CEJIL

CEJIL lamenta el asesinato de colaborador de Radio Progreso en Honduras

La víctima era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH

San José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

Lun, 14/04/2014

Carlos Mejía, créditos periódico La Prensa HondurasSan José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

El joven Mejía era beneficiario, en conjunto con otros 18 colaboradores de Radio Progreso, de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas medidas habían sido adoptadas por la Comisión en virtud de numerosos actos de hostigamiento y amenazas en contra de los integrantes de la radio. En el caso de Carlos Mejía, la CIDH adoptó las medidas el 27 de mayo de 2011 y ordenó al Estado de Honduras realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal.  Desafortunadamente, las autoridades no establecieron medidas de seguridad efectivas. Tampoco investigaron las amenazas denunciadas.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL declaró que “es fundamental que las autoridades hondureñas atiendan los llamados de los órganos internacionales de protección y cumplan con su obligación de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en riesgo. Ante estos lamentables hechos, el Estado debe cumplir con su deber de debida diligencia y esclarecer los hechos en el menor plazo posible”.

CEJIL expresa su solidaridad a todos los colegas y colaboradores de Radio Progreso por esta lamentable pérdida. A la vez, exhorta al Estado de Honduras para que lleven a cabo una investigación diligente, pronta y oportuna con el objetivo de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de Carlos Mejía. Finalmente, solicitamos consensuar las medidas de seguridad que se requieran con los otros colaboradores de Radio Progreso, quienes también son beneficiarios de medidas de protección.

Créditos Fotográficos: Periódico La Prensa

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280-7473

daraya@cejil.org

Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

Documento de Coyuntura Nº 8 - Apuntes sobre las reformas al reglamento de la CIDH

 Apuntes sobre las reformas al reglamento de la CIDH

En este documento, CEJIL comparte públicamente su análisis sobre los cambios en el Reglamento de la Comisión Interamericana de DD.HH producidos como consecuencia del proceso de "Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" que tuvo lugar entre los años 2011 a 2013.  De este modo CEJIL pretende ofrecer orientaciones interpretativas para una más efectiva protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

CEJIL lanza publicación sobre reformas al reglamento de la CIDH

Evento el 31 de Octubre del 2013

En el marco del 149º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) tiene el placer de invitarles a la presentación de su publicación:

“Apuntes sobre las Reformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cambios derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013”

Jueves 31 de octubre de 2013, 6:00pm

Lun, 28/10/2013

En el marco del 149º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:


el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) tiene el placer de invitarles a la presentación de su publicación

“Apuntes sobre las Reformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cambios derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013”

Palabras de bienvenida: José de Jesús Orozco, Presidente de la CIDH

Presentación: Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL

Palabras de cierre: Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH

La presentación estará seguida de un brindis,

Jueves 31 de octubre de 2013, 6:00pm

Salón Padilha Vidal, CIDH, 1889 F Street, NW, Washington

Libro disponible aquí en formato PDF


Invitación al lanzamiento del libro de CEJIL

CEJIL llama al Arzobispo de San Salvador a reconsiderar la decisión de cierre de Tutela Legal y a proteger los testimonios de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos

CEJIL escribió al Arzobispo de San Salvador sobre Tutela Legal
  • El pasado lunes fue dada a conocer la decisión del Arzobispado de cerrar Tutela Legal.
  • La institución fue creada en 1892 por Arzobispado de San Salvador y reunía los testimonios de cerca de 30,000 víctimas del conflicto armado.

En esta oportunidad nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra preocupación por el cierre inesperado e intempestivo de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante “Tutela Legal” u “OTLA”). Como es de su conocimiento,  por décadas hemos compartido el trabajo con el equipo de Tutela Legal. Juntos, con ellas y ellos, hemos asumido, entre otros casos, la representación  de las víctimas del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, y el asesinato de Monseñor Romero y otros, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Jue, 03/10/2013

Washington D.C. y San José, 3 de octubre de 2013

Mons. José Luis Escobar Alas

Arzobispo de San Salvador

República de El Salvador

PRESENTE

 

Ref.: Cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador

 

Distinguido monseñor Escobar Alas:

 

Reciba un cordial saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos.

 

En esta oportunidad nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra preocupación por el cierre inesperado e intempestivo de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante “Tutela Legal” u “OTLA”). Como es de su conocimiento,  por décadas hemos compartido el trabajo con el equipo de Tutela Legal. Juntos, con ellas y ellos, hemos asumido, entre otros casos, la representación  de las víctimas del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, y el asesinato de Monseñor Romero y otros, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

 

Según lo que se ha reportado en la prensa y confirmado por  las personas que trabajaron para Tutela Legal, la razón para el cierre consiste en que la organización ya cumplió con su cometido y que en la actualidad no tiene razón de ser[1].

 

Al respecto, quisiéramos empezar con una historia de fortaleza y dignidad de María Julia Hernández. En 1989, la entonces directora de Tutela Legal, recorrió las montañas de Morazán en compañía de un equipo de abogados, para convencer a los sobrevivientes de la Masacre de El Mozote y comunidades aledañas de interponer la denuncia por las violaciones sufridas. El Mozote tiene el triste reconocimiento de ser la mayor masacre registrada en nuestro continente. Es así como 22 años después, en el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que no sólo dignifica a las víctimas sino que establece importantes medidas de reparación que ayudarán al Estado salvadoreño a alcanzar finalmente la anhelada justicia y particularmente a prevenir que ese tipo de hechos vuelvan a ocurrir[2].

 

Sólo el año pasado, el 16 de enero de 2012, con ocasión del 20º Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el Presidente de El Salvador, señor Mauricio Funes, pronunció un discurso en El Mozote en el cual manifestó, entre otros:

 

Como Jefe del Estado, […] reconozco que en los cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, los días y las noches del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, asesinaron a cerca de un millar de personas, la mayoría niñas y niños. Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas […]. Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño […] pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas. Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable. Este pedido de perdón, que no pretende borrar el dolor, es un acto de reconocimiento y de dignificación de las víctimas de esta tragedia. […][3].

 

Dicho reconocimiento de responsabilidad -y el cambio del discurso público que implicó-, así como la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2012 sobre los hechos referidos, no hubiesen sido posibles sin la persistencia de quienes han formado parte de Tutela Legal. Esta organización se distinguió por insistir en los valores de la verdad, la justicia, y la dignidad de cada persona, valores que fueron relevantes para el pasado y que siguen siendo relevantes para el presente de El Salvador.

 

Desde el año de 1982, cuando se funda oficialmente la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, precedida por la Oficina de Socorro Jurídico, han sido los sectores más excluidos quienes se han beneficiado de su existencia. De hecho, la oficina de Socorro Jurídico surge con el objetivo de brindar ayuda y orientación legal a los más pobres del país[4]. Dicho objetivo continuó y fue eje transversal del trabajo que desempeñara la OTLA en sus 31 años de existencia.

 

Gracias a la mística, entrega y profesionalismo del personal de Tutela Legal, miles de víctimas de violaciones de derechos humanos han confiado no sólo sus testimonios sino sus vidas mismas con la esperanza de que se conozca la verdad y se les garantice sus derechos a obtener justicia y reparación.

 

Si bien en la actualidad no existe un conflicto armado en El Salvador, es lo cierto que dichos objetivos no se han logrado plenamente debido a la existencia de diversos obstáculos, entre ellos la Ley de Amnistía que ha perpetuado la impunidad para los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos.

 

Ahora bien, es de nuestro conocimiento que la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad contra dicha legislación, de manera que nos encontramos frente a un momento histórico, en el cual es posible lograr la nulidad de la amnistía y proceder a investigar, identificar y juzgar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron miles de salvadoreños. En este contexto, hoy más que nunca se requiere de la presencia activa y principista de Tutela Legal.

 

Más allá de lo anterior, conocemos que Tutela Legal se encuentra acompañando otros casos que se refieren a violaciones de derechos humanos en el contexto actual, tales como aquellas vinculadas con la garantía de los derechos económicos y sociales.

 

Para CEJIL, la importancia de contar con una organización de derechos humanos que haya sido protagonista en la salvaguarda de los más débiles durante el conflicto armado y que posee todavía la firmeza para señalar las injusticias que genera la impunidad y la desigualdad, sigue vigente.

 

De esta manera resulta preocupante su decisión, particularmente en momentos en que su Santidad, el Papa Francisco se encuentra abogando por una Iglesia más cercana a los pobres y más coherente con los valores de solidaridad y justicia social.

 

En este sentido, el Papa ha señalado lo siguiente:

 

La Iglesia, abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas, que claman al cielo, desea ofrecer su colaboración a toda iniciativa que pueda significar un verdadero desarrollo de cada hombre y de todo el hombre[5].

 

A su vez, su Santidad hizo un llamado para trabajar por un mundo más justo y más solidario. Al respecto señaló:

 

Me gustaría hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: que no se cansen de trabajar por un mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo. Que cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias sociales[6].

 

Acorde con lo anterior, desde CEJIL respetuosamente le solicitamos reconsiderar su decisión y continuar con el trabajo de Tutela Legal en favor de los más excluidos, así como continuar con el legado que costó la vida a Monseñor Oscar Arnulfo Romero.  A este respecto, recordamos parte de su discurso en la homilía en la que posteriormente fuera asesinado:

 

Que este cuerpo inmolado y esta Sangre Sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo[7].

 

Es la justicia que proclamaba Monseñor en sus homilías la que todavía siguen reclamando miles de víctimas en El Salvador, muchas de ellas acompañadas por Tutela Legal.

 

Finalmente, quisiéramos señalar que la manera en la que se cerraron las actividades no ha permitido dar cuenta de la obligación legal y ética de traspaso de responsabilidades en el litigio de los casos pendientes y del acervo documental en manos de esta oficina.

 

En este sentido, quisiéramos destacar la importancia de proteger la confidencialidad de las víctimas, así como asegurar la devolución de materiales a las personas que representa Tutela Legal, el traslado de responsabilidades a los abogados y abogadas que eventualmente asuman los casos, y cumplir con el deber de resguardar adecuadamente el archivo histórico que se encuentra en custodia de la organización y que contiene miles de testimonios y expedientes relacionados con graves violaciones de derechos humanos, los cuales han sido obtenidos producto de la confianza de las víctimas en la Iglesia Católica. Estas valoraciones deben ser consideradas en relación con el anuncio que se hiciera sobre la creación de un centro de documentación y archivos por parte del arzobispado.

 

Otra alternativa a la creación del centro de documentación es que dicho archivo sea entregado a la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En cualquier supuesto, deben tomarse las medidas pertinentes para asegurar la debida protección de los documentos así como la confidencialidad de la información brindada por las víctimas.

 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra consideración y estima,

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva Directora

CEJIL

 

Marcia Aguiluz Soto

Programa Centro América y México

CEJIL

 


[1] Portal Web El Faro. Arzobispo cierra el socorro jurídico para los pobres creado por monseñor Romero. 30 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.elfaro.net/es/201309/noticias/13493/

[2] Cfr. Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 19.

[3] Funes, M. Discurso por el XX aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Mozote 16 enero 2012. Disponible en: http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/2019-16-enero-2012-/-presidente-funes-xx-aniversario-de-la-firma-de-los-acuerdos-de-paz-en-el-mozote.html?tmpl=component&print=1

[4] Extracto del discurso brindado por Roberto Cuéllar: Un apóstol de los derechos humanos. 31 de marzo de 2005. Disponible en:  http://www.fasic.org/OscarRomeroylosDerechosHumanos.pdf

[5] Discurso del Sumo Pontífice Papa Francisco en fecha 25 de julio de 2013. Río de Janeiro. Brasil. Disponible en: http://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-franc...

[6] Ibídem.

[7] Homilía realizada en la misa del 24 de marzo de 1980 por el Arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero. San Salvador. El Salvador.

OEA elegirá tres nuevos jueces/juezas de la Corte IDH

Cuerpo: 

Entre el 3 y el 5 de junio, se elegirán a tres de los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Las elecciones se realizarán en el marco de la XLII Asamblea General, que tendrá lugar este año en Cochabamba, Bolivia.

El mandato de los jueces y juezas de la Corte Interamericana es de seis años y  renovable una vez. Vencen este año el segundo mandato del  Vicepresidente de la Corte Leonardo Franco (Argentina) y el primer mandato de las juezas Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana) y Margarette May Macaulay (Jamaica) respectivamente. Estas dos últimas han sido postuladas para su reelección. Los mandatos del presidente Diego García Sayán y de los jueces Eduardo Vio Grossi, Manuel Ventura Robles y Alberto Pérez Pérez siguen vigentes.

Para más información

CEJIL expresa su dolor y tristeza por el fallecimiento en el día de ayer de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Sonia Pierre, dominicana, defensora de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, falleció el domingo 4 de diciembre de 2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Lun, 05/12/2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Sonia Pierre fue fundadora y Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización que junto a CEJIL representó a víctimas de la negación de reconocimiento a la nacionalidad en República Dominicana. En esta labor, Sonia participó en los más altos foros internacionales, incluyendo la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando establecer uno de los precedentes judiciales más importantes en el derecho internacional sobre el reconocimiento de la nacionalidad, la protección de la niñez y el derecho a la educación , en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano aún no ha implementado de forma completa la decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que el estatus migratorio de los padres no puede ser heredado a los hijos.
 
Debido a su trabajo como defensora, Sonia Pierre fue objeto de amenazas, hostigamientos y constantes críticas que mantenían en peligro su vida y la de su familia. Esta situación fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión  emitió medidas de protección exigiendo al Estado dominicano que protegiera su vida.
 
Al fallecer, Sonia Pierre dejó un legado invaluable a la sociedad dominicana que contó con una de las líderes más destacadas mundialmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas. Hoy celebramos su vida, agradecidos por haber tenido el privilegio de participar junto a ella en su lucha por erradicar todo trato desigual y discriminatorio en contra de las poblaciones minoritarias y vulnerables, y rendimos tributo a su legado por ser un digno ejemplo de lo que las defensoras de derechos humanos pueden hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000

Perú debe impedir cualquier tipo de amnistía encubierta

Ministerio de Defensa debe garantizar el acceso a documentos clave para juicios

Washington D.C, 2 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa de Perú, general en retiro Daniel Mora, en una entrevista con la radio local del Instituto de Defensa Legal el pasado 31 de agosto de 2011, ya que representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. El Ministro Mora hizo referencia a una “solución de punto final” a los juicios de militares por crímenes de lesa humanidad para encaminarse a la reconciliación en Perú.

Vie, 02/09/2011

 

Washington D.C, 2 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa de Perú, general en retiro Daniel Mora, en una entrevista con la radio local del Instituto de Defensa Legal el pasado 31 de agosto de 2011, ya que representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. El Ministro Mora hizo referencia a una “solución de punto final” a los juicios de militares por crímenes de lesa humanidad para encaminarse a la reconciliación en Perú.

CEJIL insta al Presidente Ollanta Humala a enviar un mensaje contundente acorde con sus compromisos de campaña y con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos, incluyendo el acatamiento con el informe de la Comisión de la Verdad de ese país y una reparación integral para las víctimas del conflicto.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos de las leyes que favorecen la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Sobre Perú, dicho Tribunal ha emitido varias sentencias en los casos Barrios Altos (2001), La Cantuta (2006), Anzualdo Castro (2009) en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. En su último pronunciamiento, el Tribunal interamericano estableció que el Perú “no podrá argüir ni aplicar ninguna ley ni disposición de derecho interno, existente o que se expida en el futuro, para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables.”

La Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “Ninguna clase de legislación o política estatal que tenga como objetivo impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún y cuando se realice mediante procesos democráticos, resultaría compatible con el derecho internacional de los derechos humanos”. Sobre este último punto la Corte IDH señaló en su reciente fallo del caso Gelman v Uruguay que el hecho de que esta clase de leyes se aprueben “en un régimen democrático” y aun cuando sean “ratificada[s] o respaldada[s] por la ciudadanía” “no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional.”

No es la primera vez que en el Perú se hable de proyectos de legislación o prácticas contrarias a su obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos. Además, en octubre de 2009 se pretendió a través de otro proyecto de ley dotar de impunidad al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú “que en cumplimiento de su deber dentro de zonas de emergencia y haciendo uso de la fuerza letal, causa muerte o lesiones graves”.

Por todo esto, CEJIL hace un llamado al Presidente Humala a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza.

Finalmente, a través de nuestro trabajo en la defensa de víctimas de derechos humanos en ese país, hemos observado que uno de los impedimentos más graves para combatir la impunidad ha sido la falta de acceso a archivos de las fuerzas armadas. Por ello, CEJIL urge al gobierno de Perú que colabore con los procesos judiciales aún abiertos para que, en un tiempo razonable, puedan concluir y puedan establecerse las responsabilidades individuales y sus correspondientes reparaciones a las víctimas.

 

Para más información:

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

 

Carta abierta al Presidente de Guatemala tras amenazas y atentados contra peritos del caso Masacre de Las Dos Erres

Hechos de hostigamiento han ocurrido tras condena de cuatro ex militares

San José, 11 de agosto del 2011- CEJIL expresa su preocupación por el grave riesgo en que se encuentran los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ellos han sido amenazados y han sido víctimas de amenazas tras el fallo condenatorio contra cuatro ex militares en el caso de la masacre de Las Dos Erres.

Jue, 11/08/2011

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 2011.

Señor
Ingeniero Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Su despacho

Señor Presidente de la República:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta ocasión nos dirigimos a Usted, para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Como es de su conocimiento, la FAFG realiza investigaciones antropológico forenses objetivas e imparciales de muertes sospechosas (individuales o masivas) utilizando la arqueología y antropología física y social. A través de su labor, la Fundación apoya a comunidades y a familiares de víctimas a que recuperen los restos de sus familiares para darles una sepultura digna y según sus costumbres. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos a través de la investigación, documentación y divulgación de hechos históricos de violaciones al derecho a la integridad y la vida en casos de muerte no esclarecidos.
En razón de esta labor, los miembros de la Fundación han sido víctimas de acciones de intimidación durante años. Dichas acciones se agravaron a partir del año 2002, lo que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara a su favor medidas cautelares, solicitándole al Estado de Guatemala que tomara todas las medidas que fueran necesarias para garantizar su vida e integridad.
A pesar de la vigencia de las referidas medidas cautelares, los actos de amenazas e intimidación continuaron. Ello provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante resolución de su Presidente resolvió, el 21 de abril de 2006, otorgar medidas provisionales a favor de la FAFG y sus miembros[1], las cuales fueron ratificadas por el pleno mediante decisión de 4 de julio de 2006[2] y se mantienen hasta la actualidad[3].
Estas medidas son de obligatorio acatamiento para Guatemala, toda vez que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978 y luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Según se ha hecho público, en días recientes se han registrado nuevos actos de intimidación contra miembros de la FAFG, específicamente algunos de los peritos que han participado en el proceso judicial seguido contra cuatro ex militares responsables de la masacre de Las Dos Erres, cuya sentencia fue dictada el pasado 2 de agosto. Esta sentencia histórica implica un importante avance en la búsqueda de justicia en dicho caso, pero además constituye un poderoso mensaje de que es posible superar la impunidad en la que durante décadas han permanecido gravísimas violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, estos ataques no sólo ponen en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la FAFG, sino que también obstaculizan el trabajo que realiza la Fundación y el sistema de administración de justicia en su conjunto.
Cabe recordar igualmente, que en la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Las Dos Erres el tribunal interamericano ordenó al Estado guatemalteco asegurar “que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad”[4].
En razón de lo anterior, y considerando que existe una obligación internacional del Estado guatemalteco de proteger a los miembros de la Fundación, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios para garantizar la seguridad personal de todos los integrantes de la Fundación, la continuidad de su labor y sobre todo la investigación real y efectiva los hechos intimidatorios en su contra.
Por la existencia de una medida de reparación expresa en la mencionada sentencia, así como la vigencia de medidas provisionales emanadas de un órgano internacional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana, el Estado guatemalteco sería responsable internacionalmente por lo que pueda ocurrirle a los miembros de la FAFG.
En igual sentido, le instamos a garantizar que se adopten todas las acciones necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas aquellas personas involucradas en el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades por la masacre de Las Dos Erres, particularmente a los y las integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúan como querellantes adhesivos en el proceso y sus abogados.
Confiamos en que el Estado de Guatemala reaccionará decididamente, honrando así los compromisos adoptados en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

c.c. Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República.
c.c. Carlos Menocal, Ministro de Gobernación.
c.c. Ruth Del Valle, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
c.c. Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carta_Publica_Presidente_Colom_-_Amenazas_caso_masacre_de_Las_Dos_Erres.pdf

[1] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de abril de 2006, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_021.pdf
[2] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 4 de julio de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_02.pdf
[3] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 22 de febrero de 2011.
[4] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr 233.

La tortura sigue siendo un crimen impune en el continente americano

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

Dom, 26/06/2011

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

La inacción de las autoridades a cargo de la investigación de este flagelo ha sido una constante en procesos acompañados por CEJIL, muchos de los cuales incluso tienen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente ordenan tanto la investigación como el posterior juzgamiento y sanción de los hechos.

No obstante, la tortura ha permanecido impune en una parte significativa de los casos pertenecientes a épocas de dictadura y de conflictos armados internos. Esta impunidad también se ha mantenido en casos más recientes que revelan cómo esta práctica sigue siendo perpetrada por militares, agentes policiales y autoridades penitenciarias, entre otros. CEJIL ha observado con preocupación las consecuencias agravadas que tiene la tortura contra sectores en situación o condición de mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres campesinos y personas indígenas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que "CEJIL reconoce que la tortura todavía es una práctica habitual y tristemente generalizada en el quehacer de distintos agentes del Estado en el continente. Se comete como castigo, por causas discriminatorias, como forma de investigación, o con otros fines, y es una vejación especialmente grave porque habitualmente se practica mientras la víctima está en custodia, en una circunstancia de vulnerabilidad total".

Asimismo, Krsticevic señaló que los Estados tienen la obligación de tipificar adecuadamente la tortura, investigarla diligentemente por autoridades del fuero ordinario y, si es el caso, eliminar todos los obstáculos que garanticen la impunidad de este delito. "En la actualidad, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú desafortunadamente son algunos de los países que están en deuda con el avance de investigaciones de torturas", agregó.

De acuerdo con los instrumentos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la tortura es imprescriptible y su prohibición es “absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra hoy, 26 de junio, a partir de la resolución 52/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, CEJIL insta a los Estados a cumplir con el objetivo para el cual fue nombrado este día: poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas de la misma. De igual manera, , CEJIL insta a los Estados del hemisferio para que dimensionen la gravedad de esta violación a los derechos humanos y honren los compromisos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, los Estados deben, en primer lugar, comprometerse a hacer una investigación adecuada de este tipo de casos como un paso primordial para la eliminación de esta práctica.

Distribuir contenido