Defensores de derechos humanos

El Caso de los Campesinos Ecologistas por fin se investiga en el fuero ordinario

Acción se ajusta a lo ordenado por la Corte IDH

México D. F. y San José, Costa Rica, 20 de setiembre de 2011- El Estado mexicano informó el pasado 2 de setiembre que abrió las investigaciones en el fuero civil federal por la tortura sufrida por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Esta acción se ajusta a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Caso Campesinos Ecologistas”. Representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación anunciaron sobre el inicio del proceso durante una reunión con el Centro PRODH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan a las víctimas.

Mar, 20/09/2011

Rodolfo Montiel y su esposa Ubalda Cortés durante la audiencia del caso 'Ecologistas' ante la Corte IDH en San José, Costa Rica, 26 de agosto del 2010. México D.F. y San José, Costa Rica, 20 de septiembre de 2011- El pasado 2 de septiembre de 2011, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que acompañamos el caso de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Campesinos Ecologistas de la Sierra de Guerrero, sostuvimos una reunión con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, en la que fuimos informados de la apertura, en el fuero civil federal, de las investigaciones por las alegaciones de tortura, de conformidad con lo ordenado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En su sentencia de 26 de noviembre de 2010, la CoIDH, resolvió que:

El Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos, de conformidad con el párrafo 215 de la presente Sentencia.

De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones fueron iniciadas el 15 de julio de 2011, bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 y turnadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Al respecto, la propia Titular de la Unidad, la Lic. Alicia Rosas Rubí, refirió que la investigación había sido iniciada por el delito de tortura contemplado en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y bajo su cargo, puesto que recae en su competencia.

La apertura de las investigaciones en el fuero federal representa un paso importante en la demanda de justicia que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera han mantenido desde 1999, año en que con motivo de su activismo ambiental fueron arbitrariamente detenidos por el Ejército y violentados en su integridad física y psicológica, para obligarlos a firmar confesiones autoinculpatorias sobre delitos que no cometieron. En las semanas que siguen, agentes de la PGR, con la coadyuvancia de los representantes de las víctimas, realizarán diversas diligencias para recabar más pruebas del delito de tortura y para deslindar responsabilidades por este crimen, por lo cual es de esperarse que la investigación cuente con avances para finales de este año cuando le toque al Estado mexicano informar a la Corte Interamericana del estado de cumplimiento de la sentencia internacional.

Por lo tanto, desde el Centro Prodh y Cejil:

- Recordamos que la autoridad investigadora deberá tomar en cuenta la verdad histórica y legal establecida en la sentencia de la CoIDH, donde claramente se prueba la participación de elementos castrenses tanto en la detención arbitraria como en la tortura perpetrada en contra de los Campesinos Ecologistas.

- Exhortamos a la autoridad a investigar de acuerdo a los criterios señalados en la sentencia sobre las diversas hipótesis que motivaron los hechos, incluida aquella que refiere su activismo en la defensa del medio ambiente.

- Recordamos que las investigaciones deberán conducirse de manera diligente, atendiendo a los estándares más altos de derechos humanos y velando en todo momento por el derecho de las víctimas.

El Estado de Honduras debe detener la violencia en el Bajo Aguán y proteger a las personas campesinas

Carta abierta al Presidente Lobo

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011- El Estado hondureño no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, ni ha investigado efectivamente los hechos de violencia: la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Vie, 26/08/2011

Defensores de derechos humanos visitaron la región del Bajo Aguán como parte de una misión a Honduras en julio del 2009. Imagen cortesía de Fian Internacional.

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011

 

Señor

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Su despacho

 

Señor Presidente:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos en el continente americano, a partir del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nuestro trabajo consiste en apoyar a organizaciones de derechos humanos y otros actores clave, así como en representar ante la Comisión y Corte Interamericanas a víctimas de violaciones de derechos humanos que no han obtenido justicia y reparación en sus propios países.

En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de violencia que se vive en la región del Bajo Aguán, Departamento de Colón, problemática sobre la cual CEJIL ya ha expresado su preocupación en anteriores oportunidades[1].

Es de nuestro conocimiento que esta zona ha vivido en los últimos años una intensa lucha de miles de campesinos y campesinas por el derecho a la alimentación, lo cual ha producido enfrentamientos con grandes terratenientes de la región.

De acuerdo con información recibida por CEJIL, entre enero de 2010 y julio del presente año, 32 personas organizadas en movimientos campesinos han sido asesinadas en el marco del citado conflicto agrario[2]. A esta alarmante cifra se suman 14 asesinatos ocurridos en el transcurso de la última semana, destacando las muertes violentas del señor Secundino Ruiz Vallecillo, coordinador del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y del señor Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual Honduras es parte desde 1977), el Estado hondureño está obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. En el caso del Bajo Aguán, a sabiendas de la existencia de un conflicto en la zona, el Estado no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos, ni se ha investigado efectivamente los hechos, siendo que la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Aunado a lo anterior, pese a la gravedad de la situación expuesta, la principal respuesta estatal ha sido el envío de personal militar a la zona del Aguán, lo cual no ha cumplido el objetivo de brindar seguridad y protección para las personas de la región, y respetar los derechos de los habitantes del Aguán, en especial de quienes luchan por su derecho a la tierra.

La participación de militares en labores de seguridad ciudadana, resulta inadecuada para la protección de los derechos de las personas, lo cual ya ha sido resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras[3]. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso de lo señalado por la CIDH.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto señalando que

... los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales...[4]

Por lo anterior, a través de la presente, le exhortamos respetuosamente para que tome las acciones necesarias para prevenir mayores incidentes de violencia en la zona del Aguán así como para investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Sólo así el Estado hondureño honrará los compromisos en materia de derechos humanos asumidos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

 

c.c. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para su conocimiento.

c.c. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, para los mismos fines.

c.c. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los mismos fines.

c.c. Antonio Maldonado, Asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, para los mismos fines.

c,c, Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la Nación, para los mismos fines. c.c. Sandra Ponce Aguilera, Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, para los mismos fines.

 


[1] CEJIL y otras organizaciones. Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán, abril 2010. Disponible en http://cejil.org/comunicados/honduras-no-mas-violencia-contra-los- grupos-campesinos-del-bajo-aguan

[2] FIAN Internacional y otras. Informe de la Misión de Verificación Internacional: Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, julio 2011, pág. 16.

[3] CIDH. Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, párrs. 119 y 120.

[4] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88;.y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

Día de los Derechos Humanos

Sáb, 10/12/2011 (Todo el día)
Celebración global
Mundo

CEJIL condena asesinato de Patrícia Acioli, Jueza Penal en Brasil

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

Mar, 23/08/2011

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

La magistrada llevaba tiempo trabajando en la lucha contra grupos de exterminio y milicias formados por policías y había sido víctima de varias amenazas contra su vida a lo largo de los últimos años, debido a su trabajo. La prensa brasilera informa que la jueza figuraba en una lista de personas marcadas para morir.

A pesar de esto, en el momento de su asesinato, la jueza no contaba con la protección del Estado. El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro informó que por motivos presupuestarios, había reducido la escolta policial de la jueza. Sus familiares declararon a la prensa que, recientemente, había solicitado protección policial al Tribunal de Justicia.

Hechos como el asesinato de Patrícia Acioli ponen en riesgo el derecho de acceso a la justicia, la protección y garantías judiciales de toda la sociedad brasileña, así como la independencia y la garantía de actuación de los miembros del Poder Judicial, debilitando el Estado democrático de Derecho.

CEJIL urge  a las autoridades brasileras  que identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables por el asesinato de Patrícia Acioli, por medio de una investigación idónea y efectiva, que considere la gravedad de los hechos anteriores a su ejecución, especialmente las amenazas que sufrió la víctima, a raíz de las numerosas condenas a prisión de policías, decretadas en el ejercicio de su función.

Finalmente,  CEJIL hace un llamado al Estado brasilero para que garantice una protección adecuada a todos los jueces víctimas de amenazas y atentados a su integridad personal debido a su labor, especialmente los que darán continuidad a los procesos e investigaciones criminales que estaban bajo la responsabilidad de la magistrada Acioli.

 

Se firmó acuerdo de reparación con el Estado mexicano en el caso de Paloma Escobar

El convenio busca reparar violaciones a los derechos humanos a raíz de la desaparición y asesinato de la joven

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

Lun, 08/08/2011

México, D. F., y San José, 8 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El acuerdo se logró en el marco de las actuaciones seguidas ante este órgano.

El convenio, signado el miércoles en la ciudad de Chihuahua, expresa la voluntad de las autoridades federales y locales de llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar y ejecutar las distintas medidas de reparación. Estas acciones incluyen el reconocimiento formal de responsabilidad estatal, así como el compromiso estatal de avanzar con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma Escobar e identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas.

Las autoridades también se comprometieron a implementar “medidas de no-repetición” que garanticen el tratamiento adecuado de situaciones de violencia contra las mujeres en Chihuahua (lo que incluye su prevención e investigación). Además se debe promover una cultura de respeto a los derechos humanos, en particular, en relación a las mujeres, las niñas y los niños.

El acuerdo representa un paso importante para los familiares de Paloma Escobar, especialmente para la señora Norma Ledezma, quien junto a su hijo Fabián, han dedicado años a la lucha por obtener justicia frente a las múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres y niñas de la región. Tanto la señora Norma Ledezma, como las organizaciones representantes –CEDEHM, CMDPDH y CEJIL– se congratulan por la firma de este documento y esperan que las autoridades den pleno cumplimiento a los compromisos adquiridos.

En caso de que los compromisos signados en este acuerdo no se cumplieran, podrían proseguirse los procedimientos internacionales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad estatal.

Comisión Interamericana ordena a México proteger a familiares de ecologista asesinado en Guerrero

Familia de Javier Torres sigue sufriendo amenazas y atentados

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Jue, 04/08/2011

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La importancia de proteger a la familia de Javier Torres quedó en mayor evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados, vestidos unos como marinos y otros de civil, irrumpieran en la comunidad de La Morena, en la que ellos habitan, y se enfrentaran a policías estatales, según información divulgada en la prensa.

Javier Torres Cruz era miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos miembros habían sufrido diversos actos de represión motivados por su actividad. En particular, Javier y varios de sus familiares han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. En el 2007, él y su tío Isaías Torres habían manifestado a autoridades mexicanas que tenían referencias sobre la identidad del autor intelectual del asesinato –todavía no esclarecido– de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien representaba y asesoraba a miembros de la OCESP acusados injustamente de delitos. A partir de entonces, las agresiones en contra de Javier y sus familiares se incrementaron y continúan hasta el presente. Durante el atentado que cobró la vida de Javier, su hermano Felipe Torres Cruz resultó gravemente herido. Posteriormente, Felipe ha recibido amenazas y su hermana Marcelina ha notado la presencia de autos desconocidos merodeando recurrentemente su casa.

En diciembre del 2008 Javier Torres fue víctima de desaparición forzada y torturas durante diez días, hasta que logró escapar de sus captores. Desde ese mismo mes existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la CIDH a favor de él y su familia. No obstante y pese a la gravedad de la amenaza, esta protección no fue emitida por la Comisión hasta más de tres meses después del asesinato de Javier.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló que los continuos obstáculos que se imponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en la región son cada vez mayores, más generalizados y se realizan en contextos de alto riesgo.

“Si bien es cierto que las medidas cautelares han salvado la vida de cientos de personas en el continente, es fundamental que los procesos para su adopción e implementación se fortalezcan de modo que sean oportunas y efectivas”, puntualizó.

Adicionalmente, Krsticevic afirmó que resulta impostergable contar con un estricto escrutinio en relación con las responsabilidades políticas, legales y éticas que tienen los Estados que asumen una posición omisa frente a al riesgo de una persona, como fue este caso, en el que la CIDH solicitó información previamente al Estado.

CEJIL insta al Estado mexicano a que cumpla a cabalidad con estas medidas de protección para asegurar la integridad y la vida de los familiares de este defensor del ambiente. Asimismo, resalta la importancia de que el Estado adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la seguridad de sus familiares. CEJIL considera, además, que es necesario que la Comisión Interamericana evalúe en qué medida es apropiado retardar los procesos de otorgamiento de medidas urgentes y temporales de protección, sobre todo en contextos de alto riesgo como el de Javier Torres.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku denunciará públicamente al Ecuador por la violación a sus derechos

Audiencia ante la Corte Interamericana

San José, Costa Rica, 5 de julio del 2011. El Pueblo Kichwa Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, denunciará la violación de sus derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante una audiencia pública que se celebrará mañana, miércoles 6, y el jueves 7 de julio en la sede del tribunal, en San José, Costa Rica. La demanda contra Ecuador cuenta con la representación de la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

Mar, 05/07/2011

José Gualinga, presidente del Pueblo Kichwa de Sarayacu, y Patricia Gualinga, dirigente de Mujer y Familia, hablan durante la conferencia de prensa que se efectuó el 5 de julio del 2011 en las oficinas de CEJIL Mesoamérica, en San José, Costa Rica.

San José, Costa Rica, 5 de julio del 2011. El Pueblo Kichwa Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, denunciará la violación de sus derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante una audiencia pública que se celebrará mañana, miércoles 6, y el jueves 7 de julio en la sede del tribunal, en San José, Costa Rica. La demanda contra Ecuador cuenta con la representación de la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

El Estado ecuatoriano concesionó ilegalmente el territorio ancestral perteneciente a la comunidad a favor de la empresa petrolera argentina CGC en el año 1996. A finales del 2002 e inicios del 2003, agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa ingresaron forzosamente al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos de gran peligrosidad, y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía.

Hasta la fecha, el Estado de Ecuador no ha acatado las recomendaciones que fueron emitidas en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso. Tampoco ha cumplido con las medidas de protección ordenadas por este órgano para garantizar la vida e integridad física de los pobladores y pobladoras de la comunidad, ni con las medidas dictadas con este mismo propósito por la propia Corte IDH.

Durante la audiencia, declararán ante la Corte varios miembros de Sarayaku, incluyendo un sabio tradicional, dos líderes y una mujer de la comunidad. Los y las declarantes narrarán los hechos, y se referirán a las afectaciones y las amenazas sufridas contra su vida, su subsistencia y su cultura. A la audiencia también asistirán otros miembros de Sarayaku, quienes viajaron a Costa Rica para presenciar el que consideran un momento de gran trascendencia para su pueblo.

La audiencia también contará con la declaración, en calidad de perito, del actual Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien se referirá al tema de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional. También declarará como perito el experto Rodrigo Villagra, quien brindará una visión antropológica del tema.

Durante la audiencia, la representación de las víctimas solicitará a la Corte IDH que determine la responsabilidad de Ecuador por la violación de los derechos humanos de los y las integrantes de la comunidad. También le pedirá que obligue al Estado a adoptar las medidas necesarias de reparación de los daños ocasionados, incluyendo las garantías para que este tipo de violaciones no se repitan.

CEJIL espera que la eventual sentencia del tribunal hemisférico siente una valiosa jurisprudencia para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todo el continente.

 

Vea un video de 2 minutos aquí.

Mujeres defensoras de derechos humanos denuncian el asesinato de la defensora colombiana Ana Fabricia Córdoba Cabrera y responsabilizan al Estado colombiano por negligencia

Pronunciamiento contra el asesinato de defensora de derechos humanos

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

Vie, 01/07/2011

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

En la mañana del 7 de junio, 2011, Ana Fabricia había tomado una buseta en el barrio La Cruz, donde residen varias familias en condición de desplazamiento. Minutos después, Ana Fabricia fue interceptada por unos hombres en moto que le dispararon ocasionándole la muerte.

Ana Fabricia Córdoba Cabrera llegó desplazada a Medellín en el 2001 luego del asesinato de uno de sus hijos, presuntamente a cargo del Bloque Bananero de las autodefensas de Urabá, en el Departamento de Antioquia; el 7 de julio de 2010 el segundo de sus hijos fue asesinado en Medellín. En el último tiempo estaba trabajando por la restitución de tierras en el Urabá Antioqueño y en el barrio la Cruz de donde también había sido desplazada por segunda vez.

Ana Fabricia había hecho denuncias del riesgo que corría sobre su vida. En el mes de abril, declaró de manera pública en Medellín ante el Comité Metropolitano de Derechos Humanos: “Me van a matar y no han hecho nada.” Pero nada fue suficiente para que se le brindara la protección requerida. Aquí se muestra con claridad la negligencia del Estado y lo ineficaz que es el programa de protección a mujeres desplazadas.

El asesinato de Ana Fabricia no es un caso aislado, por el contrario, refleja una situación sistemática que soportan las defensoras de derechos humanos en América Latina y particularmente en Colombia. Desde la Red Mesoamericana hemos venido denunciando otros ataques y amenazas recurrentes como los ocurridos en contra de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia y su directora Patricia Guerrero, quien forma parte de nuestra red.

Ante estos hechos nos unimos a las exigencias de la Ruta Pacífica de las Mujeres:

1. Protección urgente para la familia de Ana Fabricia, bajo condiciones que sean acordadas con la familia.

2. Que las entidades competentes investiguen, esclarezcan y juzguen a los responsables de estos hechos.

3. Aclaración sobre los panfletos y amenazas que están circulando contra las organizaciones de mujeres, entre ellas la Ruta Pacífica y otras.

4. Que se le proporcione a las mujeres en situación de desplazamiento, sus familias, y sus organizaciones, las garantías necesarias para su protección, así como el restablecimiento de sus derechos, sin que su exigibilidad se convierta en amenazas contra su vida como está ocurriendo.

Nos pronunciamos de forma pública ante las entidades del Estado colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos.

Firman:

ORGANIZACIONES

Agenda Política de Mujeres (Costa Rica), Roxana Arroyo
Alternativas Pacíficas (México), Alejandra Vela Garza
Asociación de Abogados Mayas de Guatemala (Guatemala)
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Lydia Alpízar
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos de Mujeres (México), Gilda Ma. Rivera Sierra
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (México)
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (México), Blanca Isabel Martínez Bustos
Centro de Estudios y Acción Social Panameña (Panamá)
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin (México)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (México), Minerva Martínez Lázaro
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Colectivo Feminista Socialista “Rosa Chillante” (México)
Comaletzin (México)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecids “Hasta Encontrarlos” (México)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), Theres Hoechli,
Ana María Hernández Cárdenas, Yésica Sanchez Maya Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer, Luz Aleyda
Enlace Comunicación y Capacitación AC; Ixchel Carrasco, Margarita Guadalupe
Martínez Martínez
ENLACE, Comunicación y Capacitación (México)
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Fracción de Mujeres del PRT (México)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (México), María Trinidad Ramírez, Martha Pérez
Frente Nacional de Lucha (Guatemala)
Fundación Justicia y Género
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (México), Martha Gpe. Figueroa Mier
Grupo Venancia, Red de Mujeres del Norte (Nicaragua)
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (México), Silvia Castillo Salgado
Ipas Centro América, Marta María Blandón
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla”, Gladys Lanz
Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “Maria Elena Cuadra” (Nicaragua), Sandra Ramos
Movimiento pacto por la Cultura Colectiva: arte, comunidad y equidad (México),
Verónica Corchado
Mujeres Organizadas Yuubani (México), Edita Alavez Ruiz
Mujeres por México en Chihuahua (México)
Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Lucía Morán
Mujeres Transformandose en Mujeres (México), Ana Karen Lipez Quintana
Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Evelyn Morales
Organización Mujeres en Superación (México), Yanira Tobar
ProDESC; Alejandra Ancheita
Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina (Nicaragua), Patricia Orozco
Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las trabajadoras de las Maquilas (REDCAM)
Red Feminista Sonorense (México), Leticia Burgos Ochoa
Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez (México) Andrea Medina de las Rosas, Imelda
Marrufo, Cecilia Espinosa Martínez, Ileana Espinoza
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (México)
Servicios y Asesoría para la Paz, Dolores González Saravia
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans (México) Ana Karen López Quintana
Triqui (México), Emelia Ortiz Garcia
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal y
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (México), Dra. Sandra Peniche Quintal
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala), Claudia Samayoa
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Guatemala), Maya Alvarado
Women´s Human Rights Education Institute

FIRMAS PERSONALES

Adelay Carias (Honduras)
Alda Facio (Costa Rica)
Alejandra González (México)
Alejandra Nuño (Costa Rica)
Aleyda Terán (Panamá)
Aline Castellanos (México)
Amandine Fulchiron (Guatemala)
Ana Ixmucané Gatica (Guatemala)
Analía Penchaszadeh (Argentina)
Andrea de la Barrera Montpellier (México)
Andrea Eugenio Manuel (México)
Andrea Medina Rosas (México)
Angélica Araceli Reveles Soto (México)
Beatriz Hernández (México)
Beatriz Teresa Casas Arellanes (México)
Blanca Mesina (México)
Carmela Curup Chajon (Guatemala)
Carmen Morales (México)
Carolina Cantú (México)
Cirenia Celestino Ortega (México)
Claudia Acevedo (Guatemala)
Claudia Hernández Cruz (Guatemala)
Claudia Samayoa (Guatemala)
Claudia Spellmant Medina (Honduras)
Clemencia Correa (México)
Consuelo Morales (México)
Cristina Hardaga Fernández ((México)
Daysi Flores (Honduras)
Diana Damián (México)
Dolores González (México)
Dora Ávila (México)
Dora Ruano (Guatemala)
Edita Alavez Ruiz ((México)
Elga Aguilar (México)
Emelia Ortiz García (México)
Eréndira Cruz Villegas Fuentes (México)
Erika González (México)
Erika Guevara (EEUU)
Evelyn García (Guatemala)
Evelyn Morales Pineda (Guatemala)
Georgina Vargas Vera (México)
Gilda Rivera Sierra (Honduras)
Gladys Lanza Ochoa (Honduras)
Guadalupe López García (México)
Inmaculada Barcia (España)
Irma Estrada Martinez (México)
Josefina Chávez (México)
Laura García Coudurier (México)
Laura Gutiérrez (México)
Leticia Burgos (México)
Lisa VeneKlasen (EEUU)
Lucha Castro Rodríguez (México)
Lucía Lagunes Huerta (México)
Lucía Morán Vásquez (Guatemala)
Luisa Pérez Herrán (Nicaragua)
Lydia Alpízar (Costa Rica)
María del María del Montserrat Díaz (México)
María Luisa García Andrade (México)
María Ximena Cortés Flores (México)
Mariana Moisa (El Salvador)
Mariela Arce (Panamá)
Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador)
Marta María Blandón (Nicaragua)
Martha Graciela Ramos Carrasco (México)
Marusia López (México)
Mary Jane Real (Filipinas)
Morena Herrera Argueta (El Salvador)
Nadia Altamirano Díaz (México)
Nadin Reyes Maldonado (México)
Natalia Escrucería (EEUU)
Nohelia Nuñez Licona (Honduras)
Nora Isabel Bucio Nava (México)
Obtilia Eugenio Manuel (México)
Ofelia Cesareo Sánchez (México)
Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala)
Orfe Castillo (México)
Patricia Ardón (Guatemala)
Patricia Orozco Andrade (Nicaragua)
Roxana Arroyo (Costa Rica)
Ruth Polanco (El Salvador)
Sandra Peniche (México)
Silvia Ivethe Juárez (El Salvador)
Silvia Vázquez Camacho (México)
Soledad Eugenio (México)
Tania Ramírez Hernández (México)
Tara Madden (Irlanda)
Verónica Cruz (México)
Yanira Argueta (El Salvador)
Yanira Tobar Márquez (Guatemala)
Yunuhen Rangel (México)

Defensores y defensoras de derechos humanos siguen en peligro en Guerrero a pesar de medidas de protección

Audiencia ante la Corte Interamericana

San José, Costa Rica, 28 de junio del 2011. Un total de 107 personas en el Estado de Guerrero –entre defensores y defensoras de derechos humanos y sus familiares– siguen en una situación de desprotección por parte del Estado mexicano, a pesar de las medidas urgentes de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 9 de abril del 2009. Así lo expusieron los representantes de los defensores y defensoras en una audiencia pública de revisión de medidas provisionales que celebró hoy el alto Tribunal en su sede en Costa Rica.

Mar, 28/06/2011

San José, Costa Rica, 28 de junio del 2011. Un total de 107 personas en el Estado de Guerrero –entre defensores y defensoras de derechos humanos y sus familiares– siguen en una situación de desprotección por parte del Estado mexicano, a pesar de las medidas urgentes de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 9 de abril del 2009. Así lo expusieron los representantes de los defensores y defensoras en una audiencia pública de revisión de medidas provisionales que celebró hoy el alto Tribunal en su sede en Costa Rica.

Las personas beneficiarias de las medidas provisionales tienen un vínculo directo o indirecto con la denuncia e investigación de la violación sexual de Inés Fernández Ortega cometida en el 2002 por militares, caso que cuenta con una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte IDH. Entre las personas beneficiarias de las medidas, se encuentran la propia Inés Fernández y su familia, Obtilia Eugenio Manuel y su familia, 41 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), 29 miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, y 25 familiares de Raúl Lucas García y Manuel Ponce Rosas, dirigentes asesinados de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

El abogado Agustín Martin, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), contradijo a los representantes del Estado, quienes afirmaron que las medidas provisionales se han implementado apropiadamente. Martin informó que, por ejemplo, 55 personas beneficiarias en distintas comunidades no cuentan con ningún tipo de protección efectiva.

Por su parte, Vidulfo Rosales, beneficiario de las medidas y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, expresó la preocupación de sus representados por el aumento de la violencia en Guerrero y por la militarización en el Estado. Rosales afirmó que ha habido un aumento en las amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guerrero, así como un aumento en la violencia desde que iniciaron los operativos militares en la zona.

Rosales agregó que, desde que las medidas de protección entraron en vigencia, se han presentado 28 nuevos atentados vinculados a las personas beneficiarias, incluyendo actos dirigidos a la hija de Inés Fernández.

La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidió con los representantes de las personas beneficiarias en que las medidas provisionales no están siendo implementadas adecuadamente por el Estado. Asimismo recalcó el hecho de que el riesgo que corren estas personas se relaciona directamente con la búsqueda de justicia en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

CEJIL confía en que una eventual resolución de la Corte IDH reiterará al Estado mexicano su obligación sobre una adecuada implementación de las medidas provisionales. Asimismo, recuerda que la adecuada investigación de las violaciones a derechos humanos y el procesamiento de los responsables representan de las mejores medidas de protección para desactivar los agentes que desencadenan la inseguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus familiares.

 

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