CEJIL y otras organizaciones

Directora Ejecutiva de CEJIL hablará en nombre de la Red sobre Nacionalidad y Apatridia de las Américas en el evento de ACNUR

En conmemoración del 60° aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en el evento de ACNUR: “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas” el martes 18 de Octubre en donde lanzará la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia.

Vie, 14/11/2014

Qué: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas”
Cuándo: Martes, Noviembre 18, 2014
6:00 a 8:30 pm
Dónde: The Newseum
555 Pennsylvania Ave. NW, piso 8.
Washington, D.C.

En conmemoración del 60° aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en el evento de ACNUR: “Out from the Shadows: Ending Statelessness in the Americas” el martes 18 de Octubre en donde lanzará la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia.

El evento marca el lanzamiento estadounidense de la campaña mundial liderada por el ACNUR para poner el fin a la apatridia en 10 años. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL presentará en el evento en nombre de la red, una plataforma de promoción de 30 organizaciones cuyo principal objetivo es aumentar la sensibilización y el intercambio de información para garantizar el derecho a la nacionalidad en toda la región.

"La red de las Américas sobre la nacionalidad y apatridia es una red de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas y expertos individuales comprometidos con abordar el tema de la apatridia en la región. Creemos que todos los seres humanos tienen derecho a una nacionalidad y que los que carecen de la nacionalidad por completo –los apátridas– tienen derecho a una protección adecuada", dijo Krsticevic. "Con la participación y la experiencia de decenas de organizaciones que trabajan en el tema de la apatridia a través de todo el hemisferio, creemos que la red jugará un papel clave en ayudar al ACNUR a alcanzar sus metas en las Américas".

Según el ACNUR, hasta finales de 2013 la apatridia afectó a por lo menos 10 millones de personas. En las Américas existen situaciones que ameritan un análisis más detallado, en las cuales personas o grupos específicos corren el riesgo de perder su nacionalidad. Estas situaciones incluyen disposiciones de leyes de ciudadanía discriminatorias de género, prácticas discriminatorias, nacionalidad disputada o indeterminada, la situación de niños que legalmente no son residentes en el país que habitan o nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otros. La red trabajará para elaborar herramientas estratégicas necesarias para hacer frente a posibles situaciones de apatridia y la identificación de casos del fenómeno en toda la región.

El evento y el lanzamiento de la red vienen taloneando una sentencia emitida al público el 23 de octubre 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo determinó que la República Dominicana violó los derechos humanos de un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana, muchos de los cuales eran niños, a través de un proceso de discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de la nacionalidad. El caso, conocido como Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana, fue litigado por CEJIL en asociación con organizaciones locales y se refirió a la jurisprudencia nacional y las leyes que dejaron más de 200.000 personas en una situación de apatridia.

52 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

Mar, 11/11/2014

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS
(para descargar version actualizada 11/12/2014 9:58 AM, favor oprimir este enlace)

102 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana
11 de noviembre de 2014
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.
Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.
Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.
Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.
ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Initiative for Sexuality and Human Rights Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Global Rights
Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM Internacional)
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMY)
Save the Children, Programa Latinoamérica y el Caribe
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer (OJM) de Cochabamba
Brasil:
Associação Juízes para a Democracia (AJD/Brasil)
Conectas Direitos Humanos
Canadá:
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Consultoría Para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES)
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Corporación Sisma Mujer
Costa Rica:
Programa Jurídico Iglesia Luterana Costarricense
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Asylum Access Ecuador
Fundación Pachamama
El Salvador:
Asociación PROBUSQUEDA de Niños y Niñas Desaparecidos en El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Tutela del Arzobispado de San Salvador
Estados Unidos:
International Human Rights Law Clinic, UC Berkeley
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
Guatemala:
Defensa Legal Indígena, Tob’nel Tinamit
Fundación Myrna Mack
Fundación Para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia  y Juventud
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Guatemalan Human Rights Commission/USA (GHRC-USA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia, AC
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C.
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Ipas CA (International Pregnancy Advisory Services Centroamérica)
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS)
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Paraguay:
ÁGORA Espacio Civil Paraguay
Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAIPY)
Perú:
Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Comisión de Derechos Humanos  (COMISEDH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) /  International Institute on Law and Society (IILS)
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)
Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights ClinicPRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS

11 de noviembre de 2014-Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

 

Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.

 

Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.

 

Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.

 

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.

ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amnistia Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL)
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Robert F. Kennedy Center
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
Brasil:
Conectas Direitos Humanos
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Comisión de Justicia y Paz de Colombia
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Sisma Mujer
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Costa Rica:
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
El Salvador:
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Estados Unidos:
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Guatemala:
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) de Chihuahua
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social,  AC
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
IPAS CA
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Paz y Esperanza
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Observatorio Venezolano de Prisiones
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights Clinic

Organizaciones internacionales exigen anular la sanción a Yassmin Barrios, Jueza Principal en el Juicio Histórico sobre Genocidio en Guatemala

Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez. Pronunciamiento completo

 

Lun, 10/11/2014

Fotografía Yassmín Barrios, Todo Noticias10 Noviembre 2014 – Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez.

Nueve organizaciones internacionales y organizaciones de América Latina – Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Washington Office on Latin America (WOLA) exigen a Guatemala revocar esta sanción, y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura en este país.

Vea el pronunciamiento completo

Créditos Fotográficos: Todo Noticias

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú.

Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado.

 

Lun, 03/11/2014

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.
Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de estas obligaciones, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y la reparación con viviendas a 509 víctimas y sus familiares.
Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados son militares en activo. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.
De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte Estado
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa. Su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.

Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).

Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de ellas, están pendientes el cumplimiento de órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y  el otorgamiento de viviendas a 509 víctimas y sus familiares.

Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados continuan en su función pública. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.

De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte del Estado. “La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado resaltan la impunidad en la que se encuentran estos casos y constituyen una violación de los derechos de la víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Perú”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Adjunto siguen dos comunicados de prensa del 31 de octubre que abordan los temas presentados dentro de la reunión de trabajo:

Enlace al comunicado completo: CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos.

Exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)

Lun, 03/11/2014

 

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)
Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.
CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.
“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.
“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.
Enlaces de interés:
• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm
Contacto de Prensa:
Alex McAnarney
(305) 335 5665
amcanarney@cejil.org

 

Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.

“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.

CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.

“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.

Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.

“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.

Enlaces de interés:

• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

 

 

 

 

Contacto de Prensa:

Alex McAnarney

(305) 335 5665

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Denuncian la impunidad de graves violaciones a derechos humanos en México

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

Jue, 30/10/2014

Audiencia CIDH 153 POSWashington D.C., 30 de octubre de 2014.- Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron estas cifras demostrando la impunidad casi total y la inacción del Estado mexicano para impartir justicia. La audiencia se enfocó particularmente en la situación de los Estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Baja California.

CEDIMAC denunció, que en el estado de Chihuahua, la actuación de las instituciones y servidores públicos responsables de la investigación y búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, por lo general es omisa, tardía, o cuando menos inexperta, dejando escapar momentos cruciales para la investigación, que en el tiempo no son recuperables.

En el caso del Estado de Baja California, se expuso cómo la generalidad y sistematicidad en que son perpetradas los crímenes de tortura, los convierten en crímenes de lesa humanidad -de acuerdo con el Estatuto de Roma-, razón por la cual la FIDH, la CMDPDH y la CCDHNOR, han solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue la presunta comisión de crímenes de esa naturaleza en dicho estado entre 2006 y 2012.

CEJIL concluyó señalando la preocupación por la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas y el incumplimiento del Estado Mexicano de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluso de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, entre otras cosas, las organizaciones le solicitaron al Estado mexicano autorizar una visita in loco de la CIDH al país y establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre las acciones que se tomen para resolver los casos bajo su conocimiento vinculados con graves violaciones de derechos humanos, así como presentar pruebas concretas de los avances en la erradicación de la impunidad en México.

Felipe González, Comisionado de la CIDH evidenció: “si las denuncias del pasado se mantienen en impunidad es un mensaje claro, de que pasará lo mismo en el futuro”.

El Estado mexicano por su parte, presentó avances meramente formales sin dar respuesta al fondo a las demandas de las organizaciones.

 

CEJIL lanza nuevo documento de coyuntura: “Los debates sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

Con esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014.

Fresh off the press: CEJIL’s position paper on “the  debates on the role of the Inter-American Comission of Human Rights.” Through this publication, CEJIL share its analysis on the process of reflection that started through the OAS General Assembly to audit the Commission’s work between 2011 and 2014. The paper attempts to present a timeline of the process, key actors and their positions, results achieved and the challenges still faced by the IAHCR and the Court. We hope that this document will be able to contribute to future debates in favor of the protection and promotion of human rights in the AmerCon esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014. El documento pretende rescatar cómo se inició el proceso, los actores clave  y sus posiciones, los intentos para limitar el alcance negativo de la reforma, los resultados y cuáles son algunos de los retos aún pendientes para fortalecer de manera genuina el trabajo de la CIDH y la Corte. Esperamos que el mismo aporte a debates futuros  a favor de la protección y promoción de los derechos humanos en América.
Mar, 28/10/2014

Con esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014. El documento pretende rescatar cómo se inició el proceso, los actores clave  y sus posiciones, los intentos para limitar el alcance negativo de la reforma, los resultados y cuáles son algunos de los retos aún pendientes para fortalecer de manera genuina el trabajo de la CIDH y la Corte. Esperamos que el mismo aporte a debates futuros  a favor de la protección y promoción de los derechos humanos en América.

Sigue el enlace para leer la publicación.

Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala

Organizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Vie, 24/10/2014

Comisiones de Postulación - Créditos Prensa LibreOrganizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Créditos Fotográficos: Periódico Prensa Libre.

República Dominicana condenada por discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Washington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

 

Jue, 23/10/2014

Foto Dominicanos Créditos CIDHWashington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

En la sentencia del caso “Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana", la Corte IDH determinó que al momento en que ocurrieron los hechos existía un “patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.

La Corte Interamericana, a su vez, también determinó que la República Dominicana adoptó a un fallo a través de su Tribunal Constitucional (TC 168/13) e implementó una ley(169/14) que resultan violatorias del derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de prevenir la apatridia, entre otros.

“Tratar a las personas nacidas en la República Dominicana como extranjeras en un proceso de naturalización, aunque sea por un tiempo muy limitado, implica un desconocimiento de su derecho a la nacionalidad”, afirmó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Este fallo determina de manera clara e indiscutible la mejor forma de garantizar los derechos a la nacionalidad y no ser objeto de expulsiones colectivas de manera arbitraria”.

El fallo de la Corte IDH ordena a la República Dominicana a que, en un plazo razonable, tome todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, práctica o decisión que prive de manera arbitraria a una persona del goce del derecho a la nacionalidad si nació en la República Dominicana y no tenía acceso efectivo e inmediato a alguna otra. Además entre otras medidas de reparación, el Estado dominicano debe llevar a cabo capacitaciones a sus funcionarios para evitar la discriminación por motivos raciales, observar las garantías del debido proceso en procedimientos migratorios y evitar la realización de expulsiones de carácter colectivo.

CEJIL litigó el caso en conjunto con la organización Movimiento Mujeres Haitiano-Dominicanas (MUDHA) de República Dominicana, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia de EUA y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) de Haití.

 

Corte Interamericana condena a Venezuela por ejecución de hermanos en 1996

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta, ocurridas en el estado Aragua, Venezuela en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente.

El caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas.

Mar, 14/10/2014

Foto Audiencia Caso LandaetaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta, ocurridas en el estado Aragua, Venezuela en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente.

El caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas.

“Los asesinatos de los hermanos Landaeta, ocurridos como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales del Estado Aragua, dan cuenta de un problema grave que viene ocurriendo en Venezuela desde hace más de dos décadas”, puntualizó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

"Esta nueva sentencia pone en relieve la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a exigir la rendición de cuentas por parte de agentes policiales y el imperativo de la lucha contra la impunidad en casos como estos. Obtener justicia para los hermanos Landaeta también significa obtener justicia para todas las familias que han sido víctimas de estas prácticas”.

Así como este, existen otros seis casos litigados por CEJIL y organizaciones aliadas sobre ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcional de la fuerza en contra de ese país: El Amparo (1995), El Caracazo (1999), Blanco Romero y otros (desaparecidos de Vargas) (2005), Retén de Catia (Montero Aranguren) (2006), Familia Barrios (2011) y Uzcátegui (2012).

Más información:

Sentencia de la Corte IDH

Información jurídica adicional

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