Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Grupos de sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Ante la inminente culminación del análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dentro del expediente Varios 1396/2011, los organismos civiles que suscribimos este comunicado llamamos al Máximo Tribunal a establecer criterios efectivos en materia de género, etnicidad y tortura sexual.

 

Lun, 27/04/2015
  • SCJN continuará este lunes el análisis sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el expediente Varios 1396/2011.
  • ONG´s expresan su preocupación ante el aumento de las posiciones regresivas en materia de derechos humanos que se expresan en el Pleno.
  • La SCJN debe analizar los casos de Inés y Valentina a la luz del aumento de la tortura sexual en el país.

México, D.F. 27 de abril de 2015.- Ante la inminente culminación del análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dentro del expediente Varios 1396/2011, los organismos civiles que suscribimos este comunicado llamamos al Máximo Tribunal a establecer criterios efectivos en materia de género, etnicidad y tortura sexual.

Cabe recordar al respecto que la larga búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú -mujeres indígenas del pueblo Mep’haa que en 2002 sobrevivieron graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano-, culminó con la emisión de dos sentencias de la Corte IDH en el año 2010. Éstas, imponen al Estado mexicano diversas obligaciones que deben ser acatadas sin cuestionamiento alguno. Justamente, el análisis que a partir del martes 21 de abril comenzó la SCJN, busca profundizar y desarrollar cuáles son los deberes a los que específicamente se encuentra obligado el Poder Judicial de la Federación.

 

Hasta ahora, el análisis realizado por la SCJN no ha mostrado a un Tribunal Constitucional que busque ampliar genuinamente las garantías de los derechos humanos. Por el contrario, se ha evidenciado que el Máximo Tribunal vive un período de retrocesos, como fue puesto de relieve en tres momentos del debate: el primero, al determinar el Pleno que debía realizarse un improcedente ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria –establecida en la contradicción de tesis 293/2011– sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; un segundo momento, al evitar analizar la compatibilidad de la reciente reforma en materia de fuero militar con el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, maximizando así los efectos de su fallo; y, finalmente, resultan de suma preocupación las posiciones que van en contra de lo establecido en el Varios 912/2010, correspondiente al caso Rosendo Radilla, posiciones que, de articularse en una mayoría, podrían poner en riesgo los incipientes avances en la garantía jurisdiccional de los derechos humanos que permitió la reforma constitucional de 2011.

 

A pesar de lo anterior, la SCJN aún tiene ante sí la oportunidad de ampliar la garantía de los derechos humanos, mediante el análisis que realizará a partir de este lunes 27 de abril, en lo concerniente a las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Éstas suponen deberes sustantivos para las autoridades judiciales del país que pueden ser desarrollados con mayor detalle por la SCJN.

 

Respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género, de las sentencias de la Corte IDH se desprenden pautas de actuación muy concretas para las y los juzgadores que dirimen casos donde están en juego los derechos de las mujeres, en aspectos tan concretos como la valoración de la prueba. La resolución que emitirá la SCJN en el Varios 1396 podría fijar más criterios para la actuación del Poder Judicial en este tipo de casos.

 

En cuanto a la impartición de justicia con perspectiva de género, las sentencias conquistadas por Inés y Valentina indican cómo deben actuar los órganos estatales cuando mujeres indígenas acuden ante ellos buscando justicia. Estas sentencias se refieren a las medidas que deben adoptarse para respetar su identidad cultural, la manera de cómo debe recabarse su declaración inicial y durante el proceso. Al resolver este expediente, la SCJN podría pronunciarse sobre las medidas integrales que deben adoptar las juezas y los jueces para que las mujeres indígenas accedan a la justicia en forma efectiva.

 

En lo referente a la tortura sexual, las sentencias de la Corte IDH son claras en establecer que la violación sexual cometida por servidores públicos constituye tortura. Hoy en día, como lo ha señalado el Relator de las Naciones Unidas en la materia, la tortura en México es generalizada y afecta de forma diferenciada a las mujeres. Más aún, Inés Fernández y Valentina Rosendo forman parte de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que busca denunciar la práctica de la tortura sexual y visibilizar los casos de mujeres que la han sobrevivido, algunas de ellas hoy todavía en prisión. En este sentido, la resolución del Varios 1396 puede ayudar a que existan parámetros claros de actuación para las y los jueces que conocen casos de esta índole.

 

Finalmente, en lo que corresponde al combate contra la impunidad, es importante señalar que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú se encuentran hoy ante el Poder Judicial de la Federación, pues los procesos correspondientes se ventilan en el juzgado Séptimo de Distrito en Chilpancingo y en el Juzgado Segundo de Distrito en Acapulco. Al resolver el expediente Varios 1396, la SCJN debe especificar las obligaciones que tienen dichos órganos judiciales para asegurar que los casos de ambas mujeres Me´phaa no queden impunes.

 

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú han luchado incansablemente por más de trece años para acceder a la justicia, desafiando todas las barreras presentes en el sistema de justicia mexicano que reproducen la triple discriminación en razón de género, identidad étnica y condición socio-económica. En reconocimiento a la dignidad de la lucha de ambas mujeres Me’phaa, hoy le corresponde a la SCJN, aprovechar la discusión del expediente Varios 1396/2011 para fijar criterios de avanzada en materia de género, etnicidad y tortura sexual. La crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige respuestas contundentes; se necesitan verdaderas garantías de no repetición y voluntad expresa para erradicar la impunidad. Recordamos la petición de Valentina Rosendo Cantú al asistir a la sesión del Pleno el jueves 23 de abril: la SCJN debe contribuir verdaderamente a que las mujeres indígenas tengan mejores condiciones cuando busquen acceder a la justicia.

 

Las organizaciones hacemos un llamado respetuoso para que el Alto Tribunal de la Nación escuche las voces de las víctimas y sus representantes y asuma su rol de garante de los derechos humanos avanzando en la jurisprudencia interna con el máximo estándar de protección para las mujeres.

 

Asociadas por lo Justo – JASS

Casa del Migrante de Saltillo

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.  (Cedehm)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Equis Justicia para las Mujeres.

Fundar, Centro de Análisis e Información

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

REDIM Red por los derechos de la infancia en México

Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C.

(foto-Centro Tlachinollan)

CIDH le exige explicaciones a El Salvador por el caso de Beatriz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

Mié, 08/04/2015

San José, 8 de abril de 2015.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

A raíz de la denuncia internacional que presentaron distintos grupos de la sociedad civil ante la CIDH en el año 2013, esta le solicitó información al Estado. La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz al no practicarle el aborto terapéutico que requería para salvar su vida.

Esta joven salvadoreña, quien padece de una enfermedad crónica grave, quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y además porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida.

Sin embargo, los médicos del sistema público de salud no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente. Por su parte, la Sala de lo Constitucional no brindó una respuesta oportuna ni efectiva para proteger los derechos de Beatriz. Sólo bajo el amparo de las medidas ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se procedió a realizar la cesárea, en la semana 26 de embarazo.

Motivados por los daños provocados a Beatriz la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en noviembre del 2013 una denuncia ante la CIDH contra El Salvador.

El objetivo de esta demanda es asegurar que otras mujeres no tengan que enfrentar el sufrimiento que tuvo Beatriz al ver en riesgo su vida. Las organizaciones buscan que las autoridades salvadoreñas reparen integralmente el daño sufrido por Beatriz, así como que modifiquen la normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.

En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.

Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel.

CEJIL presenta nuevo documento de coyuntura sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte IDH

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También recoge propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados.

El documento es ahora accesible online.

Jue, 19/03/2015

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección  de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge  propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados. Descargue la publicación aquí.

Invitación: una conversación sobre los retos pendientes en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.

Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil

 

 

 

 

Jue, 12/03/2015

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.
Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil
 
 
 

CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales

La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha validado la elección de los magistrados y magistradas realizada para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones.

CEJIL quiere expresar su rechazo a esta decisión ya que al adoptarla, la CC incumple la normativa interna y los estándares internacionales para este tipo de procesos.

Mar, 25/11/2014

Comisiones de Postulacion Creditos el PeriodicoSan José, 25 de noviembre de 2014.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresa su rechazo a la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, que valida la elección de los magistrados y magistradas electas para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones, pese al incumplimiento manifiesto de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre este tipo de procesos, tanto por parte de las comisiones de postulación como por parte del Congreso de la República.

Los nombramientos, habían sido temporalmente suspendidos en virtud de un amparo provisional otorgado por la CC el pasado 9 de octubre. Ante la Corte de Constitucionalidad, numerosas personas y actores de sociedad civil alegaron importantes irregularidades en el proceso, tales como la falta de verificación y calificación adecuada del mérito y la capacidad de los candidatos y candidatas, la falta de transparencia en algunas fases de los procesos, la existencia de conflictos de intereses en los nombramientos, entre otros.

Pese a lo anterior, la CC no analizó el fondo de los argumentos, consideró en términos generales que el Congreso no había incurrido en violación alguna y omitió analizar las denuncias que pesaron por el proceso seguido en las comisiones de postulación. De esta manera, el Tribunal Constitucional obvia las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por importantes organismos de protección internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes recientemente habían instado a las autoridades a respetar la independencia judicial y, consecuentemente, a revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Sobre este tema, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que el  adecuado proceso de nombramiento y selección de las y los operadores de justicia constituye uno de los presupuestos esenciales para la garantía de independencia judicial. A su vez, estos órganos han destacado que “si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas”.

“La resolución de la Corte de Constitucionalidad profundiza la crisis institucional que actualmente enfrenta Guatemala. La validación de las elecciones judiciales sin garantizar una elección basada en méritos pone en serio riesgo el principio de independencia de poderes y afecta el estado de Derecho” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL lamenta la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad ya que afecta el acceso a la justicia de todas las personas guatemaltecas al no garantizar la independencia judicial, lo que implica que los y las habitantes de este país no tendrán certeza de la capacidad e idoneidad de las personas que impartan justicia.

A la vez, hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores sociales para que se pronuncien ante este acontecimiento y para que se unan en la observación de las actuaciones de las personas nombradas y denuncien aquellas que riñan las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.  Finalmente, solicitamos a las autoridades proteger a los diversos actores que han denunciado irregularidades en los procesos y así evitar que sufran represalias por sus denuncias.

Créditos Fotográficos El Periódico

 

Directora Ejecutiva de CEJIL inaugura red regional luchando en contra de la apatridia durante el evento del ACNUR

El martes 18 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) inauguró la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia en el evento del ACNUR "Saliendo de las sombras : poniendo un fin a la apatridia en las Américas". Puedes leer el discurso de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL haciendo clic sobre el enlace de más información. También puedes visitar el sitio web de la red: www.americasns.org.

Mié, 19/11/2014

Su Excelencia, Comisionado Guterres.

Estimados panelistas, representantes de los Estados, organismos internacionales, colegas de la sociedad civil, señoras, caballeros y niños.

En el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, estamos agradecidos de haber sido invitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a conmemorar el 60 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Hemos aprendido en los últimos 15 años, a partir de nuestra experiencia de primera mano en la República Dominicana acompañando a niños y familias en el proceso de litigio internacional, que las personas que carecen de una nacionalidad son susceptibles a mayor marginalización, discriminación e inseguridad.
Es doloroso que a las personas que representamos, y millones más como ellas, se les diga que simplemente no existen.
Por ser apátridas, se les niegan los derechos más básicos: muchos no pueden registrar el nacimiento de sus propios hijos, casarse, recibir atención médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, viajar fuera del país, ir a la escuela, o sentirse seguros.

A pesar de que las situaciones de apatridia son poco comunes en las Américas, afectan a más de doscientas mil personas. Los números no son tan altos como en otras regiones, pero reconocen que "Una sola persona apátrida es demasiado".

En nuestro continente, muchas situaciones merecen un examen más detallado, ya que pueden afectar al acceso al derecho a la nacionalidad. Éstas incluyen el registro de nacimiento, disposiciones discriminatorias de género de las leyes de ciudadanía, prácticas discriminatorias en la determinación de la nacionalidad, y la situación de los niños nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otras.

Comisionado Guterres, admiramos su compromiso hacia las personas apátridas en todo el mundo. Su presencia en nuestro hemisferio envía un fuerte mensaje sobre la importancia de abordar este tema a través de un plan integral y bien estructurado.
Su determinación nos da la esperanza de que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que seremos capaces de erradicar la apatridia en todo el mundo.
En las Américas, estamos en una posición única para hacer frente a los desafíos que nos prepara la próxima década. El compromiso de respetar el "derecho a la nacionalidad para todos" fue consagrado en los instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas. Tanto la Declaración Americana de 1948 (sobre los Derechos y Deberes del Hombre) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crean un marco global para la protección del derecho a una nacionalidad.

Además, la mayoría de los países de la región ofrecen una aplicación generosa y combinada de los principios del ius soli y jus sanguinis para la adquisición de la nacionalidad, lo que permite obtener la nacionalidad a través del suelo o de la sangre, lo que disminuye significativamente el riesgo de apatridia.
Nuestra institución regional multilateral, la Organización de los Estados Americanos y sus órganos de derechos humanos, han tomado medidas para abordar la apatridia en la región. La Asamblea General de la OEA ha pedido a los Estados miembros ratificar (o adherir a) las convenciones de la ONU sobre la apatridia , y ajustar sus políticas nacionales.

También tenemos un claro ejemplo del papel que pueden desempeñar órganos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el derecho a la nacionalidad en dos opiniones consultivas y varios casos. La Comisión ha abordado la cuestión desde los años 70.
Asimismo, en algunos países de la región se han adoptado importantes medidas en los últimos años. Argentina ha ratificado la Convención de 1961. Surinam ha modificado recientemente su legislación para eliminar la discriminación de género en el acceso a la ciudadanía, México adoptó un procedimiento nacional para la determinación del estatuto de los apátridas. Uruguay está considerando un proyecto de ley para lograr este objetivo en el corto plazo. Otros países podrían seguir pronto.

Con este marco en mente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas e individuos se han unido para participar en el Plan de Acción Mundial de la ACNUR con el fin de erradicar y prevenir la apatridia en los próximos 10 años.

Es con gran placer que hoy les anuncio formalmente el lanzamiento de la Red de las Américas sobre la nacionalidad y la apatridia. Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Fundación Open Society por su apoyo, a Dilcia Yean, Violeta Bosico, y los otros niños y familias que representamos, y a la defensora incansable de los derechos humanos Sonia Pierre, por inspirar tanto nuestras acciones a lo largo de los años.

A través de esta plataforma vamos a trabajar de la mano con el ACNUR con el fin de crear conciencia sobre este tema, identificar los riesgos, apoyar a las personas apátridas, cooperar con los estados, e intercambiar información con las organizaciones hermanas de todo el mundo.

Creemos firmemente, que la nacionalidad es la puerta que abre el derecho a tener derechos.Creemos que juntos podemos cambiar las realidades. Abrazamos la visión compartida de un mundo en el que todo el mundo tiene una nacionalidad.

Al igual que usted, señor Comisario Guterres, insistimos en que es el momento de poner fin a la injusticia de la apatridia. Usted puede contar con todos los miembros de la Red de las Américas para ayudar a que esto sea posible.

Gracias.

Defensor de derechos humanos en Venezuela golpeado por la policía

 

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.
Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.
Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).
Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

 

Según un comunicado de acción urgente  publicado por Amnistía Internacional, el defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

 

 

Jue, 06/11/2014

El defensor de derechos humanos Luis Uzcátegui reportó haber sido atacado y golpeado cerca de su domicilio, por cuatro personas-dos de las cuales eran policías el pasado lunes 17 de octubre. Esta agresión es una retaliación, asegura la víctima, por sus denuncias y demandas de justicia hechas a raíz del asesinato de su hermano, Nestor José Uzcátegui, por un policía en el 2001.

Según queda recogido en el comunicado de acción urgente que ha publicado Amnistía Internacional, Luis Uzcátegui fue a denunciar el ataque al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) inmediatamente después de los hechos. Mientras cursaba la denuncia pudo observar cómo los mismos policías que le habían agredido estaban hablando con miembros del cuerpo de investigación. Luis fue retenido durante nueve horas sin poder acceder a un abogado ni hacer llamada alguna. Durante este tiempo varios oficiales de policía intentaron disuadirle de que retirara la denuncia a cambio de dejarle en libertad, no permitiendo a su vez que recibiera asistencia médica, a pesar de haber perdido una muela y presentar varias contusiones.

Luis Uzcátegui es miembro fundador del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH) y miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH).

Como sus representantes ante el Sistema Interamericano, CEJIL y COFAVIC enviaron esta información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en el marco de las medidas provisionales que cursan ante el tribunal desde 2002 para la protección de Uzcátegui. En 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Nestor José Uzcátegui y la violación a los derechos humanos de Nestor y su familia, incluyendo los actos de hostigamientos y las amenazas de las que fue víctima Luis Uzcátegui por denunciar la ejecución de su hermano.

CEJIL expresa preocupación ante retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en Nicaragua

Reforma reglamentaria violenta estándares internacionales

San José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

 

Mié, 03/09/2014

Fotografía Ilustrativa Violencia contra la mujerSan José, 3 de setiembre de 2014. En días pasados, el Estado nicaragüense aprobó el reglamento a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). A través del reglamento se modifican aspectos  importantes de la ley; que a su vez, se traducen en retrocesos en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar efectivamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El Reglamento de la ley 779 restringe el concepto de violencia hacia las mujeres estableciendo que solo serán sancionables las conductas que ocurran en el marco de las relaciones de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por cualquier otra persona sin vínculos afectivos.

La nueva norma reglamentaria también privilegia la aplicación de la mediación como método para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres.

Respecto de esta figura procesal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” manifestó su preocupación por la utilización de dicho mecanismo porque generalmente perjudica a las víctimas. De acuerdo con la CIDH las mujeres se encuentran en una situación de desventaja y desigualdad y al aplicar la mediación se obstaculiza su acceso a la justicia y la eventual sanción del agresor.

Asimismo, el citado Reglamento modifica el tipo penal de femicidio y lo limita a las relaciones interpersonales de pareja, irrespetando lo establecido previamente en la ley en cuanto a que dicho delito se podría configurar “en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres”.  En Nicaragua solamente durante el primer semestre de 2014, la Red de Mujeres contra la Violencia reportó 47 femicidios, 4 más que el mismo periodo en el 2013.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de dicho país, durante el último trimestre de 2013, evaluó a 1162 mujeres por violencia sexual y a 1659 por violencia intrafamiliar.

Ante esta grave situación, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la celebración de diversas audiencias temáticas, como el Consejo de Derechos Humanos, a través de las evaluaciones realizadas bajo el mecanismo del Examen Periódico Universal, han recomendado al Estado nicaragüense adecuar su legislación para garantizar los derechos de las mujeres y adoptar políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra estas.

Dichas obligaciones internacionales también derivan de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, la cual fue ratificada por el Estado de Nicaragua desde el año 1995.

“El reglamento aprobado no constituye una acción efectiva para proteger los derechos de las niñas y las mujeres, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales y dejando en desprotección a este grupo en situación de vulnerabilidad” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades nicaragüenses para que se reforme el reglamento de la Ley 779 y se cumpla con la obligación de adecuar dicha normativa a los estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

(+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

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Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
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