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Cárceles de Honduras continúan preocupando a organizaciones de derechos humanos

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), Casa Alianza – Honduras, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lamentan los hechos violentos sucedidos recientemente en cárceles hondureñas.

Vie, 22/06/2007

 

Tegucigalpa, Honduras

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), Casa Alianza – Honduras, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lamentan los hechos violentos sucedidos recientemente en cárceles hondureñas.

En la mañana del día 19 de junio, en la Penitenciaria Nacional de Tamara, fueron mutilados, asesinados y posteriormente quemados los señores Santos Ernesto Sánchez Ponce, Melvin Faustino López Banegas, y Juan Crisóstomo López Ruiz, acusados por los delitos de asesinato y violación. Ese mismo día, en horas de la tarde, apareció el cadáver de Marvin Geovany Peña, acusado de robo y asociación ilícita.

Un día después, el 20 de junio, en el Centro Penal de Juticalpa, Olancho, fue asesinado Melvin Adalid Jiménez Cerna, de 18 años de edad, confeso de violación y asesinato de niños.

Estos hechos fueron cometidos por otros privados de libertad con la tolerancia de las autoridades policiales penitenciarias. De hecho, después de los acontecimientos el Presidente de la República Manuel Zelaya declaró públicamente que los mismos constituyen una “lección moral” y que “hasta en el malvado hay virtud, porque los mismos reos han juzgado que este crimen abominable merecía un castigo”.

Las organizaciones de derechos humanos reconocen el deber y potestad del Estado hondureño de investigar a los responsables de delitos y de sancionarlos con penas privativas de libertad. Sin embargo, el Estado no puede olvidar que las personas detenidas están bajo el exclusivo control de las autoridades penitenciarias, por lo que el Estado tiene una responsabilidad especial de asegurarles las condiciones que les respeten su dignidad humana y que les garantice sus derechos humanos. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos sobre personas privadas de libertad.

En lo que va del año 2007, un total de 23 personas han muerto brutalmente en los centros penitenciarios de Honduras. Tampoco podemos olvidar las masacres en la Granja Penal El Porvenir en abril de 2003 y en el Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004. Esto refleja no sólo el fracaso del sistema de justicia y seguridad, sino también la crisis del sistema carcelario y la falta de capacidad y control de las autoridades estatales, e incluso su tolerancia para que hechos de esta naturaleza ocurran.

El año anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación carcelaria en Honduras y le señaló al Estado que “conforme al derecho internacional, el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo tanto, la Comisión insta al Estado hondureño a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país... Asimismo, debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, mediante las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes”.

Las citadas organizaciones de derechos humanos hacemos un llamado al Estado de Honduras para que proceda de inmediato a investigar los asesinatos narrados, investigación que deberá abarcar la responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Asimismo solicitamos se proceda a la aprobación inmediata de la Ley del Sistema Penitenciario. Mientras ello no ocurra, hechos tan lamentables como los denunciados se repetirán.

 

Contacto en Costa Rica:

 

Nancy Marín Espinoza

 

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Corte Interamericana condena nuevamente a Colombia y cuestiona el proceso de desmovilización

Vie, 08/06/2007

Washington, D.C.

Por sexta vez en los últimos tres años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. En esta ocasión por su colaboración con grupos paramilitares para cometer una masacre en contra de operadores de la justicia. El día de hoy el Alto Tribunal notificó al Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representantes de las víctimas y sus familiares, la sentencia en el Caso de la Masacre de La Rochela. En la misma se estableció que el grupo paramilitar “los Masetos”, responsable del crimen, actuó con el apoyo y la colaboración de agentes estatales.

La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como resultado de estas violaciones, el Tribunal decretó que el Estado debe activar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. La sentencia de la Corte Interamericana constituye un aporte significativo en la búsqueda de justicia, verdad y reparación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de la Rochela.

Este caso se refiere a una masacre cometida, en enero de 1989, en el corregimiento de “La Rochela”, departamento de Santander, en la cual murieron 12 personas y sobrevivieron 3. Las víctimas, todos funcionarios judiciales, estaban investigando, entre otros crímenes, la masacre de los 19 comerciantes, caso que también analizó la Corte Interamericana en julio de 2004. La Corte consideró que la masacre se dio en un contexto de violencia contra funcionarios judiciales, y bajo leyes que permitieron la creación de grupos de autodefensa que posteriormente se convirtieron en paramilitares.

Si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en estos hechos y existen testimonios que involucran la participación activa de agentes estatales en los mismos, no se han registrado avances en la investigación y sanción de los responsables de la masacre.

El tribunal interamericano estableció que el Estado no investigó diligentemente la relación entre el grupo paramilitar AGDEGAM y altos mandos militares. Menciona de manera particular la falta de investigación de altos mandos como el General Farouk Yanine Díaz, el General Carlos Julio Gil Colorado, y el Coronel Jaime Fajardo Cifuentes.

Varios de los paramilitares implicados en la referida masacre actualmente son beneficiarios del proceso de desmovilización, por lo cual la Corte Interamericana se pronunció sobre algunos aspectos del mismo. Al respecto, estableció que el derecho a la verdad se debe garantizar “en la forma más idónea, participativa y completa posible”, otorgando a las víctimas la posibilidad de participar “en todas las etapas de los respetivos procesos”. La Corte estableció además que las penas impuestas a los desmovilizados deben ser proporcionales, “en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos,” y aclaró que “el Estado tiene el deber ineludible de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones de derechos humanos de las cuales es responsable”. Finalmente, la Corte Interamericana insistió que la concesión del beneficio de indulto bajo el Decreto 128 “exige la mayor debida diligencia de las autoridades competentes para determinar si realmente el beneficiario participó” o no en graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana también llamó la atención sobre la total falta de protección que se le dio a la comisión judicial que fue víctima de la masacre, así como la posterior desprotección de funcionarios judiciales, testigos y familiares que ha perjudicado la efectividad de la investigación. Por tanto, la Corte insistió en la importancia de “un sistema eficaz de protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y sus familiares”.

“Las autoridades políticas y judiciales en Colombia deben leer esta sentencia con mucha atención ya que da pautas fundamentales para que el Estado colombiano adecúe su accionar en el proceso de desmovilización a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. El incumplimiento de la decisión judicial expone al Estado a que la Corte Interamericana condene nuevamente a Colombia por no garantizar los derechos de las víctimas frente a este proceso.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, como Colombia, han aceptado su competencia, y vinculan a todos los poderes del Estado.

 

Contacto en CEJIL Washington:

 

Michael Camilleri

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Contacto Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”:

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CIDH admite el caso de la nuera del poeta Juan Gelman contra Uruguay

Mié, 16/05/2007

Buenos Aires y Montevideo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó el día de hoy al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que admitió la denuncia presentada contra el Uruguay por los hechos relacionados con el secuestro y desaparición forzada de Maria Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman y su hija Maria Macarena.

Maria Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires, Argentina, junto con su marido Marcelo Gelman el 24 agosto de 1976. Ambos permanecieron detenidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. Por su parte María Claudia -quien se encontraba embarazada de 7 meses al momento del secuestro– fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del cono sur. Durante su cautiverio en Uruguay, María Claudia dio a luz a su bebé en el hospital militar y ésta fue dejada en la puerta del domicilio de otra familia que la crió como propia. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena , el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados, eventualmente sus restos.

En su informe de admisibilidad la CIDH considera que “aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del Gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del “Plan Condor”, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005”, entendiendo en estos términos que las victimas han agotado los recursos a nivel local, y habilitando la discusión en la instancia internacional.

A juicio de los denunciantes, el principal obstáculo que ha impedido que se haga justicia -tanto en este como en otros casos- es la existencia de la denominada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide la apertura de causas que tengan como objetivo investigar hechos y sancionar a los responsables de haber participado en operaciones represivas e ilegales que se dieron en el marco del gobierno cívico–militar que gobernó a Uruguay entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. Los denunciantes esperan que estos obstáculos jurídicos sean removidos y que la sociedad pueda acceder a la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.

 

Contactos en Uruguay

 

José Luis González

Abogado de Juan Gelman

 

gonzpose@adinet.com.uy

Tel/fax: 598-2-401-8152

 

Macarena Gelman

 

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Contacto en Buenos Aires

 

Liliana Tojo

 

Directora Cejil Sur

 

Tel/fax: 54-11-4328-1025

Celular: 15-5637-6537

Ltojo@cejil.org

Exponen ante CIDH delicada situación de derechos humanos en el Perú

Mié, 14/03/2007


Washington D.C.

El pasado 7 de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los obstáculos para la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Asimismo, las organizaciones se refirieron a la difícil situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú.

Primero, los peticionarios informaron que el actual contexto político peruano es adverso para una adecuada implementación de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad. Por esto le solicitaron a la CIDH que de un seguimiento a este tema. El organismo internacional manifestó que haría un monitoreo cercano al proceso y se congratuló al escuchar que el agente del Estado aseguró que durante el gobierno del presidente Alan García, Perú no se va a retirar del Sistema Interamericano.

De manera puntual, los peticionarios pidieron al Estado otorgar recursos suficientes para cumplir con las reparaciones individuales y colectivas de las víctimas del conflicto armado. Además, señalaron que Perú debe dejar sin efecto la Ley 28934 que prorrogó inconstitucionalmente, hasta junio de 2007, la actual legislación sobre jurisdicción militar, contraria a los estándares establecidos por el sistema interamericano y por el tribunal constitucional peruano. Los comisionados expresaron preocupación por la aprobación de esta ley.

Por otra parte, en la audiencia sobre la situación que viven los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones denunciaron que existen amenazas e intimidaciones contra estas personas, sobre todo contra quienes impulsan procesos o reformas judiciales, y los y las ambientalistas. Las víctimas sufren seguimientos, vigilancias, llamadas telefónicas anónimas, secuestro, tortura, sustracción de documentos y campañas de difamación y descrédito. Estas circunstancias se agudizan en los territorios donde se desarrolló el conflicto armado interno y en algunas zonas de explotaciones mineras. Además estos hechos quedan impunes y no se protege a estas personas.

Las organizaciones peticionarias manifestaron a la CIDH su preocupación por la aprobación de la ley 28925 de 8 de diciembre de 2006, que establece, para las organizaciones privadas que reciban fondos de la cooperación internacional, controles que son innecesarios en una sociedad democrática. Esta ley afecta el derecho a la libertad de asociación, pone en riesgo la libertad de expresión y desconoce varias de las recomendaciones que hizo la CIDH a los Estados en su informe sobre defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas.

CEJIL y la Coordinadora solicitaron a la CIDH que exhorte al gobierno peruano a respetar y garantizar los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y que afirme públicamente la legitimidad del trabajo que llevan a cabo estas personas. Igualmente, solicitaron que el Estado deje sin efecto la ley 28925, que amplía indebidamente las facultades de la APCI (Agencia peruana de cooperación internacional).

Audios de las audiencias en el siguiente link:

http://www.cidh.oas.org/Audiencias/Audios%20Audiencias%20127%20PS.htm

 

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María Clara Galvis

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Políticas de seguridad salvadoreñas violan derechos humanos de la niñez y adolescencia

Mié, 07/03/2007

Washington D.C.

El día de hoy, se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar como la implementación de las políticas de seguridad en El Salvador violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones que solicitaron la audiencia son: la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones señalaron que la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura han provocado detenciones arbitrarias y masivas de jóvenes, a quienes se les ha violado sus derechos a la libertad personal y de asociación. En el tema de la criminalidad, el Estado ha sostenido que la población joven es la responsable de la mayoría de los delitos, lo cual ha sido desmentido por las cifras que presentaron las peticionarias. De acuerdo con datos proporcionados por 20 juzgados, durante el período de 2000 a 2006 se detuvieron más de 300 mil personas por actos delictivos, de las cuales sólo un 5,8% eran personas menores de edad.

Otra preocupación expresada en la audiencia fue que en la implementación de estas políticas de seguridad se ha utilizado al ejército para llevar a cabo labores que no le corresponden como patrullar conjuntamente con la Policía Civil. El mandato de las fuerzas armadas es la defensa nacional y no la seguridad pública.

En el tema carcelario se denuncio que las cárceles están sobrepobladas en un 100%, dado que existe una capacidad de 7.372 detenidos y actualmente se encuentran aproximadamente 14.600. Esto ha agudizado la crisis del sistema penitenciario.

Las soluciones que ha proporcionado el Estado salvadoreño para combatir la criminalidad lejos de brindar un tratamiento adecuado, encaminado a solucionar el fenómeno de las pandillas o “maras”, lo que hace es agudizar la situación, con la implementación de leyes inconstitucionales que distan mucho del respeto a las garantías procesales y que violan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

El Estado por su parte dijo haber avanzado en el tema y aseveró tener una política pública integral al respecto. Sin embargo, esto no lo pudo comprobar con indicadores, ni datos estadísticos. Además el representante del Estado, Oscar Bonilla, reprochó la participación en la audiencia de la jueza, Doris Rivas, miembro de la Asociación Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Las organizaciones peticionarias repudian las manifestaciones del representante estatal, ya que demuestran el irrespeto al derecho a la libertad de expresión y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador.

CEJIL y la RIA solicitaron a la CIDH que se publique el informe sobre la situación de la niñez y adolescencia en El Salvador, a raíz de la visita del Relator sobre derechos de la Niñez, Paulo Sergio Pinheiro. Además se le pidió a la Comisión que exhortara al Estado salvadoreño a detener la implementación de leyes represivas que sean violatorias de derechos humanos.

 

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Ecuador no cumple con las medidas cautelares de la CIDH

Mar, 06/03/2007


Washington, D.C.

En el día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amazon Watch expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por la falta de implementación de Ecuador de las medidas de protección ordenadas por dicha entidad en diciembre de 2005 y ampliadas en mayo y agosto del 2006. Estas medidas fueron otorgadas para proteger la vida e integridad personal de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo, Luis Yanza, Guadalupe Heredia, Julio Prieto y Mateo Borrero.

Estas personas forman parte del equipo de litigio del caso contra la empresa petrolera Chevron-Texaco ante los tribunales ecuatorianos. Ellos han sufrido hostigamientos, amenazas y persecuciones, particularmente a partir de octubre de 2005, cuando denunciaron la intervención de miembros del Ejército ecuatoriano para detener una diligencia judicial.

Más de un año ha transcurrido sin que el Estado haya acatado la orden de la CIDH de proteger a las personas mencionadas. Esto a pesar de que las medidas cautelares son un mecanismo de emergencia para prevenir daños irreparables.

Las organizaciones denunciaron también que las amenazas y hostigamientos en contra de los beneficiarios persisten. Por esta razón propusieron una serie de medidas como: la instalación de alarmas e identificadores de llamadas, líneas telefónicas seguras y rondas policiales, entre otras. La propuesta será estudiada por el gobierno, que se reunirá con los beneficiarios durante esta semana.

Los peticionarios esperan que el Estado ecuatoriano tome las medidas necesarias de manera inmediata para proteger la vida e integridad de estos defensores de derechos humanos, en coordinación con ellos, y que investigue las amenazas y hostigamientos en su contra.

 

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Organizaciones de derechos humanos están preocupadas por la discriminación racial en República Dominicana

Sáb, 03/03/2007

Washington D.C.

El día de ayer, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) en República Dominicana y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) dieron a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los resultados de un estudio de SJRM sobre la discriminación racial en República Dominicana.

De acuerdo con la información recopilada, a pesar de que existen organizaciones tanto nacionales como internacionales que reconocen la existencia del racismo y sus manifestaciones (la discriminación racial, los prejuicios sociales, la xenofobia) en República Dominicana, el problema no es reconocido por el gobierno, ni por los habitantes.

La población dominicana, en general, parte de prejuicios raciales para valorar la belleza y el estatus social de las personas, pero no acepta que tales prácticas son manifestaciones de racismo. El estudio de SJRM demuestra que esta “actitud racial” se manifiesta en la estructura escolar, familiar, laboral y en los medios de comunicación social.

En la audiencia ante la Comisión, también se explicó como la discusión del problema de racismo en República Dominicana, tradicionalmente, se ha reducido a la problemática que viven los inmigrantes haitianos. Las personas que aceptan la existencia del racismo en lo perciben únicamente en referencia a los/as haitianos/as.

SJRM y CEJIL solicitaron a la CIDH que instara al Estado dominicano a reconocer públicamente el racismo, la discriminación racial y la xenofobia existente y adoptar políticas públicas y legislación especifica para combatirlas, apegándose así a sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos.

El Embajador de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, Roberto Álvarez, rechazó de la “manera más enérgica” los términos en que se refirieron los peticionarios a la situación en el país. Sin embargo, reconoció que alrededor del 90% de la población dominicana es de origen africano mezclada con europea. Por otra parte, indicó que si existe algún tipo discriminación racial en la Republica Dominicana, el gobierno dominicano está haciendo todo lo posible para enfrentarlo.

El Relator sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes de la CIDH, Clare Roberts, señaló a Brasil como un posible modelo para República Dominicana. En este país suramericano se ha enfrentado el tema del racismo y la discriminación racial a través de las instituciones estatales. El Comisionado Roberts constató que se han recibido reportes persistentes de racismo y discriminación racial en Republica Dominicana, y que tal como informaron SJRM y CEJIL en la audiencia, este no es un tema exclusivo de los/as migrantes haitianos/as.

Las organizaciones enfatizaron que la discriminación racial en este país entre la población dominicana refuerza el sentimiento de antihaitianismo generalizado en el país y produce una discriminación múltiple de los haitianos en República Dominicana por su condición de migrantes y afrodescendientes.

 

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Observatorio Latinoamericano de Prisiones denuncia ante la CIDH la situación carcelaria en seis países

Sáb, 03/03/2007


Washington D.C.

El Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLAP), acompañado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunció el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación que viven más de 900.000 mil personas privadas de su libertad en América Latina. Las organizaciones presentaron las múltiples violaciones de derechos humanos que viven los detenidos y detenidas en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela.

El Observatorio se mostró preocupado por la discusión de cuatro proyectos de ley para establecer la pena de muerte en Perú y la posible reapertura del penal Challapalca, el cual fue clausurado por recomendación de la CIDH. Por otro lado, en Guatemala se encuentran 25 personas en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutadas. En este mismo país, el 22 de febrero, cuatro ex policías que permanecían detenidos fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón. Asimismo, a principios de este año, en El Salvador fallecieron 21 reclusos en un enfrentamiento en el penal de Apanteos.

Según los peticionarios algunas características que definen el conjunto del sistema penitenciario latinoamericano, tales como: 40% de hacinamiento, retardos procesales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación de los derechos a la vida, salud y educación.

En la audiencia, OLAP solicitó a la CIDH que emitiera un pronunciamiento para la abolición de la pena de muerte en la región y que realizará visitas in loco para verificar la situación carcelaria en cada país. Además, pidió que en cada período de sesiones se analice la problemática carcelaria de la región. También, instó a la Comisión a elaborar un informe especializado sobre la violación de los derechos de las personas privadas de libertad que incorpore temas como: género, salud, hacinamiento, retardos procesales, personal calificado e infraestructura. Asimismo requirió a la CIDH que inste a los Estados miembros el cese definitivo de actos de descalificación pública, hostigamiento, judicialización y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos de personas privadas de libertad.

 

El Presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, reconoció la importancia de la creación del OLAP. Respecto de las peticiones expresó que la CIDH se sujeta a las reglas del sistema Interamericano en términos de la pena de muerte y espera que los Estados se pronuncien hasta llegar a la abolición absoluta de la pena de muerte.

La misión de OLAP es “transformar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en América Latina, para garantizar con dignidad humana el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los respectivos Estados, en la búsqueda permanente de alternativas para una sociedad sin cárceles y sin pena de muerte”.Esta nueva organización, creada en Noviembre de 2006 en la Isla de Margarita, Venezuela, como respuesta de organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a la grave situación en la que viven casi 900.000 personas en las cárceles de la región.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

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Honduras debió rendir cuentas ante la CIDH

Vie, 02/03/2007

Washington DC.

 

El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo audiencias para examinar violaciones de derechos humanos en Honduras.

Al mediodía, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) expusieron las implicaciones negativas para los derechos humanos que tienen las medidas de seguridad pública implementadas por el gobierno.

Ambas organizaciones señalaron que el Estado realizó reformas legales que han fomentado detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos ilegales. Además, afectan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.

Otro aspecto de preocupación para los peticionarios es la incorporación del ejército en labores que no le competen, como la seguridad pública. Esto significa un retroceso en el proceso de desmilitarización del país. Las organizaciones denunciaron que el Estado autorizó a guardias de seguridad privados a realizar labores de seguridad pública, delegando así en personas particulares su responsabilidad y otorgándoles una autoridad que no les corresponde.

Durante la audiencia, las organizaciones le solicitaron al Estado que hiciera públicos los proyectos de Ley relativos a la reforma de la Ley Orgánica de Policía y que no se someta a discusión mientras las organizaciones de la sociedad civil no participen en la elaboración de la misma. Los representes estatales se comprometieron a hacer públicos los textos de las reformas, a través de la CIDH.

Posteriormente, en horas de la tarde, CEJIL en conjunto con Casa Alianza Honduras, presentó argumentos legales sobre las violaciones de derechos humanos que sufrieron los niños Oscar Daniel Medina y José Luis Hernández, de 15 y 14 años, respectivamente. En 1998, ambos fueron secuestrados, luego torturados y finalmente ejecutados por agentes estatales. Las muertes se dieron en un contexto de violencia que victimiza a la niñez en riesgo social. Después de 9 años este caso permanece en total impunidad.

El Estado hondureño no negó los hechos, por el contrario, se comprometió a investigar y sancionar a aquellos funcionarios judiciales que hubieran cometido irregularidades en este caso. Además, el gobierno propuso en la audiencia iniciar un proceso de solución amistosa. Esta posibilidad será estudiada por los peticionarios y los familiares de las víctimas, quienes valoraran la propuesta, siempre y cuando esta se ejecute en el plazo de un año. La CIDH solicitó que se le informe dentro del término de un mes sobre los avances en la negociación.

Las organizaciones esperan que el Estado hondureño honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cumpla lo prometido ante la Comisión Interamericana

 

Organizaciones expondrán situación de derehos humanos en las Américas

Lun, 01/01/2007

Organizaciones expondrán situación de derehos humanos en las Américas

 

Washington, D.C. 28 de febrero de 2007

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto a otras organizaciones de derechos humanos del continente, víctimas y familiares, participará desde el 1° y hasta el 7 de marzo, en el período de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

Este espacio servirá para que las organizaciones den a conocer las graves violaciones que sufre la población en varios lugares de la región. Entre las problemáticas más relevantes se encuentran: la situación de las mujeres privadas de libertad en Brasil, la discriminación racial en República Dominicana y de los efectos de las medidas represivas que se aplican en Honduras y El Salvador bajo la excusa de la seguridad pública.

Además, el 7 de marzo, organizaciones venezolanas y peruanas, en conjunto con CEJIL darán a conocer la problemática de sus respectivos países. En cuanto a Venezuela se entregará información a la CIDH acerca de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, la libertad de expresión y la política de seguridad ciudadana y la existencia ilegal de grupos parapoliciales. Con respecto de Perú, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se informará sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del actual marco legal que afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Durante la mañana del 5 de marzo se realizarán reuniones de trabajo sobre casos de violaciones de derechos humanos en México, Honduras, Ecuador, Paraguay, Argentina, Venezuela y Guatemala.

CEJIL espera que los Estados miembros de la OEA cumplan con sus obligaciones internacionales y respeten los derechos humanos de quienes viven en sus territorios. Y en este mismo sentido, que implementen las recomendaciones que establezca la CIDH en los casos que se examinen durante este período.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos

 

Organizaciones que participarán junto con CEJIL en el 127° período de audiencias:

 

Acción Ciudadana contra el SIDA
Asociación de Personas viviendo con VIH SIDA (ASONVIHSIDA)
Casa Alianza – Honduras
Casa Alianza – Nicaragua
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello”
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comité de Familiares de Desaparecidos- Detenidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Comisión Magisterial de Derechos Humanos de Oaxaca (COMADH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
Espacio Público
Fundación Xochiquetzal
Grupo Mulheres Encarceradas
Pastoral Carcelaria Nacional
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA)
Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes- República Dominicana
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

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