CEJIL y otras organizaciones

Corte Interamericana emite sentencia en el emblemático caso del Palacio de Justicia

El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

Jue, 11/12/2014


Washington D.C., 11 de Diciembre, 2014.-
El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia hecha pública el día de ayer, estableció que fue una “toma anunciada” y que el Ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del Palacio, por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, dos días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior.

En su decisión, la Corte IDH determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio, y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte IDH determinó que dos personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que cuatro personas salieron con vida del Palacio de Justicia; tres de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.
De esta manera, la Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el “pacto de silencio” y la impunidad que existe sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta decisión da una respuesta a las víctimas y la sociedad colombiana, que durante tres décadas han reclamado saber la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”. Sin embargo, advierte que “la verdad completa sólo la podrán garantizar las instituciones colombianas, mediante el cumplimiento de esta decisión: investigando a todos los culpables, encontrando los restos de las víctimas aún desaparecidas, y esclareciendo lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.

Hasta la fecha existen sólo dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el General (r) Arias Cabrales por la desaparición de 5 víctimas y otra contra el Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Ambos están cumpliendo sus respectivas condenas de 35 y 30 años de prisión en instalaciones militares. El caso del Coronel (r) Plazas Vega está pendiente de casación y se espera que la Corte Suprema de Justicia emita la decisión en los próximos días.

Considerando los limitados logros de la justicia en el caso de los desaparecidos y la impunidad existente respecto a las demás víctimas, el Tribunal interamericano ordenó a Colombia llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables.

En un pronunciamiento de gran relevancia para el contexto actual colombiano, en el que hay varios proyectos para ampliar la jurisdicción militar, ésta no es competente para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, reiteró la Corte.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

“Durante años yo y mis hijas vivimos engañadas por el Estado colombiano, que nos hizo creer que mi esposo había muerto en el fuego cruzado”, explicó Ana María Bidegain, viuda del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. “Ahora sabemos que lo ejecutaron y no cesaremos hasta que la justicia colombiana procese a todos los culpables. Tampoco dejaremos de apoyar a quienes superando el miedo y el dolor busquen y reclamen que se conozca la verdad como paso previo y fundamental para buscar justicia y conseguir la Paz”.

Link a la sentencia: goo.gl/D8JUH1

CEJIL lamenta respuesta de las autoridades mexicanas ante grave situación de derechos humanos

El pasado sábado se confirmó e hizo pública  la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas que había sido desaparecido el pasado 26 de setiembre en Iguala, Guerrero.

México debe continuar con la investigación de esta ejecución extrajudicial, y con el juzgamiento y sanción de todos sus responsables, así como debe utilizar todos los medios a su alcance para localizar a los otros jóvenes todavía desaparecidos.

Lun, 08/12/2014

Se hace un llamado a la construcción de consensos con amplia participación de las víctimas y la sociedad civil

San José, 8 de diciembre de 2014.- El pasado sábado se confirmó e hizo pública  la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas que había sido desaparecido el pasado 26 de setiembre en Iguala, Guerrero. México debe continuar con la investigación de esta ejecución extrajudicial, y con el juzgamiento y sanción de todos sus responsables, así como debe utilizar todos los medios a su alcance para localizar a los otros jóvenes todavía desaparecidos.

Desafortunadamente, este hecho que ha conmocionado a México y al mundo entero, no es aislado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a octubre del año 2014 se tenían registradas más de 23.000 personas desaparecidas. Esta cifra empezó a aumentar desde el año 2007 y se duplicó desde el año 2009 en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Si bien esta grave situación no es nueva, los distintos gobiernos han sido incapaces de tomar acciones efectivas para cumplir con sus obligaciones de prevenir e investigar las desapariciones, tampoco se han hecho esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas, lo cual es trascendental para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido de numerosos casos relacionados con este tipo de prácticas y ha concluido que la desaparición forzada “constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”.

Al analizar diversos casos, entre ellos el caso Rosendo Radilla vs. México, la Corte IDH ordenó a los Estados involucrados medidas para la no repetición de los hechos, tales como la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada,  capacitación y formación permanentes para diferentes autoridades (fuerzas armadas, policías, fiscales, entre otros), la creación de comisiones para la búsqueda de personas y programas de exhumación, la elaboración de protocolos de búsqueda e investigación y la creación de sistemas de información genética, entre otras.

A la luz de estos estándares, resulta preocupante que el Estado mexicano no formule una propuesta que aborde de forma integral y oportuna la grave situación que enfrenta el país. Particularmente, es preocupante que no se esté considerando la opinión de las víctimas y de las organizaciones que históricamente han trabajado este tema.

Por otra parte, es incomprensible que en momentos de tensión como los que enfrenta la sociedad mexicana, y frente al legítimo reclamo por la violencia y la impunidad imperantes en el país, la respuesta de las autoridades sea restringir la protesta social a través de la aprobación de reformas constitucionales.  
Al respecto, cabe recordar al Estado que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión, siendo que en muchas ocasiones, para los sectores tradicionalmente discriminados, este es el único mecanismo disponible frente a marcos institucionales que no favorecen la participación o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación masiva.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades para que reconsideren las propuestas hasta ahora planteadas de manera que se formule un plan de acción que sea previamente consensuado con las víctimas y las numerosas organizaciones de sociedad civil que trabajan en materia de derechos humanos en México.

La ahora conocida ejecución de Alexander Mora Venancio y la desaparición de los otros 42 estudiantes constituye una oportunidad para replantear la política en materia de derechos humanos y llegar a consensos que permitan abordar en forma integral los enormes retos que enfrenta el Estado para fortalecer su institucionalidad y garantizar plenamente los derechos de todos y todas en México.

CEJIL participará de reunión final del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados

Durante el 2 y el 3 de diciembre de 2014, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en la ciudad de Brasilia, Brasil, en la Reunión de Cancilleres y Ministros que celebrará la culminación del proceso conmemorativo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

En la reunión se espera adoptar un nuevo plan de acción que atienda mejor los retos de protección e implementación de programas, para facilitar soluciones sostenibles para los refugiados, apátridas,  y desplazados internos durante los próximos 10 años.

Mar, 02/12/2014

 

Durante el 2 y el 3 de diciembre de 2014, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en la ciudad de Brasilia, Brasil, en la Reunión de Cancilleres y Ministros que celebrará la culminación del proceso conmemorativo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que en América Latina hay más 800 mil personas que requieren protección como refugiadas. Sólo en Colombia existen casi 5 millones de desplazados internos, mientras que las personas apátridas pueden llegar a las 200 mil. De manera preocupante se visibilizó en este último año la crisis de miles de menores que han sido desplazados hacia el norte huyendo del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia doméstica y la falta de institucionalidad para dar respuesta a estos problemas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En la reunión de Brasilia se espera adoptar un nuevo plan de acción que atienda mejor los retos de protección e implementación de programas, para facilitar soluciones sostenibles para los refugiados, apátridas,  y desplazados internos durante los próximos 10 años.
El nuevo plan proveerá un marco innovador, pragmático y flexible de cooperación internacional y solidaridad con los gobiernos. Se llevará a cabo con la colaboración del ACNUR y otros organismos internacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional.
“A casi 30 años de la Declaración, América Latina y el Caribe aún se enfrentan a importantes retos —crimen organizado trasnacional, violencia generada por maras o pandillas, desastres naturales y desplazamiento causado por la construcción de megaproyectos— que requieren de los Estados una mayor coordinación, así como la consolidación de estándares a nivel regional, que garanticen los derechos de las personas en busca de protección internacional” dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esperamos que la reunión contribuya a desarrollar soluciones a estos retos”, añadió.
CEJIL ha jugado un papel clave dentro los procesos de consulta que se han celebrado en el marco de Cartagena +30. El 15 de julio de 2014, en colaboración con más de 500 organizaciones, se adoptó la Declaración de Bogotá que tiene como objetivo resaltar las falencias en la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria y de derechos que padecen personas desplazadas, solicitantes de refugio y refugiadas, víctimas de trata y tráfico de personas, apátridas y víctimas de nuevas modalidades de migraciones forzadas a causa de obras de infraestructura, inversiones privadas, degradación ambiental, cambio climático y criminalidad común y organizada, nacional e internacional.
La iniciativa de la sociedad civil adoptada en la ciudad de Bogotá fue presentada al ACNUR para su incorporación en el proceso que culmina esta semana en Brasilia.
Información de contexto
En 1984, los países de América Latina y del Caribe se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, para debatir los problemas legales y humanitarios que afectaban a las personas refugiadas en la región y encontrar soluciones. El encuentro fue considerado un punto de inflexión en el tema y generó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Esta Declaración amplió la definición de refugiado de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y ayudó a establecer recomendaciones para el trato humanitario y las soluciones duraderos para aquellas personas necesitadas de protección internacional. La Declaración es uno de los instrumentos de protección para los refugiados más importantes en la región. Se trata de un amplio proceso de consultas y búsqueda de respuestas pragmáticas entre los gobiernos y la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con el objetivo de analizar los desafíos contemporáneos en la región sobre la protección de los refugiados, desplazados internos y apátridas.

 

Durante el 2 y el 3 de diciembre de 2014, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en la ciudad de Brasilia, Brasil, en la Reunión de Cancilleres y Ministros que celebrará la culminación del proceso conmemorativo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que en América Latina hay más 800 mil personas que requieren protección como refugiadas. Sólo en Colombia existen casi 5 millones de desplazados internos, mientras que las personas apátridas pueden llegar a las 200 mil. De manera preocupante se visibilizó en este último año la crisis de miles de menores que han sido desplazados hacia el norte huyendo del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia doméstica y la falta de institucionalidad para dar respuesta a estos problemas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En la reunión de Brasilia se espera adoptar un nuevo plan de acción que atienda mejor los retos de protección e implementación de programas, para facilitar soluciones sostenibles para los refugiados, apátridas,  y desplazados internos durante los próximos 10 años.

El nuevo plan proveerá un marco innovador, pragmático y flexible de cooperación internacional y solidaridad con los gobiernos. Se llevará a cabo con la colaboración del ACNUR y otros organismos internacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional.

“A casi 30 años de la Declaración, América Latina y el Caribe aún se enfrentan a importantes retos —crimen organizado trasnacional, violencia generada por maras o pandillas, desastres naturales y desplazamiento causado por la construcción de megaproyectos— que requieren de los Estados una mayor coordinación, así como la consolidación de estándares a nivel regional, que garanticen los derechos de las personas en busca de protección internacional” dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esperamos que la reunión contribuya a desarrollar soluciones a estos retos”, añadió.

CEJIL ha jugado un papel clave dentro los procesos de consulta que se han celebrado en el marco de Cartagena +30. El 15 de julio de 2014, en colaboración con más de 500 organizaciones, se adoptó la Declaración de Bogotá que tiene como objetivo resaltar las falencias en la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria y de derechos que padecen personas desplazadas, solicitantes de refugio y refugiadas, víctimas de trata y tráfico de personas, apátridas y víctimas de nuevas modalidades de migraciones forzadas a causa de obras de infraestructura, inversiones privadas, degradación ambiental, cambio climático y criminalidad común y organizada, nacional e internacional.

La iniciativa de la sociedad civil adoptada en la ciudad de Bogotá fue presentada al ACNUR para su incorporación en el proceso que culmina esta semana en Brasilia.

Información de contexto

En 1984, los países de América Latina y del Caribe se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, para debatir los problemas legales y humanitarios que afectaban a las personas refugiadas en la región y encontrar soluciones. El encuentro fue considerado un punto de inflexión en el tema y generó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

Esta Declaración amplió la definición de refugiado de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y ayudó a establecer recomendaciones para el trato humanitario y las soluciones duraderos para aquellas personas necesitadas de protección internacional. La Declaración es uno de los instrumentos de protección para los refugiados más importantes en la región. Se trata de un amplio proceso de consultas y búsqueda de respuestas pragmáticas entre los gobiernos y la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con el objetivo de analizar los desafíos contemporáneos en la región sobre la protección de los refugiados, desplazados internos y apátridas.

Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Lun, 01/12/2014

Afiche sobre visita in loco CIDH HondurasTegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:

Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.

Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.

Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).

Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.

Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Asociación LGBT Arcoiris

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

El Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)

Foro de mujeres por la Vida

La Red de Mujeres de Ojojona

Movimiento Diversidad en Resistencia

Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS)

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Red Lésbica Cattrachas

 

 

 

 

 

Directora Ejecutiva de CEJIL hablará en nombre de la Red sobre Nacionalidad y Apatridia de las Américas en el evento de ACNUR

En conmemoración del 60° aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en el evento de ACNUR: “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas” el martes 18 de Octubre en donde lanzará la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia.

Vie, 14/11/2014

Qué: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas”
Cuándo: Martes, Noviembre 18, 2014
6:00 a 8:30 pm
Dónde: The Newseum
555 Pennsylvania Ave. NW, piso 8.
Washington, D.C.

En conmemoración del 60° aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en el evento de ACNUR: “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas” el martes 18 de Octubre en donde lanzará la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia.

El evento marca el lanzamiento estadounidense de la campaña mundial liderada por el ACNUR para poner el fin a la apatridia en 10 años. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL presentará en el evento en nombre de la red, una plataforma de promoción de 30 organizaciones cuyo principal objetivo es aumentar la sensibilización y el intercambio de información para garantizar el derecho a la nacionalidad en toda la región.

"La red de las Américas sobre la nacionalidad y apatridia es una red de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas y expertos individuales comprometidos con abordar el tema de la apatridia en la región. Creemos que todos los seres humanos tienen derecho a una nacionalidad y que los que carecen de la nacionalidad por completo –los apátridas– tienen derecho a una protección adecuada", dijo Krsticevic. "Con la participación y la experiencia de decenas de organizaciones que trabajan en el tema de la apatridia a través de todo el hemisferio, creemos que la red jugará un papel clave en ayudar al ACNUR a alcanzar sus metas en las Américas".

Según el ACNUR, hasta finales de 2013 la apatridia afectó a por lo menos 10 millones de personas. En las Américas existen situaciones que ameritan un análisis más detallado, en las cuales personas o grupos específicos corren el riesgo de perder su nacionalidad. Estas situaciones incluyen disposiciones de leyes de ciudadanía discriminatorias de género, prácticas discriminatorias, nacionalidad disputada o indeterminada, la situación de niños que legalmente no son residentes en el país que habitan o nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otros. La red trabajará para elaborar herramientas estratégicas necesarias para hacer frente a posibles situaciones de apatridia y la identificación de casos del fenómeno en toda la región.

El evento y el lanzamiento de la red vienen taloneando una sentencia emitida al público el 23 de octubre 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo determinó que la República Dominicana violó los derechos humanos de un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana, muchos de los cuales eran niños, a través de un proceso de discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de la nacionalidad. El caso, conocido como Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana, fue litigado por CEJIL en asociación con organizaciones locales y se refirió a la jurisprudencia nacional y las leyes que dejaron más de 200.000 personas en una situación de apatridia.

52 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

Mar, 11/11/2014

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS
(para descargar version actualizada 11/12/2014 9:58 AM, favor oprimir este enlace)

102 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana
11 de noviembre de 2014
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.
Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.
Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.
Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.
ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Initiative for Sexuality and Human Rights Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Global Rights
Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM Internacional)
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMY)
Save the Children, Programa Latinoamérica y el Caribe
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer (OJM) de Cochabamba
Brasil:
Associação Juízes para a Democracia (AJD/Brasil)
Conectas Direitos Humanos
Canadá:
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Consultoría Para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES)
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Corporación Sisma Mujer
Costa Rica:
Programa Jurídico Iglesia Luterana Costarricense
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Asylum Access Ecuador
Fundación Pachamama
El Salvador:
Asociación PROBUSQUEDA de Niños y Niñas Desaparecidos en El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Tutela del Arzobispado de San Salvador
Estados Unidos:
International Human Rights Law Clinic, UC Berkeley
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
Guatemala:
Defensa Legal Indígena, Tob’nel Tinamit
Fundación Myrna Mack
Fundación Para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia  y Juventud
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Guatemalan Human Rights Commission/USA (GHRC-USA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia, AC
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C.
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Ipas CA (International Pregnancy Advisory Services Centroamérica)
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS)
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Paraguay:
ÁGORA Espacio Civil Paraguay
Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAIPY)
Perú:
Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Comisión de Derechos Humanos  (COMISEDH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) /  International Institute on Law and Society (IILS)
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)
Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights ClinicPRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS

11 de noviembre de 2014-Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

 

Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.

 

Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.

 

Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.

 

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.

ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amnistia Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL)
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Robert F. Kennedy Center
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
Brasil:
Conectas Direitos Humanos
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Comisión de Justicia y Paz de Colombia
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Sisma Mujer
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Costa Rica:
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
El Salvador:
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Estados Unidos:
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Guatemala:
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) de Chihuahua
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social,  AC
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
IPAS CA
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Paz y Esperanza
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Observatorio Venezolano de Prisiones
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights Clinic

Organizaciones internacionales exigen anular la sanción a Yassmin Barrios, Jueza Principal en el Juicio Histórico sobre Genocidio en Guatemala

Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez. Pronunciamiento completo

 

Lun, 10/11/2014

Fotografía Yassmín Barrios, Todo Noticias10 Noviembre 2014 – Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez.

Nueve organizaciones internacionales y organizaciones de América Latina – Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Washington Office on Latin America (WOLA) exigen a Guatemala revocar esta sanción, y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura en este país.

Vea el pronunciamiento completo

Créditos Fotográficos: Todo Noticias

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú.

Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado.

 

Lun, 03/11/2014

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.
Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de estas obligaciones, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y la reparación con viviendas a 509 víctimas y sus familiares.
Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados son militares en activo. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.
De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte Estado
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa. Su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.

Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).

Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de ellas, están pendientes el cumplimiento de órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y  el otorgamiento de viviendas a 509 víctimas y sus familiares.

Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados continuan en su función pública. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.

De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte del Estado. “La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado resaltan la impunidad en la que se encuentran estos casos y constituyen una violación de los derechos de la víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Perú”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Adjunto siguen dos comunicados de prensa del 31 de octubre que abordan los temas presentados dentro de la reunión de trabajo:

Enlace al comunicado completo: CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos.

Exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)

Lun, 03/11/2014

 

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)
Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.
CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.
“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.
“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.
Enlaces de interés:
• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm
Contacto de Prensa:
Alex McAnarney
(305) 335 5665
amcanarney@cejil.org

 

Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.

“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.

CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.

“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.

Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.

“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.

Enlaces de interés:

• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

 

 

 

 

Contacto de Prensa:

Alex McAnarney

(305) 335 5665

amcanarney@cejil.org

Denuncian la impunidad de graves violaciones a derechos humanos en México

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

Jue, 30/10/2014

Audiencia CIDH 153 POSWashington D.C., 30 de octubre de 2014.- Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron estas cifras demostrando la impunidad casi total y la inacción del Estado mexicano para impartir justicia. La audiencia se enfocó particularmente en la situación de los Estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Baja California.

CEDIMAC denunció, que en el estado de Chihuahua, la actuación de las instituciones y servidores públicos responsables de la investigación y búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, por lo general es omisa, tardía, o cuando menos inexperta, dejando escapar momentos cruciales para la investigación, que en el tiempo no son recuperables.

En el caso del Estado de Baja California, se expuso cómo la generalidad y sistematicidad en que son perpetradas los crímenes de tortura, los convierten en crímenes de lesa humanidad -de acuerdo con el Estatuto de Roma-, razón por la cual la FIDH, la CMDPDH y la CCDHNOR, han solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue la presunta comisión de crímenes de esa naturaleza en dicho estado entre 2006 y 2012.

CEJIL concluyó señalando la preocupación por la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas y el incumplimiento del Estado Mexicano de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluso de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, entre otras cosas, las organizaciones le solicitaron al Estado mexicano autorizar una visita in loco de la CIDH al país y establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre las acciones que se tomen para resolver los casos bajo su conocimiento vinculados con graves violaciones de derechos humanos, así como presentar pruebas concretas de los avances en la erradicación de la impunidad en México.

Felipe González, Comisionado de la CIDH evidenció: “si las denuncias del pasado se mantienen en impunidad es un mensaje claro, de que pasará lo mismo en el futuro”.

El Estado mexicano por su parte, presentó avances meramente formales sin dar respuesta al fondo a las demandas de las organizaciones.

 

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