· Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
· Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental

Militares y paramilitares acosan a población opuesta al golpe

La Misión Internacional de Observación sobre Derechos humanos en Honduras ha podido verificar in situ las denuncias presentadas por dirigentes sociales y populares, alcaldes y candidatos electorales, y por los campesinos de la comunidad de Guadalupe Carney, en el Departamento de Colón, respecto a la supresión y vulneración de distintos derechos fundamentales ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del pasado día 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

Amenazas contra comunidad campesina hondureña

Organizaciones temen ataques armados contra pobladores de Guadalupe Carney

Jue, 23/07/2009

La Misión Internacional de Observación sobre Derechos humanos en Honduras ha podido verificar in situ las denuncias presentadas por dirigentes sociales y populares, alcaldes y candidatos electorales, y por los campesinos de la comunidad de Guadalupe Carney, en el Departamento de Colón, respecto a la supresión y vulneración de distintos derechos fundamentales ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del pasado día 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

Entre las denuncias verificadas destaca por su gravedad la situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Estas personas viven en una situación de amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval hondureña, así como por fuerzas paramilitares presuntamente al servicio de empresarios, políticos y narcotraficantes de la zona que además son defensores del gobierno golpista hondureño. Distintas fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con el Ejército e inclusive visten uniforme militar.

Revisten especial gravedad las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo contra la comunidad de Guadalupe Carney. Esta entidad pide expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de estado y amenaza con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera conforme a su requerimiento.

La comunidad Guadalupe Carney se formó en el año 2000 cuando las familias se instalaron en las antiguas instalaciones del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). En este lugar los Estados Unidos realizaban el entrenamiento de los ejércitos afines centroamericanos durante la década de los años ochenta.

Adicionalmente, los derechos humanos de los periodistas de la zona también son violentados, en particular el derecho a la libertad de expresión. Así por ejemplo tras recibir la orden expresa del Ejército y la Fuerza Naval de no mencionar en sus programas radiales y/o televisivos términos como “golpe de Estado” ni publicar las versiones informativas del gobierno constitucional, algunos han sido sometidos a permanente acoso, persecución y censura, incluyéndose amenazas telefónicas, cortes de electricidad y de las señales de emisión de sus programas.

Alertamos a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, de la gravedad de la situación y el peligro que corren los habitantes de la Comunidad de Guadalupe Carney, quienes podrían ser víctimas de una masacre con incontables pérdidas de vidas humanas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales y a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los y las habitantes de Guadalupe Carney; así como para preservar la vida y la integridad personal de los Alcaldes de los municipios de Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental y Sonaguera, de los candidatos a alcaldes y diputados defensores del gobierno constitucional del Presidente Zelaya, de los dirigentes sociales y populares de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de los miembros de la Federación de las Organizaciones Magisteriales de Honduras, (FOMH), y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), así como de los periodistas y comunicadores sociales del departamento.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Suedwind-Austria

Alianza Social Continental

Centro de Estudios Tricontinental

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Información sobre la Misión Internacional de Derechos Humanos a Honduras

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca). La visita inició el 18 de julio y el grupo permanecerá en Honduras hasta el día 24 de julio. El objetivo de la misión es verificar la situación de derechos humanos en Honduras tras el golpe de estado que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto.

Durante esta semana las personas integrantes de la misión se reunirán con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, autoridades, comunidad internacional y medios de comunicación. Adicionalmente se trasladarán a otras zonas del país.

Las principales recomendaciones y conclusiones se darán a conocer al finalizar la visita, además la misión presentará un informe ante diversos organismos internacionales.

Personas de contacto:

Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706

Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245

Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

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