Violencia policial

Corte Interamericana cita a Venezuela por el caso Barrios el próximo 29 de junio

CEJIL y organizaciones venezolanas demandan respuesta por los asesinatos de siete miembros de esta familia

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

Mié, 22/06/2011

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

El anuncio de la Corte llega sólo días después del más reciente incidente en el caso: el asesinato de José Juan Barrios el pasado 28 de mayo. Desde el 1998, CEJIL junto con varias organizaciones venezolanas ha exigido al Ministerio Público, Gobernador de Aragua y al Presidente de República que intervengan en el caso para investigar y brindar protección a la familia, llamados que, hasta el día de hoy, han sido ignorados.

En palabras de Francisco Quintana, Subdirector del programa para la región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL : “Las organizaciones representantes de las víctimas exigimos que el Estado de Venezuela actúe, de forma inmediata, por los crímenes cometidos en contra de la familia Barrios y detenga el constante hostigamiento a sus miembros”.

En esta ocasión, el Estado venezolano está obligado a rendir cuentas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al incumplimiento de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de disposición que ha demostrado al momento de investigar los hechos.

El 29 de agosto de 1998 fue encontrado el cuerpo sin vida de Benito Barrios, de 28 años de edad, en el Estado de Aragua, Venezuela. De acuerdo a los testigos, Benito Barrios fue detenido en su domicilio por personal policial y encontrado días después con dos heridas de arma de fuego que le produjeron la muerte. Su hermano Narciso Barrios fue ejecutado en plena vía pública por un grupo de policías después que defendió a su sobrino quien estaba siendo detenido arbitrariamente.

Hasta la fecha otros cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados en circunstancias muy similares, después de sufrir amenazas y hostigamientos por miembros de la policía de Aragua. El resto de los miembros de la familia siguen siendo hostigados y amedrentados, sin ninguna protección por parte de las autoridades a pesar de tener una orden de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana.

Comisión Interamericana exige que Honduras proteja a integrantes de radio comunitaria

Ante numerosos actos de hostigamiento y un intento de asesinato

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Mar, 26/04/2011

San José, 26 de abril del 2011. El pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que conforman La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, cuyo objetivo primordial es la recuperación y titulación de las tierras de 10 comunidades.

Desde la apertura de la emisora en abril del 2010, sus integrantes han sufrido diversos actos de hostigamiento y agresiones con el objetivo de intimidar a los comunicadores, cerrar la radio y callar la voz de los pobladores sobre una problemática muy sensible. Algunos integrantes de la emisora han sido detenidos arbitrariamente por miembros de la policía y agredidos en el ejercicio de su libertad de expresión. Estos ataques han sido continuos y han subido de intensidad. El hecho más grave se dio el 13 de marzo pasado, cuando hubo un intento de asesinato en contra del Presidente de la junta administrativa de la radio, quien se salvó aunque sufrió un disparo en la pierna.

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras la adopción de medidas de protección urgentes en favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande con el fin de garantizar su vida e integridad física. Estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, la Comisión Interamericana requirió que la implementación de las mismas sea debidamente consensuada con las personas beneficiarias y que el Estado informe sobre los avances adoptados en la investigación de los hechos denunciados. La CIDH puso un límite de 20 días para la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y solicitó que estos informes sean actualizados periódicamente.

La actuación de la CIDH pone en evidencia el riesgo en el que aún se encuentran los comunicadores en Honduras. Por ello, AMARC ALC, COFADEH y CEJIL exhortan al Estado de Honduras a cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana para proteger efectivamente a los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. Además, las autoridades competentes deben investigar seria y exhaustivamente los hechos para procesar y sancionar a los responsable y, así, evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.

Lucha de México contra la inseguridad genera la violación de derechos humanos, denunciaron organizaciones ante la CIDH

Audiencias ante la CIDH

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH en una audiencia sobre seguridad ciudadana.

Lun, 28/03/2011

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. El exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Torreón (Coahuila) admite ante una periodista que cuando “agarra” a un miembro del cartel de los Zetas lo mata. La reportera le replica: “Nomás Dios debe decidir quién debe morir y quién debe vivir”. El funcionario responde: “Pues sí, pero hay que darle una ayudadita”. Con este testimonio grabado del general Carlos Bibiano Villa Castillo abrió la audiencia sobre seguridad ciudadana en México, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., Estados Unidos.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.

El Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación, principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.

Mariclaire Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“El incremento de la violencia y las actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó Acosta.

En este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos.

La situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y defensoras.

Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello, denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada, así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas desaparecidas.

Por su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que realice una visita in situ para que compruebe la situación de los derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.

CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CEJIL participa en audiencias ante

 
 
Washington D.C, 25 de marzo de 2011 Hoy hasta el martes 29 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias públicas y reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 141 período ordinario de sesiones. Algunos de los temas centrales que se tratarán incluyen:
1) Situación de los derechos políticos en Nicaragua (Audiencia pública- viernes 25)
2) Wayne Smith y Hugo Armendariz vs Estados Unidos (Reunión de trabajo privada- sábado 26)
3) Seguridad ciudadana y derechos humanos en México (Audiencia pública-lunes 28)
4) Situación de defensores/as de derechos humanos en las Américas (Audiencia pública- martes 29)
El calendario completo de audiencias se puede ver aquí.

Dom, 27/03/2011

Washington D.C, 25 de marzo de 2011 Hoy hasta el martes 29 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias públicas y reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 141 período ordinario de sesiones. Algunos de los temas centrales que se tratarán incluyen:
1) Situación de los derechos políticos en Nicaragua (Audiencia pública- viernes 25)
2) Wayne Smith y Hugo Armendariz vs Estados Unidos (Reunión de trabajo privada- sábado 26)
3) Seguridad ciudadana y derechos humanos en México (Audiencia pública-lunes 28)
4) Situación de defensores/as de derechos humanos en las Américas (Audiencia pública- martes 29)
El calendario completo de audiencias se puede ver aquí.

Guatemala debe investigar hechos de violencia sucedidos durante desalojo

Una persona muerta y varias heridas en Valle del Polochic

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic.

Lun, 21/03/2011

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic. Además de la destrucción de viviendas y de campos de cultivo, esta acción tuvo como saldo varias personas heridas y la muerte de Antonio Beb Ac, poblador de la zona.

El conflicto es un episodio más en la lucha por el uso y tenencia de tierras provocado por el desplazamiento histórico que han sufrido los pueblos indígenas y campesinos. Estos hechos suceden en el marco de una alta conflictividad social en Guatemala, la cual ha sido destacada recientemente por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

El clima de polarización social en Guatemala se ha agravado por un pronunciamiento reciente del Gobierno, en el cual expresó que continuaría con la ejecución inmediata de órdenes de desalojo y captura, muchas de las cuales están dirigidas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En el mismo comunicado manifestó que suspendería el diálogo con las organizaciones sociales que el Gobierno considere que estuvieran ejecutando “medidas ilegales”.

Sobre este tipo de comunicados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno”.

CEJIL hace un llamado vehemente al Estado Guatemalteco para que investigue exhaustivamente y de oficio la muerte violenta del señor Bed Ac y el uso de la fuerza efectuado en el Valle del Polochic. Asimismo insta a las autoridades a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas afectadas por los desalojos, así como los de los defensores y defensoras de derechos humanos del país que han denunciado estos hechos o que defienden el derecho a la tenencia y disfrute de la tierra. CEJIL exhorta a todas las autoridades a abstenerse de emitir pronunciamientos que contribuyan a una mayor polarización social.

Por último, CEJIL solicita a los órganos internacionales de protección –especialmente a la CIDH– monitorear la situación denunciada y solicitar información al Estado sobre estos hechos.

Venezuela debe responder por atentados a miembros de la familia Barrios

El último de ellos fue baleado a principios de año y su vida corre peligro

 
Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.

Lun, 24/01/2011

Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.
 
Néstor Caudi Barrios fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial por parte de policías del Estado Aragua de su tío Narciso Barrios el 11 de diciembre de 2003 y del atentado mortal que sufrió su hermano Wilmer José Flores Barrios el pasado mes de septiembre de 2010. Desde la muerte de su tío en 2003, Néstor Caudi habría sufrido una campaña de intimidación por parte de funcionarios policiales con el propósito de evitar que declarara en las investigaciones. Néstor Caudi fue detenido de manera arbitraria y amenazado de muerte en diciembre de 2004 y marzo de 2005.
 
La víctima es beneficiaria de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, mediante las cuales el Tribunal ordenó a Venezuela proteger a más de 30 integrantes de la familia Barrios de ataques policiales. La orden de la Corte fue reiterada en varias ocasiones, la última siendo el 25 de noviembre de 2010.
 
El ataque se produjo por la noche en el pueblo de Guanayen cuando dos sujetos vestidos de civil y con cascos a bordo de una motocicleta interceptaron a Néstor Barrios mientras estacionaba su moto frente a la casa de su madre. Los agresores  dispararon ocho veces con una escopeta y un revolver antes de huir.
 
La agresión se realiza apenas cuatro meses después del asesinato de su hermano Wilmer José Flores Barrios. Fue también precedida de la ejecución extrajudicial de su primo Oscar (2009), su hermano Rigoberto (2005), y sus tíos Luis (2004), Narciso (2003) y Benito (1998), todos ellos de apellido Barrios.
 
En la investigación de los crímenes cometidos en contra de al menos cuatro integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
 
El caso de la familia Barrios, litigado por CEJIL y Justicia y Paz, se encuentra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de la familia ante esta instancia remitieron todos sus argumentos legales escritos en el mes de febrero, por lo que Venezuela deberá dar respuesta al Tribunal en el lapso de dos meses, una vez que estos le sean notificados. Se espera una audiencia pública sobre este caso ante la Corte IDH en el transcurso del 2011.
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
+1 202 319 3000

Personas LGBT corren grave peligro en Honduras

34 asesinatos de personas LGBT desde junio del 2009

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos  de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

Jue, 20/01/2011

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos –según las cifras más conservadoras– de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

 

Fergie Alice Ferg (nombre con el que se identificaba Williams Afif Hernández) fue hallada sin vida en la vía pública de San Pedro Sula en la madrugada del lunes. La víctima era voluntaria de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral y del Colectivo Unidad Rosa.

 

La violencia contra la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexo) en Honduras ha registrado una escalada desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Las agresiones encuentran su expresión mayor en los asesinatos, aunque también son frecuentes los casos de personas agredidas y desfiguradas.

 

La situación es más grave aún por el grado de impunidad de este tipo de crímenes motivados por el odio ante la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Según datos de la Red Lésbica Cattrachas, el 98% de los crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGBTTTI desde el 2003 ha quedado sin castigo. La investigación de estos hechos se hace especialmente difícil en los casos que involucran a agentes estatales, los cuales son recurrentes.

 

Estas situaciones de violencia no son aisladas ni desconocidas. En octubre del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento sobre los crímenes de odio en contra de las personas LGBTTTI en Honduras durante una audiencia solicitada por CEJIL en conjunto con la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC).

 

A la vez, en noviembre del 2010, el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones para el Estado hondureño, entre las cuales destacan varias dedicadas especialmente a la protección de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre ellas se encuentran la revisión de la legislación nacional y la adopción de planes que tiendan a la promoción y la protección de los derechos humanos de la población de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Asimismo, el informe recomendó llevar a cabo investigaciones “independientes, imparciales y efectivas” sobre el uso ilegal de la fuerza contra activistas y miembros de la población LGBTTTI. Ninguna de estas recomendaciones ha sido adoptada hasta el momento.

 

CEJIL, la Red Lésbica Catrachas, HIVOS, la Asociación Arco Iris, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Comunidad Gay Sampedrana, el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPACDH) y el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) expresan su profunda preocupación y condena por la evidente desprotección en que se encuentra la comunidad LGBTTTI hondureña. Asimismo exhortan a las autoridades del Estado de Honduras para que tomen las medidas afirmativas necesarias para detener la violencia en contra de las personas LGBTTTI, para prevenir hechos de esta naturaleza y para que se garanticen sus derechos en forma efectiva. En especial, las organizaciones hacen un fuerte llamado a las autoridades del Ministerio Público hondureño para que investiguen pronta y eficazmente los múltiples crímenes de odio por orientación sexual que han cobrado la vida de al menos 34 personas en un año y medio.

 

Finalmente las organizaciones hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exprese públicamente su preocupación sobre esta problemática en Honduras y agilice la elaboración del informe sobre crímenes de odio en contra de personas LGBTTTI en las Américas.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354-1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI)

ECUADOR DEBE RESTABLECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE INMEDIATO

Washington D.C., 30 de septiembre de 2010 – CEJIL condena el intento de golpe de Estado llevado a cabo a través de la sublevación de la policía y algunos miembros de las fuerzas aéreas en varias ciudades de Ecuador, que ha resultado, según las primeras informaciones reportadas por ONGs y medios de comunicación locales, en un muerto y una veintena de heridos, algunos graves.
 

Vie, 01/10/2010

ECUADOR DEBE RESTABLECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE INMEDIATO




Washington D.C., 30 de septiembre de 2010 – CEJIL condena el intento de golpe de Estado llevado a cabo a través de la sublevación de la policía y algunos miembros de las fuerzas aéreas en varias ciudades de Ecuador, que ha resultado, según las primeras informaciones reportadas por ONGs y medios de comunicación locales, en un muerto y una veintena de heridos, algunos graves.
 
El Presidente Rafael Correa ha permanecido atrapado dentro del Hospital de la Policía Nacional ante el cerco creado por miembros policiales  para impedir su salida. Fuera de este recinto se han presentado diversos enfrentamientos entre la policía y grupos que apoyan al Presidente. Los aeropuertos de Quito,  Guayaquil y Cuenca están cerrados bajo presión de la policía nacional.
 
Ante  estos hechos, el Gobierno de Ecuador decretó el Estado de Excepción durante una semana y  anunció que el Ejército tomará en sus manos la seguridad del país.
 
En este contexto, CEJIL reitera la importancia de que todas las autoridades actúen para restablecer cuanto antes la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
 
Asimismo, CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional a que condene este intento de golpe de Estado y que apoye la restauración de la normalidad democrática.
 
 
 

Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación
Tel: +1-202 319 3000
mlegrain@cejil.org
www.cejil.org

 
Francisco Quintana
Subdirector del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
Tel: +1-202 319 3000
fquintana@cejil.org
 

 
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras incumple con su obligación de proteger a las personas transexuales

Violencia por orientación sexual

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Vie, 03/09/2010

 

Tegucigalpa, 02 de septiembre de 2010

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Este atentado se relaciona con un juicio que inició el pasado 24 de agosto y mediante el cual se juzga a un miembro de la policía preventiva por su presunta participación en el intento de asesinato de “Nohelia”. Los hechos que se juzgan se remontan al 18 de diciembre de 2009 cuando Nohelia se negó a ofrecerle servicios sexuales al policía y por ello fue secuestrada y apuñalada 17 veces en la garganta, la espalda, el estómago y los brazos. Posteriormente denunció los hechos e identificó al policía como responsable del crimen. Desde dicha fecha la Red Lésbica Cattrachas acompañó a “Nohelia” en su proceso de búsqueda de verdad lo que provocó un aumento en el riesgo para las miembras de la organización.

En el transcurso del proceso, tanto “Nohelia” como los testigos, investigadores y fiscales involucrados han sufrido reiteradas amenazas, algunas de ellas ocurrieron minutos después del atentado descrito.

El pasado 18 de agosto de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional enviaron una carta formal a la Dirección de Fiscales y a la Fiscal Especial de Derechos Humanos solicitando la implementación inmediata de medidas de protección para proteger a Nohelia, los testigos y las personas que han sufrido amenazas durante la investigación. El atentado perpetrado contra “Nohelia” y la muerte del joven demuestran que el Ministerio Público no tomó ninguna medida para garantizar su vida e integridad personal.

La Red Lésbica Cattrachas, la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), HIVOS, y CEJIL condenan los hechos antes descritos y el contexto de violencia que afecta a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) en Honduras. En este país son frecuentes los casos de personas que han quedado desfiguradas, con lesiones graves o incluso han sido asesinadas por su orientación sexual. La situación se agrava porque existe participación de agentes estatales en algunos de los casos y porque la impunidad es casi absoluta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de combatir la “impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Asimismo los Estados deben proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer un proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

Las organizaciones de derechos humanos mencionadas hacemos un llamado al Estado de Honduras para que investigue de manera seria y efectiva los hechos ocurridos el día 26 de agosto. Asimismo se exhorta a las autoridades competentes para que adopten de manera urgente medidas efectivas para proteger a los testigos y a las autoridades involucradas en la investigación y juzgamiento del caso.

 

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