Honduras

Honduras debe garantizar los derechos civiles y políticos en jornada electoral

San José y Washington D.C., 24 de noviembre de 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

Dom, 24/11/2013

Bandera de HondurasSan José y Washington D.C., 24 de noviembre del 2013.- El día de ayer fueron asesinados María Amparo Pinedo Duarte y Julio Ramon Maradiaga, ambos integrantes de la Cooperativa Carbón afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y simpatizantes del Partido Libre.  De acuerdo con la información recibida, el hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo y ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, cuando regresaban de una capacitación para observación electoral en el municipio de Cantarranas.

Ayer también fue brutalmente golpeado el señor Carlenton Dávila, candidato a alcalde por Tegucigalpa en representación del Partido Anticorrupción (PAC), razón por la cual tuvo que ser ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 21 personas habrían sido asesinadas desde mayo del 2012 hasta la fecha, presuntamente por motivaciones políticas.  CEJIL expresa su preocupación por estos hechos de violencia y exige una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

A la vez, recibimos información de la presencia de fuerzas militares en Cantagallo, lugar en donde se ubican los transmisores de Canal 36 (Cholusat Sur). Este medio de comunicación y su director, Esdras Amado López, cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2009. En Cantagallo también se ubican los transmisores de Radio Globo y Canal 11.

CEJIL exhorta a las autoridades hondureñas a proteger efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de incurrir en prácticas que podrían ser consideradas injerencias indebidas.

Hoy, al celebrarse la jornada electoral para definir a las nuevas autoridades de gobierno en Honduras, CEJIL hace un llamado respetuoso para que se tomen todas las medidas necesarias a efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas las hondureñas, en condiciones de libertad y sin temores ni injerencias ilegítimas. De igual forma, solicitamos a la CIDH y a la comunidad internacional, que se mantengan vigilantes de los hechos que limiten o violenten los derechos humanos en este país.

Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Cartagena de Indias y la posible reincorporación del Estado de Honduras a la OEA

Firman 20 organizaciones incluyendo CEJIL

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Lun, 30/05/2011

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.

Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que

significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.

Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.

Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:

 

1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

 

2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

 

3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

 

4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.

 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.

 

30 de mayo de 2011

 

Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras

Diakonia - Suecia

Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Rights Action

 

Enlaces relacionados:

 

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:

http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92

 

Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:

http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea

 

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

CEJIL expone en Congreso de Estados Unidos crímenes contra periodistas hondureños

Audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos

CEJILLa Directora del Programa de CEJIL para América Central y México, Alejandra Nuño, expuso la situación de peligro que viven los periodistas hondureños. expresó su preocupación por el asesinato de nueve periodistas, así como por la situación de amenazas y acoso permanente que enfrentan comunicadores y medios de comunicación en Honduras, durante una audiencia acerca de la libertad de prensa en las Américas efectuada el miércoles 16 de junio ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso de Estados Unidos.

Lea aquí el documento.

Lea aquí las observaciones de CEJIL al decreto que crea la Comisión de la Verdad en  Honduras.

Jue, 17/06/2010

La Directora del Programa de CEJIL para América Central y México, Alejandra Nuño, expuso la situación de peligro que viven los periodistas hondureños.Washington D.C., 17 de junio de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresó su preocupación por el asesinato de nueve periodistas, así como por la situación de amenazas y acoso permanente que enfrentan comunicadores y medios de comunicación en Honduras, durante una audiencia acerca de la libertad de prensa en las Américas efectuada el miércoles 16 de junio ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Congreso de Estados Unidos.

Alejandra Nuño, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México, expuso el incremento en la situación de riesgo de los periodistas en Honduras. Al respecto señaló que de 2003 a mediados de 2009 hubo tres periodistas asesinados en Honduras, mientras que después del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 hasta la fecha se contabilizan nueve crímenes de comunicadores.

“Estos ataques a los medios y a los comunicadores han tenido un efecto intimidatorio en el libre intercambio de ideas en Honduras, convirtiendo a la reconciliación nacional y la democracia en un anhelo distante”, dijo Nuño, quien también expresó su preocupación por los indicios existentes de que esas muertes se sumarán a la “creciente lista de casos que permanecen en la impunidad”.

Para CEJIL, todos los poderes del Estado tienen responsabilidad cuando los periodistas son perseguidos. En este sentido, una de las obligaciones estatales es evitar que tales hechos ocurran y sancionar a los responsables: “Una investigación efectiva junto con otras medidas de protección pueden, de hecho, evitar los asesinatos y otros incidentes violentos”, afirmó Nuño.

CEJIL recomendó a los miembros del Subcomité de Asuntos Hemisféricos usar sus potestades para que se envíe un mensaje al Estado hondureño con el fin de que cese la persecución a medios de comunicación y a los comunicadores, así como para que se sancione a los responsables de los crímenes cometidos; igualmente se recomendó promover la instalación en Honduras de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre marzo y junio han sido asesinados en Honduras los periodistas Joseph Hernández, Nahúm Palacios, Jorge Alberto Orellana, David Meza, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Luis Antonio Chévez  y Luis Arturo Mondragón. En julio de 2009 fue asesinado Gabriel Fino Noriega. Todos estos crímenes permanecen en la impunidad

Además, continúan el acoso y las amenazas de muerte contra periodistas. En lo que va del año 2010 esta situación ha perjudicado especialmente a los comunicadores de Radio Progreso, La Voz de Occidente y La Voz de Zacate Grande, emisoras críticas del gobierno.

También participaron en la audiencia la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero; el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon; el Presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier; el jefe de Redacción del diario La Prensa de Nicaragua, Eduardo Enríquez y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre.

Lea aquí el documento.

Lea aquí las observaciones de CEJIL al decreto que crea la Comisión de la Verdad en  Honduras.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera

Tel: (202) 445-46-76

mherrera@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Reflexiones en torno a la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Honduras

Instancia nace con graves debilidades

Centro por la Justicia y el Derecho InternacionalCEJIL analiza el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras y expone los principales aspectos de esa iniciativa, que contradicen los estándares internacionales en materia de justicia transicional y comisiones de la verdad.

Lea aquí el documento completo

Lun, 17/05/2010

La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas en este documento no debe ser motivo de celebración. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional.

Las limitaciones legales y económicas con que inicia su trabajo esta Comisión comprometen el serio funcionamiento y los resultados que se podrían obtener. Ello, lejos de aportar a un proceso serio de reconciliación, podría generar mayores indignaciones y agravios. El Estado de Honduras --que va más allá del Ejecutivo-- continúa sin dar muestras serias de voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos el 28 de junio y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos hasta ahora dados son contradictorios, débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internaciones establecidos para estos efectos.

A los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, así como las agencias de cooperación y la comunidad de Estados se les solicita revalorar el apoyo político y económico a esta iniciativa hasta tanto no se realice un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le insta para que se pronuncie respecto de las deficiencias de la Comisión de la Verdad y específicamente señale su preocupación por la exclusión de las violaciones de derechos humanos como parte del mandato esencial que debería tener todo proceso de justicia transicional.

A los órganos y relatores de Naciones Unidas, a mantener una supervisión continua sobre la situación en que se encuentra Honduras y a monitorear el cumplimiento del informe emitido por la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lea aquí el documento completo

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras

Corte intenta amedrentar a jueces independientes

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza FloresLa Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió el 5 de mayo a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios, por cuestionar el golpe de Estado y la posición que mantuvo la Corte al respecto. CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados.

Jue, 06/05/2010

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza Flores

Washington D.C. 6 de mayo de 2010

La Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió ayer a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña, porque significa una represalia al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación; además, es un claro mensaje amedrentador para cualquier otro funcionario judicial que cuestione a las autoridades que avalaron el golpe de Estado. La independencia judicial se ve seriamente debilitada con esta decisión.

“El despido de los operadores de justicia demuestra, una vez más, las grandes contradicciones del Gobierno hondureño, que por un lado anuncia la instalación de una cuestionada Comisión de la Verdad y por otro despide a jueces por ejercer sus derechos y actuar de forma independiente. Queda claro que en Honduras no existe espacio para el debate libre de ideas sino intolerancia y represión para quienes piensan diferente”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

Los despedidos son los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.

A López, Chévez y Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; a Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, y a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.

Los jueces y la magistrada Flores son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, presidida por López.

“Este es un retroceso para  el proceso de búsqueda de independencia de los jueces. La Corte envía un mensaje de que los jueces no deben ser críticos, sino sumisos y obedientes, y que los jueces honestos, responsables e independientes estorban”, dijo la magistrada Tirza Flores.

CEJIL abogará por la restitución de los funcionarios judiciales despedidos en todos los espacios jurídicos, políticos y diplomáticos existentes, para evitar la consolidación de un nuevo daño a la independencia judicial y a la democracia hondureña.

Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
mherrera@cejil.org
www.cejil.org

Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Lun, 01/12/2014

Afiche sobre visita in loco CIDH HondurasTegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:

Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.

Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.

Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).

Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.

Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Asociación LGBT Arcoiris

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

El Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)

Foro de mujeres por la Vida

La Red de Mujeres de Ojojona

Movimiento Diversidad en Resistencia

Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS)

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Red Lésbica Cattrachas

 

 

 

 

 

CEJIL condena los nuevos asesinatos de fiscales en Honduras

Marlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Olga Patricia Eufragio, fiscal de Protección al Medio Ambiente, fueron asesinadas la noche del pasado viernes 10 de octubre, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena estos asesinatos, exigiendo la protección de miembros del poder judicial, los cuales desarrollan su trabajo bajo una constante amenaza motivada en gran parte por la impunidad de los delitos cometidos.

Vie, 24/10/2014

Fotografía el HeraldoMarlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Olga Patricia Eufragio, fiscal de Protección al Medio Ambiente, fueron asesinadas la noche del pasado viernes 10 de octubre, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena estos asesinatos, exigiendo la protección de miembros del poder judicial, los cuales desarrollan su trabajo bajo una constante amenaza motivada en gran parte por la impunidad de los delitos cometidos. Desde la creación del Ministerio Público, en el año 1994, nueve fiscales y un director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) han sido asesinados. De estos crímenes sólo dos han sido judicializados; los demás se encuentran impunes.

A su vez, un informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que en Honduras unos 81 profesionales del Derecho han perdido la vida en circunstancias violentas desde el 2010 a la fecha.

Operadores de justicia, organizaciones hondureñas e internacionales, el 31 de julio de 2013, enviaron una carta a la Comisión Interventora del Ministerio Público y otras autoridades hondureñas, para exigir una investigación exhaustiva y acorde a estándares internacionales, por el asesinato de la jueza Mireya Mendoza (Lea la carta aquí). Más de un año después de esta misiva, CEJIL quiere insistir en la importancia de tomar medidas de protección para aquéllos que luchan por los derechos humanos en el país.

CEJIL quiere a su vez mostrar el respeto y la admiración por el trabajo de las fallecidas Marelene Benegas y Olga Patricia Eufragio, enviando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

Créditos Fotográficos: Periódico El Heraldo

Protección Internacional y CEJIL saludan los esfuerzos para aprobar una ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en Honduras en consulta con la sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Jue, 07/08/2014

Taller con diputados hondureños Protection International y CEJILTegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Debido a esta grave situación, los citados órganos de protección así como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal recomendaron al Estado de Honduras la creación de un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya a su vez, a los periodistas y comunicadores sociales.

En tal sentido, el pasado 4 de junio, el Congreso de la República de Honduras aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” que busca cumplir con las citadas recomendaciones, no obstante, dicho proyecto presenta diversas deficiencias que podrían impedir el cumplimiento del objetivo que persigue.

Ante tal panorama, Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron una misión conjunta a Tegucigalpa durante la semana del 28 de Julio al 2 de agosto. En la misión se expresaron algunas preocupaciones sobre el proyecto aprobado a representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso hondureño, a la vez, se acompañó a las organizaciones locales en la reflexión y elaboración de propuestas de reformas que fortalezcan el mencionado mecanismo.

“Toda política pública de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha de ser consultada con sociedad civil y sometida a un buen análisis técnico.  De lo contrario dicha política pública puede ser inaplicable, con lo que no obtendría los beneficios esperados”, destacó el Presidente de PI sobre el tema.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México señaló que: “el Estado de Honduras tiene la obligación de considerar los estándares internacionales sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos y además debe consensuar con los diversos grupos en situación de riesgo la implementación de mecanismos que respondan a sus necesidades en forma efectiva”.

PI y CEJIL saludan y agradecen la buena disposición de las autoridades para escuchar las propuestas de mejora a la iniciativa. Asimismo reiteran el llamado para que se consideren los aportes de diversos sectores de la sociedad civil de manera que el mecanismo que persigue la protección de los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia sea producto de un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Honduras nuevamente incumple medidas de protección otorgadas por la CIDH

Otro beneficiario de medidas cautelares es asesinado

San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

Lun, 05/05/2014

Bandera de Honduras (Créditos El Heraldo)San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

La CIDH otorgó medidas cautelares a la comunidad de Cerrito Lindo desde el año 2005 ante una solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las medidas se originan por numerosos actos de violencia cometidos en contra de los miembros de la comunidad a raíz de la disputa por la propiedad de los lotes que ocupan.

Según señalan los pobladores, sus propiedades les habían sido vendidas ilegalmente por parte de una empresa local. Al darse cuenta de la falta de legalidad en el proceso de compra y venta, los habitantes emprendieron una serie de actividades legales y protestas con el objetivo de resolver la situación de los lotes que adquirieron de buena fe. Estos actos de denuncia desencadenaron una serie de ataques contra los miembros de la colonia Cerrito Lindo, incluyendo desalojos violentos, amenazas de muerte, seguimientos e incluso varios asesinatos.

En efecto, con la muerte del señor Orellana, suman siete los asesinatos de personas vecinas de la comunidad en el marco de las medidas cautelares, a saber: Paulino Henríquez asesinado el 17 de marzo de 2004, Jonni Orlando Aceituno Varela asesinado el 18 de junio de 2004; Héctor José Ulloa y Gilmar Santiago Mejía  atropellados en circunstancias sospechosas y no esclarecidas el 27 de marzo de 2004 y el 26 de enero de 2006 respectivamente.

Eligio Mejía asesinado el 5 de febrero de 2006 y Orfilia Amparo Mejía asesinada el 26 de marzo de 2012. Ninguna de estas muertes han sido esclarecidas tampoco se han implementado medidas de protección efectivas.

“La situación en Honduras es insostenible y la situación de desprotección de quienes defienden derechos humanos es evidente. El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por faltar a su deber de proteger a los pobladores de Cerrito Lindo y por la falta de investigación que caracteriza estos lamentables hechos”, declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Adicionalmente, resulta particularmente preocupante que en menos de un mes resultaron asesinados dos beneficiarios de medidas cautelares, en este sentido, cabe recordar la muerte violenta de Carlos Mejía Orellana, colaborador de Radio Progreso, ocurrida el pasado 11 de abril.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que cumplan con su deber de debida diligencia y adopten todas las medidas necesarias para investigar estos acontecimientos e identificar a las personas responsables. A la vez, reiteramos nuestro llamado para que se adopte un adecuado mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos que incluya a las personas beneficiarias de medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos Fotográficos: El Heraldo

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CEJIL lamenta el asesinato de colaborador de Radio Progreso en Honduras

La víctima era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH

San José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

Lun, 14/04/2014

Carlos Mejía, créditos periódico La Prensa HondurasSan José, lunes 14 de abril de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta la trágica muerte de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso en Honduras, ocurrida el pasado viernes 11 de abril de 2014.

Según ha trascendido a la luz pública, entre las 22 y 23 horas de ese día, Carlos Mejía fue brutalmente asesinado, mientras se encontraba en su casa de habitación en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, en Honduras. El móvil y las circunstancias del crimen aún no son claras, pero su cuerpo sin vida presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

El joven Mejía era beneficiario, en conjunto con otros 18 colaboradores de Radio Progreso, de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas medidas habían sido adoptadas por la Comisión en virtud de numerosos actos de hostigamiento y amenazas en contra de los integrantes de la radio. En el caso de Carlos Mejía, la CIDH adoptó las medidas el 27 de mayo de 2011 y ordenó al Estado de Honduras realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal.  Desafortunadamente, las autoridades no establecieron medidas de seguridad efectivas. Tampoco investigaron las amenazas denunciadas.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL declaró que “es fundamental que las autoridades hondureñas atiendan los llamados de los órganos internacionales de protección y cumplan con su obligación de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en riesgo. Ante estos lamentables hechos, el Estado debe cumplir con su deber de debida diligencia y esclarecer los hechos en el menor plazo posible”.

CEJIL expresa su solidaridad a todos los colegas y colaboradores de Radio Progreso por esta lamentable pérdida. A la vez, exhorta al Estado de Honduras para que lleven a cabo una investigación diligente, pronta y oportuna con el objetivo de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de Carlos Mejía. Finalmente, solicitamos consensuar las medidas de seguridad que se requieran con los otros colaboradores de Radio Progreso, quienes también son beneficiarios de medidas de protección.

Créditos Fotográficos: Periódico La Prensa

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