CEJIL

Documento de Coyuntura Nº 10 - Proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Reflexiones hacia una reforma

Selección de integrantes CIDH y Corte IDH

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge  propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Invitación: una conversación sobre los retos pendientes en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.

Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil

 

 

 

 

Jue, 12/03/2015

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.
Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil
 
 
 

CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales

La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha validado la elección de los magistrados y magistradas realizada para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones.

CEJIL quiere expresar su rechazo a esta decisión ya que al adoptarla, la CC incumple la normativa interna y los estándares internacionales para este tipo de procesos.

Mar, 25/11/2014

Comisiones de Postulacion Creditos el PeriodicoSan José, 25 de noviembre de 2014.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresa su rechazo a la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, que valida la elección de los magistrados y magistradas electas para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones, pese al incumplimiento manifiesto de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre este tipo de procesos, tanto por parte de las comisiones de postulación como por parte del Congreso de la República.

Los nombramientos, habían sido temporalmente suspendidos en virtud de un amparo provisional otorgado por la CC el pasado 9 de octubre. Ante la Corte de Constitucionalidad, numerosas personas y actores de sociedad civil alegaron importantes irregularidades en el proceso, tales como la falta de verificación y calificación adecuada del mérito y la capacidad de los candidatos y candidatas, la falta de transparencia en algunas fases de los procesos, la existencia de conflictos de intereses en los nombramientos, entre otros.

Pese a lo anterior, la CC no analizó el fondo de los argumentos, consideró en términos generales que el Congreso no había incurrido en violación alguna y omitió analizar las denuncias que pesaron por el proceso seguido en las comisiones de postulación. De esta manera, el Tribunal Constitucional obvia las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por importantes organismos de protección internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes recientemente habían instado a las autoridades a respetar la independencia judicial y, consecuentemente, a revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Sobre este tema, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que el  adecuado proceso de nombramiento y selección de las y los operadores de justicia constituye uno de los presupuestos esenciales para la garantía de independencia judicial. A su vez, estos órganos han destacado que “si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas”.

“La resolución de la Corte de Constitucionalidad profundiza la crisis institucional que actualmente enfrenta Guatemala. La validación de las elecciones judiciales sin garantizar una elección basada en méritos pone en serio riesgo el principio de independencia de poderes y afecta el estado de Derecho” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL lamenta la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad ya que afecta el acceso a la justicia de todas las personas guatemaltecas al no garantizar la independencia judicial, lo que implica que los y las habitantes de este país no tendrán certeza de la capacidad e idoneidad de las personas que impartan justicia.

A la vez, hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores sociales para que se pronuncien ante este acontecimiento y para que se unan en la observación de las actuaciones de las personas nombradas y denuncien aquellas que riñan las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.  Finalmente, solicitamos a las autoridades proteger a los diversos actores que han denunciado irregularidades en los procesos y así evitar que sufran represalias por sus denuncias.

Créditos Fotográficos El Periódico

 

Documento de Coyuntura Nº 9 - Los debates sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en democracia. Memoria histórica del proceso de reflexión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2011/2014.

Los debates sobre el rol de la CIDH en Democracia

En este documento, CEJIL comparte su visión sobre el proceso de reflexión referido al  Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se llevó a cabo entre los años 2011 a 2014, ofreciendo el mismo como aporte para futuros debates orientados a un genuino fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

 

 

 


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

CEJIL expresa preocupación ante retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en Nicaragua

Reforma reglamentaria violenta estándares internacionales

San José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

 

Mié, 03/09/2014

Fotografía Ilustrativa Violencia contra la mujerSan José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

La nueva norma reglamentaria también privilegia la aplicación de la mediación como método para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres.

Respecto de esta figura procesal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” manifestó su preocupación por la utilización de dicho mecanismo porque generalmente perjudica a las víctimas. De acuerdo con la CIDH las mujeres se encuentran en una situación de desventaja y desigualdad y al aplicar la mediación se obstaculiza su acceso a la justicia y la eventual sanción del agresor.

Asimismo, el citado Reglamento modifica el tipo penal de femicidio y lo limita a las relaciones interpersonales de pareja, irrespetando lo establecido previamente en la ley en cuanto a que dicho delito se podría configurar “en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres”.  En Nicaragua solamente durante el primer semestre de 2014, la Red de Mujeres contra la Violencia reportó 47 femicidios, 4 más que el mismo periodo en el 2013.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de dicho país, durante el último trimestre de 2013, evaluó a 1162 mujeres por violencia sexual y a 1659 por violencia intrafamiliar.

Ante esta grave situación, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la celebración de diversas audiencias temáticas, como el Consejo de Derechos Humanos, a través de las evaluaciones realizadas bajo el mecanismo del Examen Periódico Universal, han recomendado al Estado nicaragüense adecuar su legislación para garantizar los derechos de las mujeres y adoptar políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra estas.

Dichas obligaciones internacionales también derivan de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, la cual fue ratificada por el Estado de Nicaragua desde el año 1995.

“El reglamento aprobado no constituye una acción efectiva para proteger los derechos de las niñas y las mujeres, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales y dejando en desprotección a este grupo en situación de vulnerabilidad” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades nicaragüenses para que se reforme el reglamento de la Ley 779 y se cumpla con la obligación de adecuar dicha normativa a los estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

(+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

30 de Agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa

CEJIL se une al esfuerzo global de resaltar esta fecha, en el tercer año de su celebración

Washington DC, 29 de agosto del 2014. La comunidad internacional conmemora el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, recordando a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce  su paradero.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha querido unirse a esta iniciativa que comenzara hace media década la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y concluyera con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010

Vie, 29/08/2014

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile. Chile. Washington DC, 29 de agosto del 2014. La comunidad internacional conmemora el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, recordando a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce  su paradero.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha querido unirse a esta iniciativa que comenzara hace media década la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y concluyera con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, donde se recogía:

“La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.” (Resolución A/RES/65/209 Asamblea General de las Naciones Unidas).

Actualmente el uso de la desaparición forzada está amparada en la impunidad, por ejemplo en México apenas 25% de los delitos son denunciados y sólo el 2% resulta en una sentencia condenatoria de un total de 65 000 casos conocidos por la  Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995 (dato registrado en el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU) A la falta de esclarecimiento de las desapariciones del pasado se suman día a día nuevas víctimas.

Asimismo, en el año 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por “la persistencia y la actualidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región, y la invisibilidad en que permanece esta situación”, la entidad destacó además en esa ocasión que existe aún negación del problema como tal, lo que propicia la repetición de los crímenes.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, apunta al respecto que “es crucial que el compromiso con la erradicación de la desaparición forzada se manifieste en acciones claras de los Estados para avanzar las investigaciones penales que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es importante evidenciar que muchos Estados no han siquiera adoptado legislación específica para combatir e investigar delitos de desaparición forzada, lo cual se inicia por la tipificación del delito de desaparición forzada como tal; incluso países como Guatemala, Perú, Brasil y México siguen sin tipificar el delito de desaparición forzada pese a tener sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordenan”.

CEJIL recuerda la deuda pendiente con la obtención de verdad, reparación y justicia sobre los cientos de casos de desaparición forzada en el continente, especialmente al celebrarse 20 años de la creación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) en junio de este año.

También CEJIL reconoce el papel fundamental de los familiares de los y las desaparecidas. Por ello, quiere sumarse a sus voces en un llamado a los Estados del continente para que renueven su compromiso con la investigación y el esclarecimiento de los hechos que derivaron a las miles de desapariciones, así como insta a que se erradique la desaparición forzada y se de reparación pronta a los familiares.

En este día honramos especialmente la memoria de:

  • Los 45 000 desaparecidos durante el conflicto armado guatemalteco entre 1960-1996.
  • José Carlos Trujillo Oroza (Bolivia) desaparecido en 1972
  • Heliodoro Portugal (Panamá) desaparecido desde el 1970
  • Los desaparecidos durante la Guerrilla de Araguaia (Brasil) entre 1972 y 1975.
  • María Claudia García Iruretagoyena de Gelman (Uruguay) desaparecida en 1976.
  • Marco Antonio Molina Theissen (Guatemala) desaparecido desde 1981.
  • Los 12 desaparecidos de la retoma del Palacio de Justicia (Colombia) desde 1985.
  • Efraín Bámaca Velázquez  (Guatemala) desaparecido desde 1992.
  • Víctimas de La Cantuta (Perú) en 1992.
  • Kenneth Ney Anzualdo (Perú) desparecido desde 1993.
  • Narciso González (República Dominicana) desaparecido desde 1994.
  • Jesús Ángel Gutiérrez Olvera (México) desaparecido desde el 2002.

Información Adicional:

Comunicado de la CIDH (147 período de sesiones)

Comunicado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas

Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

CEJIL

+(506) 2280-7473

daraya@cejil.org

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

CEJIL lanza publicación sobre reformas al reglamento de la CIDH

Evento el 31 de Octubre del 2013

En el marco del 149º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) tiene el placer de invitarles a la presentación de su publicación:

“Apuntes sobre las Reformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cambios derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013”

Jueves 31 de octubre de 2013, 6:00pm

Lun, 28/10/2013

En el marco del 149º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:


el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) tiene el placer de invitarles a la presentación de su publicación

“Apuntes sobre las Reformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cambios derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013”

Palabras de bienvenida: José de Jesús Orozco, Presidente de la CIDH

Presentación: Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL

Palabras de cierre: Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH

La presentación estará seguida de un brindis,

Jueves 31 de octubre de 2013, 6:00pm

Salón Padilha Vidal, CIDH, 1889 F Street, NW, Washington

Libro disponible aquí en formato PDF


Invitación al lanzamiento del libro de CEJIL

CEJIL llama al Arzobispo de San Salvador a reconsiderar la decisión de cierre de Tutela Legal y a proteger los testimonios de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos

CEJIL escribió al Arzobispo de San Salvador sobre Tutela Legal
  • El pasado lunes fue dada a conocer la decisión del Arzobispado de cerrar Tutela Legal.
  • La institución fue creada en 1892 por Arzobispado de San Salvador y reunía los testimonios de cerca de 30,000 víctimas del conflicto armado.

En esta oportunidad nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra preocupación por el cierre inesperado e intempestivo de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante “Tutela Legal” u “OTLA”). Como es de su conocimiento,  por décadas hemos compartido el trabajo con el equipo de Tutela Legal. Juntos, con ellas y ellos, hemos asumido, entre otros casos, la representación  de las víctimas del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, y el asesinato de Monseñor Romero y otros, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Jue, 03/10/2013

Washington D.C. y San José, 3 de octubre de 2013

Mons. José Luis Escobar Alas

Arzobispo de San Salvador

República de El Salvador

PRESENTE

 

Ref.: Cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador

 

Distinguido monseñor Escobar Alas:

 

Reciba un cordial saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos.

 

En esta oportunidad nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra preocupación por el cierre inesperado e intempestivo de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante “Tutela Legal” u “OTLA”). Como es de su conocimiento,  por décadas hemos compartido el trabajo con el equipo de Tutela Legal. Juntos, con ellas y ellos, hemos asumido, entre otros casos, la representación  de las víctimas del caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, y el asesinato de Monseñor Romero y otros, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

 

Según lo que se ha reportado en la prensa y confirmado por  las personas que trabajaron para Tutela Legal, la razón para el cierre consiste en que la organización ya cumplió con su cometido y que en la actualidad no tiene razón de ser[1].

 

Al respecto, quisiéramos empezar con una historia de fortaleza y dignidad de María Julia Hernández. En 1989, la entonces directora de Tutela Legal, recorrió las montañas de Morazán en compañía de un equipo de abogados, para convencer a los sobrevivientes de la Masacre de El Mozote y comunidades aledañas de interponer la denuncia por las violaciones sufridas. El Mozote tiene el triste reconocimiento de ser la mayor masacre registrada en nuestro continente. Es así como 22 años después, en el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que no sólo dignifica a las víctimas sino que establece importantes medidas de reparación que ayudarán al Estado salvadoreño a alcanzar finalmente la anhelada justicia y particularmente a prevenir que ese tipo de hechos vuelvan a ocurrir[2].

 

Sólo el año pasado, el 16 de enero de 2012, con ocasión del 20º Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el Presidente de El Salvador, señor Mauricio Funes, pronunció un discurso en El Mozote en el cual manifestó, entre otros:

 

Como Jefe del Estado, […] reconozco que en los cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, los días y las noches del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, asesinaron a cerca de un millar de personas, la mayoría niñas y niños. Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas […]. Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño […] pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas. Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable. Este pedido de perdón, que no pretende borrar el dolor, es un acto de reconocimiento y de dignificación de las víctimas de esta tragedia. […][3].

 

Dicho reconocimiento de responsabilidad -y el cambio del discurso público que implicó-, así como la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2012 sobre los hechos referidos, no hubiesen sido posibles sin la persistencia de quienes han formado parte de Tutela Legal. Esta organización se distinguió por insistir en los valores de la verdad, la justicia, y la dignidad de cada persona, valores que fueron relevantes para el pasado y que siguen siendo relevantes para el presente de El Salvador.

 

Desde el año de 1982, cuando se funda oficialmente la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, precedida por la Oficina de Socorro Jurídico, han sido los sectores más excluidos quienes se han beneficiado de su existencia. De hecho, la oficina de Socorro Jurídico surge con el objetivo de brindar ayuda y orientación legal a los más pobres del país[4]. Dicho objetivo continuó y fue eje transversal del trabajo que desempeñara la OTLA en sus 31 años de existencia.

 

Gracias a la mística, entrega y profesionalismo del personal de Tutela Legal, miles de víctimas de violaciones de derechos humanos han confiado no sólo sus testimonios sino sus vidas mismas con la esperanza de que se conozca la verdad y se les garantice sus derechos a obtener justicia y reparación.

 

Si bien en la actualidad no existe un conflicto armado en El Salvador, es lo cierto que dichos objetivos no se han logrado plenamente debido a la existencia de diversos obstáculos, entre ellos la Ley de Amnistía que ha perpetuado la impunidad para los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos.

 

Ahora bien, es de nuestro conocimiento que la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad contra dicha legislación, de manera que nos encontramos frente a un momento histórico, en el cual es posible lograr la nulidad de la amnistía y proceder a investigar, identificar y juzgar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron miles de salvadoreños. En este contexto, hoy más que nunca se requiere de la presencia activa y principista de Tutela Legal.

 

Más allá de lo anterior, conocemos que Tutela Legal se encuentra acompañando otros casos que se refieren a violaciones de derechos humanos en el contexto actual, tales como aquellas vinculadas con la garantía de los derechos económicos y sociales.

 

Para CEJIL, la importancia de contar con una organización de derechos humanos que haya sido protagonista en la salvaguarda de los más débiles durante el conflicto armado y que posee todavía la firmeza para señalar las injusticias que genera la impunidad y la desigualdad, sigue vigente.

 

De esta manera resulta preocupante su decisión, particularmente en momentos en que su Santidad, el Papa Francisco se encuentra abogando por una Iglesia más cercana a los pobres y más coherente con los valores de solidaridad y justicia social.

 

En este sentido, el Papa ha señalado lo siguiente:

 

La Iglesia, abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas, que claman al cielo, desea ofrecer su colaboración a toda iniciativa que pueda significar un verdadero desarrollo de cada hombre y de todo el hombre[5].

 

A su vez, su Santidad hizo un llamado para trabajar por un mundo más justo y más solidario. Al respecto señaló:

 

Me gustaría hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos los hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: que no se cansen de trabajar por un mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo. Que cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias sociales[6].

 

Acorde con lo anterior, desde CEJIL respetuosamente le solicitamos reconsiderar su decisión y continuar con el trabajo de Tutela Legal en favor de los más excluidos, así como continuar con el legado que costó la vida a Monseñor Oscar Arnulfo Romero.  A este respecto, recordamos parte de su discurso en la homilía en la que posteriormente fuera asesinado:

 

Que este cuerpo inmolado y esta Sangre Sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo[7].

 

Es la justicia que proclamaba Monseñor en sus homilías la que todavía siguen reclamando miles de víctimas en El Salvador, muchas de ellas acompañadas por Tutela Legal.

 

Finalmente, quisiéramos señalar que la manera en la que se cerraron las actividades no ha permitido dar cuenta de la obligación legal y ética de traspaso de responsabilidades en el litigio de los casos pendientes y del acervo documental en manos de esta oficina.

 

En este sentido, quisiéramos destacar la importancia de proteger la confidencialidad de las víctimas, así como asegurar la devolución de materiales a las personas que representa Tutela Legal, el traslado de responsabilidades a los abogados y abogadas que eventualmente asuman los casos, y cumplir con el deber de resguardar adecuadamente el archivo histórico que se encuentra en custodia de la organización y que contiene miles de testimonios y expedientes relacionados con graves violaciones de derechos humanos, los cuales han sido obtenidos producto de la confianza de las víctimas en la Iglesia Católica. Estas valoraciones deben ser consideradas en relación con el anuncio que se hiciera sobre la creación de un centro de documentación y archivos por parte del arzobispado.

 

Otra alternativa a la creación del centro de documentación es que dicho archivo sea entregado a la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En cualquier supuesto, deben tomarse las medidas pertinentes para asegurar la debida protección de los documentos así como la confidencialidad de la información brindada por las víctimas.

 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra consideración y estima,

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva Directora

CEJIL

 

Marcia Aguiluz Soto

Programa Centro América y México

CEJIL

 


[1] Portal Web El Faro. Arzobispo cierra el socorro jurídico para los pobres creado por monseñor Romero. 30 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.elfaro.net/es/201309/noticias/13493/

[2] Cfr. Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 19.

[3] Funes, M. Discurso por el XX aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Mozote 16 enero 2012. Disponible en: http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/2019-16-enero-2012-/-presidente-funes-xx-aniversario-de-la-firma-de-los-acuerdos-de-paz-en-el-mozote.html?tmpl=component&print=1

[4] Extracto del discurso brindado por Roberto Cuéllar: Un apóstol de los derechos humanos. 31 de marzo de 2005. Disponible en:  http://www.fasic.org/OscarRomeroylosDerechosHumanos.pdf

[5] Discurso del Sumo Pontífice Papa Francisco en fecha 25 de julio de 2013. Río de Janeiro. Brasil. Disponible en: http://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-franc...

[6] Ibídem.

[7] Homilía realizada en la misa del 24 de marzo de 1980 por el Arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero. San Salvador. El Salvador.

Distribuir contenido