La impunidad se prolonga por demoras en la investigación de torturas contra campesinos ecologistas

Sentencia de la CoIDH contra México ha cumplido un año
12-02-11

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su preocupación por el retardo del Estado mexicano en la investigación sobre las torturas sufridas por los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) ha avanzado con las pesquisas, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) no ha suministrado la información requerida por la PGR para que la investigación avance.

El Estado mexicano está obligado a investigar las alegaciones de tortura según una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuyo primer aniversario se cumplió el pasado 26 de noviembre.

Como parte del cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, en julio del año en curso empezaron las investigaciones en el fuero ordinario bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 encomendadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR.

Desde la apertura formal de la investigación, los señores Montiel y Cabrera han colaborado con la PGR presentando sus declaraciones sobre los hechos. Teodoro Cabrera presentó y ratificó su declaración en octubre, mientras que Rodolfo Montiel, quien tiene asilo político en Estados Unidos, presentó por escrito su declaración esta semana. Ambos ecologistas han indicado su disposición para que les sean practicados exámenes con base al Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) y para colaborar en cualquier otra diligencia necesaria.

Sin embargo, la SEDENA ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria. La PGR ha solicitado infructuosamente las investigaciones que en su momento realizó la Procuraduría de Justicia Militar. El Centro Prodh y CEJIL interpretan esta omisión como un desdén por los derechos humanos y como una falta de apertura ante las condenas internacionales.

Esta inacción ha tenido repercusiones negativas en las víctimas, puesto que la aplicación de exámenes basados en el Protocolo de Estambul al señor Teodoro Cabrera fue cancelada de último momento  pese a que la víctima ya se había desplazado desde su hogar a otra ciudad para estos efectos. El perito médico consideró que si no contaba con los certificados médicos previos, incluidos los de la SEDENA, no debía realizar ese protocolo pericial médico-psicológico.

Ante dichos obstáculos, la PGR ha girado diversos oficios requiriendo la información solicitada, sin que hasta la fecha haya respuesta. Si la SEDENA no entrega la información requerida, la PGR debe avanzar en la investigación con los elementos con los que cuenta y los ofrecidos por las víctimas y sus representantes, incluyendo diversas declaraciones, la sentencia de la propia Corte IDH, exámenes médicos independientes y otros.  Consideramos que dichos elementos de prueba son más que suficientes para llevar a cabo la investigación y que es inadmisible que la misma se congele por la falta de colaboración de la institución castrense señalada por la comisión de la tortura indagada en este caso.

Por lo tanto, desde el Centro Prodh y CEJIL:

 

  • Exigimos a la PGR que lleve a cabo una investigación diligente, tomando en cuenta todas las líneas de investigación, y cuente con avances sustanciales.
  • Exigimos a la SEDENA que entregue las investigaciones que obran en su poder como muestra de su compromiso en materia de derechos humanos.
  • Manifestamos que las investigaciones por tortura y la sanción de los militares ha sido siempre la principal exigencia en términos de justicia por parte de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.