Defensores de derechos humanos

Organizaciones internacionales señalan que procesos de selección judicial en Guatemala no respetaron estándares internacionales

Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando –desde hace muchos años- la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma de cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Mar, 07/10/2014

Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando –desde hace muchos años- la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma de cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales establecidos, por ejemplo, en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y en el Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que estos procesos deben estar orientados a la evaluación objetiva de los méritos personales y profesionales de candidatas y candidatos.

Lamentablemente, después de dar un seguimiento cercano a los recientes procesos de selección judicial, por medio de un monitoreo constante y de varias misiones de observación, podemos afirmar que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema.

En concreto, algunas de las serias deficiencias que hemos podido constatar son:

  1. Las tablas de gradación para calificar a las y los postulantes se basaron principalmente en la cantidad de años de servicio, absteniéndose de evaluar su calidad y capacidad profesional.
  2. No se realizó un trabajo de verificación serio de la información aportada por las y los candidatos.
  3. Faltó claridad sobre las razones para la desestimación de la mayoría de las objeciones (tachas) que fueron presentadas por diversos actores en contra de numerosos postulantes.
  4. Faltó claridad sobre cómo se calificó el requisito de “reconocida honorabilidad”.
  5. Faltó un razonamiento público del voto por parte de los comisionados.
  6. Las entrevistas no se realizaron de una manera seria: la comisión para las salas de apelaciones no hizo entrevista alguna y la comisión para la Corte Suprema organizó entrevistas de 5 minutos de duración por  postulante, tiempo insuficiente para evaluar sus capacidades.
  7. Se acortó el plazo previsto legalmente para presentar objeciones por parte del Congreso de la República.

En el contexto de estas graves deficiencias, son preocupantes las denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas que podrían poner en riesgo la futura independencia de los magistrados electos.

Reconocemos la valentía de la magistrada Claudia Escobar Mejía, quien ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas en los procesos de selección y le manifestamos públicamente nuestro respaldo solidario.

Sobre la base de todo lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten, garanticen y protejan el derecho a la justicia de los ciudadanos de su país y rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission/USA

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

CEJIL condena el homicidio y desaparición de estudiantes en México

San José, 7 de octubre de 2014.- Ante la violencia vivida recientemente en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera necesario que se garantice la seguridad de las y los estudiantes desaparecidos, así como la de sus familiares y defensores(as) de derechos humanos que han denunciado los hechos ante las autoridades mexicanas. En particular, solicitamos que se proteja a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Mar, 07/10/2014

El País de España, fotografía manifestación de normalistas

San José, 7 de octubre de 2014.- Ante la violencia vivida recientemente en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera necesario que se garantice la seguridad de las y los estudiantes desaparecidos, así como la de sus familiares y defensores(as) de derechos humanos que han denunciado los hechos ante las autoridades mexicanas. En particular, solicitamos que se proteja a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según la información brindada a CEJIL, los eventos comenzaron el pasado 26 de septiembre, cuando estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos se dirigían desde la ciudad de Iguala a la ciudad de Chilpancingo en México, después de llevar a cabo una actividad de colecta de recursos para cubrir los gastos del centro educativo.

En el trayecto, fueron cercados por patrullas de la policía que tras dispararles detuvieron a varios de ellos. Durante los siguientes días, continuó la violencia por parte de personas no identificadas, la cual  resultó en tres fallecidos, seis heridos y, hasta el momento, 43 desaparecidos.

Según ha trascendido públicamente, el pasado sábado 4 de octubre se hallaron cinco fosas en las cuales podrían encontrarse algunos cadáveres de los estudiantes. CEJIL insta a las autoridades mexicanas a esclarecer lo antes posible la identidad de estos cuerpos, a continuar con la búsqueda de los jóvenes no encontrados, y en su caso, a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de estos graves hechos.

De igual forma, se les exhorta a mantener contacto permanente con los familiares de los jóvenes desaparecidos y sus representantes de manera que se garantice su derecho a acceder a la información y a participar en todas las etapas del proceso de investigación. El Estado debe garantizar sus derechos a obtener verdad, justicia y reparación.

Créditos Fotográficos: El País http://bit.ly/1rJhdwG

Declaración de Viviana Krsticevic , Directora Ejecutiva de CEJIL

Washington, DC Jueves 2 de Octubre 2014- Es con mucha tristeza que damos nuestro sentido pésame a los seres queridos de Juan Carlos Gualinga , Toribio Tapuy , Martha Aranda y Pablo Navarrete, quienes murieron en un accidente de aviación después de que su avión despegó de la comunidad Kichwa de Sarayaku por la tarde del 1 de octubre de 2014.

También esperamos la recuperación rápida de Hugo Medina y su hija de dos años de edad que también viajaban en la avioneta accidentada.

Lamentamos mucho esta gran pérdida. Nuestras condolencias para toda la familia en estos momentos de duelo.

Jue, 02/10/2014

Washington, DC Jueves 2 de Octubre 2014- Es con mucha tristeza que damos nuestro sentido pésame a los seres queridos de Juan Carlos Gualinga , Toribio Tapuy , Martha Aranda y Pablo Navarrete, quienes murieron en un accidente de aviación después de que su avión despegó de la comunidad Kichwa de Sarayaku por la tarde del 1 de octubre de 2014.

También esperamos la recuperación rápida de Hugo Medina y su hija de dos años de edad que también viajaban en la avioneta accidentada.

Lamentamos mucho esta gran pérdida. Nuestras condolencias para toda la familia en estos momentos de duelo.

Entidades se unen para realizar un seminario internacional sobre tipificación del delito de terrorismo

Seminario en Rio de Janeiro, Brasil

CEJIL, el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro se unen para impartir un seminario sobre la tipificación del crimen de terrorismo este 3 de setiembre en el Auditório Valladão de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro a partir de las 15:30.

Representantes de estas organizaciones, así como diversos especialistas internacionales harán públicas sus experiencias frente a problemáticas como la criminalización de la protesta ciudadana, la violación de los derechos humanos de los manifestantes, así como los obstáculos y violaciones hacia los abogados que les representan.

Mar, 02/09/2014

Créditos CEBRASPOCEJIL, el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro se unen para impartir un seminario sobre la tipificación del crimen de terrorismo este 3 de setiembre en el Auditório Valladão de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro a partir de las 15:30.

Representantes de estas organizaciones, así como diversos especialistas internacionales harán públicas sus experiencias frente a problemáticas como la criminalización de la protesta ciudadana, la violación de los derechos humanos de los manifestantes, así como los obstáculos y violaciones hacia los abogados que les representan.

“Es de extrema importancia comprender que ser calificado como terrorista significa utilizar un término que implica una de las más severas condenas, por lo tanto, no es sorprendente que este término sea visto, en el vocabulario político, como un recurso de gran valor para desprestigiar y combatir al enemigo político” declaró Jan Michael-Simon, Jefe de la Sección para América Latina del Instituto Max Plank.

Para Beatriz Affonso, Directora del Programa de CEJIL para Brasil, “proyectos de ley que son presentados en contextos políticos de recrudecimiento de las políticas de seguridad con incidencia en la criminalización de ciudadanos que participan de protestas sociales y políticas, fragilizan la estructura de la democracia, alcanzando el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y asociación. Violando por tanto, los compromisos constitucionales e internacionales ya asumidos por el Estado brasileño.

Vea aquí el comunicado de prensa completo en portugués y el programa del evento ambos en portugués

 

Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala

Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

Mié, 13/08/2014

Audiencia CIDH 152 PES Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

En el proceso de nombramiento del cargo de Fiscal General que finalizó en el mes de mayo del 2014, las comisiones de postulación (CP) que evaluaron a los y las candidatas actuaron con un amplio margen de discrecionalidad que provocó, entre otras irregularidades, una inadecuada ponderación de la experiencia profesional, una grave falta de justificación sobre la relación entre la puntuación otorgada y los y las postulantes seleccionados,   una nula discusión sobre la honorabilidad de los y las postulantes así como ninguna valoración respecto de las tachas presentadas en contra de algunos de ellos.

Más recientemente, en el mes de junio iniciaron los procesos para elegir a 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 180 magistradas y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pese a la importancia de estos nombramientos, los procedimientos iniciados no se están guiando por los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad, y representatividad; en forma contraria, las comisiones de postulación han tomado decisiones que generan dudas sobre la autonomía e imparcialidad de sus integrantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) en su decisión de fecha 13 de junio de 2014 señaló algunas consideraciones sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva y razonable, así como justificar de manera pública, razonada y expresa el voto que se brinda a favor o en contra de un candidato (a). Pese a ello, las CP no establecieron criterios para evaluar el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, aprobaron tablas de gradación que solamente favorecen la antigüedad en el ejercicio de la profesión pero que no permiten medir la calidad profesional, eliminaron la posibilidad de realizar entrevistas a los postulantes, y manifestaron que sus votaciones serán privadas, lo anterior en abierto desacato a lo que fuera establecido por la CC.

Precisamente por dichas irregularidades, la CC ha otorgado dos amparos provisionales, el primero interpuesto por la Convergencia por los Derechos Humanos y el segundo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, ordenando en ambos casos a las CP rectificar sus actuaciones.

En el mes de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto de los procesos que se están llevando a cabo en Guatemala y recordó al Estado que “el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar”. Para lograr lo anterior, la CIDH consideró indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”. Estas recomendaciones no se están cumpliendo en la actualidad.

Las irregularidades descritas fueron expuestas el día de hoy en una audiencia pública ante la CIDH, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Open Society Justice Initiative  (OSJI), en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que se lleva a cabo en la Ciudad de México DF.

También se refirieron a los obstáculos estructurales que impiden acabar con la impunidad en Guatemala, en tal sentido, se denunció la continuación de la práctica de uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos, la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones, y principalmente la existencia de una política de Estado que se niega a brindar justicia a las víctimas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el evidente irrespeto a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala y nos sumamos a las numerosas voces de protesta de la sociedad civil y de otros actores que claman por procesos de elección transparentes y objetivos. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen una administración de justicia independiente, sólo así se podrá a su vez avanzar en la superación de los obstáculos estructurales para erradicar la impunidad.

Finalmente las organizaciones saludamos la invitación del Estado de Guatemala de recibir al relator de país en una visita oficial y esperamos que esta visita se realice en el menor tiempo posible.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemalan Human Rights Commission

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

daraya@cejil.org

Protección Internacional y CEJIL saludan los esfuerzos para aprobar una ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en Honduras en consulta con la sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Jue, 07/08/2014

Taller con diputados hondureños Protection International y CEJILTegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Debido a esta grave situación, los citados órganos de protección así como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal recomendaron al Estado de Honduras la creación de un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya a su vez, a los periodistas y comunicadores sociales.

En tal sentido, el pasado 4 de junio, el Congreso de la República de Honduras aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” que busca cumplir con las citadas recomendaciones, no obstante, dicho proyecto presenta diversas deficiencias que podrían impedir el cumplimiento del objetivo que persigue.

Ante tal panorama, Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron una misión conjunta a Tegucigalpa durante la semana del 28 de Julio al 2 de agosto. En la misión se expresaron algunas preocupaciones sobre el proyecto aprobado a representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso hondureño, a la vez, se acompañó a las organizaciones locales en la reflexión y elaboración de propuestas de reformas que fortalezcan el mencionado mecanismo.

“Toda política pública de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha de ser consultada con sociedad civil y sometida a un buen análisis técnico.  De lo contrario dicha política pública puede ser inaplicable, con lo que no obtendría los beneficios esperados”, destacó el Presidente de PI sobre el tema.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México señaló que: “el Estado de Honduras tiene la obligación de considerar los estándares internacionales sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos y además debe consensuar con los diversos grupos en situación de riesgo la implementación de mecanismos que respondan a sus necesidades en forma efectiva”.

PI y CEJIL saludan y agradecen la buena disposición de las autoridades para escuchar las propuestas de mejora a la iniciativa. Asimismo reiteran el llamado para que se consideren los aportes de diversos sectores de la sociedad civil de manera que el mecanismo que persigue la protección de los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia sea producto de un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Defender a quienes defienden los derechos humanos, condición necesaria para el desarrollo con inclusión social

Vie, 30/05/2014

OP-Ed escrito por Nancy Tapias Torrado, Investigadora de Amnistía Internacional sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América, Marcia Aguiluz, Directora de CEJIL Mesoamérica y Alejandra Vicente, Abogada Senior de CEJIL

Defender los derechos humanos es crucial para lograr el “desarrollo con inclusión social”, tema de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en el continente americano es esencial para el avance de los principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos al afianzamiento de sociedades democráticas.

A pesar de ello, las defensoras, los defensores, sus organizaciones y familiares siguen en muchos casos pagando con su propia vida, integridad y libertades, entre otros.  A unos pocos días de la próxima Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, los líderes de las Américas deben renovar su compromiso con el respeto y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y tomar acciones para cumplir cabalmente con sus obligaciones ya establecidas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

A finales de marzo, en el marco del 150º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, más de 40 organizaciones participamos en dos audiencias temáticas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En las mismas evidenciamos que los asesinatos, las agresiones físicas, las amenazas y los hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, siguen siendo una tendencia preocupante en la región.

En el 2013 tan sólo en Colombia hubo más de 70 defensoras y defensores asesinados, incluyendo dirigentes comunitarios, indígenas y afrodescendientes. En Honduras en lo que va corrido del 2014 han sido asesinados dos defensores que contaban con medidas de protección de la CIDH.  En México,  hace unos pocos días fue asesinada otra defensora más. El 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, fue muerta a balazos Sandra Hernández. Ella luchaba por encontrar verdad y justicia en el caso de su hijo “desaparecido” y ese día iba camino a una cita en la que le darían información al respecto. .

Además de los riesgos contra la vida, el sistema de justicia es usado con frecuencia para coartar el trabajo de defensoras y defensores, para tratar de silenciarlos y minar su credibilidad. Este es el caso por ejemplo de una de las defensoras que participó en estas audiencias. Iduvina Hernández es la directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM- y una destacada defensora cuyo trabajo se enfoca en lograr mecanismos y reformas para que las fuerzas de seguridad no cometan violaciones a derechos humanos en Guatemala. Por sus esfuerzos ha sido estigmatizada, hostigada y enfrenta acusaciones penales. Estas acusaciones estarían basadas en supuestos delitos cometidos cuando ella tan sólo era una niña.

Los ataques a las libertades de asociación, expresión y reunión son otra preocupación constante a nivel regional. El uso excesivo de la fuerza es usado con frecuencia para reprimir protestas sociales, por ejemplo en el contexto de proyectos a gran escala y cuestiones sociales. En los últimos meses y durante el año 2013, se han dado varias protestas sociales en Brasil y en Venezuela, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones y violencia.

Otra tendencia es la estigmatización y ataques a la reputación de defensoras y defensores. Además se han usado normas restrictivas para limitar su derecho de asociación. Este es el caso de la Fundación Pachamama en Ecuador, cerrada arbitrariamente en diciembre del 2013 tras una decisión en la que no hubo oportunidad de rebatir las acusaciones o defenderse, y para la que se usó un decreto ejecutivo con normas amplias y ambiguas. En República Dominicana, a raíz de la publicación de una controvertida decisión de la Corte Constitucional que priva en la práctica de la nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia extranjera y las convierte en apátridas, en el último trimestre de 2013 se produjo un aumento de retórica hostil, amenazas y actos de intimidación contra personas de ascendencia haitiana y quienes defienden sus derechos humanos.

La situación de las mujeres que defienden los derechos humanos también es preocupante. Como quedó evidenciado en la audiencia dedicada a este tema ante la CIDH, las defensoras además de enfrentar riesgos y agresiones por su activismo, son objeto de violencias, discriminaciones y obstáculos por el hecho de ser mujeres. En muchos casos las agresiones en su contra hacen alusión a su identidad, tienen un carácter sexual, ponen en duda su moral sexual o se centran en la estigmatización de género. Las defensoras además, en respuesta a su liderazgo o activismo, sufren violencias en el entorno familiar y comunitario, así como agresiones al interior de los movimientos sociales, lo cual aumenta sus situaciones de riesgo y limita sus redes sociales de apoyo.

De igual modo, las personas que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) están expuestas a sufrir abusos y ataques. A menudo se las percibe como transgresores de los valores sociales y culturales. Debido a la estigmatización y la exclusión, las defensoras y los defensores LGBTI suelen correr mayores peligros porque con frecuencia se les niega la protección y el reconocimiento como defensores legítimos.

En esta situación de desprotección para defensoras y defensores de derechos humanos, hemos evidenciado que el nivel de impunidad es alarmante. Son contados los casos en los que las investigaciones terminan con la sanción de los responsables, siendo la mayoría archivados por falta de impulso procesal.

En este sentido, es de vital importancia que los Estados de las Américas acaten los estándares ya establecidos por los órganos del SIDH y:  reconozcan la legitimidad e importancia fundamental de quienes defienden los derechos humanos; garanticen investigaciones efectivas de los ataques y agresiones contra éstas personas; establezcan salvaguardas procesales que eviten el uso indebido del sistema de justicia en su contra; y, protejan de manera efectiva, integral y diferenciada a los defensores y defensoras en situación de riesgo, teniendo en cuenta su género, contexto y circunstancias particulares.

Esta próxima Asamblea General de la OEA abre una nueva oportunidad para que los líderes de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos, con el sistema que los protege y con la protección integral de quienes los defienden. Defender a quienes defienden los derechos humanos sin duda contribuye al desarrollo inclusivo. Por ello, los Estados deberían redoblar sus acciones para acatar los estándares del SIDH en la materia.

CEJIL hace un llamado para prevenir y acabar la discriminación y la violencia contra las personas de la diversidad sexual

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia

San José, Costa Rica viernes 16 de mayo del 2014. En el día internacional contra la Homofobia y la Transfobia, este sábado 17 de mayo, CEJIL suma su voz en la denuncia de la grave situación de discriminación y violencia que afecta a las personas lesbianas, homosexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex (LGBTI) en el continente americano.

Según ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien esta situación afecta al colectivo citado, las personas trans son las más impactadas, así, de acuerdo con la CIDH entre los meses de octubre del 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans habrían sido asesinadas.

Vie, 16/05/2014

San José, Costa Rica viernes 16 de mayo del 2014. En el día internacional contra la Homofobia y la Transfobia, este sábado 17 de mayo, CEJIL suma su voz en la denuncia de la grave situación de discriminación y violencia que afecta a las personas lesbianas, homosexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex (LGBTI) en el continente americano.

Según ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien esta situación afecta al colectivo citado, las personas trans son las más impactadas, así, de acuerdo con la CIDH entre los meses de octubre del 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans habrían sido asesinadas en Argentina (2), Belice (1), Brasil (39), Chile (1), Colombia (2), Honduras (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), Estados Unidos (2), Uruguay (1) y Venezuela (3).

A su vez, un informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (REDLACTRANS) califica a Centroamérica como la región más hostil para las mujeres trans en la región latinoamericana.

La CIDH también ha destacado el asesinato de otras personas de la diversidad sexual. En su comunicado del 27 de febrero del 2014, resaltó que al menos 58 hombres gay habrían sido asesinados entre octubre del 2013 y enero del 2014, respectivamente en Brasil (50), Chile (3), Cuba (1), Honduras (1), México (2) y Perú (1), y mencionó que dos lesbianas y un hombre bisexual habrían sido también víctimas de asesinatos en Brasil.

Pese a que los Estados han emprendido acciones en contra de estos flagelos, persisten graves violaciones e impunidad, por ejemplo: organizaciones como Redlactrans y la Red Lésbica Cattrachas,  han denunciado que en Guatemala entre el 2005 al 2012 solamente se investigó y sancionó un asesinato de los 35 ocurridos en dicho periodo. Asimismo, en Honduras, de los 61 asesinatos denunciados entre los años 2008 a 2011, solo se condenó a los responsables en 10 casos.

CEJIL ha acompañado a organizaciones locales en el análisis de la problemática de los crimenes de odio. Así, en el año 2011 se hizo público el Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Además, se han denunciado diversas problemáticas que aquejan al colectivo LGBTI ante la CIDH. En este sentido, se informó a este órgano sobre las denuncias de violencia contra las personas trans en las Américas en octubre del 2011 y particularmente sobre casos de El Salvador y de las personas trans afrodescendientes de Brasil en octubre del 2013. Ver video de la audiencia del 2011, ver video de la audiencia de El Salvador, ver video de la audiencia de Brasil.

En adición, en febrero de este año la CIDH dio traslado al Estado de Brasil de una denuncia por las violaciones en perjuicio de dos ex sargentos del ejército brasileño, Fernando Alcántara de Figueiredo y Laci Marinho de Araujo, quienes sufrieron discriminación por su orientación sexual, actos de tortura y falta de garantías judiciales, entre otras; su caso se encuentra en curso.

A este se suma el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo en Colombia, quien se vio afectada por la negativa de las autoridades penitenciarias de autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. El caso fue admitido en este año y está en espera de una  decisión final de la CIDH.

Ambos procesos de litigio son llevados por CEJIL y organizaciones aliadas.

Otro aporte en la lucha contra este tipo de violencia es el video denominado “Rompiendo el Silencio”, el cual explica los pasos que deben completarse para presentar una denuncia internacional ante la CIDH de manera que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación. Ver video

“A través de este video queremos brindar una herramienta útil y sencilla que promueva la denuncia de las numerosas violaciones de derechos humanos que sufren personas lesbianas, homosexuales, intersex y en especial las mujeres y hombres trans. De esta manera, CEJIL difunde los mecanismos que ofrece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para alcanzar un continente más igualitario y justo para todas y todos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CEJIL invita al colectivo LGTBI, y a los defensores y defensoras de derechos humanos a levantar su voz y exigir justicia ante las adversidades que afectan  diariamente al colectivo.

 

Enlaces relacionados:

Comunicado CIDH

Audiencia temática Situación de las Personas LGBTI en las Américas

Audiencia temática sobre denuncias en El Salvador

Audiencia temática sobre población trans afrodescendiente Brasil

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Video para denunciar crímenes de odio

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Honduras nuevamente incumple medidas de protección otorgadas por la CIDH

Otro beneficiario de medidas cautelares es asesinado

San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

Lun, 05/05/2014

Bandera de Honduras (Créditos El Heraldo)San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

La CIDH otorgó medidas cautelares a la comunidad de Cerrito Lindo desde el año 2005 ante una solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las medidas se originan por numerosos actos de violencia cometidos en contra de los miembros de la comunidad a raíz de la disputa por la propiedad de los lotes que ocupan.

Según señalan los pobladores, sus propiedades les habían sido vendidas ilegalmente por parte de una empresa local. Al darse cuenta de la falta de legalidad en el proceso de compra y venta, los habitantes emprendieron una serie de actividades legales y protestas con el objetivo de resolver la situación de los lotes que adquirieron de buena fe. Estos actos de denuncia desencadenaron una serie de ataques contra los miembros de la colonia Cerrito Lindo, incluyendo desalojos violentos, amenazas de muerte, seguimientos e incluso varios asesinatos.

En efecto, con la muerte del señor Orellana, suman siete los asesinatos de personas vecinas de la comunidad en el marco de las medidas cautelares, a saber: Paulino Henríquez asesinado el 17 de marzo de 2004, Jonni Orlando Aceituno Varela asesinado el 18 de junio de 2004; Héctor José Ulloa y Gilmar Santiago Mejía  atropellados en circunstancias sospechosas y no esclarecidas el 27 de marzo de 2004 y el 26 de enero de 2006 respectivamente.

Eligio Mejía asesinado el 5 de febrero de 2006 y Orfilia Amparo Mejía asesinada el 26 de marzo de 2012. Ninguna de estas muertes han sido esclarecidas tampoco se han implementado medidas de protección efectivas.

“La situación en Honduras es insostenible y la situación de desprotección de quienes defienden derechos humanos es evidente. El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por faltar a su deber de proteger a los pobladores de Cerrito Lindo y por la falta de investigación que caracteriza estos lamentables hechos”, declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Adicionalmente, resulta particularmente preocupante que en menos de un mes resultaron asesinados dos beneficiarios de medidas cautelares, en este sentido, cabe recordar la muerte violenta de Carlos Mejía Orellana, colaborador de Radio Progreso, ocurrida el pasado 11 de abril.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que cumplan con su deber de debida diligencia y adopten todas las medidas necesarias para investigar estos acontecimientos e identificar a las personas responsables. A la vez, reiteramos nuestro llamado para que se adopte un adecuado mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos que incluya a las personas beneficiarias de medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos Fotográficos: El Heraldo

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Contacto de Prensa

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

 

Organizaciones internacionales expresan preocupación por las irregularidades observadas en el proceso de selección de fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Lun, 05/05/2014

Fotografía Claudia Paz y Paz (Créditos Prensa Libre)Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.

En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.

Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”,  ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.

Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.

Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.

Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.

Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.

Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Créditos fotográficos: Periódico La Prensa

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