CEJIL y otras organizaciones

Reinicio del juicio por genocidio en Guatemala

Las víctimas del conflicto armado interno, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional  esperan con gran expectativa el reinicio del segundo juicio por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil programado para el 23 de julio de 2015. El proceso fue suspendido por más de dos años por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aducía errores de procedimiento en el primer juicio en el que fue condenado el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión, por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

Mié, 22/07/2015

San José y Ciudad de Guatemala, 22 de Julio de 2015.- Las víctimas del conflicto armado interno, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional  esperan con gran expectativa el reinicio del segundo juicio por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil programado para el 23 de julio de 2015. El proceso fue suspendido por más de dos años por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aducía errores de procedimiento en el primer juicio en el que fue condenado el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión, por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. La resolución de la CC no fue unánime, ésta fue promovida por tres de los cinco magistrados que la integraban, mientras que numerosos juristas dentro y fuera de Guatemala cuestionaron su objetividad y legalidad.

El proceso penal por genocidio contra la población Ixil de Guatemala lleva más de 15 años dentro del sistema de justicia, y han transcurrido más de 30 años desde que ocurrieron los hechos.  Este retardo injustificado demuestra que no siempre ha existido una voluntad real de las autoridades por cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves hechos.  El genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad son crímenes muy graves, no amnistiables, e imprescriptibles.

Las víctimas y los querellantes adhesivos han confiado en el sistema judicial guatemalteco, pero han enfrentado múltiples obstáculos durante el proceso penal, tales como: la limitada capacidad del sistema de persecución penal para investigar diligentemente, la tolerancia de las autoridades ante el litigio malicioso de los abogados defensores, la lentitud con que son emitidas las resoluciones judiciales,  la injerencia de grupos de poder y las amenazas y otros actos de hostigamiento en perjuicio de víctimas, testigos, abogados y operadores de justicia.  Recientemente, los defensores del general Ríos Montt han dicho públicamente que solicitarán el cierre del caso porque él se encuentra incapacitado para enfrentar el segundo juicio, respaldando su argumento en un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ordenado por la jueza Carol Patricia Flores. Esto es interpretado por las víctimas y sus familiares como otra estrategia de los defensores para evadir la justicia, razón por la cual las autoridades deben  analizar objetivamente dicho dictamen y, de ser el caso, solicitar un nuevo estudio independiente que compruebe el estado de salud del imputado.

Reiteramos que es importante que el juicio reinicie y no se postergue más.  En tanto éste no tenga lugar, se seguirá prolongando la angustia e incertidumbre de las víctimas: algunas ya están fallecidas, muchas están enfermas y viviendo en extrema pobreza. Todas ellas merecen un trato digno y la garantía de su derecho de acceso a la justicia. El sistema de justicia debe actuar con responsabilidad, celeridad e independencia para juzgar con objetividad e imparcialidad los hechos que causaron tanto daño a la población indígena de Guatemala y que atentaron contra la conciencia de la humanidad. El Estado guatemalteco está obligado bajo el derecho nacional e internacional a combatir la impunidad y por lo tanto debería garantizar que el juicio contra Ríos Montt se lleve a cabo de manera transparente y con respeto para los derechos de las víctimas.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-

Fundación para el Debido Proceso –DPLF-

Impunity Watch

Plataforma Internacional contra la Impunidad

(foto: HACER Latin American News)

Sumarios de Jurisprudencia: Pueblos Indígenas

Sumarios de Jurisprudencia: Pueblos Indígenas

CEJIL se complace en presentar un nuevo libro de la colección Herramientas para la protección de los derechos humanos: Sumarios de jurisprudencia, en esta ocasión dedicado a los derechos de los pueblos indígenas.

Muchos pueblos indígenas, en diferentes partes del mundo, han visto vulnerados sus derechos de manera grave y sistemática por diversas razones, entre ellas, la falta de reconocimiento y respeto de su cultura, usos y costumbres, y las diversas expresiones discriminatorias en su contra. Por lo tanto, esta publicación identifica las principales decisiones y avances realizados sobre los derechos de los  pueblos indígenas en los tribunales regionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Esperamos contribuir para hacer accesible y difundir entre quienes trabajan en la temática los principales estándares producidos por los organismos internacionales facilitando su apropiación para una mejor defensa y protección de los derechos de los  pueblos indígenas.


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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Organizaciones internacionales expresan preocupación frente a actos de intimidación en contra de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Guatemala

En febrero de 2015, el señor Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra del jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López, por haber ofrecido una conferencia de prensa vinculada con el caso de genocidio que se sigue en Guatemala en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta conferencia se realizó en Madrid, España, en mayo de 2014. En la acusación penal, se alegó que el señor López había cometido los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros.

Mar, 23/06/2015

Autoridades judiciales son complacientes ante evidentes actos de hostigamiento

Washington, D.C., 23 de junio de 2015.-En febrero de 2015, el señor Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra del jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López, por haber ofrecido una conferencia de prensa vinculada con el caso de genocidio que se sigue en Guatemala en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta conferencia se realizó en Madrid, España, en mayo de 2014. En la acusación penal, se alegó que el señor López había cometido los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros.

 

El pasado 13 de abril de 2015 se llevó a cabo la primera audiencia del caso, en la que  el juez Darwin Homero Porras Quezada no permitió la participación del Ministerio Público ni del Fiscal Orlando López, a la vez, impuso como medida cautelar el arraigo del fiscal López, impidiendo así su salida del país. Posteriormente, Méndez Ruiz amplió la querella contra todos los y las fiscales que pertenecen a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, y les señaló de “pertenecer a un grupo delictivo organizado u organización criminal” por haber emitido un comunicado en el cual criticaban la resolución antes citada. El Juez Porras Quezada, admitió la ampliación de la querella.

 

Ante estos hechos, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las actuaciones de las autoridades judiciales en este caso. Todo parece indicar que las querellas presentadas no tienen sustento legal alguno y buscan intimidar a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos para que cesen en su labor de investigar y procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Guatemala, sin embargo, el juez responsable del caso ha dado curso a estas acciones y ha violentado el derecho de defensa del fiscal López.

 

Adicionalmente,  las manifestaciones del fiscal López objeto de la querella, se limitaron a aspectos de conocimiento público y ya referidos durante el juicio. Así, es evidente que tanto sus declaraciones como el apoyo expresado por su colegas fiscales, constituyen expresiones legítimas protegidas por su derecho a la libertad de expresión de manera que no pueden ser susceptibles de sanción.

 

Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, señaló que  “los jueces, fiscales, defensores y defensoras públicos en tanto que funcionarios públicos gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión el cual además es necesario para explicar, por ejemplo a la sociedad, algunos aspectos de interés y relevancia nacional”.

 

Nos preocupa profundamente que estos actos formen parte de una campaña en contra de los operadores de justicia que actúan en forma independiente e imparcial con el único objeto de impedir el acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.

 

Exhortamos al Estado de Guatemala y en particular al Poder Judicial para que asegure que en este caso, así como en otros similares, se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, no se permita el uso del derecho penal para criminalizar a las y los operadores de justicia por realizar su labor profesional, y no se toleren las expresiones de odio ni las acciones de intimidación hacia las personas que cumplen con su función de garantía de derechos humanos.

WOLA: Human Rights Advocacy for the Americas

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Open Society Justice Initiative (OSJI)

(foto crédito: buendiario)

CEJIL y APRODEH destacan detención de militar 11 años después de emitirse su orden de captura por graves violaciones a derechos humanos

CEJIL y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.

Mar, 09/06/2015

Washington, D.C., Lima, 6 de junio de 2015.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) aplauden el anuncio de la captura del Mayor José Luis Chávez Velásquez (a) Centauro, quien fue detenido el pasado 22 de mayo de 2015 por la policía judicial en Lima, Perú por estar implicado en la desaparición de siete pobladores de Huancapi en 1991.

“Después de casi 11 años de la emisión de la orden de captura y a 24 años de los hechos, por fin se están presentando a la justicia personas que han sido procesadas por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Gloria Cano, de APRODEH.

El caso de Huancapi es uno de los 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados hasta la fecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de un acuerdo establecido en el año 2001 por el Estado peruano y recogido en un Comunicado de Prensa Conjunto, por el que se reconoce la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos, y se compromete a reparar a las víctimas y a sus familiares, a realizar investigaciones destinados a identificar y sancionar a los responsables, así como adoptar medidas de no repetición.

En el 2004 se emitió una orden de captura en contra del militar Chávez Velásquez que encabeza una lista de 20 agentes de las fuerzas públicas procesados y con orden de captura pendiente de ejecución por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú durante los años del conflicto armado interno. A pesar de la orden de captura en su contra, Chávez Velásquez vivía en libertad en un cuartel militar y permanecía en sus funciones. Incluso fue ascendido en el 2010 al cargo de Mayor por las Fuerzas Armadas en la 31 brigada de infantería. Además, las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa negaron el ingreso de la policía judicial en el 2013 a la sede militar en donde trabajaba, señalando que no tenían la obligación de ponerlo a disposición de la justicia y provocando la demora para el inicio del juicio oral.

El 29 de octubre de 2014 y el 21 de marzo de 2015 la CIDH convocó reuniones de trabajo en la cuales CEJIL, APRODEH y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de varios de los compromisos asumidos en el Comunicado Conjunto de 2001, incluyendo la falta de cumplimiento de la orden de captura contra Chávez Velásquez.

“La detención es un paso positivo por la justicia y esperamos que augure el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el 2001, entre ellos la captura de otros funcionarios de las fuerzas públicas activos o en retiro que han sido procesados por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El 19 de abril de 1991, Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe, Julio Arotoma Cacñahuaray, quienes se habían inscrito como candidatos por el Partido Izquierda Unida para las elecciones municipales de Huancapi, Ayacucho, y Honorata Oré Huilcahuari (esposa de Julio Arotoma) fueron detenidos por una patrulla militar liderada por el entonces Subteniente Chávez Velásquez. Los siete fueron trasladados a la base militar de la localidad y a partir de esa fecha, se desconoce su paradero.

Demandan internacionalmente a Guatemala por irregularidades en las elecciones judiciales del 2014

El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y CEJIL presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.

Mié, 03/06/2015

Ciudad de Guatemala, 3 de junio del 2015.- El Instituto de la Judicatura, la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala por las graves irregularidades cometidas en las elecciones de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, celebradas en 2014. La demanda, entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de mayo, expone el incumplimiento de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre procesos de elección judicial.

Las selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas. Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder.

En ese sentido, el documento presentado, denuncia la vulneración del derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad en perjuicio de tres de las participantes en los procesos, quienes, al igual que otros y otras profesionales con buenas calificaciones, no resultaron electas: Ana Vilma Díaz, Estela Bailey y Vilma Tatiana Cabrera. Además, se alega que las elecciones violaron el derecho a la justicia independiente e imparcial de dichas postulantes y de Helen Mack, como parte de la sociedad guatemalteca.

En su escrito, las organizaciones demandantes manifiestan a la CIDH que, a pesar de que los vicios de los procesos de elección fueron ampliamente denunciados ante los tribunales internos, finalmente fueron avalados por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad (CC), abriendo así la puerta a la vía interamericana.

En la denuncia internacional se detalla cómo la CC, mediante su sentencia de noviembre de 2014, obvió todas las anomalías ocurridas en dichos procesos así como los pronunciamientos emitidos por organismos de protección internacionales como la CIDH y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes habían recomendado revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Las organizaciones demandantes explican que las irregularidades que acompañaron el proceso de selección de jueces y magistrados afectaron directamente la independencia judicial en Guatemala. Una prueba de lo anterior se ve reflejada en la crisis de institucionalidad que atraviesa el país actualmente y en los cuestionamientos que involucran a distintos operadores de justicia, entre ellos la magistrada Blanca Stalling, Presidenta de la Cámara Penal, quien se encuentra con un permiso sin goce de salario.

Con esta denuncia, las víctimas y sus representantes aspiran a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala. De igual forma, las peticionarias buscan que la CIDH ordene la modificación de la legislación y las prácticas que hicieron posible que designaciones judiciales irregulares prosperaran, de manera que en el futuro, los nombramientos sean objetivos, y se garantice que todas las personas puedan acceder a una justicia independiente e imparcial.

Deportan arbitrariamente de Nicaragua a representantes de CEJIL

Los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González han sido deportados arbitrariamente esta mañana por las autoridades del aeropuerto Augusto César Sandino de Managua tras negarles el ingreso al país.

CEJIL lamenta este acontecimiento y espera que el mismo sea un hecho aislado que será debidamente investigado.

Vie, 15/05/2015

 

San José y Managua, 15 de Mayo, 2015.- Los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González han sido deportados arbitrariamente esta mañana por las autoridades del aeropuerto Augusto César Sandino de Managua tras negarles el ingreso al país.

Los miembros de CEJIL visitaban Nicaragua para realizar reuniones vinculadas con la defensa de derechos humanos y para participar en el 25 aniversario del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH). Sin embargo, a su llegada, los representantes de migración cuestionaron al abogado Buob y le informaron que su ingreso al país no sería autorizado. Inicialmente, le informaron que él estaba denunciado por narcotráfico pero posteriormente sólo señalaron que Nicaragua era soberana para decidir quien ingresaba al país. Seguidamente, revocaron la visa de ingreso que había sido otorgada minutos antes a la abogada González y les indicaron que debían regresar a Costa Rica, forzándoles a regresar al avión.

El abogado Buob, al cuestionar las razones por la deportación, fue arrojado al suelo por los oficiales de migración quienes intentaron esposarlo. Su compañera, Marta González, grabó un video de lo sucedido. Desafortunadamente sus teléfonos celulares fueron decomisados por los oficiales, alegando que en Nicaragua es ilegal grabar a las autoridades aeropuertuarias.

“Durante años he podido ingresar a Nicaragua sin problema alguno, sin embargo lamento mucho que en esta ocasión se me haya impedido ingresar sin darme una razón válida. Estas actuaciones, limitan gravemente mi derecho a defender derechos humanos y confío en que habrá una investigación exhaustiva de estos hechos y que en el futuro no tendré limitaciones para continuar con mi labor”  declaró el abogado Luis Carlos Buob.

Luis Carlos es abogado responsable de los asuntos de Nicaragua por parte de CEJIL, como parte de sus funciones, acompaña y asesora a numerosas organizaciones de derechos humanos en este país.

Cabe destacar que la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, se encuentra en Nicaragua para asistir a las actividades conmemorativas del aniversario del CENIDH.

CEJIL lamenta este acontecimiento y espera que el mismo sea un hecho aislado que será debidamente investigado. Una vez esclarecido lo ocurrido, se espera que en forma pronta, el Estado nicaragüense realice públicamente un pedido de disculpas y que tome las acciones necesarias para permitir que el abogado Buob y CEJIL continúen realizando la labor de defensa de los derechos humanos en dicho país.

Responsables del genocidio contra el pueblo Ixil siguen sin ser condenados

Ayer se cumplieron dos años de la histórica condena impuesta por el Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del ex jefe de Estado Efraín Rios Montt, por el genocidio contra del pueblo maya Ixil entre 1982 y 1983. CEJIL aprovecha la ocasión para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su obligación de juzgar y sancionar a todos los responsables de dichos actos, y remover los obstáculos que impiden la obtención de justicia en este caso.

Lun, 11/05/2015

 

San José, 11 de mayo de 2015.- Ayer se cumplieron dos años de la histórica condena impuesta por el Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del ex jefe de Estado Efraín Rios Montt, por el genocidio contra del pueblo maya Ixil entre 1982 y 1983. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aprovecha la ocasión para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su obligación de juzgar y sancionar a todos los responsables de dichos actos, y remover los obstáculos que impiden la obtención de justicia en este caso.

El proceso judicial interno en contra de los ex generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, que culminó con la sentencia de 10 de mayo de 2013, estableció una verdad jurídica y representó el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la posterior e ilegal anulación de la sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad –mediante su resolución del 20 de mayo de 2013–, implicó una gran afrenta contra las víctimas y un retroceso grave en términos de la lucha contra la impunidad por las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Los hechos denunciados consisten en más de 60 masacres y ataques perpetrados por miembros del ejército guatemalteco en contra de la población ixil que dejaron como saldo alrededor de 1.800 personas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Si bien a comienzos de este año se reanudó el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, el mismo nuevamente fue paralizado debido a recursos maliciosamente interpuestos por la defensa de los acusados. Por lo anterior, y considerando la denegación de justicia que persiste más de 30 años después de los hechos, el Estado guatemalteco enfrenta una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue presentada por CEJIL y las organizaciones querellantes a nivel interno:  la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico por los Derechos Humanos (BDH).

“El pueblo ixil y la sociedad guatemalteca en general, requieren que el Estado resuelva su deuda con las víctimas del genocidio. Hacemos un llamado a las autoridades para que adopten todas las medidas necesarias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación de las graves violaciones sufridas” manifestó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México.

(foto: Cristina Chiquin)

México debe garantizar protección de defensora desplazada en riesgo

El pasado 27 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la protección de Esperanza Hernández Lugo, víctima de desplazamiento y defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el estado de Sinaloa, así como a favor de otras personas en riesgo por las mismas circunstancias.

Mar, 05/05/2015

México, D.F. a 5 de mayo de 2015.- El pasado 27 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la protección de Esperanza Hernández Lugo, víctima de desplazamiento y defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el estado de Sinaloa, así como a favor de otras personas en riesgo por las mismas circunstancias.

 

A partir del conflicto armado y la violencia generalizada entre agentes estatales y no estatales a inicios del 2012 en el estado de Sinaloa, cerca de 600 familias se vieron obligadas a huir de sus comunidades de origen con el fin de salvaguardar sus vidas e integridad, quedando en un estado de desprotección total. Desde entonces la defensora Esperanza Hernández ha acompañado y representado a 40 comunidades desplazadas de la región de la Sierra Madre Occidental, asentadas en municipios del estado de Sinaloa, como Culiacán y la ciudad de Guamúchil, cabecera del municipio de Salvador Alvarado.


Junto a Esperanza Hernández, otros líderes y miembros comunitarios han trabajado para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias, desarrollando gestiones ante autoridades de gobierno para que se adopten medidas en relación con el desplazamiento interno en Sinaloa, y en particular para que se responda a las necesidades humanitarias de vivienda, alimentación, trabajo, educación y salud de las víctimas.


En este contexto, desde marzo del presente año, la defensora Hernández Lugo, y otros líderes recibieron actos de hostigamiento y amenazas de muerte, por lo que Esperanza Hernández se vio obligada a desplazarse una vez más para salvaguardar su vida e integridad personal y la de sus familiares.


Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado mexicano a garantizar las condiciones de protección para que la defensora Esperanza Hernández y su familia puedan retornar de manera segura a su lugar de residencia actual. Solicitamos se implementen las medidas de seguridad que respondan a su condición de riesgo, tanto en su domicilio como durante todos sus traslados de manera que ella pueda continuar ejerciendo sus labores como defensora.


Asimismo, instamos al gobierno mexicano a impulsar políticas para atender a las personas que se han visto forzadas a desplazarse tanto en el estado de Sinaloa, como en el resto del país, y que se garanticen sus derechos humanos en forma efectiva y oportuna.


Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia A.C.]

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Matías

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Centro de Derechos Humanos  Paso del Norte

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

International Human Rights Clinic, Loyola Law School Los Angeles

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)

Red por los Derechos de la Infancia en México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana). Ver listado

Panel de expertos garantizará elecciones transparentes e independientes en el sistema interamericano de derechos humanos

Con el ánimo de promover y fortalecer los derechos humanos en las Américas, un panel de cinco expertas/os independientes monitoreará la próxima elección de nuevos integrantes a los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La iniciativa busca aumentar la transparencia y visibilidad del proceso de elecciones, al tiempo que ofrecerá una evaluación independiente de las 11 candidaturas presentadas para las ocho vacantes disponibles. Asimismo, ofrecerá recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los procesos de nominación a nivel nacional y el proceso de elección a nivel internacional, con la finalidad de fortalecer el Sistema Interamericano de manera general.

Mié, 29/04/2015

Con el ánimo de promover y fortalecer los derechos humanos en las Américas, un panel de cinco expertas/os independientes monitoreará la próxima elección de nuevos integrantes a los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Panel Independiente para la Elección de Comisionados/as y Jueces/zas Interamericanos/as se ha establecido de cara al proceso que tendrá lugar el próximo mes de junio, en el que se elegirán a cuatro Comisionados/as para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuatro Jueces/zas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirán ocho integrantes –en total, más de la mitad de la integración de cada órgano- en su 45ª Asamblea General que se celebrará en Washington D.C. el 15 y 16 de junio. El resultado de dicha elección afectará  la composición, y por tanto, la identidad de la Comisión y de la Corte durante los próximos años.

El Panel está compuesto por cinco juristas de reconocido prestigio en la comunidad de derechos humanos- Marion Bethel (Bahamas), Belisário dos Santos Jr. (Brasil), Cecilia Medina (Chile), Juan Méndez (Argentina) y Naomi Roht-Arriaza (Estados Unidos). La iniciativa busca aumentar la transparencia y visibilidad del proceso de elecciones, al tiempo que ofrecerá una evaluación independiente de las 11 candidaturas presentadas para las ocho vacantes disponibles. Asimismo, ofrecerá recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los procesos de nominación a nivel nacional y el proceso de elección a nivel internacional, con la finalidad de fortalecer el Sistema Interamericano de manera general.

Constituido como una entidad independiente, el Panel de Expertas/os fue convocado por Open Society Justice Initiative con el respaldo de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil, universidades y colegios de abogados de toda la región (ver más abajo lista de respaldos actuales). Si bien estas organizaciones tienen diversas opiniones sobre los/as candidatos/as individuales así como sobre el proceso de selección que pueden incluso diferir con la evaluación final del Panel, todas están comprometidas con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La constitución del Panel se basa en una similar y exitosa iniciativa en la Corte Penal Internacional (CPI) que se centró en garantizar la transparencia y la independencia en la elección de sus Jueces y Juezas. Promovido por primera vez a iniciativa de la Coalición por la Corte Penal Internacional, la constitución de un Panel Independiente para las Elecciones Judiciales de la CPI en 2010, ayudó a  llenar un vacío importante en el proceso de elecciones aportando una evaluación adecuada, imparcial e independiente de las candidaturas. La labor de dicho Grupo finalmente llevó a que en 2012, se creara de manera formal un Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados/as a la Corte Penal Internacional.

El nuevo Panel Independiente Interamericano presentará su informe final al Secretario General y al Consejo Permanente, ambos de la OEA, así como al público en general, a finales de mayo.

Organizaciones que respaldan la iniciativa

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo

Bahamas

The Bahamas Crisis Center

 

Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos

Oficina Jurídica para la Mujer

Brasil

Justiça Global

Chile

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Corporación Humanas - Chile

Observatorio Ciudadano de Chile

Colombia

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación Humanas - Colombia

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Costa Rica

Asociación Costarricense de la Judicatura

Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPACDH)

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

 

Ecuador

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Corporación Humanas - Ecuador

 

El Salvador

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico

Colectiva de Mujeres para el desarrollo Local

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

 

Guatemala

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación Myrna Mack

Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)

Red de la No Violencia contra las mujeres (REDNOVI)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

Jamaica

Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC)

México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

FUNDAR Centro de Análisis e Investigación

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (IIJ-UNAM)

 

Nicaragua

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua

IPAS Centroamérica

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

 

Panamá

Alianza Ciudadana Pro Justicia

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Instituto de Defensa Legal (IDL)

 

Puerto Rico

Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)

 

República Dominicana

Participación Ciudadana

Colectiva Mujer y Salud

 

United States

Center for Human Rights, American University Washington College of Law

The Columbia Law School Human Rights Institute

Santa Clara University, School of Law, International Human Rights Clinic

Uruguay

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR),

Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la  Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

 

 

Regional

Amnistía Internacional

Articulación Regional Feminista por los derechos humanos y la justicia de género

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Coalición Centro América Democrática (CAD)

Due Process of Law Foundation (DPLF)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Robert F. Kennedy Human Rights

 

 

Aplazamiento de la discusión frente a las sentencias en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo abre posibilidad a desarrollo de criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad

El día de hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó aplazar la discusión del expediente Varios 1396/2011, relacionado con el cumplimiento en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Lo anterior en virtud de que al analizar lo concerniente a las obligaciones que las sentencias imponen respecto del juzgamiento de conductas de tortura sexual, con perspectiva de género y etnicidad, se estimó que el proyecto presentado por el Ministro Pérez Dayán debe ser modificado. La discusión continuará las siguientes semanas, en fecha por definir.

Lun, 27/04/2015
  • Aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto a discusión debe mejorarse.
  • Al analizar los casos, el Máximo Tribunal debe pronunciarse sobre la obligación de que los casos, hoy ante el Poder Judicial de la Federación, no queden en la impunidad.

 

México D.F. a 27 de abril de 2015.-  El día de hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó aplazar la discusión del expediente Varios 1396/2011, relacionado con el cumplimiento en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Lo anterior en virtud de que al analizar lo concerniente a las obligaciones que las sentencias imponen respecto del juzgamiento de conductas de tortura sexual, con perspectiva de género y etnicidad, se estimó que el proyecto presentado por el Ministro Pérez Dayán debe ser modificado. La discusión continuará las siguientes semanas, en fecha por definir.

 

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el años 2002, las mujeres indígenas Me’phaa del Estado de Guerrero Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentarse a  la impunidad generada por el fuero militar y enfrentar graves riesgos a su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, Tribunal que en 2010 emitió dos sentencias en las que condenó al Estado mexicano y dio la razón a ambas mujeres.

 

Tras la emisión de las sentencias, como parte de su búsqueda de justicia, ambas mujeres solicitaron en el año 2011 que, como había ocurrido en el Caso Radilla, la SCJN iniciara un expediente Varios para determinar qué obligaciones le surgen al PJF frente a las sentencias interamericanas; en particular se solicitó realizar desarrollos interpretativos en temas como la tortura sexual, el valor de la declaración de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial de la Federación en los actos de reconocimiento, entre otros. Ante esta solicitud presentada hace cuatro años, el martes 21 de abril el Pleno de la SCJN comenzó a analizar dichas sentencias.

 

El día de hoy, el Pleno decidió aplazar la discusión del expediente Varios 1396, lo que implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Así, se atendió la preocupación de las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, en cuanto a que la discusión del expediente no estaba contribuyendo realmente a desarrollar los criterios y estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad, ni tampoco se estaban ampliando los deberes de los juzgados del poder Judicial de la Federación donde hoy se ventilan ambos casos. Precisamente, esta preocupación fue compartida en las observaciones formuladas por los Ministros Cossío, Silva, Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar y por la Ministra Sánchez Cordero.

 

Las organizaciones saludamos el  aplazamiento de la discusión para reelaborar el Proyecto, lo que abre la posibilidad de que éste mejore sustantivamente, no sólo para efectos de que se introduzcan tesis que ya han sido abordadas por la SCJN en otros casos, sino ante todo para desarrollar con mayor detalle las obligaciones jurisdiccionales sustantivas que ambas sentencias imponen a los órganos de justicia mexicanos en casos de tortura sexual, desde la incorporación de las perspectivas de género y etnicidad, en aspectos como la valoración de la prueba.

 

Para aprovechar esta posibilidad, es fundamental que la mayoría de las Ministras y los Ministros asuman que la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige mucho más que simples medidas administrativas y cursos para jueces y juezas; se necesitan verdaderas garantías de reparación y no repetición y un efectivo combate a la impunidad, lo que implica revisar los criterios y las prácticas judiciales aplicables en estos casos. El análisis de las sentencias de Inés y Valentina puede ser un parteaguas en la impartición de justicia para las mujeres indígenas, como lo fue el Caso Radilla en materia de control de convencionalidad y fuero militar.

 

Siendo esta discusión de interés público, las organizaciones firmantes, integrantes y solidarias de la Campaña “Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, hacen un llamado a que el proyecto incorpore los contenidos propuestos el día de hoy por los Ministros Cossío, Silva, Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar y por la Ministra Sánchez Cordero y se logre una sentencia vanguardista en la materia.

 

Igualmente, llamamos a la sociedad y especialmente a los organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, para que expresen ante la SCJN mediante amici, cartas y otros medios, la legítima demanda de que la sentencia en el caso Varios 1396 contribuya realmente a ampliar las puertas de la justicia para las mujeres indígenas y para todas las sobrevivientes de la tortura sexual. Esa es, justamente, la principal expectativa de Inés Fernández y Valentina Rosendo, a más de trece años de lucha: que su persistencia sirva a otras mujeres.

 

Asociadas por lo Justo – JASS

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH

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