CEJIL y otras organizaciones

La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

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Tipo de publicación: Manuales y guías
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Fecha Publicación: 2013
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Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
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Fecha Publicación: 2013
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La Coalición muestra preocupación ante nueva Conferencia de Estados Parte

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.

Lun, 20/01/2014

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.  El proceso culminó el 22 de marzo de 2013 en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que participaron todos los países miembros de la misma, incluyendo los que se estarían reuniendo en Montevideo en los próximos días. Las reformas derivadas de ese proceso entraron en vigor hace sólo unos meses, e incluyen cambios considerables en el Reglamento de la Comisión y en sus políticas y prácticas.

Por ello resulta alarmante que continúe la discusión sobre el Sistema Interamericano en una reunión de algunos Estados, por fuera de los procesos formales que existen en la OEA, y sin garantizar la participación de todos los actores (otros estados miembros de la OEA y países observadores, órganos del Sistema, sociedad civil, entre otros) con interés en el debate.

Adicionalmente, la celebración de la conferencia a puerta cerrada, sin agenda o temario público disponible, y sin espacios de intervención de la sociedad civil, vulnera el espíritu de transparencia y participación que debe ser garantizado en este tipo de espacios.

En vista de que la realización de la reunión de Estados Partes a celebrarse en Montevideo no se ha hecho de público conocimiento sino hasta hace algunos días y que no se encuentra disponible información detallada sobre la agenda y los puntos que serán discutidos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los Estados participantes deben:

  • Garantizar que los foros donde se discutan asuntos relativos al Sistema Interamericano brinden espacios efectivos de participación a todos los actores interesados;
  • Comprometerse a dar prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación;
  • Comprometerse a implementar a cabalidad a nivel interno la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los otros tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Impulsar la ratificación universal de todos los tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Emitir una señal clara e inequívoca de la importancia del Sistema Interamericano para la protección de los derechos humanos en la región y del compromiso de dichos Estados por defender su integridad e independencia;
  • Comprometerse a realizar mayores esfuerzos para brindar a los órganos del Sistema los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado, en especial con miras a la superación de la notoria demora procesal que hoy sufren;
  • Comprometerse e impulsar el cumplimiento pleno de las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
  • Reconocer y promover el valioso aporte que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en la región, y apoyarlos garantizando su protección efectiva.

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional, organización internacional

Global Rights, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), regional

CLADEM –Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos, Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas Chile

Alianza por la Niñez Colombiana, Colombia

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

CLADEM- Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Colombia

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG, Guatemala

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Honduras

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Ipas México A.C., México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Nicaragua

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ), Paraguay

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Hugo Rodríguez, defensor de derechos humanos, Perú

DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana

Fundación Étnica Integral FEI, República Dominicana

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

SINERGIA red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, Venezuela

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

 

Organizaciones denuncian a El Salvador por la violación de los derechos humanos de Beatriz

San Salvador, lunes 2 de diciembre del 2013. El pasado viernes diversas organizaciones presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de El Salvador por las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz.

Beatriz, una joven salvadoreña de 23 años, quien padece de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, quedó embarazada a finales del año 2012. Mediante pruebas médicas realizadas diagnosticaron que el feto era anencefálico.

Lun, 02/12/2013

Este lunes se interpuso la demanda internacional contra el Estado de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de BeatrizSan Salvador, lunes 2 de diciembre del 2013. El pasado viernes diversas organizaciones presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de El Salvador por las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz.

Beatriz, una joven salvadoreña de 23 años, quien padece de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, quedó embarazada a finales del año 2012.  Mediante pruebas médicas realizadas le diagnosticaron que el feto era anencefálico.

En el mes de marzo del presente año, debido a su condición de salud, los médicos tratantes en el sistema público de salud recomendaron interrumpir el embarazo ya que su vida corría peligro, sin embargo, no realizaron el procedimiento por temor a ser sancionados penalmente, prolongando así el embarazo hasta la 26 semana de gestación. De esta manera, se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los  riesgos  para su salud y su vida.

Ninguna instancia pública del país resolvió a favor de los derechos de Beatriz. Solo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea el 3 de junio. El pronóstico clínico de inviabilidad extrauterina del feto quedó  confirmado al morir el recién nacido 5 horas después de la intervención médica.

El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe  donde  el aborto está absolutamente prohibido sin importar circunstancias extremas de riesgo para la salud o la vida de la mujer, la inviabilidad del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación.

La historia de Beatriz refleja las consecuencias de la penalización absoluta del aborto y la violencia institucional que  se ejerce contra  la vida de niñas, jóvenes y mujeres salvadoreñas. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre enero del año 2000 y marzo de 2011, un total de 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel; actualmente, por lo menos 30 mujeres están privadas de libertad por estas causas, la mayoría habían sufrido pérdidas de sus embarazos por diversas complicaciones obstétricas.

En relación con las restricciones legales del aborto, el Dr. Anand Grover, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, afirmó en su informe del año 2011 “que la creación o el mantenimiento de leyes penales que criminalizan el aborto, crea y perpetúa las condiciones de abortos inseguros, inapropiados y riesgosos, y pueden resultar en violaciones a las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud”.

En la experiencia vivida por Beatriz,  las organizaciones peticionarias sostenemos que el Estado de El Salvador es responsable por las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió, los cuales se encuentran protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

El objetivo de esta denuncia es que se repare integralmente el daño sufrido por Beatriz, y se ordene al Estado salvadoreño la modificación de su normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres, entre otros derechos, el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Como parte de la demanda las organizaciones estamos lanzando la campaña “Yo apoyo la demanda de Beatriz, porque me importa salvar la vida de las mujeres”, la  que estaremos compartiendo por diversos medios de comunicación  a partir de esta fecha concluyendo  el 10 de diciembre, Día Internacional de  los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a la población en general para que manifieste su apoyo a Beatriz, compartiendo el logo y el lema de la campaña y enviando mensajes alusivos al tema.

Las organizaciones peticionarias ante la CIDH son La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Más información

 

Agrupación Ciudadana

Sara García

Tel: (+503) 2226-0356

Cel: (+503) 7749-9267

agrupacionporladespenalizacion@gmail.com

 

CEJIL:

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones

Tel. (+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

Audiencia pone en clara evidencia violaciones de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia

Prueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente.

Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados.

Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Mié, 13/11/2013

Familiares de los desaparecidos esperan a las afueras de la sesión de la corte IDHPrueba de desaparición de 12 personas, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicialmente.

Brasilia, miércoles 13 de noviembre del 2013: Este miércoles culminó el segundo día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Palacio de Justicia (Colombia), en el que intervinieron víctimas, testigos, y peritos especializados.

Durante los dos días de audiencia, los representantes de las víctimas presentaron abundante prueba forense, testimonial y de otro tipo, que evidencia las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en perjuicio de 12 víctimas de desaparición forzada, cuatro víctimas de tortura y una víctima de ejecución extrajudicial, durante las operaciones de retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Carlos Bacigalupo, perito antropólogo, presentó prueba concluyente respecto a que las personas desaparecidas no están en la fosa común del cementerio del sur de Bogotá, teoría mantenida aún por el Estado colombiano. Igualmente evidenció que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán fue torturado y ejecutado extrajudicialmente tras salir con vida del Palacio.

Por su parte la ex fiscal Ángela Buitrago, expuso la evidencia derivada de procesos judiciales en Colombia que prueban los hechos denunciados. El perito Federico Andreu estableció además que este caso se integra en el contexto de una práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia.

A pesar de que el Estado colombiano reconoció parcialmente los hechos durante la audiencia, sigue negando que haya personas desaparecidas, que algunas personas fueran víctimas de tortura, y que el magistrado Urán fuera ejecutado. A inicio de la audiencia, las víctimas expresaron su indignación por la forma en que el Estado se presentó ante la Corte Interamericana, por la negación de los hechos y la falta de verdad y justicia por más de 28 años.

Por ello, las víctimas pidieron que la Corte emita una condena enérgica contra el Estado colombiano, que valore en cada uno de los casos el sufrimiento causado por los atropellos cometidos contra ellas durante todos estos años, y que con base en eso la Corte ordene reparaciones adecuadas.

Viviana Krsticevic, Directora del CEJIL sostuvo que “la defensa de un Estado democrático no debería reducirse a defender los intereses de los perpetradores o mitigar el impacto económico y político de la eventual sentencia, sino a cumplir su obligación de respetar y reparar los derechos de sus ciudadanos”, y que confía que “la Corte condene al Estado por las desapariciones forzadas, torturas, y ejecución extrajudicial, y que dicte reparaciones adecuadas que han sido ampliamente sustentadas ante el Tribunal”.

Se espera que la Corte IDH emita sentencia en el presente caso en el curso de 2014.

Las víctimas y sus familiares estuvieron representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCAJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y los abogados Jorge Molano y Germán Romero.

Víctimas de la retoma del Palacio de Justicia de Colombia ante Corte IDH

Las violaciones contra 12 desaparecidos, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicial son objeto de la audiencia.

Brasilia, lunes 11 de noviembre del 2013- Este martes el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y los abogados Jorge Molano y Germán Romero, defenderán a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la fuerza pública colombiana durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Colombia en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Mar, 12/11/2013

Audiencia ante la Corte IDH iniciará este martes 12 de noviembreLas violaciones contra 12 desaparecidos, cuatro torturados y un ejecutado extrajudicial son objeto de la audiencia.

Brasilia, lunes 11 de noviembre del 2013- Este martes el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo (CCJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y los abogados Jorge Molano y Germán Romero, defenderán a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la fuerza pública colombiana durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Colombia en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La audiencia tendrá lugar en el Tribunal Superior Do Trabalho, Brasilia, Brasil el martes 12 y miércoles 13 de noviembre con transmisión en directo vía http://www.corteidh.or.cr/

Las organizaciones estarán representando a las familias de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Luz Mary Portela León, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco; las visitantes ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo, Norma Constanza Esguerra; y la guerrillera del M19, Irma Franco Pineda. De igual modo, representan a cuatro víctimas de la detención arbitraria y torturas:  Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis. Y finalmente, la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.

A su vez, en la audiencia estarán rindiendo testimonio una víctima de tortura, el hermano de uno de los desaparecidos, y la esposa de un magistrado ejecutado, así como diversos peritos expertos quienes expondrán evidencias ante el Tribunal.

El presente caso es relativo a los hechos acontecidos durante la toma del Palacio de Justicia  por parte del grupo guerrillero M- 19 y la retoma llevada a cabo  por el Ejército, en la ciudad de Bogotá, Colombia, llevada a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en la que fueron desaparecidas forzosamente 12 personas, cuatro fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por la fuerza pública.

Después de 28 años de espera, el caso fue elevado a la máxima instancia en derechos humanos del continente con la finalidad de esclarecer el paradero de los desaparecidos así como sentar responsabilidades del Estado de Colombia por las violaciones denunciadas. El Estado realizará un reconocimiento parcial de responsabilidad que será contestado en audiencia por las víctimas y los familiares.

Una vez concluida la audiencia, la Corte IDH dictaminara en el presente caso en el curso de 2014.

Más información

Daniela Araya                                                                                  Ana Paula Barreto Da Silva

Oficial de Comunicaciones                                                                        Contacto en Brasil

(506) 2280-7473 / 506 8820-8588                                                            (61) 8120-0839

daraya@cejil.org imprensacejil@cejil.org

 

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

Organizaciones de derechos humanos señalan retos de solicitantes de asilo a la CIDH

América Latina representa el 8% de la población refugiada del mundo

Washington DC, 31 de octubre del 2013- Este jueves diversas organizaciones de derechos humanos evidenciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos y retos que enfrentan los solicitantes de la condición de refugiado/a  en las Américas para el acceso al derecho al asilo y el debido proceso; y las respectivas violaciones a los derechos humanos que se evidencian en las practicas estatales de la región.

Jue, 31/10/2013

Washington DC, 31 de octubre del 2013- Este jueves diversas organizaciones de derechos humanos evidenciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos y retos que enfrentan los solicitantes de la condición de refugiado/a  en las Américas para el acceso al derecho al asilo y el debido proceso; y las respectivas violaciones a los derechos humanos que se evidencian en las practicas estatales de la región.

Dichos retos contravienen los estándares interpretados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los peticionarios incluyeron a Asylum Access Ecuador (AAE), U.S. Committee for Refugees and Immigrants, Sin Fronteras I.A.P, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Refugee Council U.S.A. (RCUSA), Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), International Detention Coalition (IDC), Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA), Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de American University Washington College of Law en Washington, D.C. la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM).

En las Américas, existen alrededor de cinco millones de personas refugiadas, personas en situación similar, solicitantes de asilo, refugiados retornados y desplazados internos bajo el mandato del ACNUR.

Las organizaciones peticionaras enmarcan entre las principales causales del aumento de los refugiados en diversas partes del continente  el cambio en el perfil de los conflictos formales al  aumento en el crimen organizado, con bandas de criminalidad que se extienden desde Suramérica hacia el norte, cubriendo a Colombia; y el foco en el triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

A su vez, el  conflicto interno en Colombia ha desplazado a miles de personas refugiadas a Ecuador, sólo en el 2012 había 5,7 millones de personas desplazadas en Colombia, lo que la constituye en la segunda población de personas desplazadas más grande del mundo después de Sudán. Sólo en el 2012 se desplazaron 256 mil personas internamente, lo que hace que la cifra historica de desplazamiento forzado en Colombia desde 1985.

Además de los citados obstáculos se evidencia una progresiva limitación para solicitar asilo en los diferentes países,  conflictos con las garantías al debido proceso y  obstáculos para los recursos de impugnación de las decisiones. Esto, aunado a una práctica de detención en casos de migración irregular, crea un panorama preocupante.

Cabe resaltar que la CIDH se pronunció  anteriormente sobre las garantías judiciales otorgadas a las personas refugiadas en el Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado y recordó  a los Estados que las personas refugiadas se deben beneficiar del mismo acceso a la protección judicial sin discriminación alguna por su condición migratoria.

Los peticionarios hicieron de conocimiento de la CIDH dichos casos con la finalidad de que se definan ciertos estándares de debido proceso en materia de refugio a nivel regional, y  se evalúe la práctica estatal de los países en la región, con el fin de que se promuevan esfuerzos para armonizar dichas prácticas en una búsqueda por distribuir la responsabilidad compartida del asilo y efectivizar plenamente el goce de los derechos de las personas refugiadas.

 

República Dominicana niega discriminación y expulsiones masivas ante la Corte IDH

México DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Mié, 09/10/2013

Audiencia ante la Corte IDH en la ciudad de México sobre el caso Benito Tide Méndez y otrosMéxico DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Las organizaciones representantes de las víctimas señalamos al Tribunal que los hechos del presente caso no son aislados, ya que se enmarcan dentro de un patrón de expulsiones masivas y una política de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana de padres con estatus irregular en el país.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, mencionó que “la audiencia permitió evidenciar la discriminación racial en el tratamiento de la población afrodescendiente, particularmente haitiana  y aquella de ascendencia haitiana”. Lamentó además que  la defensa del Estado dominicano no haya respetado el derecho de defensa: “en la audiencia el representante gubernamental presentó pruebas en un momento inoportuno y manipuló la declaración del único testigo."

“Sorprende que el Estado dominicano recurriera al elemento de nacionalismo y xenofobia para evidenciar la negación de la discriminación racial”, señaló Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA. Quien añadió que “el debate no terminará con esta audiencia, nuestras organizaciones seguiremos buscando justicia tanto a nivel interno como en las instancias internacionales”.

“Los alegatos del Estado fueron inconsistentes y contradictorios al negar la existencia de un patrón de expulsiones colectivas, la cual tuvo lugar no solamente durante la época de los hechos del presente caso, sino que se perpetúa hasta el día de hoy”, comentó Paola García Rey  de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia.

Por su parte, Lisane André de GARR, agregó que “nuestro trabajo nació en el momento de las repatriaciones de 1991, el cual alcanzó la expulsión de 35 mil personas. Esperamos que con este caso podamos dejar de lado ese aspecto tan fuerte de nuestro trabajo, en la medida que se apliquen los estándares de derechos humanos aquí discutidos y cesen las expulsiones colectivas.”

Al cierre de la audiencia las organizaciones pidieron al Tribunal que su fallo otorgue una reparación integral a las víctimas. Debido al comportamiento del Estado durante la audiencia, consideramos que el reconocimiento de responsabilidad internacional y una disculpa pública por los hechos del caso reviste una particular importancia.

Después de la audiencia, las organizaciones y el Estado dominicano, respectivamente, deberán presentar sus escritos finales en el plazo de un mes. Se espera que la Corte IDH emita su fallo a principios del siguiente año.

La audiencia fue transmitida en vivo y puede consultarse el video de la misma en la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.

Corte Interamericana declara incumplimiento de diversas medidas de reparación en el caso Ecologistas contra México

Siguen sin cumplirse medidas de reparación de sentencia del 2010

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

Lun, 23/09/2013

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

De acuerdo con la Corte IDH el Estado mexicano sigue sin cumplir reparaciones esenciales ordenadas en su sentencia. Dichas medidas tienen relación con la reparación de los daños con miras a garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.

Al respecto, el Tribunal Interamericano destacó que todavía no se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles, una reforma ordenada por la Corte IDH en cuatro sentencias consecutivas contra México. En esta ocasión la Corte recordó que “el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana” y reiteró la obligación de reformarlo.

Por otra parte, al cumplirse casi tres años desde la emisión de la sentencia, sigue sin cumplirse la investigación y sanción de los graves abusos cometidos en contra de las víctimas.  En este sentido, la Corte IDH indicó: “este Tribunal constata que a más de dos años de haberse iniciado la averiguación previa, se han realizado pocas diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso”. Ante ello, se “insta al Estado a que realice, dentro de un plazo razonable, las diligencias pendientes dentro de la averiguación previa”. Cabe recordar que en este caso está ampliamente documentada la tortura sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber transcurrido 14 años desde los hechos, están disponibles todos los elementos para que avance la investigación.

 

Finalmente, la Corte IDH reiteró la obligación del Estado de modificar sus registros de personas detenidas para evitar violaciones a derechos humanos.  El Tribunal Interamericano seguirá monitoreando el caso hasta que el Estado mexicano haya dado cabal cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas en la sentencia.

 

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante la Corte IDH, exigimos que el Estado mexicano cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales y consecuentemente con la totalidad de las medidas que fueron ordenadas por dicho Tribunal.

 

Información de contacto:

 

Centro Prodh:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

 

 

CEJIL:

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones

Tel. (+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

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