CEJIL y otras organizaciones

CEJIL y WOLA expresan preocupación por posible indulto a Fujimori

Las organizaciones enviaron una carta al Presidente Humala

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

Vea la carta aquí.

 

Jue, 04/10/2012

3 de octubre de 2012

 

 

Su Excelencia Ollanta Humala

Presidente de la República del Perú

Lima, Perú

 

Su Excelencia Presidente Humala:

 

El día 28 de septiembre del presente, la familia del ex Presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, anunció que solicitará a su Gobierno que aplique el indulto humanitario al ex mandatario.

 

Al respecto, le exhortamos a Usted, como Presidente de la República, considerar que:

(1) Alberto Fujimori fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.

 

(2) El indulto presidencial es potestad del Presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional.

 

(a)  Según la legislación peruana (Ley 26478 de 1995): "Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado".  En el caso del ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia, lo cual excluye al ex Presidente del beneficio del indulto.

 

(b)  El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y Cantuta fue posteriormente confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú en su sentencia del 7 de abril de 2009. Según dicha Sala, de acuerdo al derecho internacional, los crímenes por los cuales encontraron culpable al ex Presidente Fujimori constituyen crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la Sala fue confirmada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009.

 

(3) El ex Presidente Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud. Sin embargo, para que sea beneficiado con un indulto humanitario, según la Resolución Ministerial 0162-2010-JUS, del 13 de julio de 2010, Fujimori tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.

 

(a)  En declaraciones a la prensa la semana pasada, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para poderse otorgar el indulto humanitario se tendría que confirmar, con una evaluación médica rigurosa e independiente, el estado de salud del ex mandatario para poder luego tomar cualquier decisión.

 

(b)  No se puede afirmar que las condiciones carcelarias del ex mandatario impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir. Fujimori es el único reo en las instalaciones de DIROES, vive en una instalación construida especialmente para él, y goza de pleno acceso a tratamiento médico cuando ha sido necesario, como se ha constatado a través de los años.

 

En virtud  de lo arriba expuesto, los abajo firmantes proclamamos que:

 

(4) Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al Estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú.

 

(a)  Es especialmente importante tomar en cuenta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia, derechos que les fueron negados por casi 20 años.

 

(b)  Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario.

 

(5) Debido a la gravedad de los crímenes por los cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado, le exhortamos no ceder ante las presiones de concederle el indulto humanitario a menos que estén plenamente demostrados los criterios para concederlo.

 

El juicio y condena al ex Presidente Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general. Es por ello que su Gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.

 

Atentamente,

 

 

 

Joy Olson                                Jo-Marie Burt                          Coletta Youngers

Directora Ejecutiva              Asesora Principal                  Asesora Principal

WOLA                                     WOLA                                     WOLA

 

 

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL

 

CC:
Presidente de la República, Ollanta Humala
Primera Vice Presidenta, Marisol Espinoza
Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor

Harold Forsyth, Embajador Peruano a los Estados Unidos
Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla

Congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattas
Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas
Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Avila

Fiscal de la Nación, José Peláez

Presidente del Poder Judicial, César San Martin

Defensor del Pueblo, Eduardo Vega

Marisol Perez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República

Javier Diez Canseco, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

 

 

Perú anula el fallo Villa Stein por su incompatibilidad con la Convención Americana

La decisión cumple con el fallo de la Corte IDH

Lima, Perú / Washington, D.C., 27 de septiembre de 2012. Perú anula el fallo que quitaba la denominación de lesa humanidad a la masacre de Barrios Altos y bajaba las penas a los perpetradores. La masacre tuvo lugar bajo el gobierno de Fujimori, en 1991. La decisión de Perú cumple con la resolución emitida por la Corte IDH esta semana.

Lean aquí el comunicado de APRODEH y CEJIL sobre el fallo de la Corte Interamericana.

 

 

Mar, 25/09/2012

Venezuela debilita la protección de los derechos de sus ciudadanos/as al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

 

Mié, 19/09/2012

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

FIRMANTES:

Organizaciones Internacionales y Regionales

Abogados sin fronteras Canadá

Amnistía Internacional (AI)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS

Bolivia

Oficina Jurídica de la Mujer

Brasil

Conectas Direitos Humanos

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

(IDHUCA)

Estados Unidos

Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Texas at Austin

Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal Por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú Equidad

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/SIDA

CIVILIS Derechos Humanos

Espacio Público

Género, Democracia, Derechos Humanos

Humberto Prado, Defensor de Derechos Humanos de la Población Reclusa

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Venezuela debilita la protección de los derechos de sus ciudadanos/as al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

Mié, 19/09/2012

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

FIRMANTES:

Organizaciones Internacionales y Regionales

Amnistía Internacional (AI)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Global Rights

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS

Bolivia:

Oficina Jurídica de la Mujer

Brasil

Conectas Direitos Humanos

Canadá

Abogados sin Fronteras

Colombia

Comisión Colombiana de Juristas

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Estados Unidos

Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Texas at Austin

Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

México

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal Por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Panamá

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú Equidad

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/SIDA

CIVILIS Derechos Humanos

Espacio Público

Género, Democracia, Derechos Humanos

Humberto Prado, Defensor de Derechos Humanos de la Población Reclusa

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Celebran Organizaciones de la Sociedad Civil restricción del Fuero Militar en México

23 de agosto del 2012 - Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acogemos con beneplácito el fallo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, a través del cual declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado “fuero de guerra” en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles. Esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares legalmente incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el  procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad.

Jue, 23/08/2012

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acogemos con beneplácito el fallo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, a través del cual declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado “fuero de guerra” en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles. Esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares legalmente incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el  procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad.

 

La demanda de limitar el fuero militar ha sido una exigencia histórica del movimiento de derechos humanos en México, por la que muchas víctimas y organizaciones han trabajado. Ejemplo de ello, son las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García) en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), se pronunció por el carácter excepcional y restrictivo del fuero militar respecto de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos contra la disciplina castrense. Y que precisamente, fue con base en estas sentencias, que el día de ayer la SCJN  confirmó el amparo otorgado por un Juez de Distrito a los familiares del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, oriundo de la Montaña de Guerrero, quien fuera ejecutado extrajudicialmente en un retén militar en 2009.

 

La resolución adoptada por la SCJN implica que el expediente será turnado a un juez federal en materia penal ajeno al ámbito castrense, y que sea esta autoridad la que decida si convalida lo actuado por la jurisdicción militar. Así, la resolución  abre la puerta para que por primera vez  los familiares de la víctima puedan coadyuvar con  instancias legalmente competentes e imparciales. En esa medida, constituye un indudable reconocimiento a la determinación y a la perseverancia de la familia Rubio Villegas y de las víctimas que ayer y hoy han alzado la voz contra los abusos castrenses.

 

A partir de este fallo, si la SCJN reitera lo decidido en otros cuatro juicios de amparo podrá  crear jurisprudencia que obligue a todos los Tribunales del Poder Judicial, lo que resulta necesario en vista de que subsisten reticencias a acatar el carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la CorIDH.  Esto podría suceder en los próximos días, ya que hay 27 juicios en lista, de los cuales la mayoría involucra la impugnación del citado artículo del Código de Justicia Militar.

 

En este sentido, alentamos a la SCJN a que establezca jurisprudencia compatible con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano e instamos a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial Federal para que hagan efectiva su competencia en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por militares contra civiles, a efecto de que los abusos militares -hoy en constante aumento- no queden en la impunidad.

 

Igualmente, debemos recordar que en las sentencias emitidas por la CorIDH se ordenó reformar el Código de Justicia Militar, deber que ha sido incumplido por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por ello, exhortamos al Congreso de la Unión para que lleve a cabo el proceso de modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de que sea armónico con estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos.

 

Organizaciones Nacionales firmantes:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos¨. conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Fundar Centro de Análisis e Investigación; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equis Justicia para las Mujeres.

 

Organizaciones Internacionales:

El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS, Asociadas por lo Justo; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos(WOLA).

Retiro de Venezuela de la Corte IDH debilitaría la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos/as

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en Las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

Mar, 31/07/2012

31 de julio de 2012

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente.

Desde su creación ambos órganos del Sistema han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes consideramos que la existencia del Sistema Interamericano en nuestra región cumple un papel esencial y que el posible retiro de Venezuela socavaría  la protección de los derechos humanos en el país al eliminar un último recurso de justicia frente a  las violaciones de los derechos humanos. El anunciado retiro de la Corte Interamericana está precedido por un  incumplimiento de las sentencias y medidas de protección emitidas por dicho órgano. Las organizaciones firmantes instamos al gobierno venezolano a ratificar su compromiso con la protección de los derechos humanos a través de un efectivo cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana y a reconsiderar su denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación a los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el riesgo que el retiro de Venezuela de uno de los órganos del Sistema Interamericano representaría para la región, todos/as los/as venezolanos/as y sobre todo para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en ese país. Por ello, hacemos un llamado a los Estados parte de la OEA a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Firmantes:

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional (AI)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Peace Brigades International (PBI)

 

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Abogados sin fronteras Canadá

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS


Argentina:

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

 

Bolivia:

Oficina Jurídica Para la Mujer

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM ) – Bolivia

 

Brasil:

Conectas Direitos Humanos

 

Chile:

Corporación Humanas - Chile

 

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

 

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica

 

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo .J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

 

Estados Unidos:

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Guatemala:

Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

 

México:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. (COLEM)

 

Nicaragua:

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

 

Paraguay:

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)

 

Perú:

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

 

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

 

Venezuela:

Acción Solidaria en VIH/Sida

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Justicia y Pas Los Teques

Observatorio Venezonalano de Prisiones (OVP)

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Transparencia – Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Corte Interamericana condena a Ecuador por violar los derechos del pueblo indígena de Sarayaku

Los pueblos indígenas deberán ser consultados ante cualquier proyecto que afecte sus derechos

Quito y Washington D.C 25 de julio del 2012- Los países firmantes de la Convención Americana, entre ellos Ecuador, deberán establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que pudiera afectar el territorio de pueblos y comunidades indígenas u otros derechos esenciales para su supervivencia. Así lo dispone la sentencia emitida hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador. Las víctimas estuvieron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado ecuatoriano Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
 
Lean el comunicado del Pueblo Sarayaku
Vean la página del Pueblo Sarayaku

Mié, 25/07/2012

Quito y Washington D.C 25 de julio del 2012- Los países firmantes de la Convención Americana, entre ellos Ecuador, deberán establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que pudiera afectar el territorio de pueblos y comunidades indígenas u otros derechos esenciales para su supervivencia. Así lo dispone la sentencia emitida hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador. Las víctimas estuvieron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado ecuatoriano Mario Melo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL: “la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaku representa un verdadero hito en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el continente, porque establece pautas más claras sobre el derecho de consulta previa ante proyectos de desarrollo con consecuencias para la subsistencia de los pueblos”. Para el abogado Mario Melo, “esta sentencia obliga al Estado ecuatoriano a reglamentar el derecho de consulta previa establecido en la Constitución ecuatoriana de 2008 de acuerdo con estándares muy detallados recogidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Según la Corte Interamericana, Ecuador no respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Tampoco se realizaron los estudios sociales y ambientales correspondientes. Con ellos se violaron los derechos a la consulta, propiedad e identidad cultural estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Sarayaku.

A finales del 2002 e inicios del 2003, agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa ingresaron sin consentimiento al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Así se puso en grave riesgo la vida de los miembros del pueblo de Sarayaku y sus condiciones de acceso a una vida digna. En este sentido, la sentencia establece que Ecuador violó los derechos a la integridad personal de los miembros del pueblo.

La sentencia ordena también al Estado ecuatoriano remediar la situación de riesgo que supone el abandono por parte de la petrolera argentina de 1400 kilos de explosivos abandonados en 16.000 hectáreas del territorio, espacio de vida que permanece ahora vedado para las actividades tradicionales de pesca, caza y recolección de frutos. Asimismo, establece que Ecuador deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de los pueblos o comunidades indígenas.

Más información sobre el caso

Lean el comunicado del Pueblo Sarayaku

Vean la página del Pueblo Sarayaku

 

Contacto en Washington DC

Milli Legrain

CEJIL

Mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

Contacto en Quito

Mario Melo

Fundación Pachamama

mmelo@pachamama.org.ec

Tel (593) -2-333-2245

Carta de la sociedad civil al Presidente del Consejo Permanente

Transparencia de la OEA

Distinguido Embajador Pary Rodríguez:

 

Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.

Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas", disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.

 


Sáb, 23/06/2012

11 de julio de 2012
 
Su excelencia
Embajador Diego Pary Rodríguez
Presidente del Consejo Permanente
Organización de los Estados Americanos
 
 
Ref.: Participación de la sociedad civil en el proceso de discusión
relacionado con la Resolución AG/RES.2761


Distinguido Embajador Pary Rodríguez:
 
Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.
Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas"[1], disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.
En consonancia con el referido mandato, el Consejo Permanente incluyó este tema en su reunión ordinaria de fecha 28 de junio anterior disponiendo el inicio formal del proceso. Algunos días después, la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, hizo pública tal decisión informando a la sociedad civil que sobre el tema "el Consejo Permanente realizará próximamente reuniones informales con el fin de definir la metodología, el plan de trabajo, la agenda y el formato de las consultas a usar."[2]
Al respecto, las organizaciones firmantes consideramos que la forma en que se estaría resolviendo la participación de la sociedad civil en el diálogo ordenado por la Asamblea General en su Resolución, no constituye un proceso de participación real y efectiva congruente con los principios que sobre el tema ha fijado la propia OEA.
De esta manera, la OEA ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la Carta Democrática Interamericana reafirma el principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; en esa misma sintonía y en ocasión de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, los Jefes y Jefas de Estado de la región expresaron su compromiso para incentivar una plena participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano (parr.94).[3]
Más recientemente, en la pasada Asamblea General, los Estados de la Región adoptaron la Resolución AG/RES. 2736 (XLII-O/12)[4], mediante la cual se comprometen a ampliar y garantizar el diálogo y la participación con la sociedad civil a través de distintos medios.
En atención a lo anterior y debido a la importancia del tema que se encuentra en discusión ante el Consejo Permanente, o sea, el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el proceso debe resolverse asegurando las formas, oportunidades y espacios adecuados para que la participación de la sociedad civil sea real y efectiva y que garantice un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas.
En tal sentido, hacemos un llamado respetuoso para que se retomen los estándares fijados por la Asamblea General en cuanto a la participación de la sociedad civil y se garantice al menos lo siguiente:

  • Discusiones transparentes tanto a nivel regional (en el seno del Consejo Permanente o en otra instancia de la OEA) como en los distintos países;
  • Se realicen procesos de consulta en los países, los cuales deben ir más allá de las capitales en países cuya extensión sea considerable y sea difícil acudir a las convocatorias realizadas por la capital;
  • Se valore la pertinencia de utilizar recursos del Fondo Específico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en las discusiones que se generen sobre el tema de fortalecimiento de la Comisión Interamericana.  Pensar e implementar metodologías innovadoras, que no pueden agotarse en intervenciones presenciales en el marco de las sesiones del Consejo Permanente, ni tampoco reducirse a la circulación formal de documentos. Herramientas como la participación a distancia en tiempo real y la transmisión en vivo por webcast de todas las discusiones son mínimos que deben asegurarse, para poder hacer contribuciones informadas en torno a los distintos temas que sean discutidos;
  • Contar con una dinámica que facilite un diálogo en el marco de las reuniones y en cada una de las instancias de debate establecidas por el Consejo Permanente y no sólo una participación escrita formal. Es claro que la participación no puede reducirse a algunos momentos, sino que debe asegurarse durante todo el proceso, lo cual no pudo ser garantizado en el proceso previo de discusión del informe del Grupo de Trabajo. En tal sentido, como bien señala el Informe del Grupo de Trabajo, la única reunión que se dio fue el 28 de octubre de 2011, en el marco del periodo de sesiones de la CIDH y la convocatoria fue hecha sólo unos días antes de la reunión. Dado que ese día la CIDH aún estaba celebrando audiencias, numerosas organizaciones y funcionarios de diferentes países no pudieron participar en el llamado diálogo[5].

Con base en lo expuesto, consideramos sustancial que, como mínimo y previo a cualquier discusión sustantiva sobre el tema, durante la siguiente sesión del Consejo Permanente, se pueda trabajar una metodología en la que se establezcan formas de divulgar la información, una enunciación de los diferentes actores involucrados en la discusión del fortalecimiento de la Comisión Interamericana, la identificación de los espacios de participación real, así como un calendario de las reuniones y eventos que se llevarán a cabo tanto en Washington como en los distintos países durante los próximos meses.
Deseamos insistir en la necesidad de que se generen las oportunidades de participar efectivamente en cada uno de los puntos de discusión y en cada una de las reuniones que se hagan en relación con este tema que nos ocupa y que atañe a la vigencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos a los Estados ser escuchadas y tenidas en cuenta en nuestras opiniones y aportes al tiempo no solo de discutir las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo, sino también en oportunidad de resolver las cuestiones metodológicas y de agenda.
Agradecemos de antemano la atención a la presente, y quedamos a la espera de una respuesta de su parte.
 
c.c.p. José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
c.c.p. José de Jesús Orozco, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento
Organizaciones Firmantes:
Regionales
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición LGBTTTI Trabajando en la OEA
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
International Pregnancy Advisory Services (Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo) IPAS – Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ – AL)
 
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
 
Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro
ISER- Instituto de Estudos da Religião

Chile
Corporación Humanas
 
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Peace Brigades International - Colombia Project
 
Costa Rica
Alianza por tus Derechos
 
Ecuador
Accion Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Pachamama

El Salvador
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PROBUSQUEDA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER)
Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
 
Estados Unidos
Human Rights Clinic, University of Texas
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
 
Honduras
Asociación Cooperación Técnica Nacional (CTN)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación LGTB Arco Iris
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Casa Alianza
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Centro para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares (CPTRT)
Coalición Nacional de Mujeres de Honduras (CONAMUH)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH)
Comité por la Libre Expresión  (C-LIBRE), Honduras
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH)
Gran Alianza por OMOA
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
 
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.  (CEDHEM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ)
 
Nicaragua
Casa Alianza
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS)
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual
Movimiento Feminista de Nicaragua
Oficina de asistencia técnica para el desarrollo y la equidad (CIFEM), Nicaragua
Red de Mujeres contra la Violencia

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena
 
Paraguay
BASE Investigaciones Sociales,
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
 
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
 
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
 
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Car

[1] AG/RES. 2761 (XLII-O/12), Seguimiento de la Recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General en Bolivia celebrada el 5 de junio de 2012. En su párrafo segundo estableció “Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”.
[2] Correo de 5 de julio de 2012, difundido por el listado de osc_registradas@lists.oas.org por la Dirección del Departamento de Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, titulado “OEA - Consulta - Recomendaciones sobre el Funcionamiento de la CIDH y el Fortalecimiento del SIDH | OAS - Consultation - Recomendations on the Functioning of the IACHR and the Strengthening of the IASHR”.
[3] Declaración de Puerto España, 2009, en su párrafo 94 señala “Nos comprometemos a continuar incentivando la participación de nuestros pueblos, mediante la actuación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas y programas de desarrollo, proporcionando asistencia técnica y financiera, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, para reforzar y desarrollar su capacidad de participar de una forma más plena en el sistema interamericano”, disponible en http://www.summit-americas.org/sisca/cs_sp.html.
[4] Cfr., OEA. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2736 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012.
[5] En tal sentido, de acuerdo con el calendario de sesiones de la CIDH, ese día se llevaron a cabo audiencias sobre Canadá, Haití, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, y también se celebraron audiencias regionales sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; la seguridad ciudadana y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras; la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina; la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas; y la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Para más información sobre el 143º periodo de sesiones de la CIDH, ver: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Calendario143.pdf
 

Exigimos justicia para las mujeres de Atenco tras 6 años de violencia, discriminación e impunidad

A 6 años de los hechos el caso de las mujeres de Atenco permanece en la impunidad absoluta.

El 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas durante un operativo caracterizado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, en el que participaron cientos de policías tanto estatales como federales. Fueron golpeadas, humilladas y abusadas brutalmente, y la mayoría de ellas denunciaron haber sufrido tortura sexual a manos de los policías. Desde ese entonces, 11 de las mujeres han luchado por la justicia, llevando su caso ante instancias nacionales y ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, pese a la gravedad de las violaciones cometidas y la detallada documentación de éstas, su caso permanece en la impunidad absoluta.

 

Mar, 08/05/2012

El 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas durante un operativo caracterizado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, en el que participaron cientos de policías tanto estatales como federales. Fueron golpeadas, humilladas y abusadas brutalmente, y la mayoría de ellas denunciaron haber sufrido tortura sexual a manos de los policías.

Desde ese entonces, 11 de las mujeres han luchado por la justicia, llevando su caso ante instancias nacionales y ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, pese a la gravedad de las violaciones cometidas y la detallada documentación de éstas, su caso permanece en la impunidad absoluta. Es así que 6 años después de los hechos las mujeres de Atenco continúan sufriendo discriminación y violencia institucional, así como falta de acceso a la justicia y a la reparación.

La violencia contra la mujer, de acuerdo con la Convención Belém do Pará, ratificada por México desde 1998, “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En esa medida destacamos que el uso de la tortura sexual como herramienta de represión en el caso de Atenco no sólo afecta a las mujeres que fueron detenidas y abusadas, sino también a la sociedad mexicana en su conjunto.

Por lo tanto, en el marco del sexto aniversario de los hechos, manifestamos nuestro apoyo a las mujeres de Atenco y exigimos que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones que los tratados internacionales, la Constitución y la legislación vigente le imponen; concretamente, investigar debidamente la tortura sexual infringida a las mujeres de Atenco, sancionar adecuadamente a los responsables y reparar los daños.

Mientras permanezcan la violencia contra la mujer y la impunidad, como sucede en el caso de las mujeres de Atenco, no será posible afirmar que México es un verdadero Estado democrático de derecho.

Primer caso de femicidio en Guatemala llega a la Corte Interamericana

Proceso de María Isabel Véliz Franco es emblemático de la impunidad del femicidio en este país

Ciudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato.

 

Lun, 07/05/2012

Rosa Elvira Franco Sandoval, madre de María Isabel Véliz,  durante la conferencia de prensa celebrada hoy en REDNOVI, Ciudad de Guatemala. Cortesía de REDNOVICiudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato. Las pesquisas han estado viciadas por retardos injustificados, pérdida de evidencias, omisiones de líneas de investigación relevantes e incluso por la estigmatización de la propia víctima y de su familia por parte de las autoridades.

Guatemala registra índices alarmantes en casos de violencia contra las mujeres, con impunidad y falta de protección a las víctimas y sobrevivientes, lo cual propicia la repetición de hechos similares.

Según datos de fuentes oficiales, recopilados por Grupo Guatemalteco de Mujeres, entre 2000 y 2011, han muerto violentamente 6,638 mujeres en Guatemala. Solo en 2011, 710 mujeres perdieron la vida de forma violenta. El Ministerio Público y el Organismo Judicial informan que la violencia contra la mujer es el tercer delito más denunciado en el país. El índice de impunidad de estos crímenes alcanzan el 99% en relación a los casos ingresados, es decir que solo el 1% obtiene sentencias.

El último informe de la oficina en Guatemala de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de enero pasado, expresó que “la crueldad con la que algunos de estos crímenes fueron perpetrados muestran cuán profundamente enraizados están los patrones de discriminación en la sociedad, y también revela la falta de medidas institucionales para detenerlos”.

La REDNOVI y CEJIL expresan su satisfacción por el envío de este caso ante el más alto tribunal del continente pues es una oportunidad de que este ordene medidas concretas para superar las causas de los altísimos índices de violencia contra las mujeres y su impunidad.

A más de diez años de ocurridos los hechos, Guatemala debe investigar, procesar y sancionar a los responsables del crimen contra María Isabel Véliz Franco. Asimismo, el Estado tiene la obligación de tomar las acciones necesarias para fortalecer  política y financieramente a la institucionalidad existente en materia de prevención, atención, sanción e investigación de  violencia contra las mujeres en Guatemala.

Los hechos.

El 16 de diciembre de 2001, Rosa Franco denunció ante las autoridades guatemaltecas la desaparición de su hija María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad. No obstante, las instituciones del Estado no realizaron diligencias para determinar su paradero. El 18 del mismo mes fue hallado su cuerpo, el cual mostraba diversas señales de abuso. Desde entonces, su madre ha pedido que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. Hasta la fecha, esto no ha ocurrido.

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