Perú: Masacre de La Cantuta

Acto de recordacion a las victimas de la CantutaMiembros de los servicios de inteligencia del ejército peruano, encapuchados y armados, irrumpieron en la madrugada del 18 de julio de 1992 en los dormitorios de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle” (La Cantuta). Allí secuestraron a nueve estudiantes y a un profesor a quienes llevaron a un paraje solitario fuera de la ciudad de Lima, donde los asesinaron y sepultaron en fosas clandestinas.

En 1993, luego de que una revista publicara dónde habían sido sepultados los secuestrados, se descubrieron cuatro fosas clandestinas en la ciudad de Cieneguilla en las que se identificaron los restos de algunas de las víctimas del caso.

La justicia ordinaria inició una investigación que después fue trasladada a la jurisdicción militar. En 1994, la justicia castrense condenó a penas de entre 1 y 20 años de prisión a los autores de las desapariciones forzadas de La Cantuta. Después de esa sentencia el general peruano Rodolfo Robles denunció que los autores intelectuales del crimen no habían sido juzgados y señaló como principales responsables al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos y a otros generales del ejército.

Tras esa denuncia, el 14 de junio de 1995 el Congreso aprobó una Ley de Amnistía que benefició a personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1980 hasta ese día. Los condenados por las desapariciones y ejecuciones de La Cantuta quedaron en libertad.

Los familiares de tres de las víctimas presentaron una denuncia ante la CIDH, a la que luego se sumaron como representantes CEJIL, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ).

En 2006 la Corte IDH condenó a Perú por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las víctimas de La Cantuta y estableció que dichos hechos ocurrieron en el contexto de una estrategia contrasubversiva implementada por el Estado, especialmente en los momentos más intensos del conflicto. La Corte también reafirmó que la jurisdicción militar no era el fuero competente para investigar y sancionar a los responsables de estos hechos y que las leyes de amnistía dictadas eran contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto no tenían validez.

Para la Corte quedó establecido que el crimen fue cometido por el Grupo Colina, un cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que ejecutó la masacre con el conocimiento del entonces Presidente de la República y responsable del Comando del Ejército, Alberto Fujimori.

Las investigaciones iniciadas tras la sentencia de la Corte produjeron que se acusara por los crímenes al ex presidente Alberto Fujimori quien había huido del país en 2002. CEJIL junto a numerosas organizaciones de derechos humanos apoyó con firmeza la extradición. En septiembre de 2007 la Corte Suprema de Chile autorizó la extradición de Fujimori.

En 2008 la justicia peruana condenó a 35 años de prisión al exjefe del SIN, Julio Salazar Monroe y a 15 años de prisión a otros cuatro ex integrantes del Grupo Colina, por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado en el caso de La Cantuta.

En 2009, tras año y medio de juicio, la justicia peruana también condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, estableciendo su responsabilidad penal por la desaparición y ejecución de 27 personas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Los restos de cuatro de las víctimas todavía no han sido encontrados.

Recursos legales

Informe de Admisibilidad Nº 42/99.

Fondo, Reparaciones y Costas - Serie C No. 162.

Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas - Serie C No. 173.

Recursos de prensa

Perú no ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones.

Carta abierta a los Estados de Perú y Chile con motivo de la extradición del expresidente Fujimori.

CEJIL presente en audiencias sobre extradición de Fujimori.

Organizaciones de derechos humanos del continente celebran condena contra Fujimori.