CEJIL y otras organizaciones

CEJIL lanza nuevo documento de coyuntura: “Los debates sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

Con esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014.

Fresh off the press: CEJIL’s position paper on “the  debates on the role of the Inter-American Comission of Human Rights.” Through this publication, CEJIL share its analysis on the process of reflection that started through the OAS General Assembly to audit the Commission’s work between 2011 and 2014. The paper attempts to present a timeline of the process, key actors and their positions, results achieved and the challenges still faced by the IAHCR and the Court. We hope that this document will be able to contribute to future debates in favor of the protection and promotion of human rights in the AmerCon esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014. El documento pretende rescatar cómo se inició el proceso, los actores clave  y sus posiciones, los intentos para limitar el alcance negativo de la reforma, los resultados y cuáles son algunos de los retos aún pendientes para fortalecer de manera genuina el trabajo de la CIDH y la Corte. Esperamos que el mismo aporte a debates futuros  a favor de la protección y promoción de los derechos humanos en América.
Mar, 28/10/2014

Con esta nueva publicación CEJIL comparte su análisis sobre el proceso de reflexión que se inició en la Asamblea General de la OEA para revisar el trabajo de la Comisión Interamericana, y que se dio entre 2011 y 2014. El documento pretende rescatar cómo se inició el proceso, los actores clave  y sus posiciones, los intentos para limitar el alcance negativo de la reforma, los resultados y cuáles son algunos de los retos aún pendientes para fortalecer de manera genuina el trabajo de la CIDH y la Corte. Esperamos que el mismo aporte a debates futuros  a favor de la protección y promoción de los derechos humanos en América.

Sigue el enlace para leer la publicación.

Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala

Organizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Vie, 24/10/2014

Comisiones de Postulación - Créditos Prensa LibreOrganizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Créditos Fotográficos: Periódico Prensa Libre.

República Dominicana condenada por discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Washington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

 

Jue, 23/10/2014

Foto Dominicanos Créditos CIDHWashington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

En la sentencia del caso “Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana", la Corte IDH determinó que al momento en que ocurrieron los hechos existía un “patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.

La Corte Interamericana, a su vez, también determinó que la República Dominicana adoptó a un fallo a través de su Tribunal Constitucional (TC 168/13) e implementó una ley(169/14) que resultan violatorias del derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de prevenir la apatridia, entre otros.

“Tratar a las personas nacidas en la República Dominicana como extranjeras en un proceso de naturalización, aunque sea por un tiempo muy limitado, implica un desconocimiento de su derecho a la nacionalidad”, afirmó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Este fallo determina de manera clara e indiscutible la mejor forma de garantizar los derechos a la nacionalidad y no ser objeto de expulsiones colectivas de manera arbitraria”.

El fallo de la Corte IDH ordena a la República Dominicana a que, en un plazo razonable, tome todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, práctica o decisión que prive de manera arbitraria a una persona del goce del derecho a la nacionalidad si nació en la República Dominicana y no tenía acceso efectivo e inmediato a alguna otra. Además entre otras medidas de reparación, el Estado dominicano debe llevar a cabo capacitaciones a sus funcionarios para evitar la discriminación por motivos raciales, observar las garantías del debido proceso en procedimientos migratorios y evitar la realización de expulsiones de carácter colectivo.

CEJIL litigó el caso en conjunto con la organización Movimiento Mujeres Haitiano-Dominicanas (MUDHA) de República Dominicana, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia de EUA y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) de Haití.

 

Corte Interamericana condena a Venezuela por ejecución de hermanos en 1996

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta, ocurridas en el estado Aragua, Venezuela en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente.

El caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas.

Mar, 14/10/2014

Foto Audiencia Caso LandaetaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta, ocurridas en el estado Aragua, Venezuela en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente.

El caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas.

“Los asesinatos de los hermanos Landaeta, ocurridos como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales del Estado Aragua, dan cuenta de un problema grave que viene ocurriendo en Venezuela desde hace más de dos décadas”, puntualizó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

"Esta nueva sentencia pone en relieve la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a exigir la rendición de cuentas por parte de agentes policiales y el imperativo de la lucha contra la impunidad en casos como estos. Obtener justicia para los hermanos Landaeta también significa obtener justicia para todas las familias que han sido víctimas de estas prácticas”.

Así como este, existen otros seis casos litigados por CEJIL y organizaciones aliadas sobre ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcional de la fuerza en contra de ese país: El Amparo (1995), El Caracazo (1999), Blanco Romero y otros (desaparecidos de Vargas) (2005), Retén de Catia (Montero Aranguren) (2006), Familia Barrios (2011) y Uzcátegui (2012).

Más información:

Sentencia de la Corte IDH

Información jurídica adicional

Denuncian irregularidades en los procesos de selección judicial en Guatemala

Organizaciones internacionales y regionales que han trabajado por décadas en la lucha y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, han denunciado las irregularidades del proceso de selección para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en Guatemala.

Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad

Mar, 07/10/2014

Fotografía Guatemala, créditos DPFLOrganizaciones internacionales y regionales que han trabajado por décadas en la lucha y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, han denunciado las irregularidades del proceso de selección para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en Guatemala.

Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.

Así, ante las denuncias de distintos actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas –que podrían poner en riesgo la independencia de los magistrados electos–, este grupo de organizaciones hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que se respete, garantice y proteja el derecho a la justicia de los ciudadanos en el país. También para que se rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Para leer el comunicado conjunto entre aquí.

Créditos fotográficos: DPLF

Organizaciones internacionales señalan que procesos de selección judicial en Guatemala no respetaron estándares internacionales

Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando –desde hace muchos años- la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma de cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Mar, 07/10/2014

Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando –desde hace muchos años- la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma de cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales establecidos, por ejemplo, en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y en el Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que estos procesos deben estar orientados a la evaluación objetiva de los méritos personales y profesionales de candidatas y candidatos.

Lamentablemente, después de dar un seguimiento cercano a los recientes procesos de selección judicial, por medio de un monitoreo constante y de varias misiones de observación, podemos afirmar que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema.

En concreto, algunas de las serias deficiencias que hemos podido constatar son:

  1. Las tablas de gradación para calificar a las y los postulantes se basaron principalmente en la cantidad de años de servicio, absteniéndose de evaluar su calidad y capacidad profesional.
  2. No se realizó un trabajo de verificación serio de la información aportada por las y los candidatos.
  3. Faltó claridad sobre las razones para la desestimación de la mayoría de las objeciones (tachas) que fueron presentadas por diversos actores en contra de numerosos postulantes.
  4. Faltó claridad sobre cómo se calificó el requisito de “reconocida honorabilidad”.
  5. Faltó un razonamiento público del voto por parte de los comisionados.
  6. Las entrevistas no se realizaron de una manera seria: la comisión para las salas de apelaciones no hizo entrevista alguna y la comisión para la Corte Suprema organizó entrevistas de 5 minutos de duración por  postulante, tiempo insuficiente para evaluar sus capacidades.
  7. Se acortó el plazo previsto legalmente para presentar objeciones por parte del Congreso de la República.

En el contexto de estas graves deficiencias, son preocupantes las denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas que podrían poner en riesgo la futura independencia de los magistrados electos.

Reconocemos la valentía de la magistrada Claudia Escobar Mejía, quien ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas en los procesos de selección y le manifestamos públicamente nuestro respaldo solidario.

Sobre la base de todo lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten, garanticen y protejan el derecho a la justicia de los ciudadanos de su país y rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission/USA

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Organizaciones hacen un llamado por la despenalización del aborto para proteger la salud y la vida de las mujeres

El en el marco por el Día Internacional por la Despenalización del Aborto

San Salvador, lunes 29 de setiembre del 2014. Este año es crucial para la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo y en especial para América Latina y el Caribe. No sólo se celebran los 20 años de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, sino además 20 años de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belém Do Pará".

 

Lun, 29/09/2014

Logo las 17San Salvador, lunes 29 de setiembre del 2014. Este año es crucial para la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo y en especial para América Latina y el Caribe. No sólo se celebran los 20 años de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, sino además 20 años de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belém Do Pará".

Las mujeres y jóvenes no pueden esperar más para ver realizados sus derechos humanos y en especial poder tener ejercicio pleno de sus derechos reproductivos. La penalización absoluta del aborto violenta los derechos de las mujeres.

Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado “la obligación de los Estados de emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas prácticas y políticas públicas cuya redacción o implementación práctica pueda tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva; su deber de eliminar todos los obstáculos de jure y de facto que impiden el acceso de las mujeres a los servicios de salud materna que requieren, como su penalización; y tomar en cuenta que las leyes restrictivas tienden a tener un efecto especial en las niñas y mujeres afectadas por la pobreza, que tienen bajos niveles de educación y viven en zonas rurales.”

El promedio regional de mortalidad materna para el año 2010 era de 89.1 por cada 100,000 nacidos vivos de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, siendo el aborto inseguro una de las principales causas de dicho tipo de mortalidad.

Igualmente, el embarazo en adolescentes en la región tiene una cifra muy preocupante, se estima que entre los años 2000 y el 2005 existieron 73.4 nacimientos por cada 1000 mujeres con edades de 15 a 19 años.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana tienen una prohibición total del aborto. En estos países ni siquiera se permite el aborto en casos de violación, incesto, o en casos en donde la salud o la vida de la mujer está en riesgo.

Particularmente la situación de El Salvador es extremadamente preocupante, dado que los médicos y personal de la salud consideran que tienen la obligación legal de reportar a las mujeres que ellos crean “sospechas” de haber tenido un aborto. Lo cual inhibe a las mujeres a la hora de buscar servicios básicos de salud, arriesgando aún más sus vidas.

La grave situación que viven las mujeres que acceden al aborto ilegal e inseguro como consecuencia de la total penalización es extremadamente preocupante y ha sido el objeto de pronunciamientos por parte de diferentes organismos de protección de los derechos humanos.

En El Salvador una grave consecuencia es la persecución a mujeres que habiendo sufrido problemas obstétricos son acusadas por aborto y posteriormente condenadas por homicidio agravado con penas de hasta 40 años de cárcel. Es urgente que el estado salvadoreño acelere el proceso para otorgar el indulto solicitado para LAS 17.

Es por esto que en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana, Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro, Campaña 28 LAC, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y  la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) realizan el evento: “Violencia Institucional Contra las Mujeres: Una Consecuencia de la Penalización Absoluta del Aborto en El Salvador”, el cual tendrá lugar el lunes 29 de septiembre a las 2:00pm en el Hotel intercontinental en San Salvador.

Las organizaciones convocantes unimos nuestras voces para que los derechos reproductivos de todas las mujeres sean garantizados y elevamos la presión nacional, regional e internacional sobre la prohibición total del aborto en El Salvador y en otros países de la región debido a las nefastas consecuencias de esta sobre la salud y las vidas de las mujeres.

Contacto de Prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

Jorge Menjívar

+503 22260356

agrupacionporladespenalizacion@gmail.com

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos reprende al Estado guatemalteco ante el manifiesto desacato de sus decisiones

Guatemala debe cumplir en forma íntegra con las decisiones de la Corte IDH

San José y Ciudad de Guatemala, 16 de setiembre del 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó en días pasados una resolución de supervisión de cumplimiento de once de sus sentencias dictadas contra Guatemala de fecha 21 de agosto. En esta la Corte condena con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento de 11 sentencias.

Mar, 16/09/2014

Acto de Reconocimiento del caso Molina Theissen

San José y Ciudad de Guatemala, 16 de setiembre del 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó en días pasados una resolución de supervisión de cumplimiento de once de sus sentencias dictadas contra Guatemala de fecha 21 de agosto. En esta la Corte condena con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento de 11 sentencias.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento las siguientes sentencias: Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En esta audiencia participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, Pedro Chitay Rodríguez, Jennifer Harbury y Lucrecia Molina Theissen, familiares de las víctimas.

Al analizar los resultados de la audiencia, la Corte IDH concluye que la posición asumida por el Estado es contraria al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y además constituye un incumplimiento del deber de informar del Tribunal.

Entre otras valoraciones, la Corte resalta que las actuaciones del Estado constituyen un cambio radical de posición, ya que en varias de las mencionadas sentencias el Estado aceptó su responsabilidad total o parcialmente, lo cual para la Corte “hace ilusorio el acceso de las víctimas a la justicia internacional”.

Asimismo, en relación con la intención del Estado de aplicar la Ley de Reconciliación Nacional (ley de amnistía), la Corte recuerda que este tipo de normas son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que Guatemala no puede oponer disposiciones adoptadas a nivel interno  para justificar su incumplimiento, ni siquiera cuando tales disposiciones provengan del máximo tribunal en el ordenamiento interno.

Para la Corte IDH, la obligación de implementar a nivel interno lo dispuesto por el Tribunal en las sentencias vincula a todos los poderes y órganos estatales. A su vez, destaca el rol importante que cumplieron la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia al declarar la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte IDH, y el Ministerio Público en cuanto a los avances que se observaron en los últimos años, particularmente sobre algunas condenas obtenidas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades guatemaltecas para que a la luz de esta resolución reconsideren su posición claramente violatoria del derecho internacional y garanticen el acceso efectivo de las víctimas y sus familiares a la justicia.

Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Verdad y Justicia (AVEJA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Fundación Myrna Mack

Pedro Chitay Nech, Jennifer Harbury ,Lucrecia Molina Theissen

Familiares de Víctimas de casos ante el sistema interamericano:

Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen,  Masacre de las Dos Erres, Masacre comunidad Río Negro y familiares de Diario Militar.

Más Información:

Resolución Corte IDH

Comunicados previos

Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280 7473

daraya@cejil.org

Entidades se unen para realizar un seminario internacional sobre tipificación del delito de terrorismo

Seminario en Rio de Janeiro, Brasil

CEJIL, el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro se unen para impartir un seminario sobre la tipificación del crimen de terrorismo este 3 de setiembre en el Auditório Valladão de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro a partir de las 15:30.

Representantes de estas organizaciones, así como diversos especialistas internacionales harán públicas sus experiencias frente a problemáticas como la criminalización de la protesta ciudadana, la violación de los derechos humanos de los manifestantes, así como los obstáculos y violaciones hacia los abogados que les representan.

Mar, 02/09/2014

Créditos CEBRASPOCEJIL, el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro se unen para impartir un seminario sobre la tipificación del crimen de terrorismo este 3 de setiembre en el Auditório Valladão de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro a partir de las 15:30.

Representantes de estas organizaciones, así como diversos especialistas internacionales harán públicas sus experiencias frente a problemáticas como la criminalización de la protesta ciudadana, la violación de los derechos humanos de los manifestantes, así como los obstáculos y violaciones hacia los abogados que les representan.

“Es de extrema importancia comprender que ser calificado como terrorista significa utilizar un término que implica una de las más severas condenas, por lo tanto, no es sorprendente que este término sea visto, en el vocabulario político, como un recurso de gran valor para desprestigiar y combatir al enemigo político” declaró Jan Michael-Simon, Jefe de la Sección para América Latina del Instituto Max Plank.

Para Beatriz Affonso, Directora del Programa de CEJIL para Brasil, “proyectos de ley que son presentados en contextos políticos de recrudecimiento de las políticas de seguridad con incidencia en la criminalización de ciudadanos que participan de protestas sociales y políticas, fragilizan la estructura de la democracia, alcanzando el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y asociación. Violando por tanto, los compromisos constitucionales e internacionales ya asumidos por el Estado brasileño.

Vea aquí el comunicado de prensa completo en portugués y el programa del evento ambos en portugués

 

Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala

Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

Mié, 13/08/2014

Audiencia CIDH 152 PES Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

En el proceso de nombramiento del cargo de Fiscal General que finalizó en el mes de mayo del 2014, las comisiones de postulación (CP) que evaluaron a los y las candidatas actuaron con un amplio margen de discrecionalidad que provocó, entre otras irregularidades, una inadecuada ponderación de la experiencia profesional, una grave falta de justificación sobre la relación entre la puntuación otorgada y los y las postulantes seleccionados,   una nula discusión sobre la honorabilidad de los y las postulantes así como ninguna valoración respecto de las tachas presentadas en contra de algunos de ellos.

Más recientemente, en el mes de junio iniciaron los procesos para elegir a 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 180 magistradas y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pese a la importancia de estos nombramientos, los procedimientos iniciados no se están guiando por los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad, y representatividad; en forma contraria, las comisiones de postulación han tomado decisiones que generan dudas sobre la autonomía e imparcialidad de sus integrantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) en su decisión de fecha 13 de junio de 2014 señaló algunas consideraciones sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva y razonable, así como justificar de manera pública, razonada y expresa el voto que se brinda a favor o en contra de un candidato (a). Pese a ello, las CP no establecieron criterios para evaluar el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, aprobaron tablas de gradación que solamente favorecen la antigüedad en el ejercicio de la profesión pero que no permiten medir la calidad profesional, eliminaron la posibilidad de realizar entrevistas a los postulantes, y manifestaron que sus votaciones serán privadas, lo anterior en abierto desacato a lo que fuera establecido por la CC.

Precisamente por dichas irregularidades, la CC ha otorgado dos amparos provisionales, el primero interpuesto por la Convergencia por los Derechos Humanos y el segundo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, ordenando en ambos casos a las CP rectificar sus actuaciones.

En el mes de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto de los procesos que se están llevando a cabo en Guatemala y recordó al Estado que “el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar”. Para lograr lo anterior, la CIDH consideró indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”. Estas recomendaciones no se están cumpliendo en la actualidad.

Las irregularidades descritas fueron expuestas el día de hoy en una audiencia pública ante la CIDH, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Open Society Justice Initiative  (OSJI), en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que se lleva a cabo en la Ciudad de México DF.

También se refirieron a los obstáculos estructurales que impiden acabar con la impunidad en Guatemala, en tal sentido, se denunció la continuación de la práctica de uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos, la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones, y principalmente la existencia de una política de Estado que se niega a brindar justicia a las víctimas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el evidente irrespeto a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala y nos sumamos a las numerosas voces de protesta de la sociedad civil y de otros actores que claman por procesos de elección transparentes y objetivos. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen una administración de justicia independiente, sólo así se podrá a su vez avanzar en la superación de los obstáculos estructurales para erradicar la impunidad.

Finalmente las organizaciones saludamos la invitación del Estado de Guatemala de recibir al relator de país en una visita oficial y esperamos que esta visita se realice en el menor tiempo posible.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemalan Human Rights Commission

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

daraya@cejil.org

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