CIDH emplaza al Estado hondureño para que informe urgentemente sobre la situación de dirigentes y defensores de derechos humanos

06-29-09

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2009

El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera urgente información a las autoridades hondureñas sobre el estado en el que se encuentran los dirigentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos que fueron amenazados con ser detenidos por fuerzas militares hondureñas y que en algunos casos ya fueron detenidos ilegalmente. Asimismo pidió información sobre los familiares del presidente Manuel Zelaya, la cual debe ser entregada el día de mañana. En el caso de la Canciller Patricia Rodas, la CIDH requirió que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.

Como consecuencia del golpe de Estado sufrido el día de ayer en Honduras, el ejército ha tomado posesión de algunas oficinas de gobierno, se han movilizado a la capital varios tanques y otros instrumentos militares, y se mantiene una fuerte presencia militar en las calles de Tegucigalpa. Algunos medios de comunicación, como Radio Progreso, canal 8, y canal 36 fueron clausurados por el ejército, con indicaciones de no poder transmitir sobre lo acontecido en el país.

En este contexto, la decisión de la CIDH responde a la solicitud hecha por el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el Bloque Popular de Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para proteger a los siguientes defensores y dirigentes: Andrés Pavón Uribe, del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Rafael Alegría, de la Vía Campesina; Luter Castillo Harris, líder garifuna; Carlos H. Reyes y Juan Barahona, del Bloque Popular; César Ham y Marvin Ponce, Diputados del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática; Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista; Bertha Oliva de Nativi del COFADEH y Bertha Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN).

Estas personas manifestaron públicamente, en el ejercicio de su libertad de expresión, su posición a favor de la consulta popular impulsada por el Presidente Zelaya. Luego del golpe de Estado, el ejército ha ordenado su detención. En el caso del defensor Andrés Pavón este informó que su casa estaba rodeada por militares. Varios de los defensores antes mencionados han sufrido hostigamientos y amenazas anteriormente.

Adicionalmente, las organizaciones solicitaron medidas para proteger a Enrique Flores Lanza, Secretario de la Presidencia; Patricia Rodas Baca, Canciller de la República, Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo; Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros; Miriam Mejh, Instituto de la Juventud; Doris García, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer; Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias, así como a favor de los demás Ministros, Vice ministros y miembros del gabinete del gobierno del señor Manuel Zelaya Rosales. Algunos de ellos ya fueron detenidos ilegalmente, y presuntamente trasladados a bases militares. Se desconocen los motivos de su detención y el estado de salud en que se encuentran. Otros miembros de gobierno debieron abandonar sus domicilios debido a la falta de garantía de que su vida e integridad personal va a ser respetada.

Ante la ruptura del orden institucional no existen garantías para que se respeten los derechos fundamentales de las personas. La situación en Honduras es de suma gravedad. En la tarde de ayer se declaró estado de sitio lo cual aumenta el riesgo de que los derechos humanos resulten violentados.

CEJIL espera que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que se garantice la libertad e integridad personal y la vida de las personas mencionadas, y que de manera inmediata se restaure el orden constitucional en Honduras que garantice el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.