CEJIL y otras organizaciones

CEJIL celebra histórica reforma al Código de Justicia Militar en México

La reforma es resultado de años de lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.

San José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

 

Vie, 02/05/2014

Comunicación Social en el Senado de la RepúblicaSan José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra este acto del Estado mexicano que constituye un avance en la consolidación de la protección de los derechos humanos en México y que responde al clamor de la sociedad civil organizada, la academia, y los órganos especializados de protección de derechos humanos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en cuatro casos, tres de ellos representados por CEJIL en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

“La reforma aprobada es un avance significativo en la agenda de derechos humanos en México y es una muestra de lo que se puede lograr mediante procesos democráticos de discusión”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El pasado 24 de abril, la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y enviada para su discusión a la Cámara de Diputados, que la aprobó igualmente por unanimidad el 30 de abril. Queda pendiente excluir del fuero militar las violaciones a derechos humanos cometidas contra elementos militares, obligación que debe atender cuanto antes para que se cumpla efectivamente con las recomendaciones de los diversos órganos de protección internacionales, y en particular con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dictamen Aprobado

Comunicados de prensa:

ONGs denunciarán ante Comisión Interamericana aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Restricción de la jurisdicción militar en casos donde haya civiles: triunfo histórico de las víctimas frente a la impunidad castrense


Créditos Fotográficos: Comunicación Social en el Senado de la República

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

Organizaciones de derechos humanos dan a conocer violaciones al derecho a la libre asociación en el Ecuador

Washington DC, viernes 28 de marzo de 2014. Los afectados por el cierre de la Fundación Pachamama, INREDH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentaron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington DC para explicar la situación del Derecho a la Asociación dentro del Ecuador, y exponer como el  Estado ecuatoriano mantiene una política de desintegración y amedrentamiento de la Sociedad Civil Organizada, especialmente en escenarios donde la acción de las organizaciones discute el modelo actual de desarrollo.

 

Vie, 28/03/2014

Logo Fundacion PachamamaWashington DC, viernes 28 de marzo de 2014. Los afectados por el cierre de la Fundación Pachamama, INREDH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentaron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington DC para explicar la situación del Derecho a la Asociación dentro del Ecuador, y exponer como el  Estado ecuatoriano mantiene una política de desintegración y amedrentamiento de la Sociedad Civil Organizada, especialmente en escenarios donde la acción de las organizaciones discute el modelo actual de desarrollo.

Los representantes de las organizaciones que pidieron la audiencia señalaron que  el Estado Ecuatoriano ha constituido un sistema legal y de gestión pública que limita este Derecho. El Decreto 16, pretende establecer controles y restricciones al derecho a la libertad de asociación en el país que han llegado a constituirse en una limitación a este derecho conforme lo establecen los estándares internacionales; es decir, se establece la imposibilidad de crear organizaciones por número de miembros o falta de capacidad económica y además se prescriben causales de disolución con una alta carga de discrecionalidad en la interpretación por parte de los funcionarios competentes.

Como ejemplo relataron el caso de la Fundación Pachamama, organización que el 4 de diciembre de 2013, mediante Acuerdo N. 125, el Ministerio de Ambiente acuerda “Disolver de oficio a la Fundación Pachamama”, sin haber escuchado previamente a la fundación ni tampoco haber permitido su defensa y con base en acusaciones no probadas.

En ocasiones anteriores, el Estado Ecuatoriano ha manifestado su condición de soberano para no aplicar la Convención Americana. Según ellos, como la reglamentación establecida por el Estado de Ecuador, vulnera los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y además, establece limitaciones desproporcionadas y arbitrarias al derecho a la libertad de asociación en el país.

El Estado ecuatoriano no acudió a la audiencia, pese a haber sido notificado debidamente.

Entre los pedidos que hicieron los peticionarios de la audiencia se debe mencionar:

  • Que la CIDH evidencie en su comunicado del final del periodo de sesiones, la preocupante situación del derecho a la libertad de asociación en Ecuador por la existencia y aplicación del Decreto 16, y el cierre de la Fundación Pachamama como consecuencia de ello;
  • Que la CIDH solicite información urgente al Estado respecto a la vigencia y la posible aplicación del Decreto 16 a otras organizaciones;
  • Que la CIDH haga seguimiento cercano a la situación de cierre de la Fundación Pachamama.

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

(506) 2280-7473

daraya@cejil.org

Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua

Washington DC, miércoles 26 de marzo del 2014.Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Mié, 26/03/2014

Audiencia Nicaragua CIDH 150 POSWashington DC, miércoles 26 de marzo del 2014. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Las organizaciones destacaron que el avance del fenómeno de invasión, colonización y la devastación de recursos naturales y territorios indígenas es acelerado e incontenido, poniendo en grave peligro la subsistencia de estos pueblos y sus posibilidades de desarrollo.

Si bien en el año 2002 se aprobó la ley número 445, la cual garantiza la demarcación y entrega de los territorios ocupados por no indígenas a los pueblos autóctonos, hasta la fecha no se ha logrado culminar este proceso.

Por ejemplo, la comunidad de Awas Tingni, pese a contar con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no recibe efectivamente la totalidad de sus tierras, las cuales se estiman ocupadas en un 91% por personas no indígenas. Resulta preocupante que ante esta situación las autoridades nicaragüenses no estén aplicando medidas para combatir y erradicar las invasiones ilegales.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la construcción del Gran Canal Interoceánico ya que este proyecto afectaría aproximadamente a un 40% de los territorios indígenas rama y kriol. Pese a este grave riesgo no se cumplió con garantizar el derecho a la consulta ni al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos.

Por otro lado, los indígenas pertenecientes a la etnia miskita denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, debido al trabajo de buceo que realizan para recolectar langostas, caracol del caribe y pepino de mar en la Costa Atlántica.

En el marco de esta actividad laboral los miskitos trabajan en promedio de 12 a 17 días en alta mar, con sesiones de buceo de más de 12 horas diarias y están expuestos a enfermedades como la aeroembolia, la embolia cerebral, la paraplejía o la hemiplejia, producidas por el síndrome de la descompresión.  Todo esto sin ningún tipo regulación por parte del estado.

Las organizaciones también alertaron sobre la ausencia de una ley específica para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país que regule su situación jurídica como pueblos indígenas y reconozca su autonomía.

Finalmente en la audiencia se señaló que persiste una afectación al derecho de participación política de acuerdo a los propios usos y costumbres de los pueblos indígenas, en contravención a lo ordenado por la Corte Interamericana en sentencia del caso Yatama emitida el año 2005.

En la audiencia ante la CIDH participaron representantes del Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Contacto de Prensa

Daniela Araya

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Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
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Fecha Publicación: 2013
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Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresa su preocupación por actos de violencia en Venezuela

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Lun, 24/02/2014

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM  México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Perú debe respetar sus obligaciones internacionales frente a solicitud de revisión de condena de Fujimori

San José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

 

Lun, 24/02/2014

Comunicado Revisión de Sentencia Fujimori. VíctimasSan José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

El abogado del ex mandatario ha anunciado la presentación de un recurso de revisión de la condena contra su patrocinado, alegando que la Corte Suprema de Chile no concedió la extradición por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el 15 de febrero de 2014, Javier Villa Stein, Presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión, señaló que “nunca he sido ni soy fujimorista. Lo que pasa es que no me he sumado a la ‘caviarada’ que, después de haber trabajado con Fujimori, lo persiguieron para desmarcarse”. A su vez, Villa Stein dijo en declaraciones a la radio que “da razón” al planteamiento de que Fujimori no fue extraditado para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, recordamos que el 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia impuso a Alberto Fujimori una condena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado. Si bien la Sala calificó los crímenes como de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional, la condena fue impuesta por delitos incluidos por la Corte Suprema chilena al conceder la extradición. En diciembre de 2009 la decisión fue ratificada por la Corte Suprema peruana y por tanto es una decisión firme.

“El proceso penal contra el ex mandatario fue calificado por la comunidad internacional como ejemplar por haberse llevado a cabo de manera justa, imparcial y en pleno respeto al debido proceso y los derechos del acusado”, anotó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, para quien “la condena constituyó un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Perú en la lucha contra la impunidad”.

Posteriormente, las condenas contra Fujimori y otros procesados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la supervisión de la obligación del Perú de investigar y procesar a todos los responsables de tales violaciones.

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2012, la Corte emitió una resolución en el caso Barrios Altos en la que analizó la decisión de la Sala de la Corte Suprema, también presidida por el Magistrado Villa Stein, que decretó una rebaja de penas para integrantes del denominado “grupo Colina” condenados por los crímenes de Barrios Altos. La Corte declaró que dicha decisión era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Suprema del Perú revocó la decisión. La Corte IDH reiteró la obligación del Perú de remover “todo obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos responsables”. Según la Corte, “un procesamiento que se desarrolla hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las graves violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia”.

En el caso citado, la Corte también se pronunció sobre la garantía de imparcialidad necesaria en el conocimiento de este tipo de asuntos, señalando que las autoridades estatales deben asegurar que el juez que interviene en el proceso actúe careciendo de todo prejuicio y, asimismo, “ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad”.

Tales pronunciamientos son aplicables frente a una eventual revisión de la condena contra Fujimori. Es por ello que en palabras de Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA, “CEJIL y WOLA hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales del Perú, y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.

Contacto de prensa:

CEJIL:

Daniela Araya

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WOLA:

Jessamine Bartley-Matthews

Communications Assistant, WOLA

Tel: +1 (202) 797-2171

Cell: +1 (610) 719-7990

press@wola.org

 

Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a realizar procesos transparentes en las comisiones de postulación

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Mié, 12/02/2014

Conferencia de Prensa sobre Fiscalía General y Estado de Derecho en GuatemalaCiudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos las siguientes declaraciones:

  1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de nombramiento.
  2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años.
  3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.
  4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de todas las personas que resulten electas, a saber:

a.Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación respectiva.

b.Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus candidaturas.

c.Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda persona interesada presente información respecto de los candidatos/as.

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad guatemalteca; particularmente deben considerar una adecuada representación de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de Derecho.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Negligencias judiciales internas en el caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela quedan en evidencia ante la Corte IDH

Tercer caso por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

San José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Jue, 06/02/2014

Fotografía Caso Hermanos Landaeta Vs. VenezuelaSan José, jueves 6 de febrero del 2014. Este jueves concluyó la audiencia pública del caso Hermanos Landaeta Mejías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua  y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas pidieron que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta.

Los hermanos Landaeta, uno de ellos menor de edad al momento de su muerte,  fueron ejecutados extrajudicialmente en 1996, con una diferencia de un mes, en dos episodios en los que participaron agentes de la policía del estado Aragua.

Previo a dichos episodios la familia fue amenazada y acosada por agentes de seguridad del Estado. Posteriormente hubo un proceso judicial plagado de retardos injustificados y negligencias, por lo que ambas ejecuciones permanecen impunes 17 años después.

La Comisionada y Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortíz,  puntualizó al inicio de la audiencia que esta no es la primera vez que la Corte IDH está llamada a conocer un caso que tiene que ver con esta situación en Venezuela. En efecto, la Corte dictó sentencias en el Caso de la Familia Barrios y el Caso de los hermanos Uzcátegui en los últimos años, ambos litigados por CEJIL, en conjunto con la organización COFAVIC.

“La fiscal encargada de la causa por la muerte del niño Eduardo José Landaeta, reconoció en audiencia las negligencias que han ocurrido en  el proceso interno. Ante ello, las organizaciones defensoras de las víctimas solicitamos a la Corte IDH que ordene se retomen las investigaciones en el menor tiempo posible”, enfatizó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL.

Por su parte, Luis Aguilera, de la Comisión de Derechos Humanos  de Justicia y Paz del Estado Aragua, afirmó que “después de 17 años de ocurridos los hechos, finalmente el señor Ignacio Landaeta fue escuchado por un tribunal en su búsqueda por la justicia y verdad en el caso de sus hijos. Pero esto no se detiene aquí, el señor Landaeta continuará la lucha ante los tribunales venezolanos”.

Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Corte Interamericana que se haga justicia, se otorgue una reparación integral a las víctimas y se realicen las investigaciones necesarias que contribuirán a evitar que este tipo de situaciones se repitan tanto en el estado Aragua como en otras partes de Venezuela.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

Corte IDH debe garantizar el derecho a la vida de personas fuera de combate, también en caso Chavín de Huántar

El derecho internacional establece la máxima garantía de protección a este derecho en cualquier circunstancia

Martes 4 de febrero del 2014. Este martes concluyó el segundo día de audiencia sobre el Caso Nicolás Cruz Sánchez y otros vs.  el Perú. CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecieron ante la Corte IDH con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Mar, 04/02/2014

Fotografías Ilustrativas de la reconstrucción del operativo Chavín de HuántarMartes 4 de febrero del 2014. Este martes concluyó el segundo día de audiencia sobre el Caso Nicolás Cruz Sánchez y otros vs.  el Perú. CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú, comparecieron ante la Corte IDH con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales  de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) quienes fueron ejecutados posterior al operativo militar Chavín de Huántar.

Viviana Krsticevic, Directora de CEJIL, señaló que: “la presentación de este caso ante la Corte no pretende cuestionar el derecho y la obligación del Estado de adoptar medidas para el rescate de los rehenes, las cuales pueden incluir el uso de la fuerza, siempre que se respeten los derechos humanos de los involucrados”. El caso tampoco cuestiona el Operativo Chavín de Huántar en su conjunto, ya que éste permitió la liberación de los rehenes. La presentación del caso se limita a solicitar que se establezca la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de las tres víctimas, miembros del MRTA, luego de que estas ya habían depuesto las armas una vez concluido el operativo.

El presidente de la Corte IDH Humberto Sierra Porto, hizo hincapié al inicio de la audiencia que la competencia del tribunal no es sentar responsabilidades individuales, las cuales competen a los tribunales penales internos, sino establecer la responsabilidad internacional del Estado cuando corresponda.

Por otra parte, el presidente de la CIDH al iniciar la audiencia señaló que la Comisión llama la atención sobre la importancia de resguardar los principios de derechos humanos y del derecho humanitario aceptados por la comunidad internacional como mínimos que imponen limitaciones al uso de la fuerza, así como enfatizó que el caso presenta en efecto las garantías más básicas de las cuales son sujeto todas las personas, inclusive aquellas combatientes.

Gloria Cano, Directora Ejecutiva de Aprodeh, señaló: “no cuestionamos de manera alguna, es más, lamentamos el sufrimiento al que fueron expuestos los rehenes, en esta audiencia representados por el Magistrado Hugo Sivina Hurtado, quienes permanecieron secuestrados en manos de personas armadas que actuaban al margen de la Ley”.

Los representantes presentamos prueba que evidencia sin lugar a dudas que   Víctor Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, fueron capturados vivos,  y ejecutados después de que habían depuesto las armas. Además demostramos que estos graves hechos se mantienen en la impunidad.

Los representantes de las víctimas llamamos la atención de la Corte  por el hecho que este caso, le brinda la oportunidad al Tribunal, de desarrollar su jurisprudencia relativa a la protección de las personas  en situaciones de estados de emergencia o conflicto armado  donde estado  se vea en la necesidad de utilizar la fuerza letal.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

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