Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Lun, 16/07/2012 (Todo el día) - Vie, 20/07/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC

CEJIL: Reseña del Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 23 de abril de 2014, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Informe Anual 2013.

Este informe es el primero que se emite desde la vigencia del nuevo Reglamento de la CIDH, aprobado en agosto de 2013 como resultado del proceso de reflexión en la OEA. El Reglamento establece nuevos lineamientos y estándares en la evaluación del estado de los derechos humanos en la región.

 

Sáb, 17/05/2014

Presentación del Informe de la CIDHEl pasado 23 de abril de 2014, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Informe Anual 2013.

Este informe es el primero que se emite desde la vigencia del nuevo Reglamento de la CIDH, aprobado en agosto de 2013 como resultado del proceso de reflexión en la OEA. El Reglamento establece nuevos lineamientos y estándares en la evaluación del estado de los derechos humanos en la región.

En consecuencia con lo anterior, el Informe Anual de 2013 se divide en cinco capítulos.

El Capítulo I aborda las actividades realizadas por la CIDH, en su relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con otros órganos regionales y universales de derechos humanos. De acuerdo al informe, la CIDH sometió 11 casos contenciosos a la jurisdicción de la Corte, uno menos que el año 2012y un 48% menos que en el 2011. Cuatro casos se interpusieron contra Perú, dos casos contra Honduras, y uno contra Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela. De ellos, tres tuvieron como víctimas a pueblos indígenas y tribales, dos estuvieron vinculados a detenciones ilegales y tortura y dos a ejecuciones extrajudiciales, entre otros derechos afectados. Por otro lado, hubo una sola solicitud de medida provisional a la Corte, mientras que en el año 2012 hubo cuatro y en 2011 siete.

El Capítulo II aborda la protección de los derechos humanos desde la óptica del sistema de casos y de las medidas cautelares. De acuerdo al Informe, en el año 2013 se recibieron2061 peticiones, casi 100más que el año pasado y 400 más que las recibidas en el año 2011. Esto demuestra un incremento de un 20%  en el número de solicitudes recibidas desde el año 2011.

De estas solicitudes, la CIDH abrió a trámite 736, es decir, un 35.7% del total; lo que refleja una disminución respecto al 41.3%del total de solicitudes abiertas en el año anterior. De éstas, tan solo 123fueron aceptadas a trámite, quedando 613 solicitudes fuera. Así, del total de solicitudes analizadas, un 16.7% fueron aceptadas a trámite.

A finales del año 2013, un total de 8548 peticiones continuaban pendientes de resolución frente a la CIDH, 1753 de las cuales están en las fases de admisibilidad y fondo. Hubo un total de 116 informes en que la CIDH adoptó decisiones de admisibilidad (44), inadmisibilidad (9), fondo (19), solución amistosa (6) o archivo (38) durante el período 2013. Esto supone un descenso respecto al año pasado en el que se aprobaron 125 informes, y una reducción sustantiva respecto del 2011 en que se aprobaron 165 informes.  Sin embargo, este año hubo más informes de admisibilidad y menos de inadmisibilidad en relación al año anterior. Además, se publicaron tres Informes de Fondo de acuerdo al artículo 51(3) de la Convención Americana de Derechos Humanos, versus uno sólo el año pasado. Dos fueron emitidos contra Estados Unidos y uno contra México.

En cuanto a las medidas cautelares, la Comisión recibió 400 solicitudes, un 10% menos que el año 2012. De ellas, tan sólo otorgó 26, es decir, un 6.5% del total. Esto supone una disminución respecto al año anterior, en el que 35 medidas fueron concedidas de las 448 solicitadas; y respecto al 2011 en que fueron concedidas 57 de las 422 solicitadas. Se otorgaron 12 medidas con anterioridad a la vigencia del nuevo reglamento; y 14 con posterioridad.

De las 400 medidas cautelares solicitadas, la mayoría fueron contra México (85), Colombia (62) y Argentina (31). Sin embargo, la Comisión dictó principalmente medidas contra Cuba (5), Haití (4) y México (3).

En el 2013 se duplicaron las visitas a países, las que pasaron de tres en el año 2012 a seis en 2013. La CIDH realizó visitas in loco a República Dominicana, Surinam, Argentina, Honduras, Canadá y Guatemala. En dichas visitas se abordaron diversos temas, como por ejemplo el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, entre otros.

El Capítulo III se informa de las actividades desarrolladas por las siete relatorías y las dos unidades. En un capítulo aparte se informa del trabajo de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión.

Cabe destacar que por vez primera se expone la labor realizada por la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), creada en noviembre de 2012, y que en abril de 2014 pasó a constituirse como Relatoría Especial de DESC.Asimismo, el Informe anuncia que en noviembre de 2013 la CIDH decidió crear la Relatoría para los Derechos de las personas LGBTI, la cual comenzó a funcionar el 1 de febrero de 2014.

Durante el 2013 se aprobaron los siguientes informes temáticos y de país: (1) Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras; (2) Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas; (3) Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas; (4) Informe de impacto sobre el procedimiento de solución amistosa; (5) Informe sobre los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos; (6) Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas; (7) Informe sobre la situación de derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México; (8) Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Lo anterior es un número inusitado en comparación con el año 2012, en que no  se emitió ningún informe temático.

El Capítulo IV contempla la nueva metodología derivada del Reglamento aprobado el año 2013 y se divide en dos secciones.

La primera presenta un panorama sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, examen que surge del trabajo de monitoreo de la Comisión. La CIDH emitió 103 comunicados de prensa. En 22 de ellos se denunciaron los asesinatos o a la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas, incluyendo atentados contra jueces y organizaciones por su actividad. Asimismo, la CIDH dio especial atención a las muertes violentas en centros penitenciarios de Brasil, México, Venezuela y Bolivia; y a la situación de las personas LGTBI.

Junto a lo anterior, en esta sección se comunican las solicitudes de información realizadas a ciertos Estados de acuerdo a violaciones específicas, evidenciándose cuatro temas fundamentales: la afectación al derecho a la libertad personal a propósito de la situación de la base militar de Guantánamo y la responsabilidad de Estados Unidos en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas; la situación de Ecuador y las afectaciones al derecho a la libertad de expresión; la independencia e imparcialidad de los y las operadores de justicia en la región; y por último, la afectación del derecho a la nacionalidad y a la no discriminación a propósito de la Sentencia TC/0168 dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

La segunda sección informa de la situación específica de los derechos humanos en ciertos Estados elegidos por los Comisionados y Comisionadas conforme a los criterios, metodología y procedimientos establecidos en el nuevo Reglamento, y que destacaría situaciones de especial gravedad en la afectación de los derechos humanos. La Comisión, por mayoría absoluta, decidió incluir a tres Estados miembros en esta segunda sección: Cuba, Honduras y Venezuela.

Respecto a la universalidad en el Sistema Interamericano, la CIDH evidencia que hasta junio de 2013 solamente siete Estados Miembros (20%) habían logrado la ratificación de todos los tratados interamericanos de derechos humanos: Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. En razón de lo anterior, hace un llamado a que los Estados miembros ratifiquen todos los tratados y remuevan los obstáculos internos para alcanzar este objetivo.

El Capítulo V se deja pendiente para el Informe 2014, pues trata del seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos a un solo país, Jamaica, respecto del cual todavía se están realizando las consultas pertinentes con el Estado y la sociedad civil.

Por último, el Capítulo VI del Informe evidencia que persiste una situación financiera precaria en la CIDH. Si bien la OEA realizó un pequeño aumento de US$65.000 a la CIDH para el periodo fiscal 2014, la CIDH sigue dependiendo de fondos externos para responder mínimamente a la demanda creciente en los países de las Américas. Al 31 de octubre de 2013, los fondos específicos representaban en general el 46% de los ingresos de la Secretaría Ejecutiva y el 49% de su ejecución. Adicionalmente, la CIDH informó de la aprobación del aumento en la facultad presupuestaria de pago de los honorarios de los Comisionados y Comisionadas de US$2.000 a US$4.000 mensuales.

Tras la presentación del Informe Anual, la mayoría de los Estados expresaron públicamente la necesidad de que la CIDH cuente con las condiciones financieras que le permitan dedicarse plenamente a dar una respuesta adecuada a las peticiones pendientes, pues la falta de recursos afecta principalmente a las personas y grupos humanos de la región que tienen múltiples necesidades de protección y sufren graves afectaciones a sus derechos esenciales. Sin embargo, hasta la fecha los órganos políticos de la OEA siguen sin tomar las medidas necesarias para garantizar el adecuado financiamiento del Sistema.

149 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Jue, 24/10/2013 (Todo el día) - Vie, 08/11/2013 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington

147 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Jue, 07/03/2013 (Todo el día) - Vie, 22/03/2013 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington

Los derechos fundamentales inderogables no pueden ser anulados bajo ninguna circunstancia: tampoco por medio de consultas populares

Artículo de opinión de Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH

Recientemente, se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presento ante la Corte Interamericana. Conocido como el "Caso Gelman", trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las victimas y sus familiares. Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado "Plan Cóndor" y que se caracterizo por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos
 

Jue, 09/12/2010

Los derechos fundamentales inderogables no pueden ser anulados bajo ninguna circunstancia: tampoco por medio de consultas populares
Por Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Recientemente, se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presento ante la Corte Interamericana. Conocido como el "Caso Gelman", trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las victimas y sus familiares. Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado "Plan Cóndor" y que se caracterizo por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú, El Salvador, entre otros.

La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la ley de Caducidad. El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los límites de la soberanía popular
Pero este caso puede, además, enriquecer aun más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" el Estado uruguayo argumento entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley, debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.

El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno, y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.

A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.

Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.

La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.

CEJIL participa de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 21 hasta el 27 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativas a casos individuales sobre violaciones de los derechos humanos en el hemisferio americano.

Mié, 20/10/2004

Washington, D.C. 20 de octubre de 2004

Desde el 21 hasta el 27 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativas a casos individuales sobre violaciones de los derechos humanos en el hemisferio americano. CEJIL informará a la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará asimismo temáticas específicas como la explotación sexual de niños y niñas en Centroamérica y la integración económica, entre otros temas. Estas audiencias se realizarán en Washington con motivo del 121º período ordinario de sesiones de la CIDH que comenzó el 11 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre. Además de CEJIL, estarán presentes las víctimas y/o sus representantes, otras organizaciones no gubernamentales y las delegaciones de los gobiernos del hemisferio.

Durante el primer día de audiencias CEJIL expondrá a la CIDH dos temas que continúan afectando seriamente a las mujeres y los niños de América Latina. Uno de ellos tiene que ver con la discriminación y la deficiente administración de justicia de que son víctimas las mujeres en toda la región. Acompañarán a CEJIL en esta audiencia organizaciones regionales de mujeres. Seguidamente, CEJIL se referirá a la explotación sexual de menores de edad en Centroamérica, un fenómeno que continúa en aumento en dicha región. Se hará hincapié específicamente en la falta de políticas estatales destinadas a terminar con esta gravísima violación de los derechos humanos de niños y niñas centroamericanos. Ese mismo día la CIDH también recibirá a CEJIL para analizar el caso de Heliodoro Portugal de Panamá, activista político desaparecido durante la última dictadura militar.

El deterioro de los derechos humanos en Chiapas, México, y la parálisis e irregularidades en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua serán denunciados por CEJIL ante la CIDH. Con respecto a esta última, se pedirá que el Estado mexicano retome las recomendaciones efectuadas por la Relatora de la CIDH sobre derechos de la mujer efectuadas en marzo de 2002 en referencia a las investigaciones de estos homicidios. CEJIL y las organizaciones mexicanas manifestarán tanto a la CIDH como al gobierno que, pese a los intentos por avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, se continúan evidenciando fallas en la coordinación de las investigaciones y falta de capacitación de los funcionarios a cargo de las mismas.

CEJIL también participará en una audiencia en la que se informará a la CIDH sobre la cada vez más preocupante situación en la que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos de América. El estado de estos derechos en Bolivia también será abordado por CEJIL en audiencia con la CIDH. Se manifestará con especial énfasis preocupación por los obstáculos interpuestos por el gobierno para la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos.

Una audiencia que se espera que despierte gran interés será la referida al impacto de los procesos de integración económica sobre los derechos humanos de los habitantes de América Latina. Participarán de manera conjunta siete organizaciones latinoamericanas y constituirá esta la primera vez que la CIDH escuche este tema en audiencia.

Se realizarán asimismo dos audiencias sobre Venezuela, una de ellas se referirá al problema de impunidad que afecta a ese país. Actualmente en Venezuela el 90% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no se llegan a iniciar en el proceso penal. CEJIL y las organizaciones locales harán referencia a las principales causas de esta impunidad que son, entre otras, la inseguridad jurídica debido a la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la demora legislativa y el carácter provisorio de la mayoría de los jueces. La segunda audiencia se centrará en dar información sobre el estado actual de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al litigio de CEJIL en casos individuales, se llevará a cabo una audiencia sobre el caso de Gilda Rosario Pizarro Jiménez y otros, más conocido como Las Paquitas, de Chile y otra sobre el suicidio del joven Wilmer González Rojas en una prisión de Nicaragua, el cual no ha sido investigado diligentemente por el Estado. Habrá también una audiencia para analizar avances en el caso de Ramón Hernández Berrios y otros de Honduras, que involucra a cuatro menores de edad que fueron detenidos en cárceles con adultos y torturados y aún no se han realizado investigaciones ni sancionado a los responsables.

La CIDH recibirá a CEJIL para que informe si el Estado peruano ha cumplido las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Y también se realizará otra audiencia sobre los casos de los magistrados y fiscales del poder judicial cesados durante el gobierno actual en la cual se evaluará si se continúa con el proceso de solución amistosa. CEJIL reiterará en audiencia sus observaciones y preocupaciones sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia y el papel de la Misión para Apoyar el proceso de paz de la OEA. Nuevamente CEJIL destacará la falta de garantías de los derechos a la justicia y la verdad en el proceso e insistirá en la urgencia de un monitoreo activo de la CIDH.

Finalmente tendrán lugar dos audiencias sobre Guatemala. En una de ellas CEJIL abordará la delicada situación de las personas que viven con VIH/Sida en ese país debido a que el Estado continúa sin proveerles los medicamentos necesarios pese estar ellos bajo la protección de medidas cautelares (de protección) ordenadas por la CIDH. Se le pedirá a la CIDH que le solicite a la Corte la adopción de medidas provisionales en favor de las más de 40 víctimas, cuyas vidas corren serio peligro debido a la inercia estatal. En la segunda audiencia se informará sobre las nefastas consecuencias de la decisión del Estado de Guatemala de enviar al Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno las reparaciones económicas ordenadas por la CIDH. Por último, CEJIL participará de una audiencia en la que denunciará las graves condiciones en que se encuentran las personas detenidas en El Salvador.

Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.

 

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A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza de Honduras, Guatemala y Nicaragua

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” de México

Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York, Estados Unidos

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia

CIIDH de Guatemala

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Coordinadora de la Mujer de Bolivia

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia

Derechos y Democracia de Canadá

Estudio por la Defensa de los derechos de las mujeres (DEMUS) de Perú

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) de EL Salvador

Instituto de Formación Femenina Integral

Justicia para Nuestros Hijas

Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA )

Red de Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA)

Red de Organizaciones sobre VIH/SIDA de Guatemala

Save the Children

III Consulta de Defensores y Defensoras de América

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas

CEJIL Y Organizaciones Mexicanas informaron a la CIDH sobre situaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua y Chiapas

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de actualizar a este organismo sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de Chiapas, México.

Jue, 21/10/2004

Washington, D.C. 21 de octubre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de actualizar a este organismo sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de Chiapas, México. Además se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por este mismo órgano en su informe sobre Situación General de los Derechos Humanos en México de 1998. Asimismo, las organizaciones participantes manifestaron su preocupación respecto de la militarización y para-militarización que se vive actualmente en la zona.

Por otra parte, también CEJIL, la organización Justicia para Nuestras Hijas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos participaron de otra audiencia para referirse a los problemas en la procuración y administración de justicia en los casos de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Esta audiencia contó con la presencia de diversas autoridades del gobierno mexicano. Durante la misma, las organizaciones hicieron énfasis en la discriminación y la falta de avance en el trámite de los casos que sufren las familias de las víctimas. Asimismo, se denunció la parálisis en las investigaciones de los casos de las mujeres desaparecidas y asesinadas, la falta de sanción a los funcionarios públicos implicados, así como la no existencia de investigación en casos de personas que, tras ser torturadas, se autoinculparon de algunos de estos delitos. Igualmente, a pesar de los mecanismos creados por el gobierno para atender la problemática, tanto en materia de investigación como de prevención, se señaló que es necesario garantizar una mejor coordinación entre las distintas entidades vinculadas con las investigaciones de estos crímenes.

Las organizaciones asistentes a la audiencia reiteraron la necesidad de que la Relatora de la CIDH sobre derechos de la mujer visite nuevamente el Estado de Chihuahua a fin de actualizar el “Informe de Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México.” Finalmente, los miembros de la CIDH informaron tanto al Estado mexicano como a las organizaciones presentes que en los próximos meses visitarán el Estado de Chihuahua.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL Y Casa Alianza expresaron su preocupación a la CIDH por el fenómeno de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y representantes de Casa Alianza Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica informaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el preocupante y creciente fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica.

Jue, 21/10/2004

Washington, D.C. 20 de octubre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y representantes de Casa Alianza Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica informaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el preocupante y creciente fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica. La CIDH recibió en audiencia a estas organizaciones en el marco de su 121º período ordinario de sesiones que se está realizando en Washington.

Durante la audiencia las organizaciones hicieron enfásis en que estos niños, niñas y adolescentes carecen de todo tipo de protección estatal y legal y que requieren la atención prioritaria de la CIDH. Las organizaciones se refirieron a las causas y manifestaciones de la explotación sexual y a su carácter transnacional (tráfico y trata de niños/as y adolescentes). Igualmente señalaron que no existen cifras reales debido a que no hay estadísticas sobre la problemática lo cual impide apreciar el fenómeno en toda su extensión.

Por eso, le solicitaron a este organismo que en sus próximas visitas a los países de Centroamérica atienda este tema con especial urgencia. También requirieron que la CIDH publique un informe sobre esta grave situación en donde, por un lado, se establezcan los estándares internacionales para la protección de la niñez y la adolescencia y por otro se otorguen pautas a los Estados que aporten a la erradicación de esta problemática, la cual constituye una gravísima violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Amñerica.

En su petitorio, asimismo, CEJIL y Casa Alianza le solicitaron a la CIDH que recomiende a los Estados centroamericanos el establecimiento de fiscalías especializadas en las distintas zonas geográficas, que realicen campañas preventivas y tareas de capacitación y sensibilización en materia de explotación sexual infantil, dirigidas a la población en general y a las autoridades en particular. También pidieron que la CIDH recomiende a los Estados efectuar las modificaciones legales necesarias de manera de incorporar la figura de tenencia de pornografía infantil en los códigos penales, establezca un registro de ofensores sexuales de niños, niñas y adolescentes y por último que se brinden programas de tratamiento a las víctimas de explotación sexual así como la creación de oportunidades de trabajo e integración social. Manifestaron su preocupación sobre la falta de políticas de los Estados en este sentido.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Se denuncia ante la CIDH deficiente administración de justicia contra mujeres en América

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York denunciaron hoy, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), serias deficiencias en la administración de justicia en casos que involucran a mujeres, como resultado del componente discriminatorio y plagado de prejuicios de género que caracteriza muchas de las decisiones judiciales en la región.

Jue, 21/10/2004

Washington, D.C. 21 de octubre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York denunciaron hoy, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), serias deficiencias en la administración de justicia en casos que involucran a mujeres, como resultado del componente discriminatorio y plagado de prejuicios de género que caracteriza muchas de las decisiones judiciales en la región.

Las organizaciones presentes señalaron que esta realidad pone a las mujeres de América Latina en una situación de desprotección y evidencia el incumplimiento de responsabilidad de los entes estatales encargados de administrar justicia y asegurar la protección y el respeto de los derechos de sus habitantes en igualdad ante la ley. Además de las organizaciones mencionadas estuvo también presente, Julissa Mantilla quien fue responsable del tema de violencia y género de la Comisón de la Verdad y Reconciliación de Perú.

Se señaló de manera específica que los prejuicios de género de los operadores de justicia en América Latina afectan las decisiones judiciales y los procesos mismos, incluyendo la manera en que se recogen las pruebas, que en muchos casos de violación sexual ha puesto en duda la existencia real del ataque. Se denunció asimismo la falta de existencia de medidas urgentes de protección, implementadas desde el Estado, para mujeres víctimas de violencia sexual en la región.

Las organizaciones le solicitaron a la CIDH que, en sus decisiones jurídicas sobre casos de violencia contra la mujer, tenga en cuenta los estándares internacionales del sistema europeo de los derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas. Además le pidieron que realice un breve informe con recomendaciones a los Estados señalando que los prejuicios de género en la administración de justicia afectan seriamente y pueden constituir en sí mismos una violación de los derechos humanos de las mujeres. Finalmente, solicitaron que elabore un estudio sobre las obligaciones de los Estados de proveer información sobre maternidad segura y planificación familiar para garantizar el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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