Sticky news

Washington, 3 de febrero de 2012. - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valora la importante decisión adoptada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, por la que ratifica la condena de 30 años impuesta en junio de 2010 contra el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas, el 7 de noviembre de 1985. Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia.

Según la nueva decisión, fundamentada en casi 1.000 folios, el Coronel (r) es responsable como “autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”. Por ello, el Tribunal decidió mantener la pena de 30 años de cárcel impuesta en primera instancia.

Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (en adelante “la Coalición”), otras organizaciones y personas interesadas, apoyamos enérgicamente cualquier iniciativa, bien parta esta de los Estados o bien de los propios órganos de protección, que suponga el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (“SIDH”). Sin embargo, dichos procesos deben llevarse a cabo de manera genuina, es decir con el propósito real de fortalecer teniendo en cuenta el objetivo último del SIDH, y las responsabilidades fundamentales que les competen a los Estados para su consecución, y no de limitar el alcance de la tutela regional de protección.

En ese espíritu, nos permitimos hacer algunas observaciones en relación al actual proceso iniciado por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Washington D.C, 11 de enero de 2012 – A diez años de la apertura de la prisión de la bahía de Guantánamo y tres años después de que el Presidente Barack Obama presentara una orden ejecutiva decretando el cierre de la prisión, ésta sigue en funcionamiento. A la fecha, 171 hombres siguen detenidos de manera indefinida en Guantánamo y los oficiales de alto rango que autorizaron el uso de la tortura durante los interrogatorios no han sido procesados. Asimismo, el 31 de diciembre del 2011, el presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2012, que legaliza oficialmente la detención indefinida de personas sin juicio previo.

El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (SI) -compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) - es ampliamente reconocido como un sistema independiente y autónomo que ha proporcionado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos una última oportunidad para obtener reparación cuando las instancias locales no han funcionado o no existen. Sin embargo, el SI confronta significativos retos estructurales para consolidar y fortalecer su papel tradicional como último recurso para obtención de justicia y reparación. Uno de los principales desafíos ha sido la creación de un Fondo de Asistencia Legal para las víctimas....