Honduras

CEJIL lamenta el asesinato de colaborador de Radio Progreso en Honduras

La víctima era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH

San José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

Lun, 14/04/2014

Carlos Mejía, créditos periódico La Prensa HondurasSan José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

El joven Mejía era beneficiario, en conjunto con otros 18 colaboradores de Radio Progreso, de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas medidas habían sido adoptadas por la Comisión en virtud de numerosos actos de hostigamiento y amenazas en contra de los integrantes de la radio. En el caso de Carlos Mejía, la CIDH adoptó las medidas el 27 de mayo de 2011 y ordenó al Estado de Honduras realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal.  Desafortunadamente, las autoridades no establecieron medidas de seguridad efectivas. Tampoco investigaron las amenazas denunciadas.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL declaró que “es fundamental que las autoridades hondureñas atiendan los llamados de los órganos internacionales de protección y cumplan con su obligación de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en riesgo. Ante estos lamentables hechos, el Estado debe cumplir con su deber de debida diligencia y esclarecer los hechos en el menor plazo posible”.

CEJIL expresa su solidaridad a todos los colegas y colaboradores de Radio Progreso por esta lamentable pérdida. A la vez, exhorta al Estado de Honduras para que lleven a cabo una investigación diligente, pronta y oportuna con el objetivo de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de Carlos Mejía. Finalmente, solicitamos consensuar las medidas de seguridad que se requieran con los otros colaboradores de Radio Progreso, quienes también son beneficiarios de medidas de protección.

Créditos Fotográficos: Periódico La Prensa

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280-7473

daraya@cejil.org

Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Cartagena de Indias y la posible reincorporación del Estado de Honduras a la OEA

Firman 20 organizaciones incluyendo CEJIL

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Lun, 30/05/2011

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.

Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que

significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.

Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.

Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:

 

1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

 

2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

 

3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

 

4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.

 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.

 

30 de mayo de 2011

 

Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras

Diakonia - Suecia

Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Rights Action

 

Enlaces relacionados:

 

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:

http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92

 

Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:

http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea

 

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

CEJIL expone en Congreso de Estados Unidos crímenes contra periodistas hondureños

Audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos

CEJILLa Directora del Programa de CEJIL para América Central y México, Alejandra Nuño, expuso la situación de peligro que viven los periodistas hondureños. expresó su preocupación por el asesinato de nueve periodistas, así como por la situación de amenazas y acoso permanente que enfrentan comunicadores y medios de comunicación en Honduras, durante una audiencia acerca de la libertad de prensa en las Américas efectuada el miércoles 16 de junio ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso de Estados Unidos.

Lea aquí el documento.

Lea aquí las observaciones de CEJIL al decreto que crea la Comisión de la Verdad en  Honduras.

Jue, 17/06/2010

La Directora del Programa de CEJIL para América Central y México, Alejandra Nuño, expuso la situación de peligro que viven los periodistas hondureños.Washington D.C., 17 de junio de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresó su preocupación por el asesinato de nueve periodistas, así como por la situación de amenazas y acoso permanente que enfrentan comunicadores y medios de comunicación en Honduras, durante una audiencia acerca de la libertad de prensa en las Américas efectuada el miércoles 16 de junio ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso de Estados Unidos.

Alejandra Nuño, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México, expuso el incremento en la situación de riesgo de los periodistas en Honduras. Al respecto señaló que de 2003 a mediados de 2009 hubo tres periodistas asesinados en Honduras, mientras que después del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 hasta la fecha se contabilizan nueve crímenes de comunicadores.

“Estos ataques a los medios y a los comunicadores han tenido un efecto intimidatorio en el libre intercambio de ideas en Honduras, convirtiendo a la reconciliación nacional y la democracia en un anhelo distante”, dijo Nuño, quien también expresó su preocupación por los indicios existentes de que esas muertes se sumarán a la “creciente lista de casos que permanecen en la impunidad”.

Para CEJIL, todos los poderes del Estado tienen responsabilidad cuando los periodistas son perseguidos. En este sentido, una de las obligaciones estatales es evitar que tales hechos ocurran y sancionar a los responsables: “Una investigación efectiva junto con otras medidas de protección pueden, de hecho, evitar los asesinatos y otros incidentes violentos”, afirmó Nuño.

CEJIL recomendó a los miembros del Subcomité de Asuntos Hemisféricos usar sus potestades para que se envíe un mensaje al Estado hondureño con el fin de que cese la persecución a medios de comunicación y a los comunicadores, así como para que se sancione a los responsables de los crímenes cometidos; igualmente se recomendó promover la instalación en Honduras de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre marzo y junio han sido asesinados en Honduras los periodistas Joseph Hernández, Nahúm Palacios, Jorge Alberto Orellana, David Meza, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Luis Antonio Chévez  y Luis Arturo Mondragón. En julio de 2009 fue asesinado Gabriel Fino Noriega. Todos estos crímenes permanecen en la impunidad

Además, continúan el acoso y las amenazas de muerte contra periodistas. En lo que va del año 2010 esta situación ha perjudicado especialmente a los comunicadores de Radio Progreso, La Voz de Occidente y La Voz de Zacate Grande, emisoras críticas del gobierno.

También participaron en la audiencia la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero; el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon; el Presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier; el jefe de Redacción del diario La Prensa de Nicaragua, Eduardo Enríquez y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre.

Lea aquí el documento.

Lea aquí las observaciones de CEJIL al decreto que crea la Comisión de la Verdad en  Honduras.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera

Tel: (202) 445-46-76

mherrera@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Reflexiones en torno a la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Honduras

Instancia nace con graves debilidades

Centro por la Justicia y el Derecho InternacionalCEJIL analiza el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras y expone los principales aspectos de esa iniciativa, que contradicen los estándares internacionales en materia de justicia transicional y comisiones de la verdad.

Lea aquí el documento completo

Lun, 17/05/2010

La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas en este documento no debe ser motivo de celebración. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional.

Las limitaciones legales y económicas con que inicia su trabajo esta Comisión comprometen el serio funcionamiento y los resultados que se podrían obtener. Ello, lejos de aportar a un proceso serio de reconciliación, podría generar mayores indignaciones y agravios. El Estado de Honduras --que va más allá del Ejecutivo-- continúa sin dar muestras serias de voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos el 28 de junio y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos hasta ahora dados son contradictorios, débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internaciones establecidos para estos efectos.

A los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, así como las agencias de cooperación y la comunidad de Estados se les solicita revalorar el apoyo político y económico a esta iniciativa hasta tanto no se realice un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le insta para que se pronuncie respecto de las deficiencias de la Comisión de la Verdad y específicamente señale su preocupación por la exclusión de las violaciones de derechos humanos como parte del mandato esencial que debería tener todo proceso de justicia transicional.

A los órganos y relatores de Naciones Unidas, a mantener una supervisión continua sobre la situación en que se encuentra Honduras y a monitorear el cumplimiento del informe emitido por la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras

Corte intenta amedrentar a jueces independientes

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza FloresLa Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió el 5 de mayo a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios, por cuestionar el golpe de Estado y la posición que mantuvo la Corte al respecto. CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados.

Jue, 06/05/2010

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza Flores

Washington D.C. 6 de mayo de 2010

La Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió ayer a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña, porque significa una represalia al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación; además, es un claro mensaje amedrentador para cualquier otro funcionario judicial que cuestione a las autoridades que avalaron el golpe de Estado. La independencia judicial se ve seriamente debilitada con esta decisión.

“El despido de los operadores de justicia demuestra, una vez más, las grandes contradicciones del Gobierno hondureño, que por un lado anuncia la instalación de una cuestionada Comisión de la Verdad y por otro despide a jueces por ejercer sus derechos y actuar de forma independiente. Queda claro que en Honduras no existe espacio para el debate libre de ideas sino intolerancia y represión para quienes piensan diferente”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

Los despedidos son los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.

A López, Chévez y Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; a Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, y a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.

Los jueces y la magistrada Flores son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, presidida por López.

“Este es un retroceso para  el proceso de búsqueda de independencia de los jueces. La Corte envía un mensaje de que los jueces no deben ser críticos, sino sumisos y obedientes, y que los jueces honestos, responsables e independientes estorban”, dijo la magistrada Tirza Flores.

CEJIL abogará por la restitución de los funcionarios judiciales despedidos en todos los espacios jurídicos, políticos y diplomáticos existentes, para evitar la consolidación de un nuevo daño a la independencia judicial y a la democracia hondureña.

Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
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CEJIL llama a las autoridades hondureñas a elegir un Comisionado (a) Nacional de los DDHH independiente

El proceso de selección debe ser transparente

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

Mié, 12/03/2014

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

“Para garantizar la elección de la persona con mejores capacidades, se debe evaluar rigurosamente la competencia, honorabilidad e integridad de las personas postulantes, dichas características son un aval de justicia tanto para quienes consideran que han sido víctimas de un abuso de poder como para las personas o entidades denunciadas, pues suponen una evaluación objetiva de los hechos, que sea respetuosa de las normas y procedimientos”, destacó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Este proceso reviste de una particular importancia para Honduras, pues en los últimos años la labor del CONADEH se ha visto desacreditada tanto nacional como internacionalmente, de hecho, el Comité Internacional Coordinador de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos rebajó la calificación internacional del ombudsman hondureño y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009 destacó que las medidas del actual Comisionado han sido ineficientes, negligentes o directamente incompatibles con su mandato.

En tal sentido, el Congreso de ese país tiene una importante oportunidad para recuperar la credibilidad de dicha institución y contribuir efectivamente al cumplimiento de su mandato como máximo órgano responsable de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en Honduras.

CEJIL se suma a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil hondureña y exhorta a las autoridades a garantizar un proceso transparente, público y que permita la participación amplia de todos los sectores que conforman la sociedad en ese país. Estas condiciones, sumadas a una valoración rigurosa de los atestados de las personas candidatas, libre de influencias político-partidistas, resultan indispensables para lograr que la persona que se elija posea las características de competencia e integridad necesarias para dirigir con éxito la institución nacional de protección de derechos humanos.

 

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Daniela Araya

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daraya@cejil.org

Comisión Interamericana ordena proteger a indígenas ambientalistas en Honduras

Otorgamiento de medidas cautelares confirma el clima de riesgo para defensores ambientalistas en Honduras

San José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Vie, 20/12/2013

Protesta MADJ HondurasSan José, viernes 20 de diciembre del 2013. El pasado miércoles 18 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Esta última es una organización que lucha por la defensa de los recursos naturales, y está conformada por activistas de distintos sectores, incluyendo a líderes indígenas de la etnia tolupán, que residen en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, Honduras.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas de protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Además, los tolupanes se han opuesto a la explotación minera indiscriminada en la zona.

Por estas y otras acciones en defensa del medio ambiente, los líderes tolupanes y su abogado defensor Víctor Fernández, han sido víctimas de agresiones. De hecho, el 25 de agosto pasado los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Los responsables de estos graves hechos permanecen en fuga.

“Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH representan un llamado de atención para las autoridades hondureñas. En Honduras nos sentimos desprotegidos a la hora de defender nuestro derecho a un ambiente sano, y por lo tanto reclamamos que se nos brinde la seguridad para continuar con la labor de defensa”, manifestó Víctor Fernández, beneficiario de las medidas y además Coordinador del MADJ.

La decisión de la CIDH confirma el contexto de riesgo que afecta a numerosos defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. En efecto, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, manifestó que “ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluidas las comunidades indígenas y afro-hondureñas, así como aquellas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y derecho a la tierra”.

En similar sentido se pronunció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado hondureño por el asesinato del ambientalista Carlos Luna López. En esta oportunidad, la Corte ordenó la implementación de una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México destacó que “el Estado de Honduras debe atender a los diversos llamados internacionales y tomar acciones inmediatas para minimizar el riesgo que afecta a los defensores y las defensoras en el país. CEJIL hace un llamado a las autoridades para que implementen las medidas de protección específicas para proteger a los ambientalistas, a su vez, les exhortamos a crear e implementar la política pública que fuera ordenada por la Corte Interamericana.”

Corte IDH ordena a Honduras adoptar una política pública adecuada para la protección integral de defensoras y defensores de DDHH

La medida se ordena en el marco de la sentencia de la Corte IDH por el asesinato en 1998 del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López

El Progreso y San José, 19 de noviembre de 2013.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó nuevamente al Estado de Honduras por no proteger a los defensores del ambiente en este país. En esta ocasión, el Tribunal Interamericano declaró la responsabilidad internacional por haber incumplido con el deber de prevenir la vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así como por haber violentado la integridad personal de los familiares.

 

 

Mar, 19/11/2013

Memoria del Asesinato de Carlos LunaLa medida se ordena en el marco de la sentencia de la Corte IDH por el asesinato en 1998 del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López

El Progreso y San José, 19 de noviembre de 2013.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó nuevamente al Estado de Honduras por no proteger a los defensores del ambiente en este país. En esta ocasión, el Tribunal Interamericano declaró la responsabilidad internacional por haber incumplido con el deber de prevenir la vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así como por haber violentado la integridad personal de los familiares.

Carlos Luna ejercía el cargo de regidor en el municipio de Catacamas. A inicios del año 1998, tras haber denunciado públicamente la comisión de diversos delitos ambientales fue amenazado de muerte; pese a que las autoridades conocían de estas amenazas no tomaron medidas para protegerlo, como consecuencia, fue asesinado en mayo de ese mismo año.

En su sentencia, la Corte IDH consideró que el Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar la vida de Carlos Luna, entre otras acciones, a través del otorgamiento de medidas de seguridad y protección personal para que pudiera continuar desarrollando su trabajo, así como realizar las gestiones necesarias para investigar de manera inmediata y efectiva todas las amenazas recibidas. Dado que no se actuó con la debida diligencia, la Corte señaló que se incumplió con la obligación de garantizar el derecho a la vida del ambientalista.

Además, debido a la situación especial de riesgo de los defensores ambientalistas en Honduras, la Corte Interamericana ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección. Dicha política debe contemplar, entre otras cosas, suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente, y debe acompañarse de la promoción de una cultura de legitimación y protección de las y los defensores de derechos humanos debido a la importante labor que realizan.

Esta medida es particularmente importante considerando el mencionado contexto de riesgo. En su informe de diciembre de 2012, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, manifestó su preocupación sobre el tema y también recomendó al Estado de Honduras la creación de un programa para proteger a dicho grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades siguen sin cumplir lo señalado.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas en el presente caso, exhortamos a las autoridades hondureñas a cumplir con la sentencia ordenada por la Corte Interamericana, en particular, a implementar en el menor plazo posible la política pública antes descrita de manera que se protega efectivamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país y se les permita continuar realizando su labor libre de temores e injerencias indebidas.

Enlaces relacionados:

Sentencia

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya - Misión a Honduras 2012

Comunicados de prensa :

http://cejil.org/comunicados/cejil-y-eric-denuncian-a-honduras-por-violar-derechos-de-ambientalista

http://cejil.org/comunicados/corte-idh-celebro-audiencia-sobre-asesinato-de-ambientalista-en-honduras

Daniela Araya

http://cejil.org/comunicados/cejil-y-eric-denuncian-a-honduras-por-violar-derechos-de-ambientalista
http://cejil.org/comunicados/corte-idh-celebro-audiencia-sobre-asesinato-de-ambientalista-en-hondurasDaniela Araya

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(506) 2280-7473 / 506 8820-8588

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Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

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