Violencia policial

Defensor de derechos humanos en Venezuela golpeado por la policía

 

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.
Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.
Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).
Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

 

Según un comunicado de acción urgente  publicado por Amnistía Internacional, el defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

 

 

Jue, 06/11/2014

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.

Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).

Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

Exigen acciones del Estado ante la desaparición forzada en México

Se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, información sobre la problemática de la desaparición forzada en México y los retos que enfrenta el Estado mexicano.
La falta de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la impunidad en la investigación y sanción de este delito, ha permitido que el fenómeno adquiera grandes dimensiones en el país. Este contexto ha puesto en riesgo a víctimas y familiares pues frente a la ausencia de instituciones oficiales confiables, han tenido que efectuar por sí mismas investigaciones y la propia búsqueda de sus desaparecidos.

Sáb, 21/03/2015

Washington D.C., 20 de marzo de 2015.- Un total de 19 organizaciones presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, información sobre la problemática de la desaparición forzada en México y los retos que enfrenta el Estado mexicano.

La falta de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la impunidad en la investigación y sanción de este delito, ha permitido que el fenómeno adquiera grandes dimensiones en el país. Este contexto ha puesto en riesgo a víctimas y familiares pues frente a la ausencia de instituciones oficiales confiables, han tenido que efectuar por sí mismas investigaciones y la propia búsqueda de sus desaparecidos.

“Somos los familiares de miles de desaparecidos de México, ésos a los que no nos llegan los beneficios de los que alardea el Estado y sus instituciones”,  dijo la Sra. Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante desaparecido forzadamente. “Les pido hoy”, continuó, “nos apoyen a empujar las búsquedas de campo, las búsquedas científicas, en donde no menosprecien la inteligencia y participación de los familiares que hemos buscado con nuestras propias uñas”.

Muchas mujeres son amenazadas por exigir justicia. Tan solo en Cuauhtémoc, Chih., donde hay más de 350 jóvenes desaparecidos, las madres, hijas y esposas se enfrentan a serios obstáculos en su demanda de justicia.

De acuerdo con información oficial, de 2010 al 2014 se han encontrado en Chihuahua 90 fosas con 225 personas en total, y solo se ha identificado a 100. En el mismo período en Guerrero se han encontrado 207 fosas con 299 cuerpos, de los cuales sólo han sido identificadas 40 personas.

Es igualmente importante mencionar que hasta el momento, ninguna de las personas acusadas por los hechos de Iguala se encuentra procesada por desaparición forzada, sino por el delito de secuestro. Más aún, miembros de las Fuerzas Armadas, tampoco han sido investigados.

Hoy en día existen más de 250 denuncias de desaparición en Guerrero. Se confirma un patrón, de desaparición por señalamiento, en donde en redes formales de la policía municipal, personas vestidas de civil, pertenecientes al crimen organizado, les señalaban a quienes detener, para posteriormente desaparecer.

Las 19 organizaciones concluyeron pidiendo a la Comisión que realice una visita in loco a México, estudie la situación de derechos humanos y se avoque en particular a evaluar el fenómeno de las  desapariciones forzadas y las medidas de política pública, marco normativo y prácticas necesarias para prevenirlas y repararlas. También solicitaron que monitoreen de manera activa el cumplimiento de las medidas de protección, informes de fondo y sentencias sobre México que ordenan medidas críticas para atender la situación de la Desaparición Forzada.

Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones de derechos humanos en desalojos forzosos en Paraguay

Washington DC, viernes 28 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciaron –junto con la Federación Nacional Campesina- la práctica de desalojos forzosos que se lleva adelante en Paraguay y que afecta, principalmente, a campesinos/as.

Vie, 28/03/2014

Audiencia Desalojos Paraguay CIDH 150 posWashington DC, viernes 28 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  en la que denunciaron –junto con la Federación Nacional Campesina- la práctica de desalojos forzosos que se lleva adelante en Paraguay y que afecta, principalmente, a campesinos/as.

En tal sentido, fueron presentados relatos e imágenes de los desalojos llevados a cabo en los asentamientos de Tapiracuai Loma y Laterza Cué, como evidencia del incumplimiento estatal de los lineamientos mínimos establecidos por el derecho internacional para este tipo de intervenciones.

Los representantes solicitaron a la CIDH y a su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que mantenga un monitoreo cercano y permanente de la situación campesina en Paraguay, así como requirieron al Estado que adopte protocolos adecuados y completos que establezcan pautas de conducta para las autoridades que participan y llevan a cabo desalojos.

La audiencia puede ser escuchada en la pagina web de la CIDH.
Contacto de Prensa
Daniela Araya
506 2280 7473
daraya@cejil.org

 

Decenas de organizaciones y juristas respaldan proceso judicial contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

Guatemala

Decenas de organizaciones y juristas de todo el continente suscribieron esta mañana una misiva en la que aseguran que en Guatemala se está cumpliendo con los estándares internacionales, en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que tiene como imputados a los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“El Tribunal guatemalteco está respetando el derecho de defensa y el debido proceso”, sostiene la carta, en una alusión directa a los múltiples recursos de amparo que han interpuesto los representantes legales de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, con la clara finalidad de entorpecer el proceso judicial.

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Mar, 16/04/2013

En el proceso seguido por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad

TRIBUNAL GUATEMALTECO ESTÁ RESPETANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO A EX GENERALES IMPUTADOS

Han transcurrido cuatro semanas desde que inició el histórico juicio en contra de los generales en retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por su participación en la comisión de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de la población maya ixil.JuicioRíosMont- SandraSebastián- CCPlazaPública

Desde los inicios del proceso, la defensa del imputado Ríos Montt ha alegado violaciones del derecho de defensa y del debido proceso, en especial, en virtud de la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de retirar al abogado Francisco García Gudiel de la defensa del General Ríos Montt y nombrarle como defensor de oficio al abogado César Calderón, quien también actúa como defensor del imputado Rodríguez Sánchez.

El Gen. Ríos Montt había contado con un equipo de abogados que lo representaba hasta la apertura de la audiencia pública cuando nombra a Licenciado García Gudiel para que lo represente.

Ahora bien, la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo, de retirar de la defensa al recién nombrado abogado García Gudiel, ocurre ante las prácticas dilatorias que dicho abogado intentó implementar para obstaculizar el curso normal del proceso, entre ellas solicitar la recusación de la Presidenta del Tribunal por tener “enemistad” con él. Por lo cual, el Tribunal designó al abogado Calderón, aplicando la legislación guatemalteca, y pese a su negativa. Ante esta situación, el imputado decidió nombrar nuevamente a los abogados de confianza que le habían acompañado desde el inicio del proceso, quienes se presentaron al día siguiente y continuaron ejerciendo su representación.

No obstante la solución allegada, la defensa interpuso recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por esta y otras decisiones, alegando la violación al derecho de defensa y el debido proceso, quedando estos recursos pendientes de resolución.

Ante este panorama, los abajo firmantes (juristas y organizaciones de derechos humanos), externamos a continuación una opinión técnica basada en los estándares internacionales en la materia:

1. Sobre el uso abusivo de la figura del amparo:

Si bien la figura del amparo es legítima para tutelar los derechos humanos, en la práctica en los procesos penales seguidos por graves violaciones de derechos humanos en Guatemala, se ha utilizado por la defensa no para garantizar derechos sino para obstaculizar el proceso mismo e impedir su culminación. Ya para el año 2003, al conocer el caso Myrna Mack vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se refirió al uso abusivo de la figura del amparo en Guatemala (párrs. 204, 206, 207, 208). En aquella ocasión, la Corte señaló la responsabilidad del Estado por haber permitido a la defensa promover una serie “de articulaciones y recursos (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros)”, los cuales impidieron que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural (párr. 208).

Posteriormente, en el año 2009, la Corte trató este tema nuevamente al emitir su sentencia en la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, y reiteró que el amparo había sido utilizado en el país como una práctica dilatoria en el proceso penal, lo cual fue aceptado por el propio Estado guatemalteco en dicha oportunidad (párr. 106).

Para la Corte, esta práctica se origina en las disposiciones que “regulan el recurso de amparo, la falta de debida diligencia y la tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitarlo, así como la falta de tutela judicial efectiva” (párr. 120) De hecho, en esta sentencia, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular la Ley de Amparo, a fin de adecuar este recurso a su verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.

En el proceso que se sigue actualmente, se observa con preocupación que se sigue utilizando esta figura de una manera excesiva y con fines meramente dilatorios.

2. Sobre la obligación de los jueces de vigilar la convencionalidad del proceso penal:

La Corte IDH se ha referido a la obligación de los jueces de ejercer un adecuado control de convencionalidad. Esto significa que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin” (Caso Aguado Alfaro y otros vs. Perú, párr. 128).

Respecto del uso prácticas dilatorias en procesos por graves violaciones de derechos humanos, el Tribunal Interamericano ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de manera que se eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (Caso Bulacio vs. Argentina, párr. 115).

Según el Alto Tribunal Interamericano, si las autoridades permiten y toleran el uso abusivo y dilatorio de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, lo cual conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. (Caso Myrna Mack vs. Guatemala, párr. 209, 210).

En efecto, el derecho de las víctimas a saber la verdad es tan relevante que el mismo tribunal ha destacado que ante “eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad (Bámaca Velásquez, resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de noviembre de 2010, párr. 50).

Considerando lo expuesto, al observar el desarrollo del juicio oral, consideramos que el Tribunal A de Mayor Riesgo está actuando de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, ejerciendo un equilibrado control de convencionalidad, asegurando la fluidez del proceso en un tiempo razonable y eliminando las prácticas dilatorias que pudieran obstaculizar el mismo.

3. Sobre la garantía del derecho de defensa:

El derecho de defensa es una garantía que conforma el debido proceso. De acuerdo con la Corte Interamericana, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (OC/16-99, párr. 117).

En el caso concreto, los imputados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no se encuentran en ninguna situación de desigualdad jurídica que limite el ejercicio de sus derechos, además, han participado activamente el proceso, han tenido la posibilidad de aportar prueba, de estudiar la prueba escrita que conforma el expediente, de cuestionar las diferentes actuaciones, de apelar las decisiones del Tribunal, de interrogar los testigos y peritos aportados por la parte acusadora y los querellantes, entre otras. Por tal razón, hasta el momento no se observa ningún agravio que permita sustentar una violación del derecho de defensa.

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido a la facultad de los tribunales internos de nombrar defensores de oficio, si ello está en el mejor interés de la justicia, señalando que el derecho de tener un abogado de confianza no es un derecho absoluto (Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p. 15, para. 31, Croissant v. Germany, judgment of 25 September 1992, para. 29, y Mayzit v. Russia, judgment of 20 January 2005, para. 66).

Dicha jurisprudencia rescata la importancia de contar con una defensa técnica, pero a la vez, resalta la facultad de los tribunales internos de nombrar de oficio, cuando hay una obstrucción que ha sido generada por el mismo imputado, o bien, cuando el interés de la justicia lo requiere. En tal sentido, es nuestra valoración que la actuación del Tribunal A de Mayor Riesgo, en cuanto al nombramiento de un defensor de oficio para garantizar la continuación del proceso contra los señores Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, se encuentra ajustada a los estándares internacionales.

Con base en lo expuesto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe observando con atención el proceso penal citado, a la vez, exhortamos respetuosamente a la justicia guatemalteca para que, en el desarrollo del presente proceso histórico, se tomen en cuenta las obligaciones internacionales en la materia y se emitan resoluciones congruentes con estas, a la vez, reiteramos la importancia de que se garantice la independencia de los jueces y en especial se brinde seguridad a todas las partes involucradas en el presente proceso.

La verdad y la justicia efectiva son fundamentales en la prevención de las atrocidades del genocidio y la mitigación de los daños ocasionados a los sobrevivientes, familiares, comunidades, pueblos y a toda la humanidad.

16 de abril de 2013.

Juristas:

Roxana Arroyo, profesora universitaria, Costa Rica

Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de la Comisión Internacional de Juristas

Célia Bernardes, jueza federal, Brasil

Kenarik Boujikian, magistrada de apelaciones del Tribunal de Justicia de Sao Paolo, Brasil

Miguel Carbonell, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alfredo Chirino Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica

Mario Coriolano, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Ronald Gámarra, abogado de las víctimas en el proceso por violaciones de derechos humanos contra Alberto Fujimori, Perú

Tirza Flores Lanza, ex magistrada de Corte de Apelaciones, Honduras

Adán Guillermo López Lone, ex juez penal, Honduras

Antonio Maffezoli, defensor público interamericano, Brasil

Rita Maxera, profesora de la Universidad de Costa Rica

José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

José Henrique Rodrigues Torres, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia y juez de derecho en Sao Paulo, Brasil

Naomi Roht-Arriaza, profesora del College Hastings of Law, Universidad de California, Estados Unidos

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

Leo Valladares Lanza, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras

 

Organizaciones:

Abogados Sin Fronteras Canadá, organización internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA), El Salvador

Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC)

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización internacional

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), Perú

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización internacional

Rights International Spain, organización internacional

 

Descargue la versión pdf de este pronunciamiento aquí.

Foto: Sandra Sebastián CC Plaza Pública.

La CIDH realizó una visita in loco a Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Fue la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

Vean aquí una presentación de CEJIL sobre las visitas in loco, su origen, funcionamiento e impacto.

Lean estos artículos de Bertha Santoscoy y Felipe González (Comisionado).

Consulten la nueva edición de la Guía de Defensores de CEJIL.

Comunicado de prensa de la CIDH.

Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

Vie, 30/11/2012

 

 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Esta será la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

 

 

 

 

 

 

  • Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

 

 

 

 

CEJIL y WOLA expresan preocupación por posible indulto a Fujimori

Las organizaciones enviaron una carta al Presidente Humala

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

Vea la carta aquí.

 

Jue, 04/10/2012

3 de octubre de 2012

 

 

Su Excelencia Ollanta Humala

Presidente de la República del Perú

Lima, Perú

 

Su Excelencia Presidente Humala:

 

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

 

Al respecto, le exhortamos a Usted, como Presidente de la República, considerar que:

(1) Alberto Fujimori fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.

 

(2) El indulto presidencial es potestad del Presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional.

 

(a)  Según la legislación peruana (Ley 26478 de 1995): "Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado".  En el caso del ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia, lo cual excluye al ex Presidente del beneficio del indulto.

 

(b)  El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y Cantuta fue posteriormente confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú en su sentencia del 7 de abril de 2009. Según dicha Sala, de acuerdo al derecho internacional, los crímenes por los cuales encontraron culpable al ex Presidente Fujimori constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la Sala fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009.

 

(3) El ex Presidente Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud. Sin embargo, para que sea beneficiado con un indulto humanitario, según la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS, del 13 de julio de 2010, Fujimori tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.

 

(a)  En declaraciones a la prensa la semana pasada, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para poderse otorgar el indulto humanitario se tendría que confirmar, con una evaluación médica rigurosa e independiente, el estado de salud del ex mandatario para poder luego tomar cualquier decisión.

 

(b)  No se puede afirmar que las condiciones carcelarias del ex mandatario impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir. Fujimori es el único reo en las instalaciones de DIROES, vive en una instalación construida especialmente para él, y goza de pleno acceso a tratamiento médico cuando ha sido necesario, como se ha constatado a través de los años.

 

En virtud  de lo arriba expuesto, los abajo firmantes proclamamos que:

 

(4) Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al Estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú.

 

(a)  Es especialmente importante tomar en cuenta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia, derechos que les fueron negados por casi 20 años.

 

(b)  Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario.

 

(5) Debido a la gravedad de los crímenes por los cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado, le exhortamos no ceder ante las presiones de concederle el indulto humanitario a menos que estén plenamente demostrados los criterios para concederlo.

 

El juicio y condena al ex Presidente Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general. Es por ello que su Gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.

 

Atentamente,

 

 

 

Joy Olson                                Jo-Marie Burt                          Coletta Youngers

Directora Ejecutiva              Asesora Principal                  Asesora Principal

WOLA                                     WOLA                                     WOLA

 

 

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL

 

CC:
Presidente de la República, Ollanta Humala
Primera Vice Presidenta, Marisol Espinoza
Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor

Harold Forsyth, Embajador Peruano a los Estados Unidos
Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla

Congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattas
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas
Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Avila

Fiscal de la Nación, José Peláez

Presidente del Poder Judicial, César San Martin

Defensor del Pueblo, Eduardo Vega

Marisol Perez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República

Javier Diez Canseco, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

 

 

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