CEJIL y otras organizaciones

A 20 años de la Convención Belém do Pará: es necesario profundizar los compromisos para que las mujeres vivamos sin violencia

Asunción, miércoles 4 de junio del 2014. Las organizaciones firmantes, en el marco del Cuadragésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebramos el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de¨Belém do Pará) que a la fecha ha sido ratificada por 32 de los 34 miembros de la OEA. Destacamos especialmente que este tratado interamericano de derechos humanos es el que cuenta con mayor número de ratificaciones, expresando un compromiso político con la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres.

Mar, 10/06/2014

Foto Belém do ParáAsunción, miércoles 4 de junio del 2014. Las organizaciones firmantes, en el marco del Cuadragésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebramos el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de¨Belém do Pará) que a la fecha ha sido ratificada por 32 de los 34 miembros de la OEA. Destacamos especialmente que este tratado interamericano de derechos humanos es el que cuenta con mayor número de ratificaciones, expresando un compromiso político con la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres.

Valoramos positivamente que a partir de la entrada en vigencia de la Convención de Belem do Pará, una gran mayoría de Estados impulsaron procesos legislativos nacionales que se tradujeron en leyes destinadas a combatir la violencia intrafamiliar; sin embargo, resaltamos que estos avances han resultado insuficientes tanto a nivel de la prevención como de la investigación y la sanción de la violencia hacia las mujeres, y también se ha obstaculizado abordar de manera integral la complejidad e impacto que este tipo de violencia representa.

Es necesario reafirmar que las obligaciones establecidas en la Convención de Belem do Pará exigen a los Estados que diseñen e implementen políticas públicas amplias que den cuenta de los diferentes espacios en que la violencia hacia las mujeres se expresa, ejemplo de ello es la situación de violencia así como los obstáculos que las defensoras de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor.

A la vez, resulta preocupante la persistencia de la impunidad generalizada en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los actores estatales y no estatales que cometen actos de violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, en el marco del actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA que tiene como tema central “Desarrollo con Inclusión Social”, resulta fundamental destacar que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que existe un vínculo estrecho entre la eliminación de la pobreza, y la protección y el ejercicio de todos los derechos de las mujeres.

A su vez, las organizaciones firmantes consideramos impostergable la puesta en práctica de lo establecido en el artículo 9 de la Convención, en el sentido de proteger especialmente a mujeres que se encuentran en situaciones agravadas de vulnerabilidad, como lo son las niñas, ancianas, indígenas, defensoras de derechos humanos, migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de libertad, y las afectadas por la pobreza, violencia o conflictos armados. Ello contribuirá al abordaje adecuado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de violencia.

Cabe recordar que la desigualdad “fáctica y jurídica” que afecta a las mujeres así como la violencia contra las mujeres sigue siendo una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que estructuran nuestras sociedades. Esta perspectiva  -derivada del mandato convencional- debe ayudar a  abordar el análisis de las dificultades que aún persisten y las propuestas para superarlas.

A 20 años de la firma de la Convención Belém do Pará, las organizaciones firmantes exhortamos a los Estados americanos a establecer decididamente políticas públicas y otras acciones efectivas dirigidas a:

  • Combatir la persistencia de estereotipos de género basados en conceptos de inferioridad o subordinación entre hombres y mujeres, así como aquellas prácticas que promuevan la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, que perpetúan la discriminación histórica que subyace a las manifestaciones de violencia;
  • Abordar de manera integral las diversas manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres en el continente (falta de acceso a la salud reproductiva, mortalidad materna, falta de acceso a la educación sexual, discriminación, violencia sexual, violencia doméstica, criminalización por aborto y ataques a defensoras de derechos humanos, entre otros);
  • Discutir ampliamente, adoptar e implementar leyes, procedimientos judiciales y políticas públicas teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres que habitan nuestra región y atendiendo la complejidad de la problemática;
  • Garantizar la recopilación de estadísticas adecuadas y desagregadas que permitan evaluar la efectividad de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
  • Incorporar una perspectiva de género y etnicidad en la impartición de justicia;
  • Cumplir adecuadamente las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano, en particular las relacionadas con casos de discriminación y violencia hacia las mujeres;
  • Cumplir con el deber de debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; en tal sentido los Estados deben investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos (funcionarios públicos o particulares), y proporcionar reparación integral a las mujeres que sean víctimas de la violencia; e
  • Incorporar indicadores de género de manera transversal en los programas y presupuestos públicos para medir el avance de los derechos humanos de las mujeres.

En el vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará recordamos que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y exigimos el goce pleno de los derechos para todas las mujeres del continente americano. Asunción, Paraguay, 4 de junio de 2014

Internacional:

Amnistía Internacional

Global Rights

Regional:

Asociadas por lo Justo (JASS)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

IPAS Centroamérica

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones

Red Solidaria contra la Impunidad A.C.

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Bolivia:

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

La Oficina Jurídica para la Mujer

La Red Nacional Mujeres y Minería de Bolivia

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Fundación Nydia Erika Bautista por los Derechos Humanos

Red Departamental de Mujeres Chocoanas

Costa Rica:

Asociación Demográfica Costarricense

Alianza por tus Derechos

Centro de Investigación y Promoción para América Central de DDHH (CIPAC)

Centro Integral para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)

Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

El Salvador:

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico

Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos "Entre Amigos"

Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA)

Oficina de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández

Guatemala:

Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA)

Asociación El refugio de la Niñez

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA)

Convergencia por los Derechos Humanos

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Refugio de la Niñez

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Honduras:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Convergencia por los Derechos Humanos

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)y Radio Progreso

Foro de Mujeres por la Vida

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

México:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña  Tlachinollan, A. C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C (COSYDDHAC)

Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A.C.

Nicaragua:

Asociación Nicaragüense de Transgéneras

Centro  Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro de Apoyo Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)

Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)

Grupo Cívico Ética y Transparencia

Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos en Nicaragua (IDSDH)

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS)

Panamá:

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP)

Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)

Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará

Paraguay:

Agora Espacio Civil

Perú:

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Paz y Esperanza

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)

Venezuela:

El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)

Defender a quienes defienden los derechos humanos, condición necesaria para el desarrollo con inclusión social

Vie, 30/05/2014

OP-Ed escrito por Nancy Tapias Torrado, Investigadora de Amnistía Internacional sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América, Marcia Aguiluz, Directora de CEJIL Mesoamérica y Alejandra Vicente, Abogada Senior de CEJIL

Defender los derechos humanos es crucial para lograr el “desarrollo con inclusión social”, tema de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en el continente americano es esencial para el avance de los principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos al afianzamiento de sociedades democráticas.

A pesar de ello, las defensoras, los defensores, sus organizaciones y familiares siguen en muchos casos pagando con su propia vida, integridad y libertades, entre otros.  A unos pocos días de la próxima Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, los líderes de las Américas deben renovar su compromiso con el respeto y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y tomar acciones para cumplir cabalmente con sus obligaciones ya establecidas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

A finales de marzo, en el marco del 150º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, más de 40 organizaciones participamos en dos audiencias temáticas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En las mismas evidenciamos que los asesinatos, las agresiones físicas, las amenazas y los hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, siguen siendo una tendencia preocupante en la región.

En el 2013 tan sólo en Colombia hubo más de 70 defensoras y defensores asesinados, incluyendo dirigentes comunitarios, indígenas y afrodescendientes. En Honduras en lo que va corrido del 2014 han sido asesinados dos defensores que contaban con medidas de protección de la CIDH.  En México,  hace unos pocos días fue asesinada otra defensora más. El 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, fue muerta a balazos Sandra Hernández. Ella luchaba por encontrar verdad y justicia en el caso de su hijo “desaparecido” y ese día iba camino a una cita en la que le darían información al respecto. .

Además de los riesgos contra la vida, el sistema de justicia es usado con frecuencia para coartar el trabajo de defensoras y defensores, para tratar de silenciarlos y minar su credibilidad. Este es el caso por ejemplo de una de las defensoras que participó en estas audiencias. Iduvina Hernández es la directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM- y una destacada defensora cuyo trabajo se enfoca en lograr mecanismos y reformas para que las fuerzas de seguridad no cometan violaciones a derechos humanos en Guatemala. Por sus esfuerzos ha sido estigmatizada, hostigada y enfrenta acusaciones penales. Estas acusaciones estarían basadas en supuestos delitos cometidos cuando ella tan sólo era una niña.

Los ataques a las libertades de asociación, expresión y reunión son otra preocupación constante a nivel regional. El uso excesivo de la fuerza es usado con frecuencia para reprimir protestas sociales, por ejemplo en el contexto de proyectos a gran escala y cuestiones sociales. En los últimos meses y durante el año 2013, se han dado varias protestas sociales en Brasil y en Venezuela, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones y violencia.

Otra tendencia es la estigmatización y ataques a la reputación de defensoras y defensores. Además se han usado normas restrictivas para limitar su derecho de asociación. Este es el caso de la Fundación Pachamama en Ecuador, cerrada arbitrariamente en diciembre del 2013 tras una decisión en la que no hubo oportunidad de rebatir las acusaciones o defenderse, y para la que se usó un decreto ejecutivo con normas amplias y ambiguas. En República Dominicana, a raíz de la publicación de una controvertida decisión de la Corte Constitucional que priva en la práctica de la nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia extranjera y las convierte en apátridas, en el último trimestre de 2013 se produjo un aumento de retórica hostil, amenazas y actos de intimidación contra personas de ascendencia haitiana y quienes defienden sus derechos humanos.

La situación de las mujeres que defienden los derechos humanos también es preocupante. Como quedó evidenciado en la audiencia dedicada a este tema ante la CIDH, las defensoras además de enfrentar riesgos y agresiones por su activismo, son objeto de violencias, discriminaciones y obstáculos por el hecho de ser mujeres. En muchos casos las agresiones en su contra hacen alusión a su identidad, tienen un carácter sexual, ponen en duda su moral sexual o se centran en la estigmatización de género. Las defensoras además, en respuesta a su liderazgo o activismo, sufren violencias en el entorno familiar y comunitario, así como agresiones al interior de los movimientos sociales, lo cual aumenta sus situaciones de riesgo y limita sus redes sociales de apoyo.

De igual modo, las personas que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) están expuestas a sufrir abusos y ataques. A menudo se las percibe como transgresores de los valores sociales y culturales. Debido a la estigmatización y la exclusión, las defensoras y los defensores LGBTI suelen correr mayores peligros porque con frecuencia se les niega la protección y el reconocimiento como defensores legítimos.

En esta situación de desprotección para defensoras y defensores de derechos humanos, hemos evidenciado que el nivel de impunidad es alarmante. Son contados los casos en los que las investigaciones terminan con la sanción de los responsables, siendo la mayoría archivados por falta de impulso procesal.

En este sentido, es de vital importancia que los Estados de las Américas acaten los estándares ya establecidos por los órganos del SIDH y:  reconozcan la legitimidad e importancia fundamental de quienes defienden los derechos humanos; garanticen investigaciones efectivas de los ataques y agresiones contra éstas personas; establezcan salvaguardas procesales que eviten el uso indebido del sistema de justicia en su contra; y, protejan de manera efectiva, integral y diferenciada a los defensores y defensoras en situación de riesgo, teniendo en cuenta su género, contexto y circunstancias particulares.

Esta próxima Asamblea General de la OEA abre una nueva oportunidad para que los líderes de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos, con el sistema que los protege y con la protección integral de quienes los defienden. Defender a quienes defienden los derechos humanos sin duda contribuye al desarrollo inclusivo. Por ello, los Estados deberían redoblar sus acciones para acatar los estándares del SIDH en la materia.

Tras cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana sobre caso Araguaia, Brasil sigue sin cumplir

Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará audiencia de supervisión de cumplimiento del caso Gomes Lund sobre los desaparecidos en Araguaia

San José y Rio de Janeiro, martes 20 de mayo del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP) representantes de las víctimas del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil (conocido como “Guerrilha de Araguaia”) exigen que el Estado de Brasil cumpla a cabalidad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como avance en la remoción de los obstáculos para la obtención de justicia para las víctimas.

Mar, 20/05/2014

Foto Araguaia Créditos Sol do ParáSan José y Rio de Janeiro, martes 20 de mayo del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP) representantes de las víctimas del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil (conocido como “Guerrilha de Araguaia”) exigen que el Estado de Brasil cumpla a cabalidad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como avance en la remoción de los obstáculos para la obtención de justicia para las víctimas.

El 14 de diciembre del 2010 Brasil fue condenado por la Corte IDH por la desaparición forzada de 69 personas en el marco de las operaciones de las fuerzas armadas brasileñas emprendidas con el objeto de erradicar a los militantes del Partido Comunista do Brasil,  entre 1972 y 1975. En la sentencia se condenó al Estado a llevar a cabo una investigación penal de los hechos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y sancionar a los responsables, entre otras. Ver Sentencia

Después de cerca de 40 años de ocurridos los hechos y casi cuatro años de dictada la sentencia, todavía el Estado brasileño no ha avanzado en el establecimiento de medidas necesarias para brindar información sobre el paradero de los desaparecidos y tampoco ha progresado en las investigaciones que permitan avanzar en la búsqueda de los restos.

Pese al compromiso del Ministerio Público Federal con la denuncia e investigación de los crímenes cometidos en la dictadura, todavía no hay sentencias condenatorias. Las denuncias penales interpuestas contra militares por el secuestro de seis de las víctimas del Araguaia están suspendidas.

Algunos de los obstáculos para la realización de la justicia incluyen la falta de tipificación del crimen de desaparición forzada, la falta de una actitud proactiva de los jueces para superar los obstáculos de la Ley de la Amnistía, la prescripción penal, la ausencia de control de convencionalidad y el desconocimiento del valor de la sentencia de la Corte IDH.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, mencionó: “a 50 años del golpe militar y cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana, las víctimas aún esperan justicia. El Ministerio Público avanzó una política de investigación penal de las desapariciones forzadas cometidas en la dictadura, pero estos esfuerzos no darán frutos sin un cambio sustancial en la respuesta de la judicatura y del Poder Legislativo. Los jueces y juezas precisan asumir su responsabilidad en el cumplimiento de la sentencia vinculante del caso Araguaia. Por su parte el Congreso debe tipificar la desaparición forzada”.

Lorena Moroni Barroso, de las familiares de las víctimas, añadió: “desde hace 40 años seguimos buscando a nuestros familiares; muchos funcionarios del Estado no han comprendido a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de dar un tratamiento respetuoso a nosotros como familiares de las víctimas y actuar con responsabilidad en las búsquedas de los desaparecidos”.

Enlaces relacionados

Sentencia Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil

Comunicado de Prensa: Brasil segue sem realizar justiça e verdade

Comunicado de Prensa: Brasil está obligado a investigar y castigar los crímenes de la dictadura militar

Comunicado de Prensa: Denuncia penal contra militar por desapariciones forzadas de la dictadura brasileña es un hito histórico en la búsqueda de justicia

Contacto de Prensa:

Beatriz Affonso

baffonso@cejil.org

 

Daniela Araya

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CEJIL manifiesta preocupación por la actuación del Estado ecuatoriano frente a la sentencia de Sarayaku

El Ecuador acudió a la Corte para mantener una reunión sin la presencia de las demás partes del procedimiento

Sarayaku, Quito, Washington D.C. martes 20 de mayo del 2014. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Mario Melo Cevallos  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), manifestamos nuestra preocupación frente a las manifestaciones públicas realizadas por funcionarios del Estado ecuatoriano a la prensa que señalan que el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia se habrían reunido el día 14 de mayo de 2014 en la ciudad de San José de Costa Rica, con la directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar asuntos relacionados al cumplimiento de la sentencia del caso Sarayaku, emitida por la Corte el 27 de junio de 2012.

Mar, 20/05/2014

Conferencia de Prensa Sarayaku, Costa RicaSarayaku, Quito, Washington D.C. martes 20 de mayo del 2014. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Mario Melo Cevallos  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), manifestamos nuestra preocupación frente a las manifestaciones públicas realizadas por funcionarios del Estado ecuatoriano a la prensa que señalan que el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia se habrían reunido el día 14 de mayo de 2014 en la ciudad de San José de Costa Rica, con la directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar asuntos relacionados al cumplimiento de la sentencia del caso Sarayaku, emitida por la Corte el 27 de junio de 2012.

De corroborarse dicha información, el Estado habría presentado información ex parte dentro de un caso contencioso bajo supervisión de la Corte, sin la presencia de las otras partes en el procedimiento, y sin que éstas tengan la oportunidad de réplica en el mismo momento y en igualdad de condiciones.

Esta actitud del Estado ecuatoriano sería contraria al artículo 69 del Reglamento de la Corte, que señala que el seguimiento al cumplimiento de las sentencias se realiza a través de un procedimiento contradictorio, por el cual las partes (víctimas, Estado y Comisión Interamericana) presentan informes escritos, y por el que  la Corte puede convocar a todas las partes a audiencias públicas y privadas con el fin de obtener información.

Por lo anterior, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que corrobore si la información hecha pública por el Ecuador es verídica.

De igual modo, estamos solicitando la realización de una audiencia para poder ofrecer a la Honorable Corte la información que precise respecto al grado de cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de la sentencia pronunciada en el año 2012 en favor del Pueblo de Sarayaku.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir

La audiencia se llevará a cabo el 16 de mayo en Costa Rica

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Jue, 15/05/2014

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Algunos de los casos son representados ante la Corte IDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, participarán en la audiencia víctimas y sus representantes a nivel interno y ante el tribunal interamericano.

Los casos que se analizarán en la audiencia tienen como común denominador que ocurrieron en la época del conflicto armado y que se mantienen casi en total impunidad. De hecho, solo cinco personas vinculadas con la masacre en la Aldea de las Dos Erres han sido condenadas.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José” el 27 de abril de 1969, de esta manera se comprometió en forma soberana a respetar y garantizar los derechos humanos en ese país. De conformidad con el artículo 67 de esta Convención, las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables.

La Corte IDH ha condenado al Estado Guatemala en 17 ocasiones, siendo el segundo país en el continente con mayor cantidad de sentencias, solo superado por Perú.

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

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Honduras nuevamente incumple medidas de protección otorgadas por la CIDH

Otro beneficiario de medidas cautelares es asesinado

San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

Lun, 05/05/2014

Bandera de Honduras (Créditos El Heraldo)San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

La CIDH otorgó medidas cautelares a la comunidad de Cerrito Lindo desde el año 2005 ante una solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las medidas se originan por numerosos actos de violencia cometidos en contra de los miembros de la comunidad a raíz de la disputa por la propiedad de los lotes que ocupan.

Según señalan los pobladores, sus propiedades les habían sido vendidas ilegalmente por parte de una empresa local. Al darse cuenta de la falta de legalidad en el proceso de compra y venta, los habitantes emprendieron una serie de actividades legales y protestas con el objetivo de resolver la situación de los lotes que adquirieron de buena fe. Estos actos de denuncia desencadenaron una serie de ataques contra los miembros de la colonia Cerrito Lindo, incluyendo desalojos violentos, amenazas de muerte, seguimientos e incluso varios asesinatos.

En efecto, con la muerte del señor Orellana, suman siete los asesinatos de personas vecinas de la comunidad en el marco de las medidas cautelares, a saber: Paulino Henríquez asesinado el 17 de marzo de 2004, Jonni Orlando Aceituno Varela asesinado el 18 de junio de 2004; Héctor José Ulloa y Gilmar Santiago Mejía  atropellados en circunstancias sospechosas y no esclarecidas el 27 de marzo de 2004 y el 26 de enero de 2006 respectivamente.

Eligio Mejía asesinado el 5 de febrero de 2006 y Orfilia Amparo Mejía asesinada el 26 de marzo de 2012. Ninguna de estas muertes han sido esclarecidas tampoco se han implementado medidas de protección efectivas.

“La situación en Honduras es insostenible y la situación de desprotección de quienes defienden derechos humanos es evidente. El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por faltar a su deber de proteger a los pobladores de Cerrito Lindo y por la falta de investigación que caracteriza estos lamentables hechos”, declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Adicionalmente, resulta particularmente preocupante que en menos de un mes resultaron asesinados dos beneficiarios de medidas cautelares, en este sentido, cabe recordar la muerte violenta de Carlos Mejía Orellana, colaborador de Radio Progreso, ocurrida el pasado 11 de abril.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que cumplan con su deber de debida diligencia y adopten todas las medidas necesarias para investigar estos acontecimientos e identificar a las personas responsables. A la vez, reiteramos nuestro llamado para que se adopte un adecuado mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos que incluya a las personas beneficiarias de medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos Fotográficos: El Heraldo

Enlaces relacionados:

CEJIL lamenta el asesinato de colaborador de Radio Progreso en Honduras

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Organizaciones internacionales expresan preocupación por las irregularidades observadas en el proceso de selección de fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Lun, 05/05/2014

Fotografía Claudia Paz y Paz (Créditos Prensa Libre)Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.

En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.

Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”,  ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.

Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.

Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.

Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.

Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.

Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Créditos fotográficos: Periódico La Prensa

CEJIL celebra histórica reforma al Código de Justicia Militar en México

La reforma es resultado de años de lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.

San José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

 

Vie, 02/05/2014

Comunicación Social en el Senado de la RepúblicaSan José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra este acto del Estado mexicano que constituye un avance en la consolidación de la protección de los derechos humanos en México y que responde al clamor de la sociedad civil organizada, la academia, y los órganos especializados de protección de derechos humanos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en cuatro casos, tres de ellos representados por CEJIL en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

“La reforma aprobada es un avance significativo en la agenda de derechos humanos en México y es una muestra de lo que se puede lograr mediante procesos democráticos de discusión”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El pasado 24 de abril, la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y enviada para su discusión a la Cámara de Diputados, que la aprobó igualmente por unanimidad el 30 de abril. Queda pendiente excluir del fuero militar las violaciones a derechos humanos cometidas contra elementos militares, obligación que debe atender cuanto antes para que se cumpla efectivamente con las recomendaciones de los diversos órganos de protección internacionales, y en particular con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dictamen Aprobado

Comunicados de prensa:

ONGs denunciarán ante Comisión Interamericana aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Restricción de la jurisdicción militar en casos donde haya civiles: triunfo histórico de las víctimas frente a la impunidad castrense


Créditos Fotográficos: Comunicación Social en el Senado de la República

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

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