Discuten ante la CIDH proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia

10-18-05

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El día de ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y las organizaciones colombianas: Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Justicia y Paz, Ruta Pacifica de Mujeres, Minga y Corporación Reiniciar expusieron el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y la aplicación de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las entidades dijeron a la Comisión que no se oponen a una solución negociada del conflicto armado, sin embargo expresaron su disconformidad con el actual proceso de desmovilización ya que no garantiza la no repetición de los graves crímenes que han cometido los grupos paramilitares. Por otra parte alertaron a la CIDH que este proceso no sólo no garantiza que se detengan las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares, sino que además las estructuras políticas y económicas que sostienen estos grupos siguen funcionando. Los peticionarios manifestaron que la solución gubernamental al conflicto invisibiliza la responsabilidad de poderosos círculos políticos y económicos que a la postre son los grandes beneficiarios del accionar paramilitar.

El proceso de desmovilización de más de 10 mil paramilitares no ha impedido que en los primeros seis meses de este año se hayan dado 389 asesinatos, por parte de grupos paramilitares. Quienes han sido desmovilizados no confiesan haber cometido delitos y el Consejo Superior de la Judicatura reconoció, en una nota publicada por el periódico el Tiempo, que dentro de los desmovilizados, encontró que “casi todos sus integrantes no tienen procesos pendientes”. Mientras que en los barrios pobres de algunas ciudades continúa el reclutamiento de jóvenes para los grupos paramilitares, los asesinatos, las amenazas de muertes, desapariciones forzadas, hostigamientos y masivos desplazamientos forzados, según señalaron las organizaciones de la sociedad civil colombiana. Además las 5 millones de hectáreas en manos de los grupos paramilitares no han sido devueltas a los campesinos y no se garantiza que puedan ser entregadas en el marco de este proceso de la desmovilización. Frente a este proceso, la Ley de Justicia y Paz no ofrece mecanismos reales para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de la verdad, la efectiva participación y realización de los derechos de las víctimas y la aplicación seria de justicia, señalaron los peticionarios.

Por otra parte las organizaciones también se pronunciaron sobre el funcionamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA el cual fue criticado pues no ha cumplido con su mandato en cuanto a la verificación del cese de hostilidades y la atención a los derechos de las víctimas. Tomando en cuenta lo expuesto, los peticionarios solicitaron a la Comisión que considere pronunciarse periódica y públicamente sobre la conformidad del proceso de desmovilización, la ejecución de la Ley de Justicia y Paz y la MAPP OEA, con los estándares internacionales de derechos humanos. Todo esto tendiendo a garantizar un desmantelamiento de las estructuras paramilitares y para que se den pasos reales hacia la paz en Colombia.

 

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