CEJIL y otras organizaciones

Tras cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana sobre caso Araguaia, Brasil sigue sin cumplir

Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará audiencia de supervisión de cumplimiento del caso Gomes Lund sobre los desaparecidos en Araguaia

San José y Rio de Janeiro, martes 20 de mayo del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP) representantes de las víctimas del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil (conocido como “Guerrilha de Araguaia”) exigen que el Estado de Brasil cumpla a cabalidad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como avance en la remoción de los obstáculos para la obtención de justicia para las víctimas.

Mar, 20/05/2014

Foto Araguaia Créditos Sol do ParáSan José y Rio de Janeiro, martes 20 de mayo del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP) representantes de las víctimas del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil (conocido como “Guerrilha de Araguaia”) exigen que el Estado de Brasil cumpla a cabalidad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como avance en la remoción de los obstáculos para la obtención de justicia para las víctimas.

El 14 de diciembre del 2010 Brasil fue condenado por la Corte IDH por la desaparición forzada de 69 personas en el marco de las operaciones de las fuerzas armadas brasileñas emprendidas con el objeto de erradicar a los militantes del Partido Comunista do Brasil,  entre 1972 y 1975. En la sentencia se condenó al Estado a llevar a cabo una investigación penal de los hechos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y sancionar a los responsables, entre otras. Ver Sentencia

Después de cerca de 40 años de ocurridos los hechos y casi cuatro años de dictada la sentencia, todavía el Estado brasileño no ha avanzado en el establecimiento de medidas necesarias para brindar información sobre el paradero de los desaparecidos y tampoco ha progresado en las investigaciones que permitan avanzar en la búsqueda de los restos.

Pese al compromiso del Ministerio Público Federal con la denuncia e investigación de los crímenes cometidos en la dictadura, todavía no hay sentencias condenatorias. Las denuncias penales interpuestas contra militares por el secuestro de seis de las víctimas del Araguaia están suspendidas.

Algunos de los obstáculos para la realización de la justicia incluyen la falta de tipificación del crimen de desaparición forzada, la falta de una actitud proactiva de los jueces para superar los obstáculos de la Ley de la Amnistía, la prescripción penal, la ausencia de control de convencionalidad y el desconocimiento del valor de la sentencia de la Corte IDH.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, mencionó: “a 50 años del golpe militar y cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana, las víctimas aún esperan justicia. El Ministerio Público avanzó una política de investigación penal de las desapariciones forzadas cometidas en la dictadura, pero estos esfuerzos no darán frutos sin un cambio sustancial en la respuesta de la judicatura y del Poder Legislativo. Los jueces y juezas precisan asumir su responsabilidad en el cumplimiento de la sentencia vinculante del caso Araguaia. Por su parte el Congreso debe tipificar la desaparición forzada”.

Lorena Moroni Barroso, de las familiares de las víctimas, añadió: “desde hace 40 años seguimos buscando a nuestros familiares; muchos funcionarios del Estado no han comprendido a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de dar un tratamiento respetuoso a nosotros como familiares de las víctimas y actuar con responsabilidad en las búsquedas de los desaparecidos”.

Enlaces relacionados

Sentencia Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil

Comunicado de Prensa: Brasil segue sem realizar justiça e verdade

Comunicado de Prensa: Brasil está obligado a investigar y castigar los crímenes de la dictadura militar

Comunicado de Prensa: Denuncia penal contra militar por desapariciones forzadas de la dictadura brasileña es un hito histórico en la búsqueda de justicia

Contacto de Prensa:

Beatriz Affonso

baffonso@cejil.org

 

Daniela Araya

daraya@cejil.org

+506 22807473

CEJIL manifiesta preocupación por la actuación del Estado ecuatoriano frente a la sentencia de Sarayaku

El Ecuador acudió a la Corte para mantener una reunión sin la presencia de las demás partes del procedimiento

Sarayaku, Quito, Washington D.C. martes 20 de mayo del 2014. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Mario Melo Cevallos  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), manifestamos nuestra preocupación frente a las manifestaciones públicas realizadas por funcionarios del Estado ecuatoriano a la prensa que señalan que el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia se habrían reunido el día 14 de mayo de 2014 en la ciudad de San José de Costa Rica, con la directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar asuntos relacionados al cumplimiento de la sentencia del caso Sarayaku, emitida por la Corte el 27 de junio de 2012.

Mar, 20/05/2014

Conferencia de Prensa Sarayaku, Costa RicaSarayaku, Quito, Washington D.C. martes 20 de mayo del 2014. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Mario Melo Cevallos  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), manifestamos nuestra preocupación frente a las manifestaciones públicas realizadas por funcionarios del Estado ecuatoriano a la prensa que señalan que el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia se habrían reunido el día 14 de mayo de 2014 en la ciudad de San José de Costa Rica, con la directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar asuntos relacionados al cumplimiento de la sentencia del caso Sarayaku, emitida por la Corte el 27 de junio de 2012.

De corroborarse dicha información, el Estado habría presentado información ex parte dentro de un caso contencioso bajo supervisión de la Corte, sin la presencia de las otras partes en el procedimiento, y sin que éstas tengan la oportunidad de réplica en el mismo momento y en igualdad de condiciones.

Esta actitud del Estado ecuatoriano sería contraria al artículo 69 del Reglamento de la Corte, que señala que el seguimiento al cumplimiento de las sentencias se realiza a través de un procedimiento contradictorio, por el cual las partes (víctimas, Estado y Comisión Interamericana) presentan informes escritos, y por el que  la Corte puede convocar a todas las partes a audiencias públicas y privadas con el fin de obtener información.

Por lo anterior, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que corrobore si la información hecha pública por el Ecuador es verídica.

De igual modo, estamos solicitando la realización de una audiencia para poder ofrecer a la Honorable Corte la información que precise respecto al grado de cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de la sentencia pronunciada en el año 2012 en favor del Pueblo de Sarayaku.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir

La audiencia se llevará a cabo el 16 de mayo en Costa Rica

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Jue, 15/05/2014

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Algunos de los casos son representados ante la Corte IDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, participarán en la audiencia víctimas y sus representantes a nivel interno y ante el tribunal interamericano.

Los casos que se analizarán en la audiencia tienen como común denominador que ocurrieron en la época del conflicto armado y que se mantienen casi en total impunidad. De hecho, solo cinco personas vinculadas con la masacre en la Aldea de las Dos Erres han sido condenadas.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José” el 27 de abril de 1969, de esta manera se comprometió en forma soberana a respetar y garantizar los derechos humanos en ese país. De conformidad con el artículo 67 de esta Convención, las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables.

La Corte IDH ha condenado al Estado Guatemala en 17 ocasiones, siendo el segundo país en el continente con mayor cantidad de sentencias, solo superado por Perú.

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

CEJIL

+506 22808588

daraya@cejil.org

 

Honduras nuevamente incumple medidas de protección otorgadas por la CIDH

Otro beneficiario de medidas cautelares es asesinado

San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

Lun, 05/05/2014

Bandera de Honduras (Créditos El Heraldo)San José, 05 de mayo de 2014. El día de ayer, 4 de mayo, fue asesinado el señor Orlando Orellana, presidente del Patronato de la Comunidad de Cerrito Lindo, en San Pedro Sula, Honduras. El señor Orellana era beneficiario de medidas cautelares (medidas de protección) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 p.m. cuando el señor Orellana se dirigía a una reunión para tratar asuntos vinculados con su comunidad, en ese momento, dos sujetos desconocidos se acercaron en un taxi y le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

La CIDH otorgó medidas cautelares a la comunidad de Cerrito Lindo desde el año 2005 ante una solicitud del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las medidas se originan por numerosos actos de violencia cometidos en contra de los miembros de la comunidad a raíz de la disputa por la propiedad de los lotes que ocupan.

Según señalan los pobladores, sus propiedades les habían sido vendidas ilegalmente por parte de una empresa local. Al darse cuenta de la falta de legalidad en el proceso de compra y venta, los habitantes emprendieron una serie de actividades legales y protestas con el objetivo de resolver la situación de los lotes que adquirieron de buena fe. Estos actos de denuncia desencadenaron una serie de ataques contra los miembros de la colonia Cerrito Lindo, incluyendo desalojos violentos, amenazas de muerte, seguimientos e incluso varios asesinatos.

En efecto, con la muerte del señor Orellana, suman siete los asesinatos de personas vecinas de la comunidad en el marco de las medidas cautelares, a saber: Paulino Henríquez asesinado el 17 de marzo de 2004, Jonni Orlando Aceituno Varela asesinado el 18 de junio de 2004; Héctor José Ulloa y Gilmar Santiago Mejía  atropellados en circunstancias sospechosas y no esclarecidas el 27 de marzo de 2004 y el 26 de enero de 2006 respectivamente.

Eligio Mejía asesinado el 5 de febrero de 2006 y Orfilia Amparo Mejía asesinada el 26 de marzo de 2012. Ninguna de estas muertes han sido esclarecidas tampoco se han implementado medidas de protección efectivas.

“La situación en Honduras es insostenible y la situación de desprotección de quienes defienden derechos humanos es evidente. El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por faltar a su deber de proteger a los pobladores de Cerrito Lindo y por la falta de investigación que caracteriza estos lamentables hechos”, declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Adicionalmente, resulta particularmente preocupante que en menos de un mes resultaron asesinados dos beneficiarios de medidas cautelares, en este sentido, cabe recordar la muerte violenta de Carlos Mejía Orellana, colaborador de Radio Progreso, ocurrida el pasado 11 de abril.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que cumplan con su deber de debida diligencia y adopten todas las medidas necesarias para investigar estos acontecimientos e identificar a las personas responsables. A la vez, reiteramos nuestro llamado para que se adopte un adecuado mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos que incluya a las personas beneficiarias de medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos Fotográficos: El Heraldo

Enlaces relacionados:

CEJIL lamenta el asesinato de colaborador de Radio Progreso en Honduras

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

Organizaciones internacionales expresan preocupación por las irregularidades observadas en el proceso de selección de fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Lun, 05/05/2014

Fotografía Claudia Paz y Paz (Créditos Prensa Libre)Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.

En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.

Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”,  ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.

Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.

Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.

Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.

Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.

Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Créditos fotográficos: Periódico La Prensa

CEJIL celebra histórica reforma al Código de Justicia Militar en México

La reforma es resultado de años de lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.

San José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

 

Vie, 02/05/2014

Comunicación Social en el Senado de la RepúblicaSan José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra este acto del Estado mexicano que constituye un avance en la consolidación de la protección de los derechos humanos en México y que responde al clamor de la sociedad civil organizada, la academia, y los órganos especializados de protección de derechos humanos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en cuatro casos, tres de ellos representados por CEJIL en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

“La reforma aprobada es un avance significativo en la agenda de derechos humanos en México y es una muestra de lo que se puede lograr mediante procesos democráticos de discusión”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El pasado 24 de abril, la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y enviada para su discusión a la Cámara de Diputados, que la aprobó igualmente por unanimidad el 30 de abril. Queda pendiente excluir del fuero militar las violaciones a derechos humanos cometidas contra elementos militares, obligación que debe atender cuanto antes para que se cumpla efectivamente con las recomendaciones de los diversos órganos de protección internacionales, y en particular con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dictamen Aprobado

Comunicados de prensa:

ONGs denunciarán ante Comisión Interamericana aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Restricción de la jurisdicción militar en casos donde haya civiles: triunfo histórico de las víctimas frente a la impunidad castrense


Créditos Fotográficos: Comunicación Social en el Senado de la República

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

Organizaciones de derechos humanos dan a conocer violaciones al derecho a la libre asociación en el Ecuador

Washington DC, viernes 28 de marzo de 2014. Los afectados por el cierre de la Fundación Pachamama, INREDH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentaron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington DC para explicar la situación del Derecho a la Asociación dentro del Ecuador, y exponer como el  Estado ecuatoriano mantiene una política de desintegración y amedrentamiento de la Sociedad Civil Organizada, especialmente en escenarios donde la acción de las organizaciones discute el modelo actual de desarrollo.

 

Vie, 28/03/2014

Logo Fundacion PachamamaWashington DC, viernes 28 de marzo de 2014. Los afectados por el cierre de la Fundación Pachamama, INREDH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se presentaron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington DC para explicar la situación del Derecho a la Asociación dentro del Ecuador, y exponer como el  Estado ecuatoriano mantiene una política de desintegración y amedrentamiento de la Sociedad Civil Organizada, especialmente en escenarios donde la acción de las organizaciones discute el modelo actual de desarrollo.

Los representantes de las organizaciones que pidieron la audiencia señalaron que  el Estado Ecuatoriano ha constituido un sistema legal y de gestión pública que limita este Derecho. El Decreto 16, pretende establecer controles y restricciones al derecho a la libertad de asociación en el país que han llegado a constituirse en una limitación a este derecho conforme lo establecen los estándares internacionales; es decir, se establece la imposibilidad de crear organizaciones por número de miembros o falta de capacidad económica y además se prescriben causales de disolución con una alta carga de discrecionalidad en la interpretación por parte de los funcionarios competentes.

Como ejemplo relataron el caso de la Fundación Pachamama, organización que el 4 de diciembre de 2013, mediante Acuerdo N. 125, el Ministerio de Ambiente acuerda “Disolver de oficio a la Fundación Pachamama”, sin haber escuchado previamente a la fundación ni tampoco haber permitido su defensa y con base en acusaciones no probadas.

En ocasiones anteriores, el Estado Ecuatoriano ha manifestado su condición de soberano para no aplicar la Convención Americana. Según ellos, como la reglamentación establecida por el Estado de Ecuador, vulnera los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y además, establece limitaciones desproporcionadas y arbitrarias al derecho a la libertad de asociación en el país.

El Estado ecuatoriano no acudió a la audiencia, pese a haber sido notificado debidamente.

Entre los pedidos que hicieron los peticionarios de la audiencia se debe mencionar:

  • Que la CIDH evidencie en su comunicado del final del periodo de sesiones, la preocupante situación del derecho a la libertad de asociación en Ecuador por la existencia y aplicación del Decreto 16, y el cierre de la Fundación Pachamama como consecuencia de ello;
  • Que la CIDH solicite información urgente al Estado respecto a la vigencia y la posible aplicación del Decreto 16 a otras organizaciones;
  • Que la CIDH haga seguimiento cercano a la situación de cierre de la Fundación Pachamama.

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

(506) 2280-7473

daraya@cejil.org

Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua

Washington DC, miércoles 26 de marzo del 2014.Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Mié, 26/03/2014

Audiencia Nicaragua CIDH 150 POSWashington DC, miércoles 26 de marzo del 2014. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.

Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de  consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.

Las organizaciones destacaron que el avance del fenómeno de invasión, colonización y la devastación de recursos naturales y territorios indígenas es acelerado e incontenido, poniendo en grave peligro la subsistencia de estos pueblos y sus posibilidades de desarrollo.

Si bien en el año 2002 se aprobó la ley número 445, la cual garantiza la demarcación y entrega de los territorios ocupados por no indígenas a los pueblos autóctonos, hasta la fecha no se ha logrado culminar este proceso.

Por ejemplo, la comunidad de Awas Tingni, pese a contar con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no recibe efectivamente la totalidad de sus tierras, las cuales se estiman ocupadas en un 91% por personas no indígenas. Resulta preocupante que ante esta situación las autoridades nicaragüenses no estén aplicando medidas para combatir y erradicar las invasiones ilegales.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la construcción del Gran Canal Interoceánico ya que este proyecto afectaría aproximadamente a un 40% de los territorios indígenas rama y kriol. Pese a este grave riesgo no se cumplió con garantizar el derecho a la consulta ni al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos.

Por otro lado, los indígenas pertenecientes a la etnia miskita denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, debido al trabajo de buceo que realizan para recolectar langostas, caracol del caribe y pepino de mar en la Costa Atlántica.

En el marco de esta actividad laboral los miskitos trabajan en promedio de 12 a 17 días en alta mar, con sesiones de buceo de más de 12 horas diarias y están expuestos a enfermedades como la aeroembolia, la embolia cerebral, la paraplejía o la hemiplejia, producidas por el síndrome de la descompresión.  Todo esto sin ningún tipo regulación por parte del estado.

Las organizaciones también alertaron sobre la ausencia de una ley específica para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país que regule su situación jurídica como pueblos indígenas y reconozca su autonomía.

Finalmente en la audiencia se señaló que persiste una afectación al derecho de participación política de acuerdo a los propios usos y costumbres de los pueblos indígenas, en contravención a lo ordenado por la Corte Interamericana en sentencia del caso Yatama emitida el año 2005.

En la audiencia ante la CIDH participaron representantes del Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280 7473

daraya@cejil.org

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
Opciones de descarga por partes en:

Español

 (351,12 KB)
 (173,92 KB)
 (481,46 KB)


Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.
Distribuir contenido