Detenciones arbitrarias

República Dominicana niega discriminación y expulsiones masivas ante la Corte IDH

México DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Mié, 09/10/2013

Audiencia ante la Corte IDH en la ciudad de México sobre el caso Benito Tide Méndez y otrosMéxico DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Las organizaciones representantes de las víctimas señalamos al Tribunal que los hechos del presente caso no son aislados, ya que se enmarcan dentro de un patrón de expulsiones masivas y una política de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana de padres con estatus irregular en el país.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, mencionó que “la audiencia permitió evidenciar la discriminación racial en el tratamiento de la población afrodescendiente, particularmente haitiana  y aquella de ascendencia haitiana”. Lamentó además que  la defensa del Estado dominicano no haya respetado el derecho de defensa: “en la audiencia el representante gubernamental presentó pruebas en un momento inoportuno y manipuló la declaración del único testigo."

“Sorprende que el Estado dominicano recurriera al elemento de nacionalismo y xenofobia para evidenciar la negación de la discriminación racial”, señaló Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA. Quien añadió que “el debate no terminará con esta audiencia, nuestras organizaciones seguiremos buscando justicia tanto a nivel interno como en las instancias internacionales”.

“Los alegatos del Estado fueron inconsistentes y contradictorios al negar la existencia de un patrón de expulsiones colectivas, la cual tuvo lugar no solamente durante la época de los hechos del presente caso, sino que se perpetúa hasta el día de hoy”, comentó Paola García Rey  de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia.

Por su parte, Lisane André de GARR, agregó que “nuestro trabajo nació en el momento de las repatriaciones de 1991, el cual alcanzó la expulsión de 35 mil personas. Esperamos que con este caso podamos dejar de lado ese aspecto tan fuerte de nuestro trabajo, en la medida que se apliquen los estándares de derechos humanos aquí discutidos y cesen las expulsiones colectivas.”

Al cierre de la audiencia las organizaciones pidieron al Tribunal que su fallo otorgue una reparación integral a las víctimas. Debido al comportamiento del Estado durante la audiencia, consideramos que el reconocimiento de responsabilidad internacional y una disculpa pública por los hechos del caso reviste una particular importancia.

Después de la audiencia, las organizaciones y el Estado dominicano, respectivamente, deberán presentar sus escritos finales en el plazo de un mes. Se espera que la Corte IDH emita su fallo a principios del siguiente año.

La audiencia fue transmitida en vivo y puede consultarse el video de la misma en la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.

Se exige cierre inmediato de Guantánamo con justicia

CEJIL apoya comunicado conjunto

 

Foto: Amnistía Internacional

Washington D.C, 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo.

Mar, 11/01/2011


Foto: Amnistía Internacional
Washington D.C 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo: detenciones por tiempo indefinido, sin cargos ni proceso; el empleo de comisiones militares para enjuiciar a algunos presos; y gestiones destinadas a obstaculizar la rendición de cuentas por actos de tortura, tanto al negarse a realizar investigaciones independientes y serias, como al procurar que los tribunales no conozcan de las demandas entabladas por ex detenidos.
 
 
Como entidades de derechos humanos y personas de conciencia, exigimos la clausura de Guantánamo, la transparencia en todos los centros de detención administrados por Estados Unidos, y la rendición de cuentas por los abusos cometidos en dichos centros. Denunciamos los sitios de detención clandestinos, incluidos los llamados centros de “filtración” o “tamizado”, entre los que figura la secreta “prisión negra” de Bagram, donde se ha prohibido la entrada incluso al Comité Internacional de la Cruz Roja, y donde se ha constatado el  empleo de interrogatorios abusivos. Asimismo, manifestamos nuestra oposición a las condiciones excesivamente punitivas de reclusión en los penales y centros de detención ubicados en territorio estadounidense, y observamos que la incomunicación prolongada de presos constituye un mecanismo de tortura, prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Rechazamos la continuación, por parte de la administración de Obama, de las políticas ilegales y abusivas de detención e interrogatorios empleadas por el gobierno de Bush.
 
La prisión de Guantánamo se ha convertido en una vergüenza pública para los Estados Unidos, debido a la detención de casi 800 hombres y niños,  que fueron calificados indiscriminadamente como “lo peor de lo peor” y encerrados en una prisión insular concebida para permanecer al margen de la ley, donde los detenidos no tienen derecho alguno a cuestionar la legalidad de su detención ni los abusos a los que se han visto sometidos. Para comenzar, la inmensa mayoría de los presos en Guantánamo jamás debieron ser detenidos. Muchos de ellos corrieron la simple desdicha de encontrarse en el sitio menos oportuno mientras huían del caos de la guerra desatado por la incursión norteamericana en Afganistán. De ellos, sólo uno de cada veinte fue capturado por efectivos estadounidenses. En su mayoría fueron apresados por civiles o autoridades locales, afganos o paquistaníes, para después ser vendidos a las fuerzas norteamericanas a cambio de una recompensa nada despreciable. Según el coronel Lawrence Wilkerson, alto funcionario del Departamento de Estado que desempeñó su cargo durante el mandato de Bush entre 2002 y 2005, la administración de éste sabía desde temprano que la mayoría de los detenidos en Guantánamo eran inocentes pero no los liberó por motivos políticos, no fuera que con ello se restara apoyo al avance, tan buscado por el gobierno, hacia la guerra en Irak en aras de la denominada “guerra global contra el terrorismo”.
 
Queda patente, a estas alturas, que la administración de Obama no prevé el cierre inminente de Guantánamo, objetivo que, ante la oposición del Congreso, pinta aún más distante. La prisión de Guantánamo sigue funcionando  en contravención de las normas tanto éticas como jurídicas, y en perjuicio de nuestra seguridad colectiva. El presidente Obama debe actuar con decisión o, de lo contrario, arriesgarse a que Guantánamo y el régimen de detención de Bush pasen a convertirse en elementos permanentes de la realidad estadounidense. Convocamos al presidente Obama, y a las instancias correspondientes de su administración, para lo siguiente:
 
• Reasumir el compromiso de clausurar Guantánamo con prontitud, y aclarar que muchos de los allí detenidos lo están y estuvieron por error. Queda ya bien constatado, incluso por boca de ex funcionarios del gobierno de Bush, que la mayoría de los presos en Guantánamo nunca debieron ser detenidos. Si el presidente Obama, echando mano de sus facultades de dirigente, reconociera tal hecho, se crearía el ambiente político propicio para la clausura de la prisión.
 
Procesar o liberar a los detenidos en Guantánamo. En 2004 y 2008, la Corte Suprema estadounidense resolvió que los presos guantanameros podrán impugnar su detención presentando el recurso de hábeas corpus ante los tribunales federales de Estados Unidos. Desde entonces, la gran mayoría de los fallos emitidos al respecto por la magistratura federal dan por insuficientes las pruebas con las que el gobierno pretendía justificar que los querellantes siguieran detenidos. Existen otros detenidos en Guantánamo cuya excarcelación ha sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense integrada por representantes de cada una de las entidades gubernamentales interesadas, entre ellas los departamentos de Justicia y de Defensa, así como la CIA. Se debe repatriar o reubicar de inmediato a todos los presos cuya liberación sea aprobada por los tribunales o por el gobierno, y en los demás casos se deben entablar los cargos jurídicos procedentes para dar paso a un proceso abierto y justo.
 
Abandonar cualquier plan que contemple la detención indefinida. El gobierno de Obama ha expresado que seguirán detenidos por tiempo indefinido unos 50 de los presos en Guantánamo, sin imputarse cargo ni proceso alguno en su contra, y que tiene previsto formalizar su detención indefinida por medio de una orden ejecutiva. Según la justificación oficial, estos hombres son “demasiado peligrosos” para ser liberados, pero su procesamiento “no es factible”, supuestamente porque las pruebas en su contra no cumplirían las normas mínimas exigidas por la justicia, o porque los juicios pudieran comprometer las labores de inteligencia, o bien porque los detenidos podrían impugnar las pruebas obtenidas con métodos coactivos. Sin embargo, los tribunales federales son plenamente capaces de manejar pruebas sensibles, y si el gobierno no tiene, en contra de algún preso, más que unas pruebas viciadas, entonces éstas no son ni lícitas ni fidedignas, ni tampoco se justifica que siga detenido. El plan de la administración, consistente en la detención indefinida, constituye un mecanismo de reclusión preventiva basado no en actos ya cometidos y comprobables, sino en la supuesta probabilidad de un eventual delito. Dicho plan es llanamente incompatible con el estado de derecho, y así debe ser rechazado.
 
Levantar la prohibición general de las repatriaciones a Yemen. La administración de Obama debe poner fin a la suspensión indefinida de las repatriaciones de yemeníes detenidos en Guantánamo, para permitir que vuelvan a su país aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido por la justicia, o cuya liberación haya sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense. Los yemeníes, al igual que los demás detenidos, deben ser evaluados a título individual de acuerdo con lo que hayan hecho, sin ser castigados por su nacionalidad ni por supuestos actos ajenos.
 
Poner fin a las repatriaciones forzadas de aquellos cuya seguridad peligraría en caso de ser trasladados. Algunos de los presos en Guantánamo han expresado fuertes temores de ser devueltos a su país de origen, y no deben ser repatriados cuando existan razones para creer que a su regreso quedarían expuestos a algún peligro. No se debe trasladar a ningún detenido hacia un país donde se ciernan riesgos verosímiles sobre su seguridad.
 
• Acabar con la prohibición de la reubicación dentro de Estados Unidos. Más de 15 países, entre ellos Francia, España, Portugal, Hungría, Bélgica, Suiza, Albania, Letonia y Palaos, han aceptado sin contratiempos la reubicación de detenidos dentro de su territorio. Así, el Gobierno estadounidense también debe ofrecerse a recibir a aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido, o cuyo traslado haya sido aprobado, pero que no tengan otro país al que puedan reubicarse en condiciones de seguridad. (En el caso de unos detenidos musulmanes de la etnia uigur, cuya inocencia era evidente, un juez federal ordenó su liberación, pero las administraciones tanto de Bush como de Obama han apelado contra el fallo; por otra parte, el Congreso estadounidense tuvo a bien prohibir la reubicación en Estados Unidos de personas detenidas sin justificación). Si se permitiera la reubicación de estas personas en territorio estadounidense, se alentaría a otros países a permitir lo mismo, lo que contribuiría a lograr la clausura de Guantánamo.
• Investigar a fondo las muertes de quienes fallecieron detenidos, entre ellos los tres que murieron en 2006. Tres detenidos, quienes nunca fueron acusados de delito alguno, murieron en Guantánamo en junio de 2006. A pesar de que en un principio se informaba de suicidios, las recientes declaraciones de cuatro soldados emplazados en la base de Guantánamo ponen muy en entredicho las circunstancias de estas muertes. Hasta la fecha, la administración de Obama no sólo ha omitido realizar una investigación independiente y seria de las muertes, sino que se ha opuesto a que los tribunales investiguen o conozcan de tales asuntos.
• Garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. No obstante su promesa de abrir una nueva época de rendición de cuentas y de respeto al estado de derecho, la administración de Obama ha intervenido en repetidas ocasiones para garantizar que gocen de impunidad los autores intelectuales y materiales de actos de tortura cometidos durante la administración de Bush. La administración de Obama debe cumplir su promesa de investigar a fondo los graves y constatados abusos, entre ellos actos de tortura, cometidos tanto en Guantánamo como en otras partes del mundo. En concreto, la Procuraduría General estadounidense debe nombrar una fiscalía independiente, plenamente facultada para investigar y procesar a los responsables de actos de tortura y otros crímenes de guerra, sin importar la categoría de las autoridades que resulten implicadas por los hechos. Asimismo, el presidente Obama debe denunciar las presiones que, según informaciones recién divulgadas, empleó su propio gobierno a fin de obstaculizar las gestiones de la justicia española destinadas a investigar flagrantes violaciones del derecho internacional, incluida la tortura de ex detenidos en Guantánamo y otras personas sometidas al régimen de tortura estadounidense, y debe brindar su plena cooperación con los procesos jurídicos seguidos en España.
Hacerse responsable del bienestar de los que sean liberados. El gobierno estadounidense no debe mantener a los presos detenidos durante años, en condiciones infrahumanas, sin entablar cargos en su contra, y sometiéndolos a vejaciones que incluyen actos de tortura, para luego repatriarlos y reubicarlos en los confines más remotos del planeta, dejando así que su rehabilitación y reintegración quede en manos de otros gobiernos, otras entidades y otras personas. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que los ex detenidos cuenten con suficiente apoyo y recursos una vez que queden liberados.
 
Asimismo, instamos a la comunidad internacional para que ofrezca condiciones de seguridad a los presos de Guantánamo que no pueden salir hasta que otro país se manifieste dispuesto a recibirlos, y para que garantice sus derechos y su bienestar una vez reubicados. En numerosos casos, los reubicados no han recibido permiso para trabajar, ni para viajar, ni para reunificarse con su familia tras años de separación y angustia, y muchos de ellos se encuentran en una situación jurídica incierta.
 
Invitamos a las personas de conciencia de todo el mundo a que colaboren con nosotros a fin de lograr el cierre con justicia de Guantánamo, y para que reasuman el compromiso de incidir hacia este objetivo.
 
Adhesion Institucional: The Center for Constitutional Rights (CCR); Amnesty International U.S.A. (AI-USA); Witness Against Torture (WAT); International Federation for Human Rights (FIDH); National Lawyers Guild; Center for Justice and International Law (CEJIL); Women Journalists Without Chains (WJWC-Yemen); Human Rights Information & Training Center (HRITC-Yemen); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS-Egypt); La Ligue Algerienne pour la Defense des Droits de l'Homme (LADDH-Algeria); Comite de Accion Juridica (CAJ-Argentina); Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Observatorio Ciudadano (OC-Chile); La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH-Ecuador); Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE-Spain); Scotland Against Criminalising Communities; Human Rights Foundation of Turkey (HRFT-Turkey); Finnish League for Human Rights (FLHR); Galway Alliance Against War (Ireland); The Egyptian Organization for Human Rights; Human Rights Association (IHD-Turkey); Cageprisoners-UK; Physicians for Human Rights; Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASCC); The Program for Torture Victims; Metro NY Religious Campaign Against Torture; Guantánamo Justice Center-UK; Progressive Democrats of America; Project SALAM; Council on American-Islamic Relations (CAIR); Appeal for Justice: A Human Rights Law Practice; Center for Justice and Accountability; South Asia Solidarity Initiative (SASI), Action for a Progressive Pakistan; Pakistan Solidarity Network; Bill of Rights Defense Committee (BORDC); Defending Dissent Foundation; No More Guantánamos; War Resisters League; Friends of Human Rights; National Coalition to Protect Civil Freedoms (NCPCF); Global Exchange; Alliance for Justice; Human Rights Defense Center; CODEPINK for Peace; WESPAC Foundation; International Justice Network; United for Peace and Justice (UFPJ); Amnesty International Ithaca Group 73; Military Law Task Force of the National Lawyers Guild; Disbar Torture Lawyers; Casa Esperanza; New Security Action; Historians Against the War; NC Immigrant Rights Project; womenstanding; Peace and Justice Task Force at All Souls Unitarian Church; Society of Jesus- New York Province; Iraqi Refugees Assistance Connection; Peace and Justice Center of Sonoma Country (CA); WBAI Local Station Board; San Miguel County Board of Commissioners; Voices for Creative Nonviolence; Theater Three Collaborative; Progressive Peace Coalition of Columbus, Ohio; Peace Action of Montgomery County, MD; Peace Action New York State; Pax Christi Metro New York; Western New York Peace Center; White Rose Catholic Worker; Women in Black, Idyllwild CA; World Can't Wait; Connie Hogarth Center for Social Action; Warisacrime.org; Freedetainees.org; The Make Agency; Justice Through Music; Justice for the Newburgh Four; War Criminals Watch; BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (Bethlehem, West Bank); Palestinian Centre for Human Rights (PCHR-Gaza); Palestinian Human Rights Organization (PHRO-Lebanon); Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria (CDF-Syria); Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria (DAD-Syria); The Human Rights Organization in Syria (MAF-Syria); The Arab Organization for Human Rights in Syria (AOHRS-Syria); National Organization for Human Rights in Syria (NOHR-Syria); The Kurdish Committee for Human Rights in Syria (KRDCHR-Syria); Civil Liberties Organization (CLO-Nigeria); Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS-Syria); Committees for the Defense of Democracy, Freedom, and Human Rights in Syria (CDY-Syria); Asamblea Permanente de Derechos Humanos-Bolivia (APDHB-Bolivia); Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN-Cuba); La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh-Mexico); La Fundación Diego Lucero A.C.; La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; El Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México); La Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); El Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; La Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM-Mexico); Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas - México; La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU-Ecuador); El Centro de Capacitación Social de Panama; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú); Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA-Venezuela); Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela; Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC-Venezuela); Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela; Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba (Bolivia); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA- El Salvador); Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP-Venezuela); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU- Ecuador); Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM- Ecuador); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; Malta Association of Human Rights; International Muslim Women's League-Europe; Flemington & Kensington Community Legal Centre Inc. (FKCLC-Australia), Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU – Italy); Reforest the Earth, UK; Save Shaker Aamer Campaign- Last UK Resident in Guantánamo (SSAC); Brighton Against Guantánamo (UK); Worthing Against War (UK); Citizens United for Rehabilitation of Errants (CURE); Lewes Amnesty International Group (UK); Hellenic League for Human Rights Apoyo Individual: Ann Wright (Ret. U.S. Army Colonel and State Department Official); Ray McGovern (Former US Army Intelligence Officer; CIA analyst); Ray Abourezk (Former U.S. Senator, South Dakota); Karen Greenberg; Chris Hedges (Journalist and Author, Pulitzer Prize Winner); Tom Hayden (Peace and Justice Resource Center); Yusuf Alatas (Vice President, FIDH); Manuel Olle Sese (Professor of Criminal Law, Rey Juan Carlos University, Madrid. Member of the Human Rights Association of Spain); Luis Acebal-Monfort (Board Member, Human Rights Association of Spain); Omar Deghayes (Legal Director of Guantánamo Justice Center; formerly detained at Guantánamo); Julie Weiner (M.S., Licensed Mental Health Counselor); Moazzam Begg (Director of Cageprisoners; formerly detained at Guantánamo); Andy Worthington (Journalist, Author, Filmmaker); Raji Sourani (Director, Palestinian Centre for Human Rights); Ariel Dorfman (Chilean author, Duke University); Leili Kashani (Guantánamo Global Justice Initiative, Center for Constitutional Rights); Frida Berrigan (Witness Against Torture); (Pardiss Kebriaei, Habeas Counsel, Center for Constitutional Rights); Abdeen Jabara (Center for Constitutional Rights, Fmr. President of the American-Arab Anti-Discrimination Committee); David J. Cynamon (Attorney, Signing on behalf of Kuwaiti Detainees Fawzi al Odah and Fayiz al Kandari); Candace Gorman (Habeas Counsel); Matthew J. O'Hara (Attorney); E. Victor Mereski (Ret. US Navy, E9); Kristiina Kouros (Secretary General, Human Rights League); Ellen Schrecker (Yeshiva University, Dept. of History); Todd Gitlin (Columbia University, Professor of Journalism and Sociology); Noam Chomsky (Author, Former Institute Professor, MIT); Danial Saoud (President, Committees for the Defense of Freedoms and Human Rights in Syria); Mustafa Osso (President, Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria); Mahmoud Merai (President, The Arab Organization for Human Rights in Syria); Ammar Qurabi (President, National Organization for Human Rights in Syria); Radeef Mustafa (The Kurdish Committee for Human Rights in Syria); Judith Butler (Author, Professor of Rhetoric and Comparative Literature, University of California at Berkeley); John D'Emilio (The University of Illinois at Chicago, Gender & Women's Studies and History); Almerindo E. Ojeda (The Guantánamo Testimonials Project); Ozturk Turkdogan (General President, Human Rights Association-Turkey); Yavuz Onen (Former President of Human Rights Foundation of Turkey, Human Rights Activist); Fr. Bob Bossie (SCJ, 8th Day Center For Justice); Michael P. Seng (Professor, The John Marshall Law School); Medea Benjamin (CODEPINK Women for Peace); Leonard Goodman (Attorney); Michael Berube (Pennsylvania State University, Director – Institute for the Arts and Humanities); Alice Kessler-Harris (Columbia University, Dept. of History); Gregory Fried (Suffolk University, Department of Philosophy); Paul A. Passavant (Hobart and William Smith Colleges); Nancy Fraser (The New School, Dept. of Political Science); Anna Marie Smith (Cornell University, Dept. of Government); Richard Flacks (University of California at Santa Barbara, Dept. of Sociology); Eli Zaretsky (The New School, Dept. of History); Maurice Isserman (Hamilton College, Professor of History); Jodi Dean (Hobart and William Smith College, Dept. of Political Science); William Blum (Author); Andrew Arato (The New School, Dept. of Politics); Richard Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Lawrence Wittner (The State University of New York at Albany, Dept. of History); David Newbury (Smith College, Dept. of History); Van Gosse (Franklin and Marshall College, Dept. of History); Jinee Lakoneeta (Drew University, Dept. of Political Science); Nicola Foote (Florida Gulf Coast University, Latin American and Caribbean History); Timothy Patrick McCarthy (Harvard University, Carr Center for Human Rights Policy); Jay Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Paul Apostolidis (Whitman College, Dept. of Political Science); Timothy Kaufman-Osborn (Provost and Dean of the Faculty, Whitman College); Stephen Duncombe (The Gallatin School, New York University, Media Studies); Neil Gordon (Author, The New School, Dept. of English); Jeremy Varon (The New School, Dept. of History); Michael S. Foley (Sheffield University, UK, Dept. of History); Alyson Cole (Queens College and the CUNY Graduate Center, Political Science Department and Women’s Studies Program); Roxanne Dunbar Ortiz (California State University, Professor Emerita); Oz Frankel (The New School, Department of History); Ian Lekus (Harvard University); Cyrus Bina (University of Minnesota, Distinguished Research Professor of Economics); Ben Sheperd (City University of New York, Department of Sociology); William Ayers (University of Illinois at Chicago, Distinguished Professor of Education); Dan Berger (Postdoctoral Fellow, University of Pennsylvania); Amy Kaplan ( University of Pennsylvania, Department of English); Victoria Langland (University of California at Davis, Department of History); Lauren Goodlad (Director, Unit for Criticism, The University of Illinois at Champagne-Urbana); John Morefield (Educational Consultant); Romand Coles (Northern Arizona University, Program for Community, Culture and Environment); Robert Shaffer (Shippensburg University of Pennsylvania, Department of History); Mark Hatlie (University of Maryland University College, Department of History); Robby Cohen (New York University, Department of Teaching and Learning); David Lelyveld (William Patterson University, Department of History); Michael J. Sullivan III (Drexel University, Professor of History and Politics); Michael Hanagan (Vassar University, Department of History); A. Tom Grunfeld (Empire State College, Distinguished Teaching Professor); John M. Shaw (Portland Community College, History Instructor); Nicolas J S Davies (Author); Scott Laderman (University of Minnesota, Duluth, Department of History); Avery Gordon (University of California at Santa Barbara); Dick Bennet (University of Arkansas, Fayetteville, Professor Emeritus of English); Keith Carson (Atlantic Cape Community College, Department of History); E. Wayne Ross (University of British Columbia, Department of Curriculum and Pedagogy); Michael C. Batinski (Department of History, Emeritus); Marc Becker (Truman State University, Professor of History); Marian Mollin (Associate Professor of History, Virginia Tech); Takao Takahara (Meiji Gakuin University, Japan, International Politics and Peace Research); Bruce Cohen (Worcester State University, Department of History); Judith Abbott (Sonoma State University, Department of History); Stan Nadel (University of Portland); Harriet Alonso (City College of New York, Department of History); Ralph Summy (University of Sydney, Centre for Peace & Conflict Studies); Kevin P. Clements (University of Otago, New Zealand, National Centre for Peace & Conflict Studies); Brad Simpson (Princeton University, History and International Affairs); Astra Taylor (Independent Filmmaker); Sam Green (Independent Filmmaker); Joan Wile (Founder and Director, Grandmothers Against the War); Jeff Mangum (Musician, Neutral Milk Hotel); Andrew Boyd (The Other 98% and Agit-Pop Communications); Mitchel Cohen (Brooklyn Greens/Green Party); Robert Avila (arts journalist); Hilton Obenzinger (Author); Doug Rossinow (Metropolitan State University); Paul C. Mishler (Associate Professor of Labor Studies, IU Program in Labor Studies- IUSB); Richard Fedder (Civil Rights Attorney); Connie Hammond (Progressive Peace Coaliton of Ohio); Toby Lieberman (Affordable Housing Loan Program Director, Opportunity Fund, San Jose, CA); Elsie Monge (CEDHU-Ecuador); Cesar Duque (CEDHU-Ecuador); Carolina Pazmiño (CEDHU- Ecuador); Milton Vargas (CEDHU-Ecuador); Consuelo Cano (CEDHU-Ecuador); Alicia Granda (CEDHU-Ecuador); Luisana Aguilar (CEDHU-Ecuador); Susana Díaz (CEDHU-Ecuador); Mario Chuquimarca (CEDHU-Ecuador); Carl Schieren; Afaf Mahfouz; Roger Leisner (Radio Free Maine)

Audiencia sobre el primer caso de un detenido en Guantánamo ante una instancia internacional

Audiencias ante la CIDH


 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lun, 01/11/2010

 

Estados Unidos hace un llamado para que terceros países colaboren con el reasentamiento de un detenido argelino



De izquierda a derecha, Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL, Wells Dixon, abogado senior de CCR, Annette Martínez, abogada de CEJIL y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL durante la audiencia del caso en la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

 

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Djamel Ameziane teme ser repatriado de manera forzada a Argelia. Al ser descendiente de la minoría étnica bereber de la provincia norte de Kabylia, sus abogados temen que su representado pudiera ser blanco de facciones rivales que quisieran reclutarlo en esta región tan inestable.  Su larga detención en Guantánamo, aunada al reconocimiento público del temor de ser repatriado a su país de origen, incrementa su vulnerabilidad.

 

A pesar de ser un candidato ideal para el reasentamiento, no ha obtenido pronunciamiento alguno de un tribunal o instancia de derechos humanos estadounidense o extranjera. Asimismo, sus abogados expresaron que la acción de Habeas Corpus interpuesta hace cinco años no ha resuelto sobre la legalidad de su detención. De conformidad con el derecho internacional, una acción de Habeas Corpus debe ser procesada de manera expedita. El retraso excesivo presentado en este caso no es aceptable ni acorde con los estándares internacionales en la materia.

 

CCR y CEJIL solicitaron la audiencia ante la Comisión con el objetivo de analizar la admisibilidad del caso. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expuso la urgencia de la situación y pidió que este organismo unificara el análisis de la admisibilidad y el fondo del caso para impulsar el proceso. “Alentamos a la CIDH a facilitar un diálogo entre el gobierno estadounidense y otros Estados miembros de la OEA para conseguir una opci ón de reasentamiento seguro para el señor Ameziane”, añadió.

 

En su defensa, Estados Unidos argumentó que la administración de Obama ha hecho avances significativos desde que el presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de cerrar Guantánamo en enero de 2009. Wells Dixon, abogado del CCR reconoció los pasos hasta ahora realizados para el cierre de dicho centro de detención. Sin embargo manifestó su preocupación de que “el señor Ameziane no cuenta con lugar alguno donde pueda ventilar su miedo de persecución en caso de regresar a Argelia”.  Abdul Aziz Naji, ciudadano argelino, fue repatriado de manera forzada desde Guantánamo a su país de origen en julio de 2010.

 

Estados Unidos hizo énfasis en las mejoras de las condiciones de detención en Guantánamo, pero omitió hacer referencia al caso específico de Ameziane. Ante esto, el Comisionado Pinheiro trató de volver a enfocar el debate en torno al detenido. En respuesta el abogado Dixon añadió: “Unas mejores condiciones de detención no son un sustituto adecuado para la libertad ni el debido proceso”.

 

CCR y CEJIL hicieron un llamado a terceros Estados que quisieran reasentar a Djamel Ameziane en su país, petición a la cual Estados Unidos hizo eco.  Como signatario de la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre y Estado Miembro de la OEA, las resoluciones de la CIDH son vinculantes para Estados Unidos. Por ello, el Estado debe dar respuesta a los argumentos presentados por los peticionarios. Mientas tanto, unos 174 detenidos siguen todavía en Guantánamo.

 

El Center for Constitutional Rights se dedica a la promoción y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue fundada en 1996 por abogados que representaban el movimiento de los derechos civiles en el sur. CCR es un organismo sin ánimo de lucro educativo que busca hacer un uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio. www.ccrjustice.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

NOTA

  • ¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Estados Unidos es Estado miembro. Tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en ese ámbito.

¿Qué es el Habeas Corpus? El Habeas Corpus es un recurso o una acción legal, a través de la cual un preso puede ser liberado de una detención ilegal. El recurso puede ser solicitado por el preso o por una persona que lo apoya.

 

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL habla con la prensa después de la audiencia en la Comisión interamericana de derechos humanos el 29 de octubre de 2010 acerca del caso de Djamel Ameziane.


CEJIL recibe postulaciones para Curso Virtual sobre DD.HH. y Sistema Interamericano

CEJIL recibe postulaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de Centroamérica y México para participar en su curso virtual sobre "Uso efectivo y eficiente de los mecanismos de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", que se desarrollará entre el 16 de junio y el 12 de septiembre próximos.

El Curso busca fortalecer las capacidades internas de las organizaciones defensoras de derechos humanos profundizando los conocimientos y el debate sobre las herramientas que ofrece el sistema interamericano.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y  los procedimientos de postulación acceda aquí

Para descargar el cuestionario sobre el caso de estudio acceda aquí

Mié, 26/02/2014

 

 

Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresa su preocupación por actos de violencia en Venezuela

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Lun, 24/02/2014

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM  México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Grupo de trabajo de ONU sobre detención arbitraria emite pronunciamiento en contra de México

México debe garantizar que su sistema de justicia no tome en cuenta pruebas obtenidas mediante tortura

San José, viernes 14 de febrero del 2014. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria informó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que emitió una opinión oficial en la que consideró que el encarcelamiento por cerca de 16 años de los indígenas mexicanos Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre constituyó una detención arbitraria contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

En 1997, los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron detenidos y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en un atentado en contra de policías.

Vie, 14/02/2014

Logo ONUSan José, viernes 14 de febrero del 2014. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria informó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que emitió una opinión oficial en la que consideró que el encarcelamiento por cerca de 16 años de los indígenas mexicanos Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre constituyó una detención arbitraria contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

En 1997, los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron detenidos y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en un atentado en contra de policías. La única prueba para vincularlos con estos delitos fueron sus propias confesiones obtenidas mediante torturas. Pese a lo anterior, ambas personas permanecieron privadas de libertad hasta el 18 de abril de 2013.

El Grupo de Trabajo consideró que la detención inicial de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre (ante la policía y el Ministerio Público) fue arbitraria por no tener base legal alguna que la justificase; asimismo, determinó que su encarcelamiento del 11 de junio de 1997 hasta su liberación el 18 de abril de 2013 fue una detención arbitraria por inobservancia de las normas internacionales del debido proceso.

La decisión del Grupo de Trabajo ocurre a raíz de la información que presentaron Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y CEJIL en noviembre del 2011. Dicho grupo destacó que el gobierno de México no respondió sus pedidos de información.

El caso de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fue recientemente conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que homologó un acuerdo de solución amistosa y dictó su sentencia el 26 de noviembre de 2013. En el acuerdo suscrito, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y se comprometió a reparar adecuadamente el daño y a evitar que se repitan situaciones similares.

"Celebramos las recomendaciones dadas por el Grupo de Trabajo y confiamos que las autoridades mexicanas cumplirán con las mismas, así como con los compromisos asumidos al firmar la solución amistosa ante la Corte IDH, en particular es necesario que el Estado mexicano revise el valor probatorio que se otorga a las confesiones rendidas ante el Ministerio Público y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta su doctrina de inmediatez procesal por la que se da valor preponderante a las primeras declaraciones de imputados pese a que, como en este caso, se hayan obtenido mediante tortura”, señaló  Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Comunicado CEJIL: Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta http://cejil.org/comunicados/indigenas-mexicanos-son-liberados-luego-de-17-anos-de-prision-injusta

Comunicado CEJIL: México reconoce su responsabilidad internacional en caso de personas privadas de libertad arbitrariamente por 15 años http://cejil.org/comunicados/mexico-reconoce-su-responsabilidad-internacional-en-caso-de-personas-privadas-de-libert-0

Sentencia CorteIDH: Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf

Derechos de Fotografía: Organización de Naciones Unidas.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Negligencias judiciales internas en el caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela quedan en evidencia ante la Corte IDH

Tercer caso por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

San José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Jue, 06/02/2014

Fotografía Caso Hermanos Landaeta Vs. VenezuelaSan José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Los hermanos Landaeta, uno de ellos menor de edad al momento de su muerte,  fueron ejecutados extrajudicialmente en 1996, con una diferencia de un mes, en dos episodios en los que participaron agentes de la policía del estado Aragua.

Previo a dichos episodios la familia fue amenazada y acosada por agentes de seguridad del Estado. Posteriormente hubo un proceso judicial plagado de retardos injustificados y negligencias, por lo que ambas ejecuciones permanecen impunes 17 años después.

La Comisionada y Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortíz,  puntualizó al inicio de la audiencia que esta no es la primera vez que la Corte IDH está llamada a conocer un caso que tiene que ver con esta situación en Venezuela. En efecto, la Corte dictó sentencias en el Caso de la Familia Barrios y el Caso de los hermanos Uzcátegui en los últimos años, ambos litigados por CEJIL, en conjunto con la organización COFAVIC.

“La fiscal encargada de la causa por la muerte del niño Eduardo José Landaeta, reconoció en audiencia las negligencias que han ocurrido en  el proceso interno. Ante ello, las organizaciones defensoras de las víctimas solicitamos a la Corte IDH que ordene se retomen las investigaciones en el menor tiempo posible”, enfatizó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL.

Por su parte, Luis Aguilera, de la Comisión de Derechos Humanos  de Justicia y Paz del Estado Aragua, afirmó que “después de 17 años de ocurridos los hechos, finalmente el señor Ignacio Landaeta fue escuchado por un tribunal en su búsqueda por la justicia y verdad en el caso de sus hijos. Pero esto no se detiene aquí, el señor Landaeta continuará la lucha ante los tribunales venezolanos”.

Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Corte Interamericana que se haga justicia, se otorgue una reparación integral a las víctimas y se realicen las investigaciones necesarias que contribuirán a evitar que este tipo de situaciones se repitan tanto en el estado Aragua como en otras partes de Venezuela.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

CEJIL condena doce años de violaciones de derechos humanos en Guantánamo

Debido a violaciones persistentes y flagrantes del derecho internacional, 155 personas siguen detenidas

Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

“Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada, y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir, finalmente, con sus obligaciones internacionales”.

Lun, 13/01/2014

Manifestación 12 años de Guantánamo DC 11-01-2014Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de la sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

“Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir finalmente, con sus obligaciones internacionales”.

Mientras, 155 hombres siguen arbitrariamente detenidos y Guantánamo inicia su 13º año de operaciones, Estados Unidos todavía no ha cumplido con su deber de determinar la situación jurídica de los detenidos a través de un tribunal competente y procesar o liberar a todos los detenidos de acuerdo con el derecho internacional; investigar, procesar y sancionar toda instancia de tortura y malos tratos; y abstenerse de enviar a detenidos a países donde podrían estar en riesgo de tortura.

El desacato reiterado por parte del gobierno estadounidense de estas obligaciones queda evidenciado en resoluciones en 2006 y 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros órganos internacionales de derechos humanos, determinando que el Estado ya había ocasionado daños irreparables a los detenidos y ordenando el cierre inmediato del centro de detención.

El 1 de mayo de 2013, mientras una huelga de hambre masiva amenazó contra la vida y bienestar de los detenidos, la CIDH emitió una Declaración Conjunta con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Salud y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, reiterando enfáticamente “la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a la detención indefinida de personas; disponer su liberación o juzgamiento de acuerdo con las normas del debido proceso y  los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos; permitir el monitoreo independiente por parte de organismos internacionales de derechos humanos; y clausurar el centro de detención de la base naval de Guantánamo”.

Enlaces útiles:

 

 

México reconoce su responsabilidad internacional en caso de personas privadas de libertad arbitrariamente por 15 años

San José, lunes 18 de noviembre del 2013. Este lunes, el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas en dos procesos irregulares en los que se utilizaron las confesiones obtenidas bajo tortura. Además, el Estado aceptó su responsabilidad por la falta de investigación de los hechos denunciados.

El reconocimiento es consecuencia de un proceso de diálogo que inició en agosto del presente año y que culminó este lunes, con la firma de un acuerdo en el cual las autoridades mexicanas se comprometen a reparar integralmente el daño causado a las víctimas así como a investigar los hechos de tortura.

 

Lun, 18/11/2013

San José, lunes 18 de noviembre del 2013. Este lunes, el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas en dos procesos irregulares en los que se utilizaron las confesiones obtenidas bajo tortura. Además, el Estado aceptó su responsabilidad por la falta de investigación de los hechos denunciados.

El reconocimiento es consecuencia de un proceso de diálogo que inició en agosto del presente año y que culminó este lunes, con la firma de un acuerdo en el cual las autoridades mexicanas se comprometen a reparar integralmente el daño causado a las víctimas así como a investigar los hechos de tortura.

Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos arbitrariamente el 6 de junio de 1997 por agentes estatales. Ambos sufrieron torturas físicas y psicológicas en instalaciones de la policía del Distrito Federal con el objetivo de  extraerles confesiones sobre su presunta participación en delitos que no habían cometido.

Con estas confesiones fueron procesados y condenados a tres años por portación de armas y 40 años por inter alia, los delitos de homicidio y lesiones. Esto pese a denunciar a las autoridades las torturas de las que fueron objeto para la obtención de las confesiones, las cuales nunca fueron investigadas.

El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000 y fue elevado a la Corte IDH en el 2013. Sin embargo, las víctimas fueron liberadas el 18 de abril del presente año luego de que un tribunal interno declarara que su confesión había sido obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades. Aun así, Juan y Santiago permanecieron por 15 años en prisión.

En el acuerdo firmado, el Estado mexicano reconoce que es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, se declaró responsable de violentar varios artículos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludamos a las autoridades del Estado mexicano por su disposición a reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Juan y Santiago así como por los compromisos asumidos para reparar el daño causado y para evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo en México.

Más información

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones                                                            

CEJIL                                                                    

daraya@cejil.org                                                                           

(506) 2280-7473 / 506 8820-8588                                                  

Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

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