Nicaragua

Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua

Washington DC, miércoles 26 de marzo del 2014.Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Mié, 26/03/2014

Audiencia Nicaragua CIDH 150 POSWashington DC, miércoles 26 de marzo del 2014. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Las organizaciones destacaron que el avance del fenómeno de invasión, colonización y la devastación de recursos naturales y territorios indígenas es acelerado e incontenido, poniendo en grave peligro la subsistencia de estos pueblos y sus posibilidades de desarrollo.

Si bien en el año 2002 se aprobó la ley número 445, la cual garantiza la demarcación y entrega de los territorios ocupados por no indígenas a los pueblos autóctonos, hasta la fecha no se ha logrado culminar este proceso.

Por ejemplo, la comunidad de Awas Tingni, pese a contar con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no recibe efectivamente la totalidad de sus tierras, las cuales se estiman ocupadas en un 91% por personas no indígenas. Resulta preocupante que ante esta situación las autoridades nicaragüenses no estén aplicando medidas para combatir y erradicar las invasiones ilegales.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la construcción del Gran Canal Interoceánico ya que este proyecto afectaría aproximadamente a un 40% de los territorios indígenas rama y kriol. Pese a este grave riesgo no se cumplió con garantizar el derecho a la consulta ni al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos.

Por otro lado, los indígenas pertenecientes a la etnia miskita denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, debido al trabajo de buceo que realizan para recolectar langostas, caracol del caribe y pepino de mar en la Costa Atlántica.

En el marco de esta actividad laboral los miskitos trabajan en promedio de 12 a 17 días en alta mar, con sesiones de buceo de más de 12 horas diarias y están expuestos a enfermedades como la aeroembolia, la embolia cerebral, la paraplejía o la hemiplejia, producidas por el síndrome de la descompresión.  Todo esto sin ningún tipo regulación por parte del estado.

Las organizaciones también alertaron sobre la ausencia de una ley específica para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país que regule su situación jurídica como pueblos indígenas y reconozca su autonomía.

Finalmente en la audiencia se señaló que persiste una afectación al derecho de participación política de acuerdo a los propios usos y costumbres de los pueblos indígenas, en contravención a lo ordenado por la Corte Interamericana en sentencia del caso Yatama emitida el año 2005.

En la audiencia ante la CIDH participaron representantes del Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280 7473

daraya@cejil.org

Organizaciones sociales solicitan un alto a la violencia contra las niñas y mujeres en Nicaragua

Ante la CIDH

Washington D.C. y Managua, 13 de marzo de 2012.- Tres organizaciones no gubernamentales expusieron ayer martes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el desamparo del Estado nicaragüense para con niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y agresiones sexuales.

Mié, 13/03/2013

Washington D.C. y Managua, 13 de marzo de 2012.- Tres organizaciones no gubernamentales expusieron ayer martes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el desamparo del Estado nicaragüense para con niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y agresiones sexuales.Audiencia Mujeres y Niñas en la CIDH

El abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Luis Carlos Buob, sostuvo durante la cita, que la violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres de Nicaragua es alarmante, según los datos oficiales publicados por la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal.

“A pesar del marco jurídico nicaragüense las mujeres no encuentran respuesta a las denuncias. Las autoridades no han actuado con celeridad para identificar, investigar, procesar y juzgar a los responsables”, sostuvo Buob.

La representante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, Azahálea Solís, expuso las alarmantes cifras de violaciones del año 2012, que reportaron 5 mil 371 peritajes de violencia sexual, de los cuales 4 mil 532 corresponden a niñas y adolescentes menores de 17 años. Ello ha significado un aumento del 5% de casos de violencia sexual reportados por el Instituto de Medicina Legal.

Solís, denunció que en el caso del feminicidio de las 85 mujeres asesinadas en 2012, solo 24 homicidas están presos y apenas 4 han sido condenados, mientras el resto no se han resuelto.

Por su parte, la Directora de IPAS Centroamérica, Martha María Blandón, entregó a la CIDH un informe detallado de los casos de agresiones sexuales y la impunidad en que se han desarrollado en el país centroamericano.

Las tres organizaciones reiteraron su solicitud a la CIDH para que realice una visita conjunta al país en la que participen la Relatora para Nicaragua y las Relatoras de la Mujer y la Niñez. Dado que este pedido se ha realizado reiteradamente en los últimos años y sin éxito, se instó a que la CIDH pida al Estado de Nicaragua una respuesta a esta petición y le otorgue un plazo para su envío.

Por su parte, los representantes de Nicaragua dijeron en la audiencia que el país goza del marco jurídico adecuado, así como programas y proyectos sociales que favorecen a las niñas y a las mujeres. También mencionaron que la prohibición completa del aborto (en cualquiera de sus modalidades) fue por decisión soberana de los diputados que adoptaron la reforma legal.

Al respecto, en Managua, Mayte Ochoa de IPAS Centroamérica, dijo en contraste que son las organizaciones de mujeres las que están dando atención en los albergues a las niñas y mujeres agredidas, un rol que le corresponde al Estado y que no brinda de manera adecuada.

También en Managua, Juanita Jiménez, del MAM, invitó al Estado nicaragüense a abrir espacios de diálogo, tal como lo sugirió la Comisionada de la CIDH, Rosa María Ortiz, y lamentó que los representantes del Estado en la audiencia no dieran respuestas concretas a las demandas de las mujeres.

Las integrantes de la CIDH reiteraron su enorme preocupación por la subsitstencia de esta problemática y la inaceptable tasa de casos de violencia sexual contra las mujeres y, particularmente, de niñas. Por ello, urgieron al Estado a fortalecer e implementar medidas más proactivas para investigar oficiosamente y sancionar a los responsables.

Contactos en Washington

Milli Legrain / Coordinadora en Comunicación/ mlegrain@cejil.org/ +202 319-3000

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Texto por Nelson Rodríguez, Consultor Comunicación CEJIL en Nicaragua

Edición por Sergio Pacheco S, Comunicación Mesoamérica CEJIL

Realizan audiencia ante la CIDH por múltiples irregularidades con cedulación de nicaragüenses

“Muerte civil” en Nicaragua

 

  • Se estima que cerca de doscientos mil nicaragüenses, jóvenes entre los 16 y 21 años, no tienen cédula de identidad.
  • Organizaciones buscan respuesta positiva del Estado de Nicaragua.

 

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C.

Mar, 12/03/2013

Washington D.C., 12 de marzo de 2012- Esta mañana tuvo lugar la audiencia sobre “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C. Rosa María Ortiz

La Fundación Grupo Cívico y Transparencia (EyT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron información ante la Comisión Interamericana, con el fin de promover la protección de cientos de miles nicaragüenses que no han podido acceder a dicho documento, esencial para ejercer un sinnúmero de derechos.

“Hacemos un llamado al Estado nicaragüense para que regularice una situación crítica que, entre otras cosas, ocasiona serias dificultades de acceso a un trabajo digno, la obtención adecuada de servicios de salud y de educación, así como el ejercicio democrático del voto”, expresó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Debido a los efectos ocasionados por las limitaciones en el disfrute de los derechos humanos, el informe presentado esta mañana ante la CIDH, califica de “muerte civil” la situación que acontece a miles de nicaragüenses.

El Director Ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, recalcó que “no se le está reconociendo la personalidad jurídica y la identidad a estas personas, violación que está teniendo graves consecuencias en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

De acuerdo a la ley vigente, en el país centroamericano se puede solicitar cédula desde los quince años y es entregada al cumplirse los dieciséis.

La obtención de la cédula se ve dificultada y en ocasiones imposibilitada, por prácticas ilegítimas debido a la filiación política tanto “real” como “percibida”, así como por los elevados costos en los que se debe incurrir para realizar el trámite. Los habitantes de zonas rurales son los más afectados por esta última situación, pues tienen que desplazarse grandes distancias y en diversas ocasiones, para tratar de obtener su documentación.

Para CEJIL y el EyT, el objetivo de esta audiencia es abrir espacios de diálogo positivo con el Estado nicaragüense. “Existen caminos y soluciones que permitirían saldar una deuda con cientos de miles de nicaragüenses ahora desprotegidos por el Estado”, aseguró Krsticevic.

La representación oficial del Estado nicaragüense se comprometió a iniciar el trámite para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a su país y pueda corroborar las informaciones presentadas por las partes.

Contactos en Washington

Milli Legrain / Coordinadora en Comunicación/ mlegrain@cejil.org/ +202 319-3000

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Foto por Eddie Arrossi de la CIDH.

Carta de la sociedad civil al Presidente del Consejo Permanente

Transparencia de la OEA

Distinguido Embajador Pary Rodríguez:

 

Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.

Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas", disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.

 


Sáb, 23/06/2012

11 de julio de 2012
 
Su excelencia
Embajador Diego Pary Rodríguez
Presidente del Consejo Permanente
Organización de los Estados Americanos
 
 
Ref.: Participación de la sociedad civil en el proceso de discusión
relacionado con la Resolución AG/RES.2761


Distinguido Embajador Pary Rodríguez:
 
Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.
Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas"[1], disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.
En consonancia con el referido mandato, el Consejo Permanente incluyó este tema en su reunión ordinaria de fecha 28 de junio anterior disponiendo el inicio formal del proceso. Algunos días después, la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, hizo pública tal decisión informando a la sociedad civil que sobre el tema "el Consejo Permanente realizará próximamente reuniones informales con el fin de definir la metodología, el plan de trabajo, la agenda y el formato de las consultas a usar."[2]
Al respecto, las organizaciones firmantes consideramos que la forma en que se estaría resolviendo la participación de la sociedad civil en el diálogo ordenado por la Asamblea General en su Resolución, no constituye un proceso de participación real y efectiva congruente con los principios que sobre el tema ha fijado la propia OEA.
De esta manera, la OEA ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la Carta Democrática Interamericana reafirma el principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; en esa misma sintonía y en ocasión de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, los Jefes y Jefas de Estado de la región expresaron su compromiso para incentivar una plena participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano (parr.94).[3]
Más recientemente, en la pasada Asamblea General, los Estados de la Región adoptaron la Resolución AG/RES. 2736 (XLII-O/12)[4], mediante la cual se comprometen a ampliar y garantizar el diálogo y la participación con la sociedad civil a través de distintos medios.
En atención a lo anterior y debido a la importancia del tema que se encuentra en discusión ante el Consejo Permanente, o sea, el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el proceso debe resolverse asegurando las formas, oportunidades y espacios adecuados para que la participación de la sociedad civil sea real y efectiva y que garantice un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas.
En tal sentido, hacemos un llamado respetuoso para que se retomen los estándares fijados por la Asamblea General en cuanto a la participación de la sociedad civil y se garantice al menos lo siguiente:

  • Discusiones transparentes tanto a nivel regional (en el seno del Consejo Permanente o en otra instancia de la OEA) como en los distintos países;
  • Se realicen procesos de consulta en los países, los cuales deben ir más allá de las capitales en países cuya extensión sea considerable y sea difícil acudir a las convocatorias realizadas por la capital;
  • Se valore la pertinencia de utilizar recursos del Fondo Específico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en las discusiones que se generen sobre el tema de fortalecimiento de la Comisión Interamericana.  Pensar e implementar metodologías innovadoras, que no pueden agotarse en intervenciones presenciales en el marco de las sesiones del Consejo Permanente, ni tampoco reducirse a la circulación formal de documentos. Herramientas como la participación a distancia en tiempo real y la transmisión en vivo por webcast de todas las discusiones son mínimos que deben asegurarse, para poder hacer contribuciones informadas en torno a los distintos temas que sean discutidos;
  • Contar con una dinámica que facilite un diálogo en el marco de las reuniones y en cada una de las instancias de debate establecidas por el Consejo Permanente y no sólo una participación escrita formal. Es claro que la participación no puede reducirse a algunos momentos, sino que debe asegurarse durante todo el proceso, lo cual no pudo ser garantizado en el proceso previo de discusión del informe del Grupo de Trabajo. En tal sentido, como bien señala el Informe del Grupo de Trabajo, la única reunión que se dio fue el 28 de octubre de 2011, en el marco del periodo de sesiones de la CIDH y la convocatoria fue hecha sólo unos días antes de la reunión. Dado que ese día la CIDH aún estaba celebrando audiencias, numerosas organizaciones y funcionarios de diferentes países no pudieron participar en el llamado diálogo[5].

Con base en lo expuesto, consideramos sustancial que, como mínimo y previo a cualquier discusión sustantiva sobre el tema, durante la siguiente sesión del Consejo Permanente, se pueda trabajar una metodología en la que se establezcan formas de divulgar la información, una enunciación de los diferentes actores involucrados en la discusión del fortalecimiento de la Comisión Interamericana, la identificación de los espacios de participación real, así como un calendario de las reuniones y eventos que se llevarán a cabo tanto en Washington como en los distintos países durante los próximos meses.
Deseamos insistir en la necesidad de que se generen las oportunidades de participar efectivamente en cada uno de los puntos de discusión y en cada una de las reuniones que se hagan en relación con este tema que nos ocupa y que atañe a la vigencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos a los Estados ser escuchadas y tenidas en cuenta en nuestras opiniones y aportes al tiempo no solo de discutir las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo, sino también en oportunidad de resolver las cuestiones metodológicas y de agenda.
Agradecemos de antemano la atención a la presente, y quedamos a la espera de una respuesta de su parte.
 
c.c.p. José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
c.c.p. José de Jesús Orozco, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento
Organizaciones Firmantes:
Regionales
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición LGBTTTI Trabajando en la OEA
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
International Pregnancy Advisory Services (Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo) IPAS – Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ – AL)
 
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
 
Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro
ISER- Instituto de Estudos da Religião

Chile
Corporación Humanas
 
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Peace Brigades International - Colombia Project
 
Costa Rica
Alianza por tus Derechos
 
Ecuador
Accion Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Pachamama

El Salvador
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PROBUSQUEDA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER)
Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
 
Estados Unidos
Human Rights Clinic, University of Texas
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
 
Honduras
Asociación Cooperación Técnica Nacional (CTN)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación LGTB Arco Iris
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Casa Alianza
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Centro para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares (CPTRT)
Coalición Nacional de Mujeres de Honduras (CONAMUH)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH)
Comité por la Libre Expresión  (C-LIBRE), Honduras
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH)
Gran Alianza por OMOA
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
 
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.  (CEDHEM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ)
 
Nicaragua
Casa Alianza
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS)
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual
Movimiento Feminista de Nicaragua
Oficina de asistencia técnica para el desarrollo y la equidad (CIFEM), Nicaragua
Red de Mujeres contra la Violencia

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena
 
Paraguay
BASE Investigaciones Sociales,
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
 
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
 
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
 
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Car

[1] AG/RES. 2761 (XLII-O/12), Seguimiento de la Recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General en Bolivia celebrada el 5 de junio de 2012. En su párrafo segundo estableció “Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”.
[2] Correo de 5 de julio de 2012, difundido por el listado de osc_registradas@lists.oas.org por la Dirección del Departamento de Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, titulado “OEA - Consulta - Recomendaciones sobre el Funcionamiento de la CIDH y el Fortalecimiento del SIDH | OAS - Consultation - Recomendations on the Functioning of the IACHR and the Strengthening of the IASHR”.
[3] Declaración de Puerto España, 2009, en su párrafo 94 señala “Nos comprometemos a continuar incentivando la participación de nuestros pueblos, mediante la actuación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas y programas de desarrollo, proporcionando asistencia técnica y financiera, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, para reforzar y desarrollar su capacidad de participar de una forma más plena en el sistema interamericano”, disponible en http://www.summit-americas.org/sisca/cs_sp.html.
[4] Cfr., OEA. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2736 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012.
[5] En tal sentido, de acuerdo con el calendario de sesiones de la CIDH, ese día se llevaron a cabo audiencias sobre Canadá, Haití, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, y también se celebraron audiencias regionales sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; la seguridad ciudadana y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras; la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina; la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas; y la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Para más información sobre el 143º periodo de sesiones de la CIDH, ver: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Calendario143.pdf
 

Nicaragua fue denunciada ante la CIDH por no garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual

En el 2010 se cometió el equivalente a una violación sexual de una niña o mujer cada dos horas en Nicaragua

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Mié, 26/10/2011

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worldwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.

En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv

Nicaragua es denunciada nuevamente por violación de derechos políticos

Audiencia privada ante la Comisión Interamericana se celebró 13 días antes de las elecciones en Nicaragua

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143er periodo de sesiones de la CIDH.

Mar, 25/10/2011

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143er periodo de sesiones de la CIDH.

El próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones en Nicaragua para elegir los cargos de Presidente de la República, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (con sus respetivos suplentes) y al 20 Parlamento Centroamericano. Sin embargo, continúan las irregularidades y arbitrariedades por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), y persisten las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.

En la audiencia, los comisionados de la CIDH observaron un video que registra numerosos hechos de violencia vinculados al proceso electoral. Esos sucesos, ocurridos durante manifestaciones ciudadanas, suman casi una decena solo entre julio y octubre, y en ellos se empieza a ver una participación cada vez mayor de la policía e incluso del ejército.

CENIDH y CEJIL reiteraron su preocupación a la Comisión por la falta de independencia e imparcialidad que caracteriza a varios órganos estatales, principalmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia.

El CSE ha propiciado y tolerado prácticas que atentan contra la transparencia de las elecciones. Por ejemplo, ha permitido que el partido gobernante Frente Sandinista use fondos estatales y edificios públicos para hacer proselitismo político. Además continúa la entrega discriminatoria de cédulas de identidad para favorecer a los partidarios del Frente Sandinista.

Aunado a ello, la falta de un escrutinio del padrón electoral por parte del CSE siembra dudas sobre su actualidad. Recientes investigaciones han revelado que 750.000 nombres de personas muertas continúan dentro del patrón, entre casi cuatro millones de votantes que componen actualmente ese registro. Esta misma institución emitió un reglamento en agosto pasado que restringe la participación de observadores nacionales y extranjeros durante los comicios.

Por otra parte, las organizaciones peticionarias denunciaron la exclusión arbitraria de cuatro candidatos y candidatas a diputados por parte del CSE.

CENIDH y CEJIL instaron a la Comisión Interamericana para que exprese públicamente su preocupación por la situación en Nicaragua y reitere su solicitud de realizar una visita al país. Asimismo, se exhortó a la CIDH para que requiera información al Estado sobre las irregularidades denunciadas y solicite a las autoridades nicaragüenses investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia.

CEJIL participará en doce audiencias y cinco reuniones de trabajo durante el 143er período de sesiones de la Comisión Interamericana

Dos testigos en casos de México y Honduras (Buzos Misquitos) viajarán a Washington D. C. para dar sus testimonios

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143er período de sesiones.

143er

Vie, 21/10/2011

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143er período de sesiones.

Entre las audiencias públicas destacan dos casos específicos admitidos previamente por dicho órgano: Opario Lemoth Morris y otros (caso Buzos Misquitos) vs. Honduras y Jesús Ángel Gutiérrez Olvera vs. México. Ambas audiencias incluirán la comparecencia de víctimas que viajarán a Washington para dar testimonio.

De igual manera, CEJIL participará en distintas audiencias regionales sobre temas de preocupación en materia de derechos humanos: defensoras en Mesoamérica; seguridad ciudadana en Guatemala, Honduras y El Salvador; y derechos de la comunidad LGBTTTI en el continente.

En los ámbitos nacionales, CEJIL y sus organizaciones co-peticionarias denunciarán problemáticas relacionadas con los derechos políticos en Nicaragua; con los derechos de las mujeres en Colombia y Nicaragua; y con la Ley María da Penha sobre violencia doméstica en Brasil.  Además, se denunciarán la negación al  derecho a la nacionalidad para dominicanos de ascendencia haitiana, las condiciones de acceso a la información pública en Venezuela,  así como  la situación de violencia enfrentada por los campesinos del Bajo Aguán, en Honduras.

Por otra parte, la CIDH ha convocado oficiosamente a  cinco reuniones de trabajo el 26 de octubre. Estas están relacionadas con el cumplimiento de acuerdos amistosos o  recomendaciones de la CIDH de tres casos claves en el Perú (Mamérita Mestanza, MM y el caso del comunicado conjunto), la problemática del feminicidio en Honduras y una reunión sobre tres casos en El Salvador (el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras; el asesinato de Monseñor Romero; y la Masacre de las Hojas).

Las audiencias se transmitirán en vivo a través de Internet en este vínculo. La agenda de audiencias de CEJIL puede ser consultada en este enlace.

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

 

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

 

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

 

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos  humanos en la región.

Para más información:

Milli  Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

202 319 3000

CEJIL celebra el establecimiento de una relatoría sobre verdad, justicia y reparación en Naciones Unidas

Nuevo mecanismo coordinará con órganos del Sistema Interamericano

Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

Jue, 29/09/2011

Morazán, El Salvador. Monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. "Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes, con la humanidad entera".Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

CEJIL destaca particularmente el propósito expreso de coordinación entre la relatoría y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta cooperación podría traducirse en un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La relatoría tiene un gran reto para impulsar la tarea de que los Estados avancen tanto en la derogación de figuras que garantizan la impunidad, como en propuestas de políticas públicas y leyes que garanticen el derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.

CEJIL considera que el trabajo de este nuevo mecanismo debería retomar estudios elaborados por las Naciones Unidas en materia de amnistías e impunidad. Su trabajo también podría encontrar una tarea muy importante en defender el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones por parte de víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

La persona que estará a cargo de la relatoría tendrá un mandato de tres años y deberá reportar anualmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre algunas de las labores de la Relatoría destacan: a) la prestación de asistencia técnica; b) la sistematización y estudio de información sobre las situaciones nacionales, en particular sobre el marco normativo, las prácticas y experiencias nacionales, tales como las comisiones de verdad y reconciliación y otros mecanismos; c) la identificación, intercambio y promoción de las buenas prácticas y las enseñanzas obtenidas, así como identificar posibles elementos adicionales con miras a recomendar medios de mejorar y reforzar la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y d) formulación de recomendaciones sobre, entre otras cosas, medidas judiciales y no judiciales al elaborar y aplicar estrategias, políticas y medidas para hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

De manera particularmente relevante se señala que parte del mandato de la nueva relatoría será la realización de “un estudio sobre los medios de abordar las cuestiones inherentes al mandato” que retome información de distintas fuentes. Se aclara que la relatoría deberá “trabajar en estrecha coordinación, evitando las duplicaciones innecesarias, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y con otros actores pertinentes”.

“Sin lugar a dudas, esta decisión contribuye a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de millones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sobrevivientes en el mundo entero”, sostuvo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL.

Krsticevic agregó que, dada la dimensión del problema, es muy importante para la legitimidad y la eficacia del mecanismo que la resolución de creación haya tenido un amplio respaldo.

“Esperamos que el trabajo de la nueva relatoría permita dar un salto cualitativo en el abordaje de esta temática en varios países de América Latina –como Brasil, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y México, entre otras naciones– que aún precisan avanzar significativamente en la garantía de estos derechos fundamentales y en la lucha contra la impunidad”, concluyó.

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